EMBROLLO LEGAL

Divorcio en la Facultad de Derecho

¿Por qué el Mides ha aportado medio millón de dólares a un programa de asistencia jurídica gratuita llevado a cabo por estudiantes de Derecho? En la respuesta se cuelan denuncias por falta de transparencia en los gastos y subyace el enfrentamiento político-universitario de siempre.

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Paraninfo de la Universidad de la República. Foto: Fernando Ponzetto.

Alrededor de medio millón de dólares ha desembolsado el Ministerio de Desarrollo Social desde 2011 hasta ahora para financiar la actividad de los consultorios jurídicos que el gremio de estudiantes de Facultad de Derecho (Centro de Estudiantes de Derecho, CED) tiene en todo el país. El financiamiento del Mides y el manejo que ha hecho el CED de esos fondos públicos en estos años fue el centro de discusión de la última elección de autoridades del gremio, en agosto, y enfrentó aún más a las distintas corrientes políticas que se disputan el poder dentro de la facultad.

Hoy, cuatro meses después, el asunto sigue candente al punto que el decano, Gonzalo Uriarte, apuntó contra el Mides y dijo a El País que conveniar con una asociación civil como el CED —y no con la Facultad de Derecho, que tiene sus propios consultorios jurídicos— es "una decisión política inconveniente" porque "privatiza el acceso gratuito a la Justicia".

Uriarte pertenece a la agrupación de izquierda Nueva Facultad y llegó al decanato por un acuerdo con la Corriente Gremial Universitaria (CGU), vinculada al Partido Nacional. Alcanzó el cargo luego de 12 años de gobierno de Dora Bagdassarián, del Frente de Estudiantes Zelmar Michelini (Frezelmi), la corriente de izquierda con preponderancia en la Universidad. Algunos años atrás Uriarte militaba en Frezelmi; hoy, son enemigos.

El trasfondo político en Derecho viene al caso porque Frezelmi, que tras las elecciones de agosto quedó con seis puestos de nueve en la secretaría coordinadora del CED, es la agrupación que ha logrado asociarse con el Estado para conseguir dinero para el funcionamiento de los consultorios. Frezelmi, desde la dirección del CED, se ha ganado el apoyo económico del Mides y también del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en una oportunidad, y ha hecho acuerdos de intercambio y cooperación también con el IMPO y con los ministerios de Salud, Trabajo y Relaciones Exteriores.

En la campaña electoral, la CGU acusó a Frezelmi de falta de transparencia y reclamó las rendiciones de cuentas que, según está estipulado en los convenios, debe presentar ante el Mides trimestralmente. La dirección del CED organizó una asamblea el 14 de junio en el Pit-Cnt para responder a los reclamos. Llevaron a un contador del estudio Hana y Asociados, contratado por el CED para llevar los números de los convenios. El profesional se sirvió de un proyector y una pantalla para explicar el procedimiento de las rendiciones. Intentó mostrar las planillas pero algunos asistentes se quejaron de que se veía poco y le interrumpieron sus explicaciones en un clima de agresividad, gritos, aplausos y risas.

Desde la CGU argumentan que lo que se exhibió en la asamblea no es suficiente porque no va al fondo del asunto. En los últimos meses ellos han hecho varios pedidos de acceso a la información pública con suerte variada. El Mides les entregó los convenios firmados y los montos transferidos. De ahí obtuvieron que en el año 2011 el Mides, a través del INJU, transfirió $ 2.428.000; en 2013, a través de la Dirección de Gestión Territorial, aportó $ 2.100.000; en 2014, $ 3.801.240; y en 2015, por el convenio que sigue vigente hasta hoy, la suma de $ 5.019.836. El monto total es de aproximadamente medio millón de dólares.

Pero el Mides no accedió a entregar los informes de evaluación contable y rendición de cuentas, ni la información sobre si se acordó usar montos de un rubro a otro. La CGU también pidió las actas de los tribunales por los que se eligieron a los abogados contratados para los consultorios, y no se las dieron. En algún caso el Mides respondió que lo que se solicitaba era información en poder del CED y no del ministerio; en otros, alegó que no era "pertinente" o que era de carácter "confidencial".

La CGU hizo un pedido de acceso a la información también al CED para conocer los estados de cuenta de las dos cuentas del gremio en la que reciben dineros públicos, pero no obtuvieron respuesta.

Ariel Ghans, consejero por CGU, dijo a El País que más allá de las explicaciones de la directiva del gremio, "hoy nadie sabe en qué se gasta ese millón de dólares".

