UNA MADRE DESESPERADA

Su ex se llevó a los niños, no le atiende el teléfono y el sistema le da la espalda

Hace 35 días que un padre se llevó a sus dos hijos de vacaciones y no los regresó más. Él dice que los niños no quieren volver a su casa. La madre no encuentra la forma de hacer valer su parte en la tenencia de los niños.

Claudia Miño. Foto: Darwin Borrelli
Claudia Miño. Foto: Darwin Borrelli

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A Claudia Miño la desesperación le pasa por el cuerpo. Le tiemblan los labios, las manos y la voz cuando dice que lleva 35 días sin ver a sus dos hijos, de 12 y 15 años. Su expareja, de quien se separó en 2011, tras 13 años de una relación que según ella estuvo signada por la violencia doméstica, los recogió para pasar una semana de vacaciones, pero nunca los regresó.

Ni sus hijos, ni su padre, ni la hija mayor de él le responden las llamadas. La madre de Miño, su hermana y su cuñado también intentan localizarlos. A ellos el hombre sí les contestó. Les dijo que los niños "están bien" y que "no quieren volver". Miño lo cuenta y llora: "Me tienen bloqueada y no me dicen qué piensan hacer. Mis hijos toman medicación psiquiátrica y no tienen las dosis consigo. Fue mi cumpleaños y ninguno me llamó, ni siquiera un mensaje de texto. No entiendo nada, nosotros nunca habíamos estado separados".

Apila los medicamentos y las cédulas de los dos chicos. "Están dados de baja de la sociedad médica. Tenían hora con la psiquiatra y no fueron. No sé cómo hizo el padre para anotarlos en un liceo si yo tengo sus documentos, pero lo hizo". Estos adolescentes hoy están inscriptos en dos instituciones cada uno: en Montevideo los registró la madre y en Canelones el padre, porque allí vive él.

Para recuperarlos, la mujer está protagonizando un cruel periplo. Hasta el momento, de acuerdo a su relato, nadie le informó qué puede hacer para que les sean reintegrados. En cambio, la derivan de una institución a otra. Primero intentó hacer la denuncia en una comisaría de violencia doméstica. Desde allí llamaron al padre de los niños, que les aseguró que están bien, que tienen la medicación con ellos y que decidieron no volver a su casa. "Los policías me dijeron que como tenían más de 12 años podían elegir con quién estar y que ya no podían hacer nada por mí", recuerda.

Cinco días después, volvió a la comisaría. La respuesta fue la misma. Entonces se dirigió a la Defensoría de Familia, donde la derivaron al consultorio de Familia de la Facultad de Derecho, porque fue con esos patrocinadores que negoció la tenencia tiempo atrás. La abogada que la recibió le recomendó: "Volvé y volá techos, armá relajo". Le hizo caso. Fue por tercera vez a la comisaría y le tomaron la denuncia por la falta de medicación.

Solo por eso.

Regresó al consultorio con el documento, y le indicaron que se dirigiera al juzgado número 10 donde se dictó la sentencia de tenencia compartida y el convenio de régimen de visitas. Fue, y le dijeron que regresara con un abogado...

Hace una pausa.

—Necesito que alguien me ayude porque yo no encuentro la salida y no puedo pagar un abogado particular.

La guerra infinita.

El padre de los chicos responde las consultas para este informe en un largo audio por Whatsapp. Se lo escucha tranquilo. Según su versión, él siempre cumplió con las visitas y con las pensiones alimenticias, aunque reconoce que algunas pocas veces pagó menos de lo que debía "porque le fue mal con un negocio y lo tuvo que cerrar". Sus hijos, asegura, no quieren volver con la madre porque los maltrata y viven en un lugar muy pequeño, mientras que con él tienen un cuarto para cada uno. "Les insisto para que la llamen, que se reúnan con ella, pero ellos no lo hacen." El padre también anuncia que ya solicitó la tenencia de los niños, aunque la madre asegura que no fue notificada de esto.

Claudia Miño. Foto: Darwin Borrelli
Claudia Miño. Foto: Darwin Borrelli

El grueso expediente ilustra lo que viene siendo esta guerra familiar. En febrero de 2014, en el juzgado de 10° turno, se acordó la custodia compartida con un régimen de visitas "amplio a favor del padre, pernoctando los niños con él una o dos veces por mes, los días viernes o sábados". En cuanto a la pensión alimenticia, estableció que el padre pague las matrículas y cuotas mensuales del colegio, que entregue $ 9.000 en tickets de alimentación y $ 11.000 en efectivo para cubrir el alquiler de la vivienda.

Pero en diciembre de ese mismo año Miño presentó la primera solicitud de intimación de pago por las pensiones incumplidas; otra más en febrero de 2015; otra en mayo; y otra en marzo de 2016. Además, en estos escritos se menciona que el padre tampoco cumple con el régimen de visitas, dejando a los niños angustiados cada vez que falta sin avisar. Una pericia psicológica del niño mayor da cuenta que sufre depresión a raíz de la situación familiar.

Debido a la acumulación de mensualidades impagas, a los niños los expulsaron del colegio y les cancelaron el contrato de alquiler. Hasta que el papá se los llevó, vivían junto a su madre en la casa de un anciano al que ella cuida a cambio de alojamiento y comida.

