CANNABIS, LA CUENTA QUE NO CIERRA

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) guardó, en cinco años, US$ 1 millón que le otorgó el Estado y no usó. La ley prevé que se le quiten los fondos innecesarios, pero nadie tomó esa decisión.

CAMILA BELLO / CARLOS TAPIA

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

La marihuana estatal podría estar pagándose prácticamente sola en base a lo que se recauda de licencias y permisos. Sin embargo, del Estado salen cada año, desde 2014, unos $ 20 millones (cerca de US$ 570 mil) que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) casi no necesita. El excedente, que se viene generando hace cinco años, llegó a ser de más de la mitad de lo que obtuvo de Rentas Generales y se está guardando sin destino ni motivo aparentes en cuentas bancarias estatales.

Esta es una política que podría generarnos como país un costo cercano a cero, y eso pese a que el número de personas que compran en las farmacias recién llegó a la mitad de lo previsto. Y pese a que 17 farmacias en todo el país venden sobres de cannabis y nunca se inauguraron los anunciados "expendios". Y aunque el sistema financiero sigue sin aceptar a los empresarios que se dedican a este rubro. Pero, ¿qué pasa con los ingresos?

Todo está previsto por ley. El Ircca recibe de parte de Rentas Generales $ 15 millones anuales, que deberían utilizarse en costos operativos. Este monto, mirado con perspectiva país, es insignificante al lado de los gastos que tienen otros organismos. Pero sobra, y no se vuelve a invertir. Es dinero que entra a un ente que no lo necesita y por eso lo guarda.

Fue la ley de presupuesto, aprobada en 2015, la que le otorgó esa suma anual al Ircca. Desde su creación, se estableció que su financiación fuera pública y privada. Este no es el único ingreso público que tiene el instituto, ya que también hay fondos que recibe a través de "convenios". De acuerdo con un pedido de acceso a la información pública que realizó El País, el organismo obtiene desde 2014 dinero de las arcas del Estado, aunque no explicó en qué consisten esos convenios.

En 2014 fueron $ 15 millones por convenios y otros $ 192.500 —también públicos—, según admitió el organismo en su respuesta. En ese entonces, la ley estaba recién aprobada y el gobierno de José Mujica ni siquiera tenía claro cómo implementarla. El Ircca no gastó todo lo que había recibido de la Administración Central y tuvo un superávit de $ 11,3 millones. El dinero no fue reinvertido, no volvió a figurar en las rendiciones de cuentas anuales del organismo y se guardó. El organismo no especificó qué pasó con él.

Al año siguiente la situación fue similar. Con unos meses del gobierno de Tabaré Vázquez transcurridos, obtuvo $ 14 millones de convenios y $ 49.584 más de parte del Estado. En este caso tampoco se gastaron todos los fondos y las ganancias fueron de $ 8,5 millones. En la respuesta no explican cuál fue el destino de estos fondos, pero lo que es seguro es que no fueron tomados en cuenta durante el ejercicio siguiente. En total, el organismo había ahorrado $ 19,8 millones en dos años.

Fuentes del Ircca explican que no están obligados a devolver el dinero que reciben del Estado. A diferencia de otros organismos, que sí deben volcar sus ganancias a Rentas Generales, el instituto tiene autonomía para gestionarlos. Pero hay un punto tramposo, que sí fue contemplado en la legalización de la marihuana, que establece que "el Poder Ejecutivo podrá modificar esta magnitud considerando la evolución de los ingresos del Ircca". En otras palabras, si al proyecto le iba bien, se iba a pagar solo y no necesitaría del aporte de todos.

Los ahorros del instituto siguieron engrosándose con el tiempo. Con la ley de presupuesto aprobada, el Parlamento resolvió en 2016 entregarle $ 15 millones todos los años, además del dinero de los convenios que ya recibía antes. La puesta en práctica del plan elaborado por Mujica estaba cerca y debían dotarlo de recursos. El Ircca obtuvo ese año $ 22 millones de las arcas del Estado que, por tercera vez consecutiva, no volvió a utilizar por completo. En 2016 sobraron $ 9 millones.

Al año siguiente, el instituto logró invertir casi todos los ingresos. En julio de 2017 se lanzó la venta de cannabis psicoactivo en las farmacias y el dinero en campañas de concientización equilibró los balances. El aporte estatal fue de $ 24,5 millones que tampoco se gastaron por completo, sino que sobraron $ 1,6 millones.

El último dato disponible es de 2018, que muestra que recibieron $ 21,3 millones del Estado. La tendencia de los últimos años volvió a notarse y también sobró dinero: fueron $ 5,8 millones. Desde que se creó el Ircca, el organismo guardó $ 36 millones, más de US$ 1 millón al cambio actual. Este dinero fue a las cuentas de un ente sin fines de lucro, pese a que la ley establece que el aporte público dependerá de cómo le esté yendo.