"Yo figuré como secretario de finanzas del CED. De acuerdo a resoluciones de secretaria coordinadora, tuve ese cargo, pero nunca pude desempeñar la función. He pedido por telegramas colacionados acceso al dinero y el libro de caja, pero nunca ocurrió", aseguró. Agregó que hay una comisión fiscal que debería desempeñar el rol de contralor, pero para convocarla se precisa el voto de dos de tres de sus integrantes, y eso no ha sucedido porque la mayoría la tiene Frezelmi. "Hace seis o siete años que no logramos convocarla", apuntó Ghans.

Algo similar ocurre con las cuentas bancarias: para solicitar el estado de cuenta se requiere la voluntad de dos de tres apoderados. Dos son de Frezelmi y uno es de CGU. Federico Gianero, el que figura como apoderado por la minoría, dice que su participación allí es "testimonial". Solo accede a los últimos movimientos de la cuenta. Incluso plantea que él ya no debería figurar porque si bien fue dirigente de los estudiantes por CGU, egresó hace cinco años.

"Reivindicamos una gestión transparente. Quien nada teme, nada debe ocultar", opinó Ghans. "Nos llama la atención que los números no se hagan públicos. Es dinero de los estudiantes, que cada mes pagan la cuota social al gremio, y es el aporte del Estado, de toda la sociedad. Quedaríamos muy mal ante la sociedad si el gremio malgastara fondos del Estado. Sería una mancha histórica del CED".

Todo legal.

Seis mujeres, un bebé, una niña, dos perros. Una mesa ratona deteriorada, sillas de madera pintadas de colores y un cartel que avisa "consultorio jurídico" sobre la puerta cerrada de una habitación. La espera es silenciosa. De las seis consultantes, dos están para ratificar la tenencia de sus hijos y las otras cuatro aguardan para el paso siguiente, que es la retención judicial de los haberes de los padres que no aportan para la crianza.

En general, están conformes con la atención que reciben de los estudiantes del CED. Alguna plantea, aunque no en tono de queja, que ha cambiado de "abogado" tres veces. Llevan uno, dos y hasta tres años en vueltas por sus trámites, pero sostienen que la demora es por "los paros del Poder Judicial".

En ese consultorio jurídico, que funciona en el Centro Comunal Zonal de La Teja, hay unos 15 estudiantes que eligen estar ahí un sábado de tarde. Cuando entra una de las mujeres que esperaba su turno, la estudiante que tiene asignado el caso le da la bienvenida, le explica que debe conseguir nuevos testigos y le informa que tiene fecha y hora de audiencia. La mujer se queja porque le será difícil ausentarse de su trabajo. La estudiante le recuerda que puede pedir una constancia para justificar la salida. Los demás escuchan, alguno murmura, otros sacan apuntes.

Dos abogados honorarios se entreveran entre los estudiantes pero se distinguen porque a ellos apuntan todas las miradas cuando surge alguna duda.

"Esta es la parte presencial. Después está la procuración y la asistencia a la audiencia", explica Vanessa Méndez. Ella es la responsable de la secretaría de extensión del CED, de la que depende el programa de consultorios. Hace siete años que está vinculada al programa y conoce al detalle el despliegue de los 31 consultorios dispuestos en todo el país. Trece están en Montevideo y 18 en cada uno de los departamentos restantes. En Montevideo funcionan con abogados honorarios; en el interior, donde los estudiantes son pocos, los profesionales son pagos (con el dinero del Mides).

"El reclamo (de transparencia) es político", dice Méndez. "Aunque quisiésemos no ser transparentes, no podríamos porque el convenio establece los rubros en los que se pueden gastar". Saca de su mochila una carpeta que contiene los convenios, las rendiciones de cuentas, las actas de los tribunales. Muestra una de las rendiciones donde se ve que la mayoría de los renglones son para honorarios (unos 15 mil pesos para cada abogado), aunque también hay dinero para "recarga de celular", "papelería", "envíos de sobres". Hay gastos estipulados como viáticos, destinados a la recorrida de los dirigentes del CED por los consultorios del país, y también hay gastos de transporte para reuniones con los abogados.

Méndez explica que con cada convenio que culmina, se devuelve al Mides el dinero que sobra. El único rubro fijo son los salarios; los demás son variables.

Uno de las sospechas de la CGU es que Frezelmi gasta dinero del Mides en publicaciones que no son para difundir las actividades del consultorio, sino para hacer política. Aseguran que en la última campaña "andaban con folletos de papel satinado a cuatro tintas". "Son un gremio rico", acusan. Los dirigentes del CED se ríen del planteo y muestran algunas de las publicaciones. Ninguno tiene cómo probar que el otro miente.

Atención "privada".

Gonzalo Uriarte disfrutaría de hablar horas del origen de los consultorios jurídicos institucionales —no los del CED—, porque "la historia es la historia". Pero cuando tiene que ir al grano, no vacila. Los consultorios de la facultad son los que se hacen en el último año de cursos, en el marco curricular. Allí los escritos son firmados por docentes que llegaron por concurso, "por eso la Universidad se hace responsable".

