¿QUÉ FALLÓ CON MIRIAM SOSA Y MARIZA SEVERO?

Los errores que habilitan los femicidios: 130 denuncias por día, oficinas colapsadas y errores de coordinación

Los juzgados de violencia de género son salas de emergencia desbordadas. Los jueces reciben 130 llamadas de la Policía cada día. La falta de recursos perjudica la coordinación entre los actores del proceso y genera errores fatales. ¿Qué proponen los candidatos para mitigar este problema?

Ni una menos, la consigna que persiste.
Marcha por violencia de género

Ninguna violencia es un problema ajeno, pero la que empieza en el hogar y termina con una mujer muerta, se convirtió en un monstruo que le respira en la nuca a un sistema que quiere combatirla y falla. ¿Por qué mueren las víctimas que aparentemente hicieron todo lo que se debía para prevenir lo peor? Los que trabajan con estas tragedias saben que la demanda es desbordante, y la estructura para asistirla tan frágil, que los errores pueden surgir.

En los últimos ocho años hubo 187 femicidios. En 2019 van 11. Los dos más recientes ocurrieron en un lapso de 48 horas: uno en Montevideo, el otro en Artigas. Estas víctimas habían realizado la denuncia por violencia doméstica y un juez de familia especializada les había dispuesto a los agresores medidas cautelares que ellos incumplieron. Aunque al hacerlo cometieron un delito de desacato que debe ser sancionado por la justicia penal, esto no ocurrió.

En 2018 se registraron 37.007 denuncias por violencia doméstica y 2.934 por delitos asociados; en lo que va del año, suman 20.100. Desde 2005, las denuncias se incrementaron 580%, según informó la División Políticas de Género del Ministerio del Interior. Esta es una buena noticia: significa que las personas dejaron de callarse. Pero el Poder Judicial “absorbe esta explosión con los mismos recursos que tenía 15 años atrás, cuando las denuncias eran 10 veces menos”, explica Marcelo Pesce, subdirector general de servicios administrativos.

En los ocho juzgados de familia especializada que recepcionan estos casos, esto se traduce en jornadas de un mínimo de 10 horas de trabajo, en las que los jueces reciben unas 130 llamadas de la Policía al mismo tiempo que celebran alrededor de 16 audiencias. Es decir, que mientras la víctima relata su drama, el juez la debe interrumpir para atender el teléfono. Tras los últimos homicidios, el Poder Judicial transformará dos juzgados penales (del antiguo código) en sedes para violencia doméstica, confirmó el ministro de la Suprema Corte, Jorge Chediak.

La ley de violencia basada en género (2017) estableció nuevas reglas y garantías para atender estos casos. En la Rendición de Cuentas de 2018, el Poder Judicial solicitó $ 943 millones para incorporar magistrados (33), actuarios (45), peritos (115), administrativos (283), defensores (66), y para adquirir edificios y transformar otras sedes en juzgados especializados en violencia basada en Género, doméstica y sexual. “Se nos dijo que la estimación era desproporcionada, no se presentó una contrapropuesta y quedó así, sin recursos para ser implementada”, dice Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU).

En esos juzgados se concentrarían, además de los procesos de violencia, los de tenencia de menores, pensiones alimenticias, regímenes de visitas y los procesos penales derivados de estas situaciones. Todo en un mismo lugar. Para ello, Fiscalía estimó un presupuesto de $ 300 millones, que tampoco le fue asignado.

Por eso, en los hechos, la norma no se cumple. El resultado es un servicio judicial que Eduardo Cavalli, ministro del tribunal de apelaciones de Familia, califica de “ineficiente”.

Lo expone así:

—Somos una puerta de emergencia a la que van llegando 130 pacientes cada día y hay un solo médico que toma los casos graves. Hay otros que no aparentaban serlo, y luego pasan cosas horribles.
Los casos de violencia de género que terminan mal abren un capítulo de reproches y culpas repartidas. Y ahora, en tiempo de elecciones, este problema se filtró en la campaña, donde suceden más acusaciones, pero también surgen ideas para intentar mitigarlo.

Laura Sunhary es jueza penal, pero tiene un largo pasado en materia de familia especializada. Es integrante de una subcomisión de género de AMU que este año comenzó a analizar cada detalle de los procesos judiciales que terminaron mal. El objetivo es ver las fallas del sistema, relevar sus carencias y establecer desafíos.

