DELITOS ECONÓMICOS

Estafas: ¿A esperar al final de la fila?

La sobrecarga del trabajo fiscal impacta en la investigación de los delitos económicos y complejos. Abogados de los denunciantes de estafas y víctimas de cheques sin fondos alertan que la falta de respuesta dañó la confianza del cliente y que hay casos que ya no toman.

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Mejoró resolución de delitos de estafa, según cifras de Fiscalía.

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Era martes de Carnaval y los bancos estaban cerrados. Nora, a sus 85 años, confío en la mujer que del otro lado del teléfono le decía que era su nieta, y que su voz se oía distinta porque estaba con dolor de garganta. Los estafadores tenían todo previsto. La llamada se realizó desde un número fijo, hacia otro de línea.

Le dijo:

—Abuela, estoy con mamá y papá en el banco porque mañana caducan los billetes. Agarrá la plata que tenés guardada y pasame la numeración. Yo te espero mientras buscás, pero no me cortes, ¿qué me aconsejás que tome para la garganta?

Nora revisaba los billetes y le iba relatando recetas caseras. Té con limón. Limón y miel. Miel y jengibre.

—Ahora va a ir un contador amigo de papá por tu casa. Poné la plata en una bolsa, él te toca timbre, bajás y se la das así nos cambia los billetes viejos por los nuevos —le indicó la mujer.

Esto pasó el cinco de marzo pasado. Siete meses después, su verdadera nieta muestra la copia de la denuncia que realizaron en la Policía y las imágenes captadas por la cámara de vigilancia que presentó. Se ve a un hombre de pelo oscuro, de unos 30 años, que viste jean y camisa clara. Con calma se anuncia en la portería del edificio, la espera a Nora; la saluda con un beso, recibe el sobre que ella le entrega, se despide con un gesto de la mano y se va.

Le acababa de robar $ 330.000, US$ 2.000 y montos menores que había ahorrado en distintas monedas extranjeras.

Durante el tiempo transcurrido ni Nora ni su familia recibieron una llamada de la Fiscalía. Su nieta se presentó y pidió una entrevista con el fiscal asignado, pero le dijeron que no podían agendarla porque a ella no le iban a dar información: tenía que contratar a un abogado para darle seguimiento a la investigación. Se fue y no volvió más.

—No quiero perder más plata. Me rendí. Supongo que el universo se encargará de que paguen por lo que hicieron.

Historias como la de Nora, es decir denuncias de un delito económico de aspecto “sencillo” que parecen haber quedado traspapeladas en una larga cola de hechos por investigar, hay muchas.

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Enrique Rodríguez, titular de una de las dos fiscalías especializadas en delitos económicos y complejos.

La lentitud en la investigación de estos delitos, la demora en la respuesta de los equipos fiscales para informar de las novedades del caso, y la rotación de fiscales de sede en sede estarían perjudicando la calidad del servicio de justicia que reciben estas víctimas que, según sus patrocinadores, están siendo relegadas ante casos más graves y mediáticos.

El Colegio de Abogados lleva seis meses entrevistándose con el fiscal de Corte Jorge Díaz y su equipo cercano para darle seguimiento a la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP).

Una semana atrás, en la última reunión, la discusión se concentró en la problemática de la persecución de los delitos económicos. “Varios colegas de Montevideo y del interior nos comunicaron su preocupación por la lentitud de estas investigaciones, que sabemos que son las más complejas. Transmitimos el mensaje de que no está habiendo un buen funcionamiento en los casos de cheques sin fondos y otros delitos ‘sencillos’, y que tal vez hace falta volver a estudiar cómo se distribuyen los asuntos o establecer mecanismos de simplificación”, detalla su presidente Diego Pescadere. La Fiscalía se comprometió a analizar el planteo.

Según supo El País, algunos penalistas que cruzan en los pasillos estos mismos comentarios proyectan volver a golpear la puerta de Díaz, esta vez en conjunto, para plantearle que el cliente está enojado y está perdiendo la confianza en su patrocinador, porque ellos ya no saben qué respuestas darle para explicar tanta espera.

¿Por qué tanta demora?

De las denuncias que registró el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio en los casi dos años de vida del nuevo CPP, los delitos económicos no surgen entre los más frecuentes. Vienen detrás del hurto, la violencia doméstica, la rapiña, los daños y las amenazas.

