Delitos Sexuales

Desborde por el registro de violadores: largas colas para sacar el certificado y ya hay cinco en la lista

Registro de Violadores suma cinco ingresos y expide 50 certificados al día de no inscripción, que la LUC exige para trabajos relacionados con menores. Hay colas y Policía Científica pide más personal.

registro de violadores
Oficina del Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales entrega 50 certificados de no inscripción al día.

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Minuto a minuto, esta fila sigue creciendo. Es martes, son las 11 de la mañana, los casos positivos de COVID-19 están en aumento y el grupo de hombres y mujeres que esperan del lado de afuera del Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) ya completó la cuadra y da vuelta la esquina. Hay varios niños y algún anciano. Al menos una decena no usa tapabocas: nadie les reclama. Casi ninguno respeta la distancia indicada a pesar de que una agente policial circula de vez en cuando recordando que se mantenga la separación.

En la larga cola reina un silencio absoluto; hasta que se rompe y entonces muchos tienen qué decir: se desatan las quejas. Empiezan por la espera. La mayoría lleva una o dos horas aguardando y se fastidian cuando se enteran de que del lado de adentro —ahí sí con la mascarilla puesta y con una estricta distancia entre individuos— hay otra fila de espera en el turno para la única ventanilla de la Dirección Nacional de Policía Científica.

Entre el tumulto corre el rumor de que hay gente que ya había venido el día anterior, hicieron la fila, y se quedaron sin número para el trámite. Por eso, aunque el horario de atención es de 10 a 19 horas, cuentan que hay quienes llegaron a las 7 de la mañana para no esperar en vano.

—¿Vos sos la que entrega los números? —preguntan un par de veces algunos recién llegados que ven la longitud de la fila y se quedan unos segundos estáticos, por la sorpresa.

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Proyecto para que delitos sexuales no prescriban

La Ley de Urgente Consideración (LUC) incorporó distintas modificaciones para los delitos sexuales. Además de crear el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, incrementó las penas para el delito de violación, abuso sexual y abuso sexual agravado. También acortó el margen de edad para una relación consensuada. Distintas organizaciones civiles plantearon durante el tratamiento de la LUC el problema que genera la prescripción de los delitos sexuales. Si bien la ley de violencia hacia las mujeres basada en género introduce un margen de 10 años desde la mayoría de edad para presentar la denuncia, los hechos indican que se necesita más tiempo. Por eso, la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura presentó un proyecto que propone que los mismos no tengan prescripción, al igual que los delitos de lesa humanidad.

María José está aquí para tramitar el certificado de antecedentes judiciales para una amiga; Carolina lo necesita para enviárselo a su hermana que quiere volver desde Estambul. En cambio, Fabián y Darío vienen en busca de la novedad: el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, exigido para trabajos con niños o adolescentes tras la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración (LUC). El primero lo requiere para presentarse a un llamado de la Intendencia de Montevideo, el segundo para ingresar en una empresa de seguridad. Darío es uno de los que prueba suerte por segunda vez: ayer esperó por algunas horas pero se quedó con las manos vacías; por estos días la demanda de certificados supera la oferta de números disponibles.

En medio del tedio, el debate se genera de forma espontánea.

—Me parece muy bien que exista el registro de violadores, porque uno tiene que saber a quién tiene al lado trabajando —dice Carolina.

—Sí. Ahora como que las cosas cambiaron; si vas a los hechos por sentido común este certificado ya tenía que estar exigiéndose en los trabajos —respalda María José.

—Está bien sí, pero creo que tendrían que también incluir a los que fueron juzgados antes de la aprobación de la LUC, porque si te dieron la sentencia dos meses antes zafaste y nadie se entera de que trabajás con un violador —plantea Fabián.

Cierra Darío:

—Estoy de acuerdo con el registro, pero el trámite así no debería hacerse. Ayer entregaron 224 números y no eran ni las cinco de la tarde, el resto esperó para nada. Es la segunda vez que vengo a exponerme a hacer una fila que demora horas, en plena pandemia, cuando te dicen que no se pueden generar aglomeraciones y en una dependencia del propio Ministerio del Interior suceden. Este debería ser un trámite online.

Oficina en obras.

Es miércoles, un rato después del mediodía, y a la sala de espera de la Dirección Nacional de Policía Científica llega un joven desnorteado.

—¿Es acá que se hace el trámite por el certificado de no inscripción en el registro de violadores? —pregunta.

A unos metros de esta escena está el despacho del director Nacional, José Manuel Azambuya. Él, el subdirector Robert Paz y el director Nacional de Identificación Criminal, Gonzalo Vázquez, son las figuras centrales del ministerio encargadas de bajar a tierra la norma que creó el Registro Nacional de Violadores.