En el instituto se tienen fe. Estiman que los resultados de 2019 sean más provechosos para ellos, ya que la venta de marihuana en las farmacias funciona desde hace ya dos años. "Se prevé para 2019 que los ingresos genuinos (de privados) alcancen una proporción de financiamiento aún mayor al registrado en 2018, sin perjuicio de que el Ircca está concebido como una institución de financiamiento mixto", expresaron en la respuesta a El País.

Y ahí está la clave de tanta "ganancia": el organismo tiene dos fuentes de ingresos, la estatal y la privada. El ente se queda con el 10% de las ventas de cannabis recreativo, además de lo que les cobra por las licencias a las empresas que plantan marihuana. Recién en 2016 empezó a recibir dinero de esta forma, cuando el proyecto empezó a moverse y a generar recursos. Hasta entonces, el Estado era el único que apoyaba el plan impulsado por Mujica.

Los números muestran que los ingresos privados comenzaron con timidez, cuando en 2016 alcanzaron los $ 1,4 millones. Pero al año siguiente ya fueron $ 5 millones, sobre todo porque la venta de licencias aumentó y las empresas invirtieron $ 4 millones en permisos para sembrar cannabis. Esta tendencia terminó de consolidarse en 2018, cuando recibieron $ 17,2 millones de parte de privados.

El Ircca celebra lo que pasó el año pasado. "Por primera vez, los ingresos genuinos (generados por las actividades del instituto) superan la partida presupuestal anual establecida por la ley de presupuesto", escribieron en la respuesta.

Ahora, ¿en qué gasta el organismo? Fuentes del ente reconocen que "no se ha logrado volcar toda la plata" que entra. Entre los costos que tienen, se destacan los sueldos, la publicidad, las comisiones que les cobra El Correo y el soporte de software. El año pasado fue el que más gastaron: $ 32 millones.

En 2018, los sueldos representaron 1,3 millones. También invirtieron $ 2,8 millones en publicidad, en campañas de comunicación que salieron por radio y televisión. Quizás recuerde una en la que un adolescente les preguntaba a sus padres si alguna vez habían fumado marihuana. "Bueno, en realidad, cuando tu madre y yo nos conocimos…", contestaba el padre, aunque no se terminaba de escuchar qué había respondido.

Los avisos buscaban "prevenir el consumo de cannabis u otras drogas" —según informaba el Ircca en ellos— y habían sido expresamente pedidos por Tabaré Vázquez. Una encuesta oficial había mostrado que apenas uno de cada 10 liceales uruguayos pensaba que el consumo de esta droga era peligroso, por lo que el gobierno quiso reaccionar para aumentar la percepción de riesgo. No se sabe qué efectos tuvo esta campaña sobre esa sensación.

El año pasado también gastaron $ 3,5 millones en soporte de software y $ 4 millones en las comisiones que les cobra El Correo por registrar a las personas que quieren comprar los sobres de cannabis en las farmacias. El resto de los costos están asociados a la energía eléctrica, los gastos de celular, los viáticos, entre otros rubros. En viáticos invirtieron $ 255 mil, y en viajes y gastos de representación se fueron $ 784 mil.

Fuentes del Ircca expresaron que no van a gastar dinero "en cualquier cosa" con tal de utilizar todos los ingresos que perciben. En ese sentido, afirmaron que actualmente hay un llamado vigente para contratar auxiliares administrativos y que esperan seguir empleando técnicos en los próximos meses. "El incremento de la actividad se traduce en mayores inversiones y puestos de trabajo para la economía en su conjunto", respondieron en el pedido de acceso a la información.

En las empresas productoras de cannabis están preocupados por cómo avanza el proyecto. El Ircca abrió un llamado en febrero para vender más licencias y se seguirán sumando nombres a este plan que empezó hace casi seis años. Pero los números no siempre les dan, teniendo en cuenta que ya hay cuatro compañías plantando marihuana y el mercado no es tan grande como parecía. Hay 35.700 personas inscriptas, cuando el gobierno estimaba que serían unas 60 mil. Imagine invertir en algo que tiene la mitad de los clientes que le habían prometido.

Estas empresas se venden una y otra vez. Algunas de ellas ya cambiaron tres veces de dueño y el mercado de pases todavía no está cerrado. Una fuente de una de las firmas revela que el negocio "no es rentable" y que las "trancas son muchas más" de las que preveían. A dos años de su implementación definitiva, la venta de marihuana no logra terminar de convencer a los inversores privados.

El último informe del Ircca —publicado por El Observador— muestra que en un año y medio se comercializaron casi 451 mil sobres de marihuana, desde julio de 2017 hasta enero pasado. Los ingresos por ventas ascienden a US$ 2,8 millones, aunque las empresas se quedan con el 60% de las ganancias. El resto es dividido entre las farmacias (30%) y el organismo.

Fuentes de una de las compañías consideran que debería haber más lugares ofreciendo la droga. El subsecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, había dicho que se crearían "expendios de marihuana" para aumentar los puntos de venta. Sin embargo, este anuncio fue hecho en setiembre de 2017 y desde entonces no hubo novedades. El jerarca había prometido que el decreto para implementarlos quedaría pronto "en los próximos días", pero eso nunca ocurrió. También había afirmado que sería una solución "provisoria" para enmendar las pocas farmacias que participaban de la iniciativa estatal.

