La vejez que sobrevive en el abandono

Cada mes, decenas de pacientes con dependencia severa son abandonados en hospitales de agudos. Los ancianos de bajos ingresos e inválidos llegan a esperar meses o años por una plaza en el Piñeyro del Campo. Mientras, ocupan una cama que necesita otro enfermo y que a ASSE le cuesta $ 8.000 por día.

La soledad se llama Juan, tiene 74 años y problemas renales. Luego de una internación en el hospital Maciel, fue dado de alta. Pero Juan no tenía familiares que pudieran hacerse cargo de él y no calificaba ni para el subsidio que otorga el Banco de Previsión Social (BPS) a jubilados y pensionistas que necesitan mudarse a un residencial, ni para ingresar en los centros del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para pacientes en situación de calle y con dependencia severa.

Durante 530 días esperó a que se desocupara una cama en el hospital geriátrico Piñeyro del Campo. Mientras tanto, el Maciel se convirtió en su casa y los enfermeros, en su familia. Tras casi dos años de rutinas idénticas y de esquivar las infecciones que abundan en estos pasillos, tuvo suerte: un hijo que estaba en el exterior volvió y fue a buscarlo.

Fernando Penone, adjunto a la dirección del Maciel, relata el final de esta historia como si se tratara de un milagro. Cada invierno el Piñeyro del Campo tiene una lista de espera que supera los 100 nombres. Los que no son afortunados como Juan, mueren en el hospital tras meses o años de espera.

En la mayoría de los casos, estos pacientes son personas mayores abandonadas por sus hijos, nietos, sobrinos en la puerta del sanatorio, durante la internación o después, apenas el médico les comunica que ya no podrán valerse por sí mismos pero que deben irse a casa. Muchos de ellos llegan con las jubilaciones escuálidas de tantos préstamos y con pensiones cobradas por apoderados que abusan de su vejez y no invierten el dinero en su beneficio.

En la jerga hospitalaria a estos casos se les llama pacientes sociales. En este momento hay 10 en el hospital Maciel, 10 en el Español y 10 en el Pasteur. El Clínicas, hoy, no tiene ninguno. Según su directora, Graciela Ubach, hubo casos excepcionales de pacientes que aguardaron un mes por una cama en otro centro de salud, pero el equipo de asistentes sociales "es creativo y encuentra soluciones con prontitud".

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En los otros hospitales, estos pacientes se van renovando mes a mes. Es un ciclo que nunca se detiene. Siempre existieron, pero ahora son más. "Creo que el incremento del abandono tiene que ver con el aumento de la indigencia, del consumo de pasta base y de la actividad delictiva", dice Penone, que cada día recorre las salas escuchando sus historias para buscarles una solución.

Mientras no tengan a dónde ir, el Maciel pierde la disponibilidad del 10% de sus camas. El doctor José Minarrieta, subdirector de este centro, traduce este porcentaje así: "10 camas son las que se necesitan por día para coordinar operaciones". También es un problema económico. Desde la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) dijeron que el costo de una cama en una sala de internación de un hospital de agudos ronda los $ 8.000 por día.

La eterna espera de Juan le valió $ 4.240.000 al Estado.

Jane, de nacionalidad norteamericana, que ingresó por un deterioro cog- nitivo al hospital Español y vivió dos años y medio en una sala, le insumió $ 4.376.000.

Silvia, que pasó un año en estado vegetativo, con los ojos abiertos pero sin comunicación, costó $ 2.920.000. Unas enfermeras organizaron una colecta y le compraron una radio. Nunca se ubicó a sus familiares. Murió en el Maciel.

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Dos veces al mes el equipo de gestión de camas del Maciel hace una puesta a punto de la situación de los pacientes que llevan varios días dados de alta y permanecen allí. En lo que va de agosto hay siete casos nuevos y otros tres que se arrastran desde mayo. Entre ellos, cuatro esperan una cama en el Piñeyro del Campo. "Uno se enfrenta al lugar más recóndito de la carencia, porque en este país tenemos una asistencia social muy amplia, pero estos casos son la punta del iceberg. Es un núcleo muy pequeño y problemático pero para ellos no hay una respuesta", dice el subdirector Minarrieta.

Ítalo Savio, geriatra grado 5, coincide con él: "Están estables desde el punto de vista agudo, pero persiste un problema crónico que los incapacita y los hace depender de terceros para su vida cotidiana. Necesitan tanto del servicio de salud como de servicios sociales y que exista un diálogo entre ellos. Sin embargo, para los que requieren cuidados de larga duración no hay un repertorio de respuesta".