Tras analizar las acciones judiciales en los femicidios de Miriam Sosa (39) y Mariza Severo (42), concluye:

—Se falló por una falta de coordinación entre los actores. Esta falla podría resolverse fácilmente, porque fue provocada por una falta de recursos. Nosotros no buscamos un chivo expiatorio, porque debilidades encontramos en todos los actores. El tema es que el resultado de este absoluto colapso deja mujeres muertas.

La denuncia que no llegó

Sosa había denunciado en julio de 2018 hechos de violencia de su concubino. En ese momento, la Policía notificó al juzgado. El ministro Cavalli explica que “la perversidad del sistema” recae en que sean los oficiales quienes deban evaluar, sin pruebas contundentes, la gravedad del relato. “La decisión del juez va a depender de cómo el oficial recibió el relato y de cómo se lo transmite”. Si es urgente, se cita audiencia en el día; si no lo es, el magistrado indica las primeras medidas de protección por teléfono.

En el caso de Sosa, la jueza dispuso medidas de prohibición de comunicación y de acercamiento por 180 días, y retiro del hogar. Además, convocó a una audiencia. A la audiencia no se presentaron ni la víctima, ni el agresor. Ante la ausencia, la jueza ofició a la Policía para que entrevistara a cada parte e informara el motivo de la inasistencia y si se habían suscitado otros episodios. Esa información jamás fue entregada al juzgado.

El jueves pasado, durante un evento por el 10° aniversario de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, el director de la Policía, Mario Layera, agradeció a sus funcionarios. “Nadie habla de lo que no ocurrió”, dijo. Se refería a los 600 efectivos que hoy custodian a 100 víctimas. En 2015, un estudio que encargó este ministerio a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto determinó que la respuesta de la Policía en estos casos era adecuada.

Sin embargo, de acuerdo a la investigación que realizó la subcomisión de género de AMU, la Policía no cumple como debería con el seguimiento de las medidas de protección: los jueces deben intimarla a que lo haga. Otras veces, envían la denuncia incompleta a la audiencia, o no lo hacen. Hay denuncias que no se toman y que no se transmiten al juez de turno. Las unidades especializadas son 56, pero no están abiertas las 24 horas, “por lo tanto muchas denuncias se toman en la sección con personal no capacitado”, señala Sunhary.

Sosa no volvió a presentar una denuncia hasta el 12 de junio de 2019. Ese día relató que en diciembre de 2018 lo había admitido nuevamente en el hogar, pero empezaron otra vez los problemas. El hombre, según ella, bebía de más y se irritaba con facilidad. Él tenía porte de arma ya que era guardia de seguridad. La víctima confesó entonces que el agresor había incumplido las medidas de protección dispuestas antes.

Enterada la magistrada, citó al agresor y pidió controlar la situación de la víctima. Al día siguiente, el día 13 de junio, se indagó al agresor, que negó los hechos pero aceptó irse de la casa. La jueza, además, le prohibió acercase y comunicarse con la víctima por otros 180 días.

El 17 de junio la Policía se comunicó con Sosa, quien le aseguró que las medidas estaban siendo respetadas. Pero, una hora y 10 minutos después, la situación cambió: la mujer avisó que había visto al agresor a tres cuadras de su casa. La Policía le pidió que concurriera a la unidad especializada para ampliar la denuncia, y avisó del hecho a la jueza, que solicitó que el ofensor fuera otra vez indagado. La orden que dio fue que si no aparecía en 24 horas, se lo requiriera.

Según surge de las estadísticas del Poder Judicial y de las declaraciones de distintos operadores, el cumplimiento de las medidas de protección que dispone un juez de familia especializada es bajísimo.
Cuando se incumple, se comete un delito de desacato. En esos casos la Policía debe avisar al juzgado y a la fiscalía, que tiene que actuar en la justicia penal. Según este análisis, hasta ese momento, no le había dado aviso a Fiscalía.

Seguimos en el 17 de junio. El ofensor fue indagado y reconoció haber incumplido. La jueza fue avisada y le intimó el estricto cumplimiento de las medidas dispuestas, que es lo máximo que puede hacer en su competencia.
Según relevó Sunhary, los jueces no tienen computadoras y no pueden acceder al sistema de gestión para ver si hay denuncias nuevas. La magistrada pidió, además, que le entregaran los antecedentes de lo actuado hasta ese momento y que fuera avisada la Fiscalía (acción que le corresponde a la Policía).

