Olvidados por la Salud y la Justicia

Cómo derrumbar el encierro de los inimputables

Los autores inimputables de un delito cumplen medidas de seguridad curativas sin fecha de finalización. La mayoría pasan años internados. Mientras las autoridades sanitarias planean cómo cumplir con la Ley de Salud Mental que quiere erradicar el encierro, las derivaciones judiciales se disparan.

En la Sala 12 del Vilardebó nació un proyecto exclusivo para autores inimputables. Foto: A. Colmegna
En la Sala 12 del Vilardebó nació un proyecto exclusivo para autores inimputables. Foto: A. Colmegna

Hacía más de una década que la casa estaba abandonada y tenía tantos problemas como los pacientes psiquiátricos que querían vivir en ella. Selva Tabeira, enfermera del Vilardebó, directora de un taller de carpintería, lavandería y serigrafía en este hospital, artífice de un proyecto que fundó una cooperativa de trabajo, otra de vivienda y una casa de apoyo para un grupo de ocho hombres condenados como autores inimputables, se tropezó en la entrada. Con la cara pegada al piso pudo ver por debajo de la puerta que dentro había escalones de mármol. Podrían convertir esas ruinas en un buen hogar, pensó.

"Esta va a ser nuestra", les dijo a dos pacientes que la acompañaban. Marcos y Marcelo abrieron la puerta y sin importarles la mugre, la falta de baldosas, los huecos sin puertas ni ventanas, corrieron a elegir su cuarto. Como hacen los niños, aunque tienen 27 y 42 años y son usuarios con seis y 10 años de internación.

En el Vilardebó cumplen las medidas de seguridad curativas que el juez les impuso luego de que cometieran un homicidio y fueran condenados como autores inimputables. En el grupo que dirige Tabeira, de esos crímenes no se habla. O casi. Cuando se acerca un nuevo aniversario del día del delito, el pacto de silencio suele romperse. Y luego se restablece. Los duelos tienen una crueldad particular cuando los transita quien mató sin estar consciente y sin tener voluntad.

"Al hospital llegan chorreando sangre", describe la enfermera, "y terminan en el infierno", dice Adriana Berezán, defensora de 42 de estos pacientes. A diferencia de los procesados con prisión, si un juez procesa a una persona como autor inimputable no va a la cárcel, sino que debe cumplir medidas de seguridad curativas que no tienen mínimo ni máximo. No se sabe cuándo se van a terminar. "Esto es porque se entiende que nosotros no podemos determinar cuándo va a cesar esa causal que lo llevó a cometer el crimen", explica Bettina Duter, jueza penal.

"Ese es el problema", dice Berezán, y en eso coinciden varios: la Defensoría Pública; varios miembros de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y autoridades de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Algunos países resuelven ese problema estableciendo que el máximo de internación no supere el tiempo de pena previsto para los imputables que cometan ese delito. Por ejemplo, España, México y Chile.

Dejando afuera los casos puntuales que exigen internación prolongada, distintos representantes del sistema judicial argumentan que los egresos —es decir, el fin de la pena— son dificultosos porque están atados a las sugerencias de los médicos tratantes. En cambio, varios médicos opinan que estas estadías obedecen a una demora judicial para otorgar el cese de las medidas, y que esto perjudica la rehabilitación.

"También influye que no hay estructuras fuera del Vilardebó para poder sacarlos. Hay muchas personas que hace tiempo que podrían haber salido si hubiera alternativas", plantea Juan Triaca, adjunto a la dirección de Salud Mental de ASSE. Aunque la reciente Ley de Salud Mental indica que la hospitalización solo debe ocurrir como un tratamiento intensivo durante un episodio agudo, aún no hay suficientes casas de medio camino ni de apoyo para alojar a los casi mil pacientes psiquiátricos internados.