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Cheques sin fondos: una investigación muy lenta

El presidente del Colegio de Abogados, Diego Pescadere, plantea que instruir un expediente por cheques sin fondos solía ser sencillo con el código anterior. “Ahora, si el importe es menor a US$ 20.000 y la denuncia se asigna a un fiscal de flagrancia que tiene sobre el escritorio decenas de casos graves, esta queda relegada”, dice. Otra explicación es la que aporta el fiscal de Delitos económicos y complejos Enrique Rodríguez. Para que se constituya un delito penal se requiere que haya dolo, es decir una intención de perjudicar. “Por eso tenemos que pedir al juzgado que nos libre un exhorto a los bancos donde están las cuentas de quien libró los cheques y analizar cómo eran sus movimientos cuando los firmó. Esto lleva meses. También se les da tiempo para acordar una reparación económica”. Además, dice que no hay que “confundir a la Fiscalía con una agencia de cobro”. Sucede que este trámite también se puede hacer por la Justicia Civil, pero la amenaza de embargo no es tan persuasiva como el riesgo a enfrentar una condena penal.

Sin embargo, su resolución está dentro de las investigaciones con mayor tiempo de demora, una realidad que según Jaime Arellano, director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es común a la mayoría de los países. Señala que apenas el 3% de los dineros defraudados se recuperan a nivel mundial: “Los billetes van desapareciendo”, agrega.

Al día de hoy hay 349 cargos fiscales y 30 abogados que los apoyan. En lo que refiere a delitos económicos y complejos, Enrique Rodríguez y Ricardo Lackner —que no respondió los llamados para ser incluido en este informe— son los titulares de las dos fiscalías especializadas. Trabajan con dos adjuntos cada uno.

Son seis personas para investigar, entre otros delitos, estafa, extorsión, apropiación indebida, cheques sin fondos, lavado de activos, exhortos internacionales (como el caso Lava Jato), circulación y venta de moneda falsificada, contrabando, defraudación tributaria y corrupción cometida por funcionarios públicos de todos los escalafones.

Rodríguez, que tiene 30 años de experiencia, recibió 1.300 denuncias desde que entró en vigencia el nuevo CPP, de las cuales resolvió —mediante archivo, formalización o condena— el 61%.
Los 441 casos restantes están siendo investigados, asegura. Pero, advierte:
—Son delitos que requieren una investigación que lleva su tiempo, incluso las estafas. No es problema de este código, con el anterior, cuando eran investigados por juzgados penales, estos eran los casos con mayor demora en su resolución.

Algunas veces la calidad de las denuncias no es buena y hay que volver a solicitar información al denunciante. Otras veces, explica el fiscal, hay que consultar a bancos y organismos, lo que puede insumir meses. Además la defensa del imputado también realiza sus solicitudes, que consumen más tiempo. Y también influye la actuación policial para dar con los indagados:“Este es un país chico, pero quien estafa sabe cómo esconderse”.

Rodríguez dedicó un año a la investigación de un hombre que estafó al menos US$ 43.250 a través de una agencia de viajes. En ese caso hubo 22 denunciantes. “Hubo que tomarles la declaración a cada uno de ellos y pedirles que demuestren haber efectuado el pago”. Un año también le llevó investigar a un estafador que vendía por Mercado Libre y no enviaba las mercaderías: “Lo tenemos identificado, pero hay que ubicarlo”. Ahora investiga a 30 personas que habrían solicitado préstamos usando recibos de sueldo falsos. “¿Sabe cuántos fueron ubicados? Cuatro. La Policía a veces también está desbordada y eso demora la investigación”.

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Jorge Barrera y Alejandro Balbi son algunos de los abogados penalistas que reconocen que las investigaciones de los delitos económicos están sufriendo mucha lentitud.

Los últimos datos difundidos por el Poder Judicial arrojan que en 2017 (con el anterior código) apenas el 1,6 % de las sentencias fueron por un delito de estafa (192 casos); 1,1% por apropiación indebida (133 casos) y 0,2% por cheques sin fondos (24 casos). El promedio de duración de estos procesos fue de 13,5 a 17,9 meses, mientras que la pena para los estafadores varió entre 21 y 23 meses.

¿Y cuál fue la eficacia de imputaciones del nuevo CPP? Según información a la que accedió El País, entre enero y junio de 2019 ingresaron 7.908 denuncias, de las cuales el 6,7% (530 casos) lograron una imputación, condena o someter a suspensión condicional o acuerdo reparatorio al menos a un indagado por un delito económico o complejo. Entre julio y agosto, el porcentaje se incrementó a 7,6% (201) de un total de 2.637 denuncias.

