ASSE acumula mayoría de despidos

Un enfermero que insulta a un recién accidentado, un médico que se niega a atender a un hombre que sufre un paro, una paciente que corre a una auxiliar que la robó y un bebé fallecido tras 48 horas sin recibir atención. ASSE es una institución que vive echando a malos trabajadores.

CARLOS TAPIA

ASSE, como institución independiente del Ministerio de Salud Pública, tiene una historia joven (nació en 2007) y fuertemente marcada por las destituciones —es uno de los que más tiene dentro del Estado, según fuentes del organismo. Ninguno de sus jerarcas originales al empezar cada período logró superar este problema. Ni Baltasar Aguilar, socialista que asumió en 2007 y debió renunciar en 2008. Ni Mario Córdoba, cercano al MPP, y que estuvo al inicio del gobierno de Mujica. Ni Susana Muñiz, comunista que fue relevada del cargo en febrero de este año en medio de un escándalo por irregularidades en varios hospitales.

Asumió Marcos Carámbula como presidente y el camino de la expulsión fue aún mayor. Se decidió relevar a casi una veintena de directores de hospitales.

De la administración pasada se recuerda el caso de Alfredo Silva, que además era el rostro más visible del sindicato de la salud pública, y que fue apartado de la dirección del organismo tras ser procesado por maniobras de corrupción.

Pero va más allá de los jerarcas. La web de transparencia de ASSE, que recoge datos desde 2015, exhibe más de 800 archivos sobre destituciones. Hay tanto meras y graciosas anécdotas sobre ineptos, como historias dignas de cuentos de terror. Aquí, algunos de los casos.

Tuvo un accidente con la moto y lo trasladaron al Hospital de Colonia. El médico lo atendió, le dijo que se tenía que hacer una tomografía, firmó la orden y se fue. Al rato llegó el enfermero, lo insultó a él y a su madre, le rompió la orden en la cara y ordenó su traslado al Hospital Militar, que es donde este se atendía comúnmente.

ASSE constató irregularidades en el traslado, que se hizo en una ambulancia común y no en una especializada, como requería la complejidad del caso.

El funcionario fue destituido. Ya tenía antecedentes: había propinado "graves y reiterados insultos" a una licenciada de enfermería que lo había denunciado por sus asiduas llegadas tardes.

La destitución se concretó en agosto pasado, casi dos años después de que el enfermero tuviera el altercado con el accidentado. La investigación no dice qué fue de la vida del paciente, pero señala que la actitud del funcionario impidió una buena valoración del caso.

Un médico de guardia del Centro Departamental de Artigas se negó a atender a un paciente que sufría un paro cardiorespiratorio. Alegó que este ya se encontraba en estado terminal y que, en estos casos, quien debe llevar adelante la atención es el médico de sala y no el de guardia.

El paciente fue atendido por personal de enfermería, que le hizo maniobras de reanimación durante unos minutos hasta que, finalmente, falleció.

ASSE entendió que el médico de guardia "violó la ética que debería guiarlo, no desempeñando fiel y exactamente las funciones inherentes a su cargo". El hecho sucedió en marzo de 2015 y el funcionario fue destituido en abril pasado.

Una funcionaria del área de informática del Hospital de Dolores fraguó carnés de salud para dos trabajadoras. Estas entregaron los documentos a la dirección del centro en el marco de un trámite por el que buscaban ser presupuestadas.

Cuando la maniobra fue descubierta las dos trabajadoras reconocieron que habían entregado los carnés adulterados, mas dijeron que no eran las responsables de llevar adelante la falsificación, apuntando así contra la funcionaria que les había dado los apócrifos documentos.

Las copias habían sido hechas sobre documentos de otros usuarios, y contenían borrones que delataban el delito. La dirección del centro constató que no existían estudios clínicos de las funcionarias y que, además, no se atendían en ASSE sino en una mutualista.

Con las maniobras las trabajadoras se ahorraron pagar los carnés. ASSE no cobra por los carnés de salud para sus usuarios, mientras que las mutualistas tienen un costo que va de $ 400 a $ 700.

Las tres funcionarias fueron destituidas: las dos que presentaron el documento falso por "incurrir en una conducta dolosa, presentando un documento apócrifo para acceder a su presupuestación —esto es, carné de salud gratis a su nombre con evidentes borrones y enmarcaduras que pertenecían a otros usuarios"—. La funcionaria que hizo los documentos falsos fue sumariada por "ineptitud".

