DENUNCIAS CAEN 40%

A las seis de la mañana María del Huerto se calzó sus botas de goma y, como todos los días, empezó con las tareas en su tambo, allí donde tiene 43 vacas de raza Holando. Pero —antes de que los ruidos de la ordeñadora aturdieran sus oídos— los perros del campo en el que trabaja, a pocos kilómetros de Ciudad del Plata (San José), le indicaron un nuevo camino para esa mañana. “Entraron anoche al campo y nos mataron otro bicho”, le dijo por teléfono a su hermana, que cortó y llamó automáticamente al 911, aquel miércoles 14 de octubre de 2020. “La Policía vino rápido, pero ya estaba todo hecho”, cuenta la tambera.

Lo que había pasado no era algo nuevo para ella. María del Huerto (el apellido no se publica a pedido suyo, para preservar su identidad) viene de familia con tradición de tambo, lleva el nombre de su madre y tiene 57 años. El 90% de su vida lo pasó trabajando en el campo.

Dice que lo peor del abigeato no es la pérdida material, sino que “entran y destrozan todo, no es solo el animal que matan”. Porque, claro, “es la rabia”, cuenta, de saber que “pasaron a pocos metros de la ventana de tu cuarto” y “te están cuidando en todo lo que haces para aprovechar el momento y robar”.

Perros, portones, candados dobles, alambrados eléctricos, luces toda la noche y el ganado cerca del galpón, no son medidas suficientes. Ahora en el tambo están pensando en cámaras, porque saben que van a volver. Entre 2019 y 2020 les faenaron cuatro terneras de buena genética, del predio de 25 hectáreas que trabaja con su familia, donde también crían gallinas y tienen huerta.

“No sé qué harán con esa carne. Te acostás y las primeras dos horas las dormís porque estás muerta del trabajo... Pero después te pasas entre dormida, atenta a cualquier ladrido de los perros o ruido”, dice, preocupada. Hace un par de noches se despertó con los berridos de un toro a las tres de la mañana: pensó que no era nada. “Pero qué no, al otro día vimos todas las pisadas de un hombre y se llevaron todos los maples de huevos que teníamos”, dice la tambera.

El drama del abigeato se extiende por todo el país y no es nuevo. De hecho, es una de las principales preocupaciones del ministro del Interior Jorge Larrañaga, quien el 12 de agosto pasado creó la Dirección Nacional de Seguridad Rural.

En los diez primeros meses de gestión (de marzo a diciembre), se detectó en todo el país una baja de 1,29% en los abigeatos en relación al mismo período de 2019, según el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Es el delito que menos bajó: 1.836 denuncias en 2020 contra 1.860 en 2019.

¿Y qué pasó en enero? Las denuncias por abigeato vienen a la baja, aseguran en el ministerio. Según indican a El País fuentes de la cartera, la caída en enero respecto al mismo mes del año anterior fue de 40%: se pasó de 168 denuncias por abigeato en 2020 a 101 en 2021.

Interior aplica un plan de trabajo articulado y de gran inversión económica en el campo. Pero la tendencia a la baja recién es de los últimos meses porque en el primer semestre de 2020 bajaron los homicidios y las denuncias de hurtos, rapiñas, violencia doméstica y violación, pero las denuncias por abigeato tuvieron un incremento de 31,5%, frente al primer semestre de 2019: 1.165 denuncias frente a 886 el año anterior.

Los campos del noreste de Canelones son los más golpeados por el abigeato en todo el país. Hace un par de décadas que en esa zona dejaron la producción hortícola, los suelos están desgastados. Por eso ahora es común recorrer Empalme Olmos o San Jacinto y ver pastando vacas Hereford o Angus.

"Acá siempre estamos pensando en medidas: es zona roja y el Ministerio del Interior lo sabe”, cuenta el ingeniero agrónomo Norberto Pereyra, quien trabaja en un campo de casi 300 hectáreas junto a sus seis hermanos. Admite que, desde la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, en la nueva administración “la cosa ha cambiado, pero entre los productores y en conjunto con las autoridades estamos pensando en soluciones a largo plazo”.

La idea es instalar cámaras de seguridad en la zona, y por eso los productores se reunirán con las autoridades del Ministerio del Interior para concretar este plan.