"El problema de los consultorios del CED es que no deben confundirse con los institucionales, y los propios del CED dicen ser de Udelar. El usuario tiene derecho a saber quién lo está atendiendo", dice Uriarte.

Otro punto de disenso entre las autoridades de la facultad y el CED gira en torno a la definición de extensión universitaria. Los estudiantes entienden que mientras haya "aprendizaje, bidireccionalidad, trabajo en equipo", puede considerarse extensión, y con ese criterio clavan la bandera correspondiente en los consultorios barriales. Uriarte y su asistente académico, Juan Ceretta, aseguran que a nivel universitario "está laudado" que de las actividades de extensión, sí o sí, participan docentes. Uriarte dirigió los consultorios durante 10 años y Ceretta está al frente hace 16.

Para Uriarte, el Mides toma "una decisión política inconveniente" al conveniar con el CED y no con la facultad. Reconoce que los consultorios institucionales tienen la limitante de que no llegan a todo el país, pero plantea: "La Defensoría Pública tiene abogados en cada juzgado letrado del interior. ¿No está funcionando bien? Ampliémosla, porque esa fue la opción original del Estado. El Mides tomó la decisión de no fortalecerla y, en cambio, conveniar con el CED".

"El CED es una asociación civil privada. La quiero, fui miembro, pero no es Udelar. Al destinar dinero público al CED, el Estado está privatizando la asistencia jurídica gratuita", dispara.

"Nosotros llevamos 3.866 casos iniciados en 2016, 1.522 juicios terminados, y tenemos 146 docentes más 700 estudiantes de sexto año", destaca Ceretta. A su juicio, los números del CED —que tienen hasta 19.000 consultas por año, atendidas por 200 estudiantes y 30 abogados, y no llevan registro de juicios iniciados o concluidos— "dejan serias dudas sobre la calidad de la atención".

"¿Por qué el Estado pone plata para esto, con gente menos preparada, y no lo pone en la institución?", cuestiona Ceretta. "Así sean 20 pesos, esa es la pregunta que falta responder".

Para Mauricio Guarinoni, director de Gestión Territorial del Mides, la respuesta es sencilla: el convenio es "sumamente beneficioso para el ministerio" porque permite brindar "acceso a la justicia y garantía de igualdad ante la ley a la población vulnerable" con unos "costos ínfimos" en relación a lo que reciben.

El jerarca pidió un relevamiento de los temas más comunes de consulta en el interior: tutela de menores de edad, pensiones alimenticias, régimen de visitas, derecho del niño a conocer su identidad, declaración de discapacidad, entre otras. Sostiene que "la gran mayoría se resuelven en conciliación".

Guarinoni no maneja la información de las rendiciones de cuentas pero asegura que el control financiero-contable del Mides es "estricto". "Si estuviera mal hecho, saltaría en el Tribunal de Cuentas, y eso nunca pasó", razona.

El convenio con el CED no está en duda en el Mides sino todo lo contrario: si dispusieran de rubros, lo ampliarían. Para Guarinoni, la discusión sobre los consultorios se reduce a "un lío interno político" en la Facultad de Derecho, y eso a él no le interesa. Es más: asegura que el día que el CED cambie de signo, el convenio sobrevivirá porque lo que verdaderamente quiere el Mides son "abogados con compromiso social".

La "Camporita": los egresados de Frezelmi en el Estado.

El enfrentamiento entre las distintas corrientes universitarias por el alcance y el manejo de fondos de los consultorios jurídicos del Centro de Estudiantes incluye una arista más política del tema. Desde la CGU y la corriente Nueva Facultad hablan de la existencia de un grupo de abogados jóvenes, antes dirigentes del CED por Frezelmi, que hoy se desempeñan en puestos privilegiados o de confianza en el Estado. Los tildan de "camporita" por sus similitudes a la organización kirchnerista La Cámpora y los acusan de haberse beneficiado de su actividad gremial en el CED para acceder a sus puestos de trabajo. En mayo, informes del semanario Búsqueda y radio El Espectador se refirieron al asunto en el marco de la previa electoral en la Universidad. Buena parte de la polémica rodó en torno al abogado Juan Pablo Pío (foto), que entonces ocupaba cargos en la Universidad, siendo, a la vez, coordinador (rentado) de los consultorios jurídicos del interior por parte del CED, y también asesor de Presidencia. En junio, otra nota de Búsqueda reveló que el Tribunal de Cuentas había observado la contratación de una empresa representada por Pío para la actualización del digesto municipal de la Intendencia de Maldonado, durante la gestión del frenteamplista Oscar de los Santos.