La oficina que organiza el registro —bajo la tutela de Vázquez— está conformada por seis funcionarios, que además trabajan para otra oficina, que pertenece al Departamento de Certificaciones. Vázquez hace esta aclaración para explicar que, si antes debían ocuparse de la emisión del certificado de antecedentes judiciales, ahora se les sumó este, y que al tramitarse todos por la misma ventanilla ocurre la inevitable aglomeración.

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José Manuel Azambuya, director Nacional de Policía Científica. Foto: F. Flores

Para evitarla, planean tener otro lugar de atención y a su vez ampliarse a dos cajas más de expedición en el MAM. También pretenden que la tramitación de este certificado sea enteramente en línea; una empresa de software local junto a otros organismos estatales afina la última fase de los preparativos.

Las largas filas de los últimos días no fueron las peores. Según relatan, desde que entró en funcionamiento la oficina —el pasado 9 de octubre— únicamente en Montevideo se han expedido un promedio diario de 50 certificados de no inscripción en el registro de violadores. Sumados a las solicitudes de los otros certificados que gestiona la oficina, provocaron un punto de ebullición con una demanda de 400 pedidos por jornada. Visto así, el volumen de 200 números que entregan actualmente estaría indicando un escenario más controlado.

Sin embargo, esta dirección sabe que puede írseles de las manos y solicitó a la cúspide de la cartera conformar un núcleo de funcionarios exclusivos para la oficina del registro de violadores. Estiman que serán necesarias 10 personas en Montevideo y por lo menos entre dos y tres en cada una de las jefaturas departamentales. Las proyecciones más optimistas indican que unos 50 funcionarios deberán dedicarse a la gestión del registro.

Ese personal debe cumplir con una doble función. Por un lado, recepcionar los oficios que llegan de los juzgados con la información de los condenados que, según la norma, deben ingresar al registro. Estos son aquellos que deben cumplir una pena por delitos de violación; abuso sexual; abuso sexual especialmente agravado; atentado violento al pudor; abuso sexual sin contacto corporal; corrupción de menores y los delitos previstos en la ley de Violencia Sexual, Comercial o no Comercial, Cometida contra Niños, Adolescentes o Incapaces. Ésta —aplicada en la Operación Océano— castiga la producción, almacenamiento, comercialización (o colaboración) y difusión de pornografía, además de la retribución o promesa de retribución a menores de edad para que realicen actos sexuales o eróticos y también la contribución a la explotación sexual y el tráfico.

Por otro lado, emitir los certificados de no inscripción a quienes su empleador se los exige; cumpliendo con la norma. Una tercera situación podría darse cuando un particular solicite información sobre la inscripción de determinada persona. En ese caso, la redacción del decreto reglamentario indica que deberá justificar debidamente los motivos de la petición. Asimismo, le da potestad al director Nacional de la Policía Científica de otorgar o no los datos. Azambuya reconoce que la redacción “es amplia” y apunta que el criterio “quedará en base al análisis del caso a caso, acerca de si la situación amerita una respuesta afirmativa o no”.

Si bien hasta el momento ingresaron al registro cinco personas, y no se ha expedido ningún certificado positivo (ya que es probable que los condenados estén cumpliendo una pena penitenciaria), debido a la magnitud de las formalizaciones a las que esta dirección accede, proyectan que en los próximos meses este número crecerá. “Sabemos que serán muchos más los ingresos”, dice Vázquez. También advierte de un incremento en la exigencia del certificado a medida de que las instituciones educativas, sanitarias y deportivas —y las empresas colaterales en contacto con menores y personas en situación de discapacidad— que están obligadas a exigir el certificado como requisito previo a una contratación comiencen a armar su plantilla para 2021.

La asignación de más personal para la oficina se hace imperiosa, y también definir qué área del ministerio se hará cargo de fiscalizar el cumplimiento de las empresas, bajo riesgo de ser sancionadas por una multa de 50 Unidades Reajustables (unos 60.000 pesos).

Prevención polémica.

El registro es nuevo, pero la discusión sobre la conveniencia de crearlo es vieja. El propio presidente Luis Lacalle Pou había presentado tres proyectos de ley similares; dos siendo diputado (en 2008 y en 2010) y otro como senador (en 2015). Sin los votos de los legisladores frenteamplistas —que tenían la mayoría parlamentaria— las propuestas no prosperaron y fueron archivadas, al igual que un proyecto presentado en 2018 por el entonces oficialismo, que obligaba a distintas instituciones a que, antes de contratar a un funcionario, se cerciorara con la Dirección Nacional de Policía Científica que no tuviera antecedentes por delitos sexuales.

registros de violadores
Cada día hay colas en el MAM para tramitar la no inscripción en el registro de violadores, algo que ahora se exige para los trabajos relacionados con menores.

¿Por qué naufragaron estas iniciativas si se advertía un incremento de los delitos sexuales? “En aquella época ocurrió el mismo debate que se genera ahora. Es un tema muy polémico porque las femininistas estamos afiliadas a la teoría de que no prolifere la perspectiva punitivista y alguna corriente de abogados y magistrados que tampoco están afín a la inflación penal plantearon sus argumentos, y se desestimó”, explica Margarita Percovich, exlegisladora del Frente reconocida por su militancia por los derechos sociales.