Entre enero y julio de 2019 el Ministerio del Interior registró 4.000 denuncias por estafa, el 55% realizadas en Montevideo y Canelones. La modalidad más popular fue a través de redes sociales, ofreciendo préstamos o trabajos.

Según informó Fiscalía, desde 2018 la eficacia en la imputación de este delito es superior al promedio de imputación de los delitos restantes; entre julio y agosto de 2019 logró 13% de imputaciones en denuncias de estafa, cuando el promedio del resto de los delitos es 5,5%.

Pequeños grandes detalles.

Durante un año, el fiscal Rodríguez trabajó solo. Para afrontar la cantidad de denuncias, en noviembre pasado se creó una segunda fiscalía y se dispuso que las mismas tuvieran competencia en los delitos con un importe superior a US$ 20.000. Las denuncias de los casos “sencillos”, que suelen tener un responsable identificable, pasaron a ser absorbidas por las fiscalías de flagrancia que trabajan con la porción de los delitos con un culpable “a la vista”.

Pero, según los abogados consultados, esta instrucción no estaría dando el resultado esperado ya que estas fiscalías tienen un gran volumen de trabajo y priorizan los casos de mayor impacto. “Si nos toca flagrancia, voy a explicarle al fiscal la denuncia que presenté, le cuento las pruebas aportadas porque todos sabemos que los estafadores se mueven rápido, pero la respuesta suele ser ‘tengo 800 denuncias para trabajar, la tuya va a ir a la cola con el resto, no sé cuándo podré agarrarla’”, relata el abogado Gumer Pérez.

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Solo 5% de las denuncias logró una imputación, ¿por qué?

“Se denuncian muchísimas cosas que no son delitos. La esperanza de aclarar el 100% de las denuncias es una fantasía en todo el mundo”, dice Diego Gonnet, director del Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía. La productividad en la imputación depende de la cantidad y calidad del trabajo realizado por la Policía, la Fiscalía, los juzgados, la Defensoría y el Instituto Técnico Forense, plantea. “Si cualquiera de estos falla, la cadena produce menos.” En agosto pasado, se difundió que el porcentaje de denuncias con imputación o resolución mediante condena o vías alternativas sobre el total de denuncias registradas fue del 5% entre enero y junio de este 2019. Es decir, que a 20 meses de inaugurado el nuevo Código del Proceso Penal, se alcanzó el nivel de eficacia en la imputación equivalente al conseguido con el sistema inquisitivo (o sea, el anterior al nuevo Código).

A pesar de las acciones tomadas para descomprimir, la acumulación sigue desbordando a los fiscales.

¿Hace falta crear una tercera fiscalía especializada? Rodríguez opina que sí. “Ya lo hablé con Díaz y solicité apoyo”.

Mientras se esperan novedades, los abogados cuya clientela suele ser denunciantes de estos delitos plantean que las dificultades y demoras están causando una restricción del trabajo y una pérdida de clientes. Algunos cambian de abogado para probar si tienen más suerte con el fiscal, relatan.

“Te traen un caso, presentás la denuncia y no se investiga, y la explicación siempre es la misma: el desborde de los recursos. El sistema está funcionando mal o no funciona cuando sos el denunciante. Es como si hubiera una justicia penal que marcha con dos velocidades: los casos más graves, con mayor peligrosidad, que son atendidos por los medios, se investigan bien; el resto, los que quedan en la oscuridad, no. Pero deberían tener la misma importancia, porque detrás de una estafa hay un daño grave y hay víctimas que están sufriendo una especie de denegación de justicia implícita”, plantea el penalista Pérez.

En marzo de 2018 presentó una denuncia que relataba cómo una empresa había recibido cheques sin fondos por parte de un cliente; la situación los obligó a mudarse y a despedir varios empleados. Todavía no hubo avances en la investigación. “Presenté hasta la dirección de la persona que emitió los cheques, hice una ampliación de la denuncia, y nada. Es muy difícil trabajar de esta manera. Esto genera que haya casos que ya no estamos agarrando”.

El abogado Jorge Barrera aclara que ni él ni sus colegas se oponen a las normas nuevas —“al contrario”—, sino a cómo se está llevando a cabo su implementación, que se ve afectada por la falta de recursos, fruto de un presupuesto solicitado ($ 440,4 millones) que no fue aprobado por el Parlamento (que le otorgó $ 72,9 millones).