A fines de 2016 la jueza ordenó embargar los bienes del progenitor en su domicilio y en su comercio, y como su valor no completaba el monto adeudado —$ 617.000 hasta ese momento—, también incluyó el embargo de una camioneta Hyundai. En el expediente figura el inventario, pero estos embargos nunca se ejecutaron. La deuda sigue creciendo, y el padre entrega montos que van variando mes a mes: lo hace a su criterio.

Tras los incobrables.

La Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud reveló que el 52% de los padres separados no colaboran económicamente en la crianza de sus hijos. Según Eduardo Cavalli, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, las sentencias con mayor incumplimiento del sistema judicial son las de pensiones alimenticias y regímenes de visitas. Las primeras suelen no respetarlas los hombres; las segundas, las mujeres. "Esto nos define como país, porque lo que dice un juez se debe cumplir. En estos casos la discriminación hacia la mujer es clarísima: alimentar a los niños no es una opción, ni pagarles los remedios, ni vestirlos; todos esos gastos los asume la madre. Es un fenómeno cruel frente al que tenemos que reaccionar", opina.

Por eso, en los últimos años se multiplicaron las normas para presionar a los deudores. La medida más común es la retención de la pensión del sueldo. Si la empresa empleadora llegara a mentir o no retuviera lo estipulado por el juez, su responsable jurídico podría incurrir en un delito de estafa. El mayor problema se da si el individuo es un trabajador independiente o informal. Si tiene bienes, se le embargan y ejecutan como si se tratara de cualquier otro crédito impago, pero si no tiene las posibilidades se achican.

Pensando en estos casos, en 2006 se creó el registro de deudores alimentarios, al que ingresan aquellos que deban más de tres mensualidades y no hayan demostrado su insolvencia. Sus datos se envían al Banco Central del Uruguay (BCU) y a la Auditoría Interna de la Nación. Las entidades financieras y las empresas emisoras de tarjetas de crédito están obligadas a consultar este registro, y ninguna oficina estatal ni gobierno departamental podrá contratar a quien se encuentre en su listado hasta que regularice la deuda.

La defensora Gabriela Brunetto explica que esto impide acceder a tarjetas de créditos y préstamos, bajo riesgo para la financiera de responder por la obligación alimentaria no cumplida. Sin embargo, dice que los que otorgan préstamos al consumo no revisan este registro, haciendo que la norma no sea efectiva.

Para apretar el bolsillo de los incobrables hay que usar el ingenio. Beatriz Ramos, profesora titular de derecho de familia, sociedad conyugal y sucesiones de la Universidad Católica, recuerda que si un padre incumple los abuelos son deudores subsidiarios. Pero, si esto no resultara, aún hay más opciones. En 2017 se creó en la órbita del Banco de Previsión Social (BPS) un registro de personas obligadas a pagar pensiones mediante sentencia judicial. De esta manera, el BPS debe avisar al juzgado cuando un deudor ingrese. Según Brunetto, esta norma sí viene dando resultado.

Otra ley más reciente, de enero pasado, establece que los deudores realicen una declaración jurada de bienes e ingresos, para comprobar así la veracidad de sus declaraciones. A toda esta batería de medidas se le agrega el cierre de fronteras hasta que no deposite un pago en garantía de la deuda, e incluso las acciones penales por omisión de deberes inherentes a la patria potestad. Cavalli, que fue juez en lo penal, recuerda que este procedimiento solía funcionar para que el incumplidor se ponga al día.

Pero a veces, ni con todo esto se logra. "Uno se escandaliza cuando ve una rapiña, porque ataca física y psicológicamente a la víctima y a su patrimonio, pero imaginate el daño que le causa a un niño la comisión continuada de estos incumplimientos". Pensando en más ideas, María del Carmen Díaz, ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia, menciona un proyecto de ley que proponía retirarles a los deudores la licencia de conducir. Hasta el momento no prosperó.

La voz del niño.

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que todo menor tiene derecho a ser escuchado en una audiencia y a ser representado por un defensor, pero si existe una sentencia de régimen de visitas, es un juez el único que puede modificarlo, y no la mera voluntad de los niños o de uno de los padres. "Si se incumple, se puede considerar el delito de desacato y puede originar variaciones en la tenencia", dice Cavalli.

Distintos especialistas explican que, ante un caso como el de Miño, el progenitor perjudicado debe solicitar el reintegro del menor realizando un procedimiento de restitución de tenencia, un trámite que se realiza en el juzgado de familia donde se convino el régimen y que tiene carácter de urgencia. "En estos casos el tiempo es oro porque si no es muy difícil enderezar el vínculo. Las normas están, pero es verdad que muchos abogados no saben cuáles son las acciones a seguir", dice la ministra Díaz.

Ayer Miño volvió al juzgado, pero la mandaron a defensoría; de defensoría al consultorio de la Udelar, y allí le dijeron que hasta que comiencen las clases, a fines de marzo, no harán trámites nuevos. Le recomendaron iniciar las acciones, desde cero, en un juzgado de Canelones. "Me dijeron que si están con el padre, no tengo muchas chances de recuperarlos".

La indiferencia que provocó el peor final

Según informó Búsqueda, la Suprema Corte de Justicia condenó al Poder Judicial por actuar con indiferencia ante las reiteradas denuncias de maltrato y descuido que realizaron el padre y la bisabuela de dos niños. Meses después, el menor fue asesinado por su madre y su pareja.

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