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"Son delitos de lesa humanidad"

La fiscal de delitos sexuales Darviña Viera, investigadora de la Operación Océano, considera que estos son delitos de lesa humanidad, ya que dañan a la víctima al punto de, en muchos casos, “matarla en vida”. Según su experiencia, en varias ocasiones los victimarios reinciden. Por eso considera que el Registro de Violadores es un “buen instrumento de prevención”, ya que ofrece información sin “escrachar” a los inscriptos.

Tal y como ella lo ve, la solución a este dilema ya se había previsto en la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, de 2018, que estipula que a las personas que estén sujetas a un proceso penal por un delito de índole sexual se les suspenderá el ejercicio de la patria potestad y además quedarán inhabilitadas para funciones en el ámbito público o privado, en el área educativa, de la salud y todas las que impliquen trato directo con menores, incapaces o ancianos en situación de dependencia. Esa ley define una vigencia de 10 años en caso de condena (igual que la LUC), o 20 si se constata una reincidencia (la LUC fija 15 años si hay un antecedente y 20 si hay más).

La abogada feminista Alicia Deus, quien participó en la redacción de esta ley, recuerda que incluso la cátedra de derecho penal se opuso al artículo mencionado. “Son muy conservadores de los principios más garantistas, aunque con ese conservadurismo seguimos con un Código Penal de 1934 que habla de atentado violento al pudor”, dice, y agrega: “Yo, visceralmente, estoy a favor del registro, pero intelectualmente entiendo la postura de que representa un pena adicional, genera estigmatización y no le permite a la persona superar el delito”.

Según plantea una fuente de la fiscalía que investiga delitos sexuales, sucedía que a la hora de querer cumplir con este artículo no estaba claro cómo instrumentarlo, por eso considera a este registro un complemento. Otra novedad que trae la LUC con respecto a la inhabilitación que ya estaba prevista es que apela a la responsabilidad social de determinado perfil de empresas y organismos públicos al obligarlos a confirmar la no inscripción de sus empleados antes de tomarlos.

Y, además, está el carácter público del registro. Alberto Reyes, presidente de la gremial de jueces y ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, plantea que esto podría generar “una paranoia entre personas que quieran obtener información de terceros”. Entiende que el registro coloca “una piedra en el cuello de los condenados que ya han cumplido con la pena”, a la vez que resulta “contradictorio con lo que se predica, que es la rehabilitación del condenado”.

En tanto, el psicólogo jurídico Gustavo Álvarez manifiesta estar de acuerdo con el concepto del registro pero no con su implementación. Cree que el problema es que no está segmentado. “Con esto no estoy avalando ningún tipo de conducta, pero no es lo mismo alguien que toca sexualmente a una niña de 14 años, a alguien que rapta, tortura y mata a una niña de cinco años. La estructura de personalidad que se puede inferir en estas conductas delictivas son totalmente diferentes”, advierte. “La implementación del registro trata de manera idéntica conductas diferentes. Sin ningún tipo de segmentación está decretando la muerte civil de un individuo por una década, porque no va a conseguir trabajo en ningún lado, por más que inicialmente se circunscriba a determinados ambientes”.

Andrea Tuana, activista contra las violencias de género, doméstica y sexual, opina que el registro se inscribe dentro de la “cultura de la cancelación”. Para ella, no será una herramienta eficaz. “Es una ilusión pensar que vas a proteger a tu hijo porque sabés donde vive un violador. Y además contribuye a la idea del monstruo: estos son los monstruos, no se acerquen, y no es así, porque la violencia sexual está muy arraigada y hay distintos tipo de abusadores con distintas capacidades de rehabilitación”.

La fiscal de delitos sexuales Sylvia Lovesio viene de una jornada con tres audiencias, luego de visualizar un video aportado por un denunciante cuyas imágenes de pornografía infantil no puede borrarse de la cabeza. Esta es una de las 400 investigaciones que tiene en curso de un delito que cada día crece más, en especial contra víctimas pequeñas.

Habla “con el corazón en la mano”:

—Estamos ante una sociedad enferma. Los delitos sexuales ameritan una declaratoria de emergencia nacional. El registro es una medida de prevención, pero se necesitan más. Hay mucha impunidad para los abusadores. Se denuncia poco, es difícil hallar pruebas y las penas que logramos pocas veces llegan a los siete u ocho años como mucho. Yo siento que tapamos agujeros, no sé si hacemos Justicia. Veo víctimas que están muertas en vida por el daño psicológico y físico. Y veo victimarios a los que no se les mueve un músculo ante el juez. Acá lo que se necesita es dar un golpe en la mesa y decidir qué hacemos con este problema.

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