“No pueden dar respuesta a todas las denuncias y eso genera un perjuicio para la imagen de la Fiscalía y para los abogados denunciantes que tenemos dificultades para explicarles a los clientes cuál es el estado de situación. Y, en la medida en que no todas las denuncias se tramitan, esto genera una injusticia y una iniquidad en esa relación que debe existir entre eficacia y garantías individuales”, dice Barrera.

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Hay dos fiscalías especializadas en delitos económicos y complejos.

¿Por qué se demoran las respuestas? Los fiscales no tienen ni actuarios ni receptores como solían tener los jueces penales. Son ellos mismos quienes toman las declaraciones, redactan los oficios y las acusaciones, instruyen a la Policía sobre qué pasos dar en la investigación, reciben a las víctimas y a sus representantes.

El fiscal Rodríguez cuenta que además de la agenda que lleva para entrevistarse con los abogados, suele recibir consultas de abogados en su e-mail y por WhatsApp. El diálogo, asegura, “es fluido”.

De acuerdo al relato de los especialistas, el anterior sistema funcionaba así: el abogado presentaba la denuncia en la Policía, que si notaba la urgencia llamaba al juez, que le daba las primeras indicaciones. Luego, el caso pasaba al juzgado, donde se llamaba a audiencia en menos de tres meses. Si había novedades en el caso que requirieran agilidad, bastaba con presentarse en el juzgado y transmitirles la situación a los operadores para que se tomaran medidas con celeridad.

Ya no.

El penalista Enrique Möller —que presentó una denuncia de estafa en junio de 2018 y su cliente, el denunciante, aún no fue citado a declarar—, opina: “Antes uno le podía decir a su cliente qué iba a pasar. Si veías que se atrasaba, ibas al juzgado y hablabas o con el juez o con el actuario o con alguno de los receptores y te daban una respuesta. Ahora es imposible seguirle los pasos al expediente porque no existe lo que era la baranda (la recepción del juzgado). El único que te mantiene informado es el fiscal, pero para reunirte con él tenés que agendarte y que te autorice a ver la carpeta. ¿Sabés cuánto tiempo esperás por una entrevista? Al menos dos meses”.

La regla básica del sistema acusatorio es concentrarse en donde hay más información y en los casos de mayor impacto, “se hace un uso inteligente de la persecución, no se va necesariamente delito por delito sino que por un fenómeno delictual”, explica el analista internacional Arellano.

Por eso, desde que entró en vigencia el nuevo CPP la denuncia la recepciona el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de la Fiscalía. En un margen de 15 días —la demora prevista era de 48 horas— esta oficina analiza el caso y lo asigna a un fiscal.

Sin embargo, puede suceder que las denuncias no sean aceptadas. Algunos penalistas sospechan que esto se hace para achicar el volumen de trabajo. “Te pueden responder que entienden que tiene ribetes civiles, te lo sacan para afuera y no la ve ningún fiscal. ¿Con quién hablás? ¿A quién le planteas la urgencia? Vas a la Policía y tratás de plantearle el tema para que llame al fiscal de turno. No sé si esto es mejor que lo anterior”, reflexiona el abogado Gustavo Bordes.

El problema está en los casos que quedan para atrás, como los cheques sin fondos. “A veces vienen a verme clientes y les aconsejo no hacer la denuncia si es que no tienen dinero, porque van a pagarme y por ahí en un año no pasa nada, sobre todo en el interior donde los fiscales son multimaterias. Cualquier denuncia demora mucho a pesar de la buena voluntad de los fiscales, y el que paga el pato somos nosotros, que representamos al denunciante que piensa que no me preocupo por su caso porque no avanza, y no imagina que estoy todo el día arriba de él intentarlo moverlo”, plantea el abogado Víctor Della Valle.

El nuevo CPP trajo la novedad de la reparación económica mediante un acuerdo entre partes. Rodríguez logró algunos por valores de US$ 220.000 y US$ 300.000 y dice, lo han llamado varias víctimas para agradecerle por este tipo de resolución. Tras esta posibilidad abogados como Andrés Ojeda notaron un incremento de las denuncias por estafas empresariales, pero también hay delincuentes que saben que hay delitos pequeños que no están siendo investigados.