La formalización de un agresor solo puede hacerla un juez penal ante la iniciativa de un fiscal. Enterada la fiscal de turno, indicó que se cumpliera con lo dispuesto por la justicia especializada.

Solo eso.

El expediente que solicitó la jueza es elaborado en parte por la Policía y en parte por la oficina administrativa de la sede del juzgado. Aunque esta oficina tiene 48 horas para cumplir, como también está colapsada, el material llegó al despacho de la magistrada recién el 1° de agosto.
Ese día, la jueza tuvo frente a sus ojos un caso sin novedades desde hacía dos meses. Solicitó a la seccional que informara la situación actual en un plazo máximo de 30 días. En ese contexto, decidió fijar una audiencia de evaluación para el 24 de setiembre.

Esto es todo lo que figura en el juzgado. El viernes 16 de agosto, cuando la expareja asesinó a Sosa en su casa y a un hombre que estaba con ella, la prensa difundió que el día antes la víctima había realizado una ampliación de la denuncia en la seccional. Pero la Policía nunca avisó al juzgado. Cuando la magistrada solicitó esta denuncia, no apareció.

Defensoría atiende 50 casos por día

A pesar de ser la encargada de la Defensoría de Familia Especializada, Rossana Bianchi termina yendo a las audiencias porque no dan abasto: deberían ser 18 defensores y son 13. Y esto es en Montevideo:en el interior el déficit genera que un defensor patrocine un día a la víctima y otro al ofensor, relata el juez Alberto Reyes. En la capital hay ofensores que en la audiencia están sin abogado, porque no alcanzan. El desborde es tal, que la mayoría de las veces el defensor conoce a su “cliente” en la audiencia frente al juez. El magistrado Eduardo Cavalli propone crear una defensoría fuerte, donde vaya la víctima para elaborar una denuncia y formalizar un pedido de qué necesita que le resuelva la Justicia. El teléfono se reservaría solo para los casos urgentes.

La trampa de las demoras

El periplo de Mariza Severo empezó el 24 de junio. Denunció en la seccional de Artigas un episodio de violencia de quien fuera su pareja hace 28 años. Dijo que en el pasado lo había denunciado, y que ahora los conflictos habían vuelto: la había amenazado con un arma blanca dos veces.

La jueza ordenó que el hombre fuera retirado del hogar, que se lo indagara y que enteraran a Fiscalía por el delito de amenazas. De la investigación no surge si la Policía obedeció a esto último.

El hombre negó los hechos, pero se fue de la casa. Se le impuso prohibición de comunicación y de acercamiento por 180 días. La jueza solicitó al equipo técnico un informe de evaluación de riesgo, pero como estos equipos tienen recursos insuficientes y están sobrepasados, no pudieron cumplir en el plazo de 72 horas.

Según la investigación de AMU, si el informe se solicita sin urgencia puede demorar un año. Otras veces son muy básicos y ni siquiera incluyen la valoración de riesgo. En otros casos, solo se entrevista a la víctima.
La audiencia de Severo se celebró sin este informe. Ante estos casos, el magistrado puede optar por una medida de mayor protección, como una tobillera. Pero no había disponibles.

El jueves pasado el ministerio anunció que se adquirirán 100 dispositivos nuevos, que se sumarán a los 700 que ya están activos. Rossana Bianchi, encargada de la Defensoría de Familia Especializada, dice que todavía hay una lista de espera de 200 víctimas. Mientras se aguarda la tobillera, se suele suplir con custodia. Cada víctima conlleva dos oficiales, lo que vacía las seccionales.

Desde la Rendición de Cuentas de 2018, la víctima puede negarse a esta medida. Según un pedido de informes que el ministerio respondió a la diputada Cecilia Bottino, en el primer semestre de 2018 13% de las víctimas con custodia solicitaron su levantamiento. Severo se negó a recibir custodia. La defensa, que en la inmensa mayoría de los casos conoce a su patrocinado en la sala de audiencia, no se pronunció. La jueza volvió a solicitar el informe de los peritos, indicó tratamiento psicológico para el hombre y que la víctima concurriera al Instituto Nacional de las Mujeres. Fijó audiencia de evaluación para el 16 de setiembre.