Pasó en la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana. Lo primero que descubrieron fue que la doctora atendía a muchos más pacientes que sus colegas. Empezaron a investigar y se dieron cuenta de que la diferencia estaba en que sus pacientes tenían un "muy bajo" índice de ausentismo.

A partir de allí constaron una serie de irregularidades en los registros de la médica, que anotaba en el sistema electrónico el nombre de los pacientes y el supuesto motivo de las consultas, pero no escribía nada en las historias clínicas.

La médica primero fue sumariada y después, mientras se estaba evaluando su destitución, presentó un recurso alegando que ASSE se había basado en llamadas telefónicas que había hecho a sus pacientes para corroborar si habían ido o no a la consulta. Decía, entonces, que al no mostrarle a ella los nombres de los pacientes no le estaban dando margen para defenderse. ASSE no atendió a estos reclamos y la destituyó en enero de este año, después de dos años de proceso.

El médico anestesista iba a trabajar al hospital de Colonia menos horas de las que le correspondía. Esto generaba problemas para la realización de cirugías cardiovasculares, algo que estaba entre sus tareas.

"No dispongo de tiempo por el momento para desempeñar el compromiso funcional de 12 horas semanales como desempeñaba anteriormente", señaló el anestesista ante la dirección del centro, luego de varias reuniones y correos electrónicos en los que se le pidió cumplir la totalidad del horario.

Cuando ASSE empezó a investigar el tema, el funcionario declaró y reconoció que cumplía un horario menor al correspondiente, pero advirtió que contaba con el permiso de la dirección, algo que fue negado por estas autoridades.

El funcionario fue destituido, pero no de inmediato. El proceso demoró dos años y terminó en enero pasado.

A las 12 horas del 21 de mayo de 2015 un auto conducido por el esposo de una funcionaria de limpieza del Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (Ceremos), en San José, salió raudo de la puerta del edificio. Atrás iba corriendo una paciente que estaba internado y que, a los gritos, acusaba que la trabajadora, que iba en el asiendo del acompañante, le había robado un radiograbador.

Un guardia de seguridad del centro los obligó a detener el auto. La funcionaria bajó, reconoció que tenía el radiograbador, pero dijo que no lo había robado, sino que se lo había cambiado a la paciente por yerba. La funcionaria fue destituida tras dos años de proceso por "violar el deber de lealtad".

Los padres llegaron con su bebé el 3 de diciembre de 2012 a las 23 horas al hospital de Santa Clara de Olimar. Tenía un cuadro de oclusión intestinal, que si se atiende a tiempo no debería llevar a demasiadas complicaciones. A la 1:30 de la mañana del día 5 el niño murió. En el medio pasó de todo, menos lo que debía pasar.

En Santa Clara de Olimar la atención fue correcta y se procedió a una rápida derivación. En tanto, en el Centro Departamental de Cerro Largo, según una posterior investigación de ASSE, "se proporcionó una atención inadecuada, con controles insuficientes".

El niño debió ser derivado, nuevamente, de inmediato al Pereira Rossell en Montevideo, pero esto se hizo con una "demora inaceptable en un cuadro de urgencia quirúrgica". También "se apreciaron fallas sistémicas e individuales en el manejo del menor, no hubo continuidad en la atención del paciente entre una guardia y la otra (…) ya que el jefe del servicio valoró al menor pero no transmitió el diagnóstico al pediatra que tomaba la guardia, ni chequeó el cumplimiento de las interconsultas". Tampoco "registró su actuación en la historia clínica".

En el Pereira Rossell también hubo "fallas en las características del pase de guardia que determinaron que ningún cirujano valorara oportunamente al paciente y coordinara la cirugía en el menor tiempo posible". La demora se dio, entre otras cosas, porque desde la puerta de emergencia no se pidió la intervención del cirujano, sino que sucedió recién cuando el bebé había sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Y cuando esto se hizo el profesional tampoco se hizo presente con rapidez.

ASSE responsabilizó a dos doctoras de las guardias, una de cada hospital, por la situación que se generó. A la de Cerro Largo la sancionó con 179 días de suspensión con retención de haberes. A la otra no la sancionó ASSE, sino que se pidió la "aplicación de un régimen disciplinario" a la Comisión de Apoyo, de la que esta depende. La primera de ellas apeló y por esto la investigación sigue abierta.

En este caso no hubo destituciones.