En esta zona quienes se dedican a faenar animales robados tienen un modus operandi que se repite caso a caso. Lo primero es matar a los vacunos de uno o varios disparos de arma de fuego. Luego, con pulso de cirujano, sacan toda la carne que sirva para consumo humano. “Te dejan los huesos nada más, hasta el cuero se llevan. Son personas que saben muy bien lo que hacen”, afirma Pereyra.

Después ponen la carne en bolsas (de cada animal se puede sacar hasta 400 kilos de carne), las arrastran hasta caminos vecinales y las esconden tapando todo con ramas de árboles y pasto seco. Ahí se van en moto. A las pocas horas llegan los otros: los que cargan las grandes bolsas, se las llevan de la zona del robo y se encargan de vender esa carne en el mercado negro.

Pero la cadena sigue. Esa carne llega a lugares donde la manufacturan: hacen chorizos o hamburguesas y también cortes para vender directo. “Nosotros estamos seguros de que hay un sistema que lleva la carne hurtada de Canelones a Montevideo”, explica el productor. “No hay controles en ruta ni en los caminos que llevan a los barrios periféricos de Pando. No saben ni lo que venden. Igual matan a un animal que el día anterior recibió un garrapaticida, lo cual tiene un período de 90 días de latencia para poder ser consumido”.

Los efectos nocivos para los humanos de consumir carne en esas condiciones no solo pueden ser malos por algún tratamiento veterinario, lo son también por las condiciones de traslado y almacenamiento, la forma del faenado, el corte de la cadena de frío y también la refrigeración.

Pereyra vivía a pocos kilómetros de su campo, pero hace unos años se vio obligado a mudarse al establecimiento. “Algo shockeante fue levantarme una mañana y ver cómo nos habían matado dos animales. No es lo que sale, no es la plata solo, sino es el trabajo que hay sobre esos animales, el tiempo invertido. Es desmoralizante amanecer con esa noticia, en un segundo se te fue todo lo que hiciste en años”, narra el ingeniero, que se dedica a la producción ganadera intensiva, como muchos de la zona noroeste de Canelones.

“No hace mucho le mataron a una productora dos vacas preñadas a punto de parir, había sido una gran inversión para ellos, eran de pedigrí, como el semen del toro”, recuerda el productor. Y agrega: “No somos ricos, no somos latifundistas, somos pequeños productores. Nosotros vivimos de esto, trabajamos 14 horas por día”.

Los productores cercanos a las zonas urbanas siempre son los más golpeados. Por eso, el anillo metropolitano está en una situación compleja. “Son muchos los que han dejado de criar ovejas cerca de los pueblos. En Canelones el productor más o menos tiene que dormir con ellas”, explica Julio Armand Ugón, presidente de la Federación Rural del Uruguay. Y agrega que los ladrones “matan a los perros, desconectan los pastores (en referencia a los alambrados eléctricos), cortan la luz, hacen de todo”.

Para Armand Ugón, la constante que se repite en todo el país es que los productores que están en zonas suburbanas sufren más abigeatos.
Lo confirma Marcelo Nougué, vocero del movimiento Un Solo Uruguay: “El mayor acceso a caminos vecinales y la comunicación con los pueblos en unos minutos en moto, es lo que hace que haya más oportunidades en las zonas cercanas a centros poblados”.

Para el productor no hay grandes diferencias en la forma de cometer el delito, lo que sí es que en “estas zonas (cercanas a los centros poblados) tienen más puntos para atacar, el ganado está más concentrado y hay más posibilidades de concretar el delito”.

En el interior profundo se roba menos. La realidad entre norte y sur quizás cambia en cuanto al tipo de ganado que se hurta. En el norte es más común el robo en ovinos que en vacunos, mientras que en la zona sur la gran mayoría es en vacunos. Esto se explica por dos razones: la distribución que hay ya de por sí de cada raza en el territorio y a su vez la docilidad que desarrollan las vacas criadas en campos intensivos (es más fácil acceder a ellas para matarlas).