El 15 de julio, la Policía entrevistó a la víctima como parte del seguimiento. Ahí, ella denunció que el agresor había incumplido las medidas y el 16 de julio se amplió la denuncia. Ella siguió rechazando la custodia. El 16 de julio la jueza indicó relevar el celular de la mujer, que el ofensor fuera indagado y que se enterara a la fiscalía del incumplimiento. Citó a audiencia para el día 24.

El 17 la Policía citó al ofensor, que recién se apersonó dos días después. Reconoció los hechos. La magistrada lo intimó a respetar las medidas cautelares. El 23 de julio le solicitó nuevamente el celular a la víctima. Nunca lo llevó. Tampoco asistió a la audiencia del 24. En los siguientes tres días, no le contestó el teléfono a la Policía.

Recién el 29 de julio, la jueza recibió la evaluación de los peritos: riesgo alto. Solicitó que en las siguientes 24 horas le informaran si se estaban respetando las medidas, y que la pericia le fuera enviada a la defensora, para ver si de esa manera su patrocinada sí aceptaba la custodia.

La defensa se dio por enterada.

No hubo más denuncias.

Recién el 13 de agosto la Policía respondió el pedido de la jueza: la víctima les dijo que todo iba bien. El viernes 16, su expareja la asesinó de 40 puñaladas.

No hay registro de que la Fiscalía haya actuado.

El juez Reyes, presidente del gremio de magistrados, dice:

—La impunidad del desacato no es culpa de los jueces de familia porque no es su competencia. El fiscal penal queda como un personaje secundario cuando es fundamental. Este comportamiento es sistemático por parte de Fiscalía.

La investigación de la subcomisión concluyó que en la mayoría de las denuncias por violencia doméstica o incumplimiento de medidas de protección, la fiscalía se da por enterada y decide que disponga el juez de familia especializada.

Patricia Lanzani, directora de la Unidad de Género de Fiscalía, reconoce que ellos deben actuar cuando se da un hecho con apariencia delictiva. Se crearon tres turnos específicos para atender estos casos, pero solo hay nueve fiscales. En lo que va del año se realizaron 622 formalizaciones por violencia doméstica.

La fiscal especializada en la materia Darviña Viera, cuenta que recibe tantos avisos de incumplimiento como denuncias nuevas. “Algunos días, son más”, dice. Si son casos graves pide prisión preventiva; si el agresor es primario, suele recurrir a un proceso abreviado. Si la Policía no le avisa telefónicamente de la gravedad de un incumplimiento, y espera que ella note el aviso en la bandeja de entrada de su correo, no investigará a tiempo. Lleva tres semanas en este turno y ya tiene 1.500 casos. “No vimos ni la mitad”, dice.

Ideas frescas

Manifestación por violencia de género
En un lapso de 48 horas fueron asesinadas Miriam Sosa y Mariza Severo. Las dos mujeres habían hecho la denuncia, pero hubo errores.

¿Cuáles son las ideas de los principales candidatos para resolver un problema multicausal? La primera fue de Luis Lacalle Pou, quien propuso custodiar a los agresores en lugar de a las víctimas. Esta práctica está permitida por la ley y en efecto ya se está adoptando. Su asesor en seguridad, el abogado Álvaro Garcé, advierte que no la plantean como medida “antagónica” a la custodia de la víctima, sino “sustitutiva”.
Las medidas inmediatas, dice, deberían ser otorgarle el presupuesto a la Corte para implementar los juzgados de violencia doméstica; mejorar la respuesta policial y sumar tobilleras. A mediano plazo, plantea sistematizar un programa de sensibilización en niños y jóvenes.

Andrés Ojeda, penalista que asesora a Ernesto Talvi, cree que para “cortar esta sangría” hay que resolver el problema de integralidad entre los actores. “Se necesita mejor comunicación, ampliar el uso de tobilleras y recursos para aplicar la ley”. Agrega que el incumplimiento de las medidas cautelares debe ser sancionado. “Hay cierta flexibilidad por parte de Fiscalía, no está respondiendo y debe estar en esta discusión”. ¿Custodiar al agresor? “La lógica del razonamiento no es mala, pero si cuidás a la víctima, la cuidás del ofensor y de sus amigos”.

propuesta de campaña

Custodiar al agresor, ¿es una mala idea?