Sin expendios y con pocos locales disponibles, los empresarios esperan que el gobierno tome medidas. Una opción que se les ocurre es que el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley para obligar a todas las farmacias a distribuir marihuana, aunque son conscientes de que es muy difícil que eso suceda. Todavía no está arreglado el problema con los bancos —que no aceptan a estos clientes debido a las trabas impuestas por el sistema financiero internacional— y no parece que vaya a solucionarse en el corto plazo.

Otra opción es aumentar el precio de los sobres, pero eso tampoco es fácil. La idea del proyecto era combatir el narcotráfico y para lograrlo había que ser competitivos. Su valor se ha ido ajustando y ahora están a $ 220 los cinco gramos, muy accesible en comparación con el mercado negro, donde esa misma cantidad puede costar $ 700. La marihuana paraguaya, de una calidad muy inferior, sí se acerca al precio de la droga estatal.

El miedo de los inversores es que se siga agrandando la oferta y no así la demanda. Otras empresas pueden sumarse a la producción durante los próximos meses, cuando el Ircca informe a quiénes les otorgará las nuevas licencias. Este anuncio se iba a hacer en abril, pero se pidió una prórroga y abrirán los pliegos en mayo. Actualmente hay cuatro registradas, nacionales y extranjeras. Si no aumenta el número de clientes, advierten las fuentes, habrá cada vez más proveedores para el mismo mercado.

Sin embargo, el Ircca afirma que la oferta de cannabis todavía no satisface la demanda. "Esto es así especialmente en algunas zonas del país de mayor concentración de población registrada, en las que todo el producto que se distribuye se vende", expresa en el informe. Mientras que en nueve departamentos todavía no hay farmacias registradas, Montevideo acumula siete de las 17 habilitadas.

La gran incógnita es qué pasará después de las elecciones. Entre los empresarios hay mucha expectativa por quién será el próximo presidente y sobre todo por qué signo político tendrá. Por más que a Vázquez no le hacía mucha gracia la herencia que le había dejado Mujica, tuvo que sacar adelante su implementación porque compartían partido. La duda es qué podría pasar si la oposición alcanzara el gobierno en 2020: "No creo que vaya a haber un cambio radical, pero sí esperaba terminar este período con más espalda para estar más fuerte frente al próximo presidente. Hoy no estoy en esa etapa todavía", asegura una de las fuentes.

La única precandidata que había hablado sobre derogar "gran parte de la ley" había sido Verónica Alonso, quien en las últimas semanas se sumó a las filas del nacionalista Juan Sartori. Ni el precandidato blanco ni el resto se pronunció al respecto, por lo que los empresarios están confiados en que no se terminará el negocio de un momento al otro.

Aunque tampoco hay propuestas para potenciarlo ni para corregirlo. "El conflicto con los bancos hizo ruido en su momento y después desapareció de la agenda. Teníamos la oportunidad de ser los primeros, de adelantarnos, y Canadá nos está pisando los talones", dice una de las fuentes, haciendo referencia a que ese país legalizó la marihuana en octubre.

La pregunta que surge, entonces, es por qué siguen insistiendo con Uruguay. Algunos dicen que pueden resistir "un año más, a lo sumo dos" en esta situación, con un mercado lento que no avanza al ritmo que ellos esperan. Otros revelan que están apostando a la exportación, ya que en realidad no les interesa vender sino plantar acá para comercializar afuera. Los demás están "convencidos del proyecto" y les da "orgullo" que el país haya sido pionero en la regulación del cannabis en 2013.

Pero el orgullo solo no alcanza. Al final del día, lo que les interesa es que el negocio funcione y que el dinero que tienen invertido dé sus frutos. Si no, en el fondo tienen una tranquilidad: saben que podrían recibirlos en otro lado.

Las plantas custodiadas por la Guardia Republicana

Los cultivos de marihuana tienen seguridad exclusiva. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) respondió en un pedido de acceso a la información que la seguridad perimetral en el predio de producción está garantizada por la Guardia Republicana. A su vez, cada una de las empresas productoras debe contar con su "propio esquema de seguridad". Los vehículos en los que se transporta la droga deben tener "procedimientos y medidas tecnológicas de seguridad que permitan limitar el riesgo de ocurrencia de hechos delictivos".

Según informó el Ircca, hasta la fecha no se produjo ningún hurto ni en el predio de producción, ni durante la distribución ni en farmacias.

El instituto destacó también que el proceso de cultivo, cosecha, secado, empaque, distribución y venta de cannabis es supervisado y controlado. El organismo cuenta con un sistema de trazabilidad que va desde el cultivo hasta el usuario final, lo que permite "un conocimiento permanente del estado y la ubicación de la producción en sus distintas fases", informó.

Los datos de los usuarios que adquieren cannabis también están protegidos por un sistema informático muy difícil de ser hackeado. El Ircca asegura que toda esa información es anónima y solo se utiliza con fines estadísticos.