Los productores no son los únicos que están convencidos de que los hurtos de animales tienen como fin la comercialización. Para el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, “en la mayoría de los casos el accionar delictivo es movido por el interés de hacer un negocio y no por necesidades alimenticias”. Algo similar dice el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte: “Es una industria delictiva, algo mínimo irá para consumo propio, claro. Esta carne va a la comunidad, la sociedad en su conjunto es la que la come. Hemos visto cómo la ofertan hasta por internet”.

Para Un Solo Uruguay tampoco hay mucha duda sobre este punto: los robos son para comercializar. “Cuando en pleno 2002 te mataban una oveja, lo podías vincular con la crisis. Pero luego vino un aumento sostenido del abigeato, con niveles de empleo teóricamente altos, sin crisis y sin pobreza, por lo tanto entendemos que es gente que roba para manufacturar ellos la carne o venderla en carnicerías”, explica Nougué.

El problema no es solo la pérdida material. Están también los vacíos legales para la faena por parte de los propios productores y la forma en la que la Justicia actúa y sanciona en los casos de abigeato.

Muchos creen que se necesitaría un cambio cultural en la forma en que se percibe la campaña y los delitos que ocurren, por parte de la Justicia y la sociedad en su conjunto.

“Ahora es netamente un negocio. No es como fue hace 50 años, que te mataba una oveja y te dejaban el cuero colgado en el alambrado”, detalla el presidente de la Federación Rural. Armand Ugón recuerda desde niño el abigeato: “Pero mi padre no le daba importancia, era algo que pasaba muy poco”. Hoy los robos se dan en forma coordinada. “En la mayoría de los casos participan más de una persona para ejecutar la faena y transporte de los animales. A lo cual se le debe tomar en cuenta que para la comercialización de ese producto es necesario otro eslabón, por lo que se puede presumir que estamos en presencia en muchos casos de organizaciones”, explica Maciel.

Por eso, los puntos de control tienen que estar a cargo no solo de la Policía rural o la Policía Caminera, sino también en las intendencias y el Instituto Nacional de Carnes.

Ganadería trabaja, a la vez, en una demanda de varios productores y carniceros del país sobre la habilitación de mataderos. Eso para que los productores puedan, de forma legal, vender sus animales en las pequeñas localidades y no tengan que recurrir sí o sí a los frigoríficos. Y que tampoco caigan en la faena y venta ilegal de sus propios animales, como pasa ahora.

“Buenas tardes. Anoche carnearon una vaca en el fondo de Villa Jardines, ruta 75 km 35. No sabemos de quién es. Si le falta a alguien, avisar. Parece que hace un rato se llevaron la carne de una casa en el fondo. Me pasó el dato una vecina”. Ese fue un mensaje enviado el pasado jueves 14 de enero a un grupo de WhatsApp de productores de Canelones. Si bien los productores comparten el plan de las autoridades y reconocen el avance en las medidas de la Policía, los abigeatos siguen siendo hechos de todos los días.

“Creo que esto no es algo que pueda cambiar rápido, tiene que pasar un tiempo para que los productores no lo señalen y perciban como un problema”, dice Uriarte. Para el ministro es importante que los productores se organicen junto a la Policía, y por eso cuenta que hasta él mismo está en un grupo de su zona, en Cerro Largo.

“Te puedo decir que hay grupos muy grandes, como en Durazno con hasta 400 productores, otros de 100 o de 20”, dice. En todos los grupos hay al menos un representante de la Policía local y esa es una novedad de este período de gobierno.

El denominador común de estos grupos es señalar cualquier actividad inusual: movimiento de ganado, porteras abiertas o personas que circulan que no son del lugar. “La idea es cuidarnos entre los vecinos”, cuenta el productor Pereyra. “En nuestra zona saben que contamos con la rápida respuesta de la Policía. Esto no pasaba antes, cuando les teníamos que dar dinero para el gasoil o a veces ni había efectivos que pudieran venir”. En Canelones no solo acuden al lugar cuando hay un robo, la Policía patrulla y recorre los caminos vecinales.

Para Maciel no hay dudas: “Es importantísima la presencia policial en el medio rural en todo el país. Y es parte de las medidas que coadyuvaron a que los índices comenzaran a tener un descenso. En gran medida la campaña estaba despoblada de policías. Y por ello este ministerio se abocó a reabrir más de 40 seccionales, subseccionales y destacamentos policiales que estaban cerrados o abandonados, principalmente en el interior y en su mayoría en el área rural más profunda de todo el país”.

