DELITOS ECONÓMICOS

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Era martes de Carnaval y los bancos estaban cerrados. Nora, a sus 85 años, confío en la mujer que del otro lado del teléfono le decía que era su nieta, y que su voz se oía distinta porque estaba con dolor de garganta. Los estafadores tenían todo previsto. La llamada se realizó desde un número fijo, hacia otro de línea.

Le dijo:

u2014Abuela, estoy con mamá y papá en el banco porque mañana caducan los billetes. Agarrá la plata que tenés guardada y pasame la numeración. Yo te espero mientras buscás, pero no me cortes, ¿qué me aconsejás que tome para la garganta?

Nora revisaba los billetes y le iba relatando recetas caseras. Té con limón. Limón y miel. Miel y jengibre.

u2014Ahora va a ir un contador amigo de papá por tu casa. Poné la plata en una bolsa, él te toca timbre, bajás y se la das así nos cambia los billetes viejos por los nuevos u2014le indicó la mujer.

Esto pasó el cinco de marzo pasado. Siete meses después, su verdadera nieta muestra la copia de la denuncia que realizaron en la Policía y las imágenes captadas por la cámara de vigilancia que presentó. Se ve a un hombre de pelo oscuro, de unos 30 años, que viste jean y camisa clara. Con calma se anuncia en la portería del edificio, la espera a Nora; la saluda con un beso, recibe el sobre que ella le entrega, se despide con un gesto de la mano y se va.

Le acababa de robar $ 330.000, US$ 2.000 y montos menores que había ahorrado en distintas monedas extranjeras.

Durante el tiempo transcurrido ni Nora ni su familia recibieron una llamada de la Fiscalía. Su nieta se presentó y pidió una entrevista con el fiscal asignado, pero le dijeron que no podían agendarla porque a ella no le iban a dar información: tenía que contratar a un abogado para darle seguimiento a la investigación. Se fue y no volvió más.

u2014No quiero perder más plata. Me rendí. Supongo que el universo se encargará de que paguen por lo que hicieron.

Historias como la de Nora, es decir denuncias de un delito económico de aspecto u201csencillou201d que parecen haber quedado traspapeladas en una larga cola de hechos por investigar, hay muchas.

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La lentitud en la investigación de estos delitos, la demora en la respuesta de los equipos fiscales para informar de las novedades del caso, y la rotación de fiscales de sede en sede estarían perjudicando la calidad del servicio de justicia que reciben estas víctimas que, según sus patrocinadores, están siendo relegadas ante casos más graves y mediáticos.

El Colegio de Abogados lleva seis meses entrevistándose con el fiscal de Corte Jorge Díaz y su equipo cercano para darle seguimiento a la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP).

Una semana atrás, en la última reunión, la discusión se concentró en la problemática de la persecución de los delitos económicos. u201cVarios colegas de Montevideo y del interior nos comunicaron su preocupación por la lentitud de estas investigaciones, que sabemos que son las más complejas. Transmitimos el mensaje de que no está habiendo un buen funcionamiento en los casos de cheques sin fondos y otros delitos u2018sencillosu2019, y que tal vez hace falta volver a estudiar cómo se distribuyen los asuntos o establecer mecanismos de simplificaciónu201d, detalla su presidente Diego Pescadere. La Fiscalía se comprometió a analizar el planteo.

Según supo El País, algunos penalistas que cruzan en los pasillos estos mismos comentarios proyectan volver a golpear la puerta de Díaz, esta vez en conjunto, para plantearle que el cliente está enojado y está perdiendo la confianza en su patrocinador, porque ellos ya no saben qué respuestas darle para explicar tanta espera.

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De las denuncias que registró el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio en los casi dos años de vida del nuevo CPP, los delitos económicos no surgen entre los más frecuentes. Vienen detrás del hurto, la violencia doméstica, la rapiña, los daños y las amenazas.

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Sin embargo, su resolución está dentro de las investigaciones con mayor tiempo de demora, una realidad que según Jaime Arellano, director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es común a la mayoría de los países. Señala que apenas el 3% de los dineros defraudados se recuperan a nivel mundial: u201cLos billetes van desapareciendou201d, agrega.

Al día de hoy hay 349 cargos fiscales y 30 abogados que los apoyan. En lo que refiere a delitos económicos y complejos, Enrique Rodríguez y Ricardo Lackner u2014que no respondió los llamados para ser incluido en este informeu2014 son los titulares de las dos fiscalías especializadas. Trabajan con dos adjuntos cada uno.

Son seis personas para investigar, entre otros delitos, estafa, extorsión, apropiación indebida, cheques sin fondos, lavado de activos, exhortos internacionales (como el caso Lava Jato), circulación y venta de moneda falsificada, contrabando, defraudación tributaria y corrupción cometida por funcionarios públicos de todos los escalafones.

Rodríguez, que tiene 30 años de experiencia, recibió 1.300 denuncias desde que entró en vigencia el nuevo CPP, de las cuales resolvió u2014mediante archivo, formalización o condenau2014 el 61%.
Los 441 casos restantes están siendo investigados, asegura. Pero, advierte:
u2014Son delitos que requieren una investigación que lleva su tiempo, incluso las estafas. No es problema de este código, con el anterior, cuando eran investigados por juzgados penales, estos eran los casos con mayor demora en su resolución.