El penalista Alejandro Balbi, plantea que hay clientes que al ser advertidos de las demoras de la investigación desisten de la persecución. “Nos acostumbramos a que los fiscales nos muestren la cantidad de casos que tienen atrasados. Uno se va con la capa caída, pero también entiende al colega”.

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Rehenes de la rotación de fiscales

Otro de los problemas identificados por los penalistas como causal de obstrucción de las investigaciones de los delitos económicos (y de los otros también) es el recurrente cambio de fiscales. ¿Por qué sucede? Por lo bajo, algunos fiscales consultados dicen que es una especie de “ta-te-tí” que incrementa la sensación de inestabilidad, mientras que otros creen que estas designaciones responden a las estadísticas que miden su productividad. El abogado Gustavo Bordes vivió las consecuencias de esta “calesita”. “En una denuncia presentada en Canelones, en el correr de un año tuvimos tres cambios de fiscal. En el interior, primero te enfrentás a que los fiscales son multimateria, y luego a esto. Vas cinco veces a ver al fiscal y te dice ‘voy a hacer un levantamiento de cadáver, llamame la semana que viene’. Llamás la semana siguiente y te responde, ‘en este momento estoy con un procedimiento por drogas, llame después’. Lográs que tomé las declaraciones y tiene seis horas de audios, está avanzando, pero te lanza: ‘Me trasladan a Montevideo’. Ya vamos un año desde que presentamos la denuncia. Llega el otro fiscal y empezás todo el camino otra vez con la dificultad de que tiene que tener tiempo para escuchar las seis horas de declaraciones grabadas. ¿Cómo me pueden decir que ahora la víctima tiene más derechos que en el código anterior? De esta forma no los tiene”.
Laura Duarte también sufrió este vaivén, pero su denuncia fue por la desaparición de las cenizas de su padre, que fueron extraviadas durante una reducción en el Cementerio Norte, mientras se llevaba a cabo un conflicto del sindicato de los municipales. Duarte tiene cada paso que dio registrado en su agenda. La denuncia penal la presentó el 15 de agosto de 2018 en la Policía. Le dijeron que la llamarían para avisarle a qué fiscal fue asignada, pero pasaban los días y nada. Llamó ella y la derivaron a Fiscalía. Era setiembre; la agendaron en noviembre. Unos días antes de esta fecha, la llamaron para decirle que no fuera ya que no habían avances porque aún no había llegado la resolución de la investigación de la Intendencia de Montevideo (IM);le avisarían más adelante. Sin embargo, hubo un cambio de fiscal. Con el nuevo titular nunca logró comunicarse, pero la fiscal adjunta le adelantó que la denuncia sería archivada porque no veían la figura de delito.
—Le dije a la fiscal: deme su tijera. Me la guardé y le pregunté, si yo me la llevo en mi cartera, ¿qué es?
—Es un hurto — dijo.
—¿Y qué es lo que le hicieron a mi padre?—retruqué.
Fue entonces que en esta sección de El País se publicó un informe contando el caso. La nota se publicó un domingo y el martes por fin sonó el teléfono de Duarte: era una nueva fiscal, la tercera que tomaba el caso. “Me pidió que le llevara el expediente de la IM. Fui con mi abogado; la vi muy dispuesta”, recuerda. Era marzo pasado, y le aseguró que iba a investigar, que se quedara tranquila. La resolución de la IM admite irregularidades, pero no identifica culpables. La fiscal nunca más se puso en contacto. Duarte insistió, y recién en julio le respondieron que había sucedido un nuevo cambio de fiscal (vamos por el cuarto titular con esta denuncia en su escritorio). “Me dieron hora para entrevistarme el 21 de agosto. Llegamos y nos dice que no sabe a qué íbamos. ‘¿Presentó la denuncia?’, me preguntó. Yo no lo podía creer”. Tiempo después se enteró de que en la carpeta figuraba que había sido citada a declarar y no se había presentado, pero Duarte dice que nadie le avisó. “Luego llamé durante un mes al número de la agenda. Te juro que nadie me atendía el teléfono. Así que pedí con la fiscal y les dije de todo. Ahí sí me dijeron ‘la van a llamar para agendarla y lo hicieron’”. Tengo reunión el 23 de octubre próximo. “No sé si esperan que me canse y deje dormir la denuncia. El 28 de julio hizo fecha de mi padre y yo recorrí la cañada del Cementerio, porque me dijeron que podría estar por ahí”.

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