La Policía en la campaña “no solamente cumple un rol de mantener el orden y la seguridad, sino que es un referente”, dice el subsecretario.

Nougué, del movimiento Un Solo Uruguay, cree que en la medida que la presencia policial se mantenga y aumente “el delito tendría que ir bajando porque en el interior había zonas liberadas, sin control y sin presencia policial”. Gran parte de esta disminución “la asociamos con la presencia policial”, indica.

Pero no solo es la Policía. El rol del control fronterizo por parte del Ministerio de Defensa es señalado como un factor determinante de la baja.

Los discursos de las autoridades y de los productores coinciden en casi todos los puntos, pero las medidas del Ministerio del Interior llevan solo 11 meses de aplicación en un contexto de restricción de movilidad por la pandemia. Los resultados marcan que la tendencia a la baja seguirá, pero muchos productores consultados señalan que la Policía tiene que trabajar con mayor articulación.

¿La luna de miel podrá seguir y este delito seguirá bajando? “Te digo que acá ya no patrullan tanto, será parte de la estrategia de la Policía. Pero cuando se creó la Dirección de Seguridad Rural, mandaron vehículos para esta zona”, admite el productor Pereyra. Y Uriarte, el ministro de Ganadería, afirma: “Se ha avanzado mucho en poco tiempo, es importante hacer parte activa de las soluciones a los productores”.

En los establecimientos rurales parece no ser suficiente el trabajo coordinado de la Policía. Los delincuentes siguen siendo vigilados por los propios productores desde las ventanas de sus casas con las luces apagadas. En sus galpones con cámaras de seguridad y con alarmas en los tambos por la noche. Por los grupos de WhatsApp se mandan audios de tres minutos contando cómo fue que se movieron en moto con la carne y cómo cortaron los alambres, para prevenir y para que eso no le pase a otros.

A veces tiran dos o tres disparos al aire en medio de la noche, para ser escuchados en el silencio. Y así dejar en claro que ellos están ahí.

Ataques en el campo

"Dos perros te pueden matar 30 ovejas"

Además del abigeato, los productores rurales tienen otro problema relevante: los ataques de perros sobre su ganado. Por lo general las más golpeadas son las ovejas: su pequeño tamaño y sus características dóciles facilitan el movimiento de perros.

Las pérdidas muchas veces son totales. “Solo dos o tres perros te pueden matar hasta 30 ovejas, más las que dejan lastimadas que luego se mueren o hay que sacrificar. Se comerán alguna parte, pero lo que hacen es más bien algo de reacción del instinto animal y por eso las matan de esa manera”, relata Julio Armand Ugón, presidente de la Federación Rural del Uruguay.

¿Pero de dónde salen estos perros? Todas las fuentes consultadas concluyen que hay dos grandes grupos: los que son abandonados en establecimientos que se cierran, tirados de cachorros o nunca tuvieron una tenencia responsable, y por otro lado perros que se pierden en salidas de cacerías, principalmente de jabalíes. Siempre es humana la responsabilidad de la proliferación de los perros que se crían semisalvajes en el medio del campo.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) está trabajando en un plan para solucionar este problema. Ahora se está en una etapa de prueba piloto, pero la idea es poder comenzar este año en todo el país, afirman en el ministerio.

Ya se conformó la comisión que trabajará en el tema con integrantes del MGAP, las intendencias, la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis y a ONG de refugios de animales.

“El plan apunta al control de la población canina en el medio rural y a la tenencia responsable. Pensamos poder llegar a manejar el problema en unos tres años”, explicó a El País el ministro Carlos María Uriarte. El MGAP pretende llegar a unas 300.000 castraciones de perros en el medio rural, pero antes de eso se realizará un trabajo de concientización de la tenencia y se hará una identificación, así como la captura y entrega a albergues de los animales que no tengan dueños, indicó Uriarte.

Eso sí, los perros que sean de compañía y de trabajo no pasarán por estos carriles. Y, además, los productores que tengan animales de raza podrán hacer una declaración para mantener los fines reproductivos de sus perros.