Algunas veces la calidad de las denuncias no es buena y hay que volver a solicitar información al denunciante. Otras veces, explica el fiscal, hay que consultar a bancos y organismos, lo que puede insumir meses. Además la defensa del imputado también realiza sus solicitudes, que consumen más tiempo. Y también influye la actuación policial para dar con los indagados:u201cEste es un país chico, pero quien estafa sabe cómo esconderseu201d.

Rodríguez dedicó un año a la investigación de un hombre que estafó al menos US$ 43.250 a través de una agencia de viajes. En ese caso hubo 22 denunciantes. u201cHubo que tomarles la declaración a cada uno de ellos y pedirles que demuestren haber efectuado el pagou201d. Un año también le llevó investigar a un estafador que vendía por Mercado Libre y no enviaba las mercaderías: u201cLo tenemos identificado, pero hay que ubicarlou201d. Ahora investiga a 30 personas que habrían solicitado préstamos usando recibos de sueldo falsos. u201c¿Sabe cuántos fueron ubicados? Cuatro. La Policía a veces también está desbordada y eso demora la investigaciónu201d.

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Los últimos datos difundidos por el Poder Judicial arrojan que en 2017 (con el anterior código) apenas el 1,6 % de las sentencias fueron por un delito de estafa (192 casos); 1,1% por apropiación indebida (133 casos) y 0,2% por cheques sin fondos (24 casos). El promedio de duración de estos procesos fue de 13,5 a 17,9 meses, mientras que la pena para los estafadores varió entre 21 y 23 meses.

¿Y cuál fue la eficacia de imputaciones del nuevo CPP? Según información a la que accedió El País, entre enero y junio de 2019 ingresaron 7.908 denuncias, de las cuales el 6,7% (530 casos) lograron una imputación, condena o someter a suspensión condicional o acuerdo reparatorio al menos a un indagado por un delito económico o complejo. Entre julio y agosto, el porcentaje se incrementó a 7,6% (201) de un total de 2.637 denuncias.

Entre enero y julio de 2019 el Ministerio del Interior registró 4.000 denuncias por estafa, el 55% realizadas en Montevideo y Canelones. La modalidad más popular fue a través de redes sociales, ofreciendo préstamos o trabajos.

Según informó Fiscalía, desde 2018 la eficacia en la imputación de este delito es superior al promedio de imputación de los delitos restantes; entre julio y agosto de 2019 logró 13% de imputaciones en denuncias de estafa, cuando el promedio del resto de los delitos es 5,5%.

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Durante un año, el fiscal Rodríguez trabajó solo. Para afrontar la cantidad de denuncias, en noviembre pasado se creó una segunda fiscalía y se dispuso que las mismas tuvieran competencia en los delitos con un importe superior a US$ 20.000. Las denuncias de los casos u201csencillosu201d, que suelen tener un responsable identificable, pasaron a ser absorbidas por las fiscalías de flagrancia que trabajan con la porción de los delitos con un culpable u201ca la vistau201d.

Pero, según los abogados consultados, esta instrucción no estaría dando el resultado esperado ya que estas fiscalías tienen un gran volumen de trabajo y priorizan los casos de mayor impacto. u201cSi nos toca flagrancia, voy a explicarle al fiscal la denuncia que presenté, le cuento las pruebas aportadas porque todos sabemos que los estafadores se mueven rápido, pero la respuesta suele ser u2018tengo 800 denuncias para trabajar, la tuya va a ir a la cola con el resto, no sé cuándo podré agarrarlau2019u201d, relata el abogado Gumer Pérez.

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A pesar de las acciones tomadas para descomprimir, la acumulación sigue desbordando a los fiscales.

¿Hace falta crear una tercera fiscalía especializada? Rodríguez opina que sí. u201cYa lo hablé con Díaz y solicité apoyou201d.

Mientras se esperan novedades, los abogados cuya clientela suele ser denunciantes de estos delitos plantean que las dificultades y demoras están causando una restricción del trabajo y una pérdida de clientes. Algunos cambian de abogado para probar si tienen más suerte con el fiscal, relatan.

u201cTe traen un caso, presentás la denuncia y no se investiga, y la explicación siempre es la misma: el desborde de los recursos. El sistema está funcionando mal o no funciona cuando sos el denunciante. Es como si hubiera una justicia penal que marcha con dos velocidades: los casos más graves, con mayor peligrosidad, que son atendidos por los medios, se investigan bien; el resto, los que quedan en la oscuridad, no. Pero deberían tener la misma importancia, porque detrás de una estafa hay un daño grave y hay víctimas que están sufriendo una especie de denegación de justicia implícitau201d, plantea el penalista Pérez.