En el último llamado del CED para contratar abogados para los consultorios del interior, Pío no se presentó. Según dijeron desde el CED, justo en este llamado el Mides incluyó una cláusula que no existía antes y que establece la imposibilidad de presentarse en caso de percibir ingresos por otros roles en el Estado.

Los saberes de ambos en un consultorio, ¿imposible?

Sí, el nivel de tensión que existe hoy entre los dirigentes del Centro de Estudiantes de Derecho (CED) y el decano y su equipo hace que hoy luzca imposible la superación de este conflicto y la creación de una única red de consultorios jurídicos de asistencia gratuita. "Deberíamos buscar puntos de conexión. Combinar la militancia de ellos con el control de calidad nuestro", reflexiona el decano Gonzalo Uriarte. "Podríamos sentarnos a intercambiar, pero es difícil avanzar porque el vínculo está muy deteriorado", reconoce enseguida. La pregunta provoca sonrisas irónicas entre los delegados del CED. "Nunca nos plantearon una propuesta", alega Vanessa Méndez. Están especialmente molestos porque esa tarde el decano les negó una sala de la facultad en préstamo. Para Méndez, la convivencia entre ambos "modelos" solo sería viable si los encargados de los consultorios institucionales no pretendieran "adueñarse" de lo logrado por el CED.

LO QUE EL ESTADO LE HA DADO AL CED

Primer convenio.

En 2011 se celebró el primer convenio entre el Centro de Estudiantes de Derecho (CED) y el INJU. Se encontró en este último organismo, dependiente del Mides, un "socio estratégico" para "cumplir el sueño" de extender los consultorios jurídicos al interior. Ya existían en Montevideo (el primero surgió en 1989), Canelones y San José. El convenio con el INJU permitió abrir 14 consultorios. El ministerio, bajo la administración de Daniel Olesker, se comprometió a transferir $ 2.428.000 para gastar en: salario de dos coordinadores ($ 277.310), salario de 14 abogados (1.450.690), viáticos ($ 250.000), materiales de trabajo en los consultorios ($ 200.000) y producción de materiales gráficos ($ 250.000). El CED, en tanto, se encargó de realizar los llamados a coordinadores (20 horas de trabajo por 11 meses) y abogados rentados (10 horas semanales, 10 meses de trabajo). En 2012 se prorrogó hasta agosto de 2013.

Siguientes convenios.

Las partes entendieron que como las temáticas y la población recurrente en los consultorios excedían el ámbito de la juventud, no correspondía que el convenio se realizara con el INJU, sino con la Dirección de Gestión Territorial del Mides. En esa oportunidad ya se acuerda la apertura de nuevos consultorios, uno por cada departamento, y el ministerio se compromete a transferir $ 2.100.000. En 2014 el monto del convenio asciende a $ 3.801.240, y en 2015 a $ 5.019.836.

Con el MEC.

En 2013, en paralelo a los convenios con el Mides, el CED acuerda con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) la transferencia de $ 956.000 por única vez, específicamente para los honorarios de seis abogados ($ 756.000), materiales de trabajo y producción de materiales gráficos ($ 200.000). Según explicaron desde el CED, ese convenio se realizó puntualmente en un momento en que no habían conseguido suficientes abogados honorarios para Montevideo.

Con Salud, Relaciones Exteriores y Trabajo.

También en 2013 el CED logró un acuerdo general con esos otros tres ministerios para el fortalecimiento de los consultorios jurídicos. Con Trabajo se acordó la presencia de estudiantes en instancias de negociación y asesoramiento, y que los trabajadores conocieran más sobre sus derechos laborales. Con Salud el trato fue en torno a la difusión de los derechos sexuales y reproductivos de la población. Con Relaciones Exteriores, en tanto, se acordó trabajar para tener consultorios de extranjería en las áreas fronterizas. Y también con el MEC se generó un convenio de cooperación para fortalecer "el entramado social".

Con el IMPO.

Según un acceso a la información pública realizado por delegados de CGU ante el IMPO, los acuerdos con ese organismo (dependiente del MEC) comenzaron siendo puntuales desde 2011. Los documentos demuestran que, a solicitud del CED, IMPO brindaba financiación para gastos como la compra de lapiceras o carpetas. En la respuesta al pedido figuran incluso las facturas de compra. En 2013, con Gonzalo Reboledo (ex Frezelmi) al frente del IMPO, se firmó un acuerdo de cooperación "de fortalecimiento mutuo", "a fin de realizar campañas o actividades de difusión de normativa o impresión de material referente a dicho Centro, que incluya difusión de normativa o actividades educativas". Con ese marco el CED recibió, por ejemplo, donación de libros y colaboración para traslado a congresos. Más recientemente se acordó la digitalización de textos para la incorporación en tablets para estudiantes.

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