El juez Eduardo Cavalli cree que es “un planteamiento a considerar”, y aclara que la ley ya permite esta alternativa. Su colega Alberto Reyes coincide: “No es descabellado”. July Zabaleta, directora de la división Políticas de Género del Ministerio del Interior, se opone. “Es para proteger una vida y no para acompañar al ofensor o dejar expuesta a la víctima”, dijo. Patricia Lanzani, directora de la Unidad de Género de Fiscalía, coincide:“No es una medida en sí, es una herramienta para que se cumplan las medidas de protección. Debe ser para la víctima; el agresor puede escapar”.

Además, propone un programa de sensibilización en niños y adolescentes y la creación de Centros de Atención Integral. “No es sacar lo que hay, es tener un equipo multidisciplinario en concordancia con la Policía. Podrían controlar en territorio el cumplimiento de las medidas cautelares desde un enfoque más social que policial”, dice. Por último, se prevé un programa de solución habitacional “más amplio del que ya existe” para las víctimas y sus hijos. De alcance nacional y que permita una estadía más larga.

El asesor de seguridad de Guido Manini Ríos, el coronel Antonio Romanelli, propone crear una policía judicial que custodie a las víctimas de violencia de género. Se trataría de un plantel “robusto y especializado” que también asumiría la distribución y funcionamiento de las tobilleras, estaría encargado de hacer el seguimiento de las medidas cautelares y sería quien, ante un incumplimiento, diera aviso al juzgado y a la fiscalía. “Creemos que es el eslabón que está faltando entre el Poder Judicial, Fiscalía y el ministerio. Esto permitiría no recargar al mismo y liberar a los recursos de las custodias”.

Roberto Parrado, expolicía y psicólogo especializado en violencia, asesor de Edgardo Novick, apunta a mejorar la coordinación y ser “proactivos”. “Custodiar al agresor me parece acertado porque puede ser el arma letal y yo prefiero tenerlo controlado”, dice. Cree que se deben mejorar las unidades especializadas, dotándolas de un equipo móvil que sea insistente en territorio durante el seguimiento. “No podés quedarte solo con la audiencia, el control debe ser cara a cara y constante. Tenemos que responder con la misma intensidad que se responde frente a una rapiña”, indica.

Además, en Fiscalía deberían responder a los incumplimientos con disposiciones inmediatas, y los fiscales estar “realmente especializados”, sostiene. Propone crear un registro único donde se informe la vigencia de las medidas cautelares, y un registro nacional de situación de violencia doméstica que reúna todo lo actuado por los diferentes actores en un caso.
Con respecto a la iniciativa que lanzó el senador Charles Carrera en conversación con La Diaria, de crear un centro para ofensores en el que sean alojados y se trabajen sus conductas violentas, Parrado —que dirigió talleres para varones agresores durante 24 años—, asegura que es posible la rehabilitación.

Pablo Mieres propone que se intensifique la capacitación de los distintos operadores; apoyar con presupuesto la implementación de la ley para resolver “las demoras burocráticas que dejan huecos donde ocurren estos hechos lamentables”; resolver el déficit de tobilleras y mejorar la respuesta policial volviendo al barrio, “al control micro”. Custodiar a los agresores “no suena mal para evitar perjudicarle la vida a la víctima y reducir el uso de efectivos policiales”, dice.

Para este informe se consultó a Gustavo Leal, vocero en seguridad del candidato oficialista, pero no se obtuvo respuesta.

Con el tema nuevamente sobre la mesa, está claro que la violencia de género no es un problema que persigue únicamente a la víctima: nos persigue a todos.

Jueces: grabar llamadas y mismo sistema penal

La subcomisión de género de la Asociación de Magistrados encuestará a todos los jueces que trabajan con violencia de género para afinar un diagnóstico de las carencias. El material ya recopilado le permitió desarrollar desafíos y propuestas. Planteará trabajar a imagen y semejanza de la Oficina Penal Centralizada, teniendo turnos para atender las llamadas y distribuyendo los casos. Mientras no se incremente el número de jueces, tendrían un secretario (abogado) que contestaría el teléfono, evitando así interrupciones en audiencia. Además, propondrá reformular el sistema de comunicación entre la Policía y el Poder Judicial: los avisos deberían ser por mail. A corto plazo, sugerirá que estas comunicaciones sean grabadas. También quiere organizar tallares de capacitación para los operadores. En cuanto a la recepción de las denuncias en seccional, planteará incorporar un equipo técnico que se encargue de hacer una evaluación preliminar e informar al magistrado.

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