En marzo de 2018 presentó una denuncia que relataba cómo una empresa había recibido cheques sin fondos por parte de un cliente; la situación los obligó a mudarse y a despedir varios empleados. Todavía no hubo avances en la investigación. u201cPresenté hasta la dirección de la persona que emitió los cheques, hice una ampliación de la denuncia, y nada. Es muy difícil trabajar de esta manera. Esto genera que haya casos que ya no estamos agarrandou201d.

El abogado Jorge Barrera aclara que ni él ni sus colegas se oponen a las normas nuevas u2014u201cal contrariou201du2014, sino a cómo se está llevando a cabo su implementación, que se ve afectada por la falta de recursos, fruto de un presupuesto solicitado ($ 440,4 millones) que no fue aprobado por el Parlamento (que le otorgó $ 72,9 millones).

u201cNo pueden dar respuesta a todas las denuncias y eso genera un perjuicio para la imagen de la Fiscalía y para los abogados denunciantes que tenemos dificultades para explicarles a los clientes cuál es el estado de situación. Y, en la medida en que no todas las denuncias se tramitan, esto genera una injusticia y una iniquidad en esa relación que debe existir entre eficacia y garantías individualesu201d, dice Barrera.

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¿Por qué se demoran las respuestas? Los fiscales no tienen ni actuarios ni receptores como solían tener los jueces penales. Son ellos mismos quienes toman las declaraciones, redactan los oficios y las acusaciones, instruyen a la Policía sobre qué pasos dar en la investigación, reciben a las víctimas y a sus representantes.

El fiscal Rodríguez cuenta que además de la agenda que lleva para entrevistarse con los abogados, suele recibir consultas de abogados en su e-mail y por WhatsApp. El diálogo, asegura, u201ces fluidou201d.

De acuerdo al relato de los especialistas, el anterior sistema funcionaba así: el abogado presentaba la denuncia en la Policía, que si notaba la urgencia llamaba al juez, que le daba las primeras indicaciones. Luego, el caso pasaba al juzgado, donde se llamaba a audiencia en menos de tres meses. Si había novedades en el caso que requirieran agilidad, bastaba con presentarse en el juzgado y transmitirles la situación a los operadores para que se tomaran medidas con celeridad.

Ya no.

El penalista Enrique Möller u2014que presentó una denuncia de estafa en junio de 2018 y su cliente, el denunciante, aún no fue citado a declararu2014, opina: u201cAntes uno le podía decir a su cliente qué iba a pasar. Si veías que se atrasaba, ibas al juzgado y hablabas o con el juez o con el actuario o con alguno de los receptores y te daban una respuesta. Ahora es imposible seguirle los pasos al expediente porque no existe lo que era la baranda (la recepción del juzgado). El único que te mantiene informado es el fiscal, pero para reunirte con él tenés que agendarte y que te autorice a ver la carpeta. ¿Sabés cuánto tiempo esperás por una entrevista? Al menos dos mesesu201d.

La regla básica del sistema acusatorio es concentrarse en donde hay más información y en los casos de mayor impacto, u201cse hace un uso inteligente de la persecución, no se va necesariamente delito por delito sino que por un fenómeno delictualu201d, explica el analista internacional Arellano.

Por eso, desde que entró en vigencia el nuevo CPP la denuncia la recepciona el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de la Fiscalía. En un margen de 15 días u2014la demora prevista era de 48 horasu2014 esta oficina analiza el caso y lo asigna a un fiscal.

Sin embargo, puede suceder que las denuncias no sean aceptadas. Algunos penalistas sospechan que esto se hace para achicar el volumen de trabajo. u201cTe pueden responder que entienden que tiene ribetes civiles, te lo sacan para afuera y no la ve ningún fiscal. ¿Con quién hablás? ¿A quién le planteas la urgencia? Vas a la Policía y tratás de plantearle el tema para que llame al fiscal de turno. No sé si esto es mejor que lo anterioru201d, reflexiona el abogado Gustavo Bordes.

El problema está en los casos que quedan para atrás, como los cheques sin fondos. u201cA veces vienen a verme clientes y les aconsejo no hacer la denuncia si es que no tienen dinero, porque van a pagarme y por ahí en un año no pasa nada, sobre todo en el interior donde los fiscales son multimaterias. Cualquier denuncia demora mucho a pesar de la buena voluntad de los fiscales, y el que paga el pato somos nosotros, que representamos al denunciante que piensa que no me preocupo por su caso porque no avanza, y no imagina que estoy todo el día arriba de él intentarlo moverlou201d, plantea el abogado Víctor Della Valle.

El nuevo CPP trajo la novedad de la reparación económica mediante un acuerdo entre partes. Rodríguez logró algunos por valores de US$ 220.000 y US$ 300.000 y dice, lo han llamado varias víctimas para agradecerle por este tipo de resolución. Tras esta posibilidad abogados como Andrés Ojeda notaron un incremento de las denuncias por estafas empresariales, pero también hay delincuentes que saben que hay delitos pequeños que no están siendo investigados.

El penalista Alejandro Balbi, plantea que hay clientes que al ser advertidos de las demoras de la investigación desisten de la persecución. u201cNos acostumbramos a que los fiscales nos muestren la cantidad de casos que tienen atrasados. Uno se va con la capa caída, pero también entiende al colegau201d.