Son las asistentes sociales de los hospitales las que hacen un trabajo de hormiga armando estrategias para reubicarlos. El primer paso siempre es averiguar si tienen familia. Y si la tienen hay que lograr ubicarla: "No atienden el teléfono, tenemos que llamar desde otros números para que nos respondan o ir a la casa a buscarlos", cuenta Minarrieta.

Luego, averiguan en el BPS si el paciente tiene una jubilación o una pensión que le permita pagarse una casa de salud, o si es candidato para ingresar al Cupo Cama, un subsidio que el banco otorga a personas que no son autoválidas para que se costeen un residencial. Entre otros requisitos para calificar, no pueden tener vivienda y su ingreso debe ser inferior a $ 12.839. María del Rosario Oiz, directora del BPS, detalla que esta prestación tiene 638 plazas, que se reparten 234 en Montevideo y 404 en el interior.

Para los pacientes en situación de calle, el Mides tiene alternativas que son transitorias. Una es el centro Tarará, con 100 cupos, y que atiende a la población de refugios que está en recuperación médica. Y está el centro Joanicó, con 22 plazas, creado para alojar de forma pasajera a quienes requieren asistencia total.

Los pacientes sociales que están por fuera de estas coberturas solo pueden aspirar a un lugar en el Piñeyro del Campo, que es el único sitio donde esta cadena de derivaciones termina. Por eso, las 218 camas siempre están ocupadas.

Rosalía Panza, su directora, explica que la vía de salida del centro que dirige es el fallecimiento. "Los pacientes que ingresan, al estar cuidados, se mantienen estables por mucho tiempo. Como no fallecen, no se liberan camas. Como no se liberan camas, se alarga la lista de espera; es como si estuviéramos detenidos en un círculo vicioso".

Cuando ya no pueden esperar, hay instituciones que judicializan la solicitud de ingreso. También lo hacen, en alguna ocasión, los hospitales públicos. Entonces, se da la paradójica situación de que ASSE demanda a ASSE. "No es lo correcto porque la persona está contenida en un hospital, pero pasa porque la cama en un hospital de agudos es mucho más cara", dice Panza.

Con la orden del juez el paciente ingresa pero, ¿cómo se soluciona si no hay espacio disponible? "Muchas veces colocamos a los pacientes en lugares que no son los adecuados para su situación. Por ejemplo, a una persona con dependencia extrema la ponemos en el pabellón de demencias graves y eso no está bien".

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Después del abandono, ¿qué hay? Daniela es enfermera y siempre cuenta la misma anécdota: unos años atrás, cuando era estudiante, le era habitual encontrarse con oportunistas de todo tipo en los pasillos de los hospitales. Había personas que se hacían pasar por miembros de organizaciones religiosas, se ofrecían a leerles pasajes de la Biblia a los pacientes, elegían a los que estaban solos y tenía bienes, y antes de que murieran les hacían firmar contratos para que donaran sus propiedades al supuesto centro religioso. Penone recuerda que también abundaban los empleados de casas de salud que estaban a la caza de futuros clientes.

Antes, era tan fácil circular por un hospital público que los pacientes se daban el lujo de tener gatos como mascotas que entraban y salían del lugar a su antojo. Según Penone, en el Maciel esto ya no pasa desde que la dirección comenzó a exigir la cédula para entrar, colocó molinetes para el ingreso y contrató a una empresa de seguridad.

Sin embargo, un empleado de otro centro de salud aseguró aún hay casos de enfermeros, cuidadores, médicos y guardias seguridad que captan a los pacientes con buenos ingresos y se aprovechan de ellos. Dice que es tan común e involucra a tanta gente que tiene miedo de dar detalles porque sería muy fácil identificar en qué lugares sucede.

Cuatro meses atrás se supo que una auditoría realizada en 2015 en las colonias psiquiátricas Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi arrojó que se habían utilizado jubilaciones y pensiones de pacientes internados para comprar heladeras, lavarropas, equipos de audio y un televisor de 42 pulgadas para uso común. Las autoridades de las colonias reconocieron los hechos.

El diputado nacionalista Martín Lema, que integró la investigadora de ASSE, dice que en el tiempo que duró la comisión no alcanzaron a profundizar en esto porque el exdirector de Poblaciones Vulnerables de ASSE, Horacio Porciúncula, no asistió a las convocatorias. Por lo que llegó a indagar, no hubo investigaciones administrativas ni sanciones por estas irregularidades en las colonias. Lema promete que seguirá investigando ya que recibió más denuncias de este estilo, que se encuentra procesando.

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Según información del BPS, el 75% de las personas mayores de 65 años solo tienen ingresos por prestaciones de jubilaciones y/o pensiones. En 2016 el BPS otorgó 442.544 jubilaciones con un valor promedio de $ 18.024, y 84.564 pensiones por vejez e invalidez cuyo valor promedio ronda los $ 8.252. Estas prestaciones pueden ser cobradas por un apoderado o por un curador. El primer trámite es administrativo y puntual para una gestión específica; el segundo implica un juicio por incapacidad en el que se debe probar que la persona no puede valerse por sí misma ni manejar sus bienes (ver recuadro en A6).

María del Carmen Díaz, ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia, asegura que le ha tocado ver a mucha gente a la que intentaron declarar incapaz para cobrar una pensión. También descubrió a un curador con cuatro personas incapaces a cargo a las que tenía en situación de calle. Sin embargo, cree que hay un control efectivo del ejercicio de la curatela.

Cuando se denuncia la incapacidad, el juez designa a un defensor para el curador y otro para la persona incapaz. La abogada Gabriela Brunetto, especialista en esta materia, cuenta que lo más frecuente es que las personas incapaces no tengan familiares o que sus parientes no se hagan cargo. Aunque el Código Civil indica que un cónyuge debe ser curador de su pareja, los padres de sus hijos y los hijos de sus padres, la Justicia no puede obligar a nadie a cumplir este rol.

"Este es el único caso en que un juez puede recorrer todo el territorio nacional para constatar que se cumpla la ley. Uno tiene una relación con la persona incapaz: debe conocerlo o podemos ser sancionados", dice la ministra Díaz. Cada tres años el curador está obligado a rendir cuentas de los gastos que hizo. Si quiere vender o hipotecar un bien, necesita sí o sí la autorización judicial y demostrar la necesidad de hacerlo. Y si el juez lo solicita, puede revisar sus gastos en cualquier momento.

Si una persona incapaz es internada en un centro de salud y no tiene curador, la norma indica que la curatela pasa a manos de su director. Panza, al frente del Piñeyro, dice que esta no es una situación ideal. Por eso, si un paciente llega solo al centro que dirige, otra vez se intenta localizar a algún miembro de la familia. Y otra vez se verifica el tipo de ingreso que tiene la persona. Si no tiene pensión de vejez o invalidez, se la solicita, porque las personas lúcidas podrán acceder a ese ingreso. Si tiene los suficientes fondos para costearse una casa de salud, y la persona es incapaz, el caso se judicializa para que un juez determine su traslado.

Pero, el escenario más común, nuevamente, es el de pasividades devoradas por préstamos, panorama que les impide ir a un residencial.

La estrategia del Piñeyro para evitar más abusos de familiares es retener el documento de identidad. Si un pariente lo pide, debe probar para qué lo quiere. Y, si se comprueba un abuso, se notifica al BPS para que dé de baja el poder.

Sin embargo, no hay receta que lo combata por completo: si el paciente no fue declarado incapaz y tiene acceso a sus fondos, algunos usan la excusa de un paseo para hacerse de la cédula y se las ingenian para conseguir un nuevo crédito y no volver más a visitarlos. Incluso, hay quienes obligaron a los pacientes a retirar el dinero acumulado de las pensiones y entregárselos.

Hay consecuencias para los malos curadores y apoderados. La ministra Díaz explica que, por un lado, en la justicia civil deberán devolver el dinero y podrían tener que pagar un monto extra por daños y perjuicios; en la justicia penal, en tanto, el delito de apropiación indebida se castiga con hasta cuatro años de cárcel, y el de abandono de personas incapaces hasta con cinco.

En el Maciel, cuando se confirma que hay responsables que están incumpliendo, el abogado Juan Pablo Decia les envía una nota recordándoles las consecuencias de su accionar. "Por lo general la carta los disuade y aparecen", dice.

Cuando aparecen, Fernando Penone vuelve a creer en los milagros, aunque con recelo. El problema de la cama ocupada está resuelto, pero él no puede dejar de preocuparse por cómo será el futuro de ese paciente con una familia que durante todo este tiempo prefirió estar ausente. Recuerda sus historias y las confesiones que les hicieron durante tantos días de vida en el hospital. Piensa en ellos, y repasa todos los rostros que puede llegar a tener la soledad.