En estos días, Triaca y sus colegas presentaron a la dirección de ASSE un plan para comenzar a implementar la ley e ir desalojando progresivamente estos asilos que para 2025 deben estar cerrados. También solicitaron una reunión con la Suprema Corte de Justicia, que se concretará esta semana, para trasladarle su preocupación por el aumento de las derivaciones de pacientes judiciales. El Vilardebó, dice Triaca, está explotando.

Su directora, Alejandra Caputi, confirmó que las 349 camas están ocupadas. ¿Cuántos de ellos son autores inimputables? Se negó a decirlo, pero según un relevamiento realizado por estudiantes de Ciencias Sociales y Psicología publicado en 2009, rondan el 52%.

Como un estallido.

El taller que dirige Tabeira en la Sala 12 está ubicado sobre el techo de la Sala 11, el lugar donde son compensados los pacientes cuando recién ingresan. Está rompiendo con el encierro eterno de los inimputables. Arriba, la preocupación es terminar el bote que están construyendo con maderas donadas. También hay mesas lustradas, sillas en proceso de restauración, telas estampadas, mármoles tallados. Este grupo se encargó de construir la morgue, la enfermería de la Sala 12, consultorios médicos y la peluquería. Fuera del Vilardebó, levantó consultorios odontológicos en la cárcel de Punta de Rieles.

Cerca del hospital, siete antiguos usuarios de este taller gestionan un lavadero industrial que recibe entre 70 y 300 kilos de ropa por día. Tienen cuatro clientes y acaban de agregar un turno nocturno para poder cumplir con las entregas. Casi todos viven a pocas cuadras de allí, en la casa de apoyo El Trébol, aquella que estaba abandonada, destruida y que reciclaron con sus manos en apenas un mes.

Esta noche, dos de ellos preparan la cena mientras el resto charla en el living y otros miran televisión. Marcos —presidente de la cooperativa— muestra su cuarto. Se sienta sobre la cama con una sonrisa orgullosa. Marcelo —tesorero— lo observa cruzado de brazos y cuenta que dos años atrás, las primeras noches que pasó lejos del hospital fueron difíciles. "Me había acostumbrado a no descansar de noche por los gritos de los pacientes descompensados y en la casa no me podía dormir por tanta tranquilidad".

En los próximos meses Marcos y José Luis —chofer — tienen planeado mudarse juntos a un apartamento que hay en el mismo predio del lavadero: sería el último paso antes de ser autónomos, si sus médicos y los jueces lo aprueban. Para eso, a su vez formaron una cooperativa de viviendas y ahora buscan un predio donde poder ir planificando su próximo desafío: independizarse.

Del Marcos que ingresó descompensado y recibió 30 electroshocks, del que no sabía ni leer ni escribir hasta que Tabeira lo llevó a la escuela, no queda nada. "Ahora es un hombre sano", dice la enfermera.

La mayoría de estos pacientes ignoraban que estaban enfermos cuando cometieron el crimen. "A veces una persona no sabe que es diabética hasta que debuta con una complicación. Lo mismo pasa con la esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos. Puede pasar que en el entorno no haya un conocimiento, no haya acceso a un servicio de salud especializado, y el diagnóstico debute con una conducta con implicancias legales", expli- ca Carina Ricciardi, psiquiatra del Vilardebó y técnica del Instituto Técnico Forense (ITF).

Consciencia y voluntad.

Si durante la investigación preliminar de un delito se presume que la persona sufre de alguna patología psiquiátrica, el fiscal, el defensor o el juez pueden solicitarle al ITF que realice una pericia de urgencia. "Luego se hace otra, cuando la emocionalidad esté a nivel base y la conmoción no pueda distorsionar el diagnóstico", indica el psicólogo y perito Gustavo Álvarez. ¿Qué es lo que se trata de determinar? "Si en el momento del delito el individuo tuvo consciencia de lo que estaba haciendo y tuvo voluntad de hacerlo", explica.

Es que un diagnóstico no es suficiente. Se debe descifrar si el individuo, más allá de su trastorno, cometió el delito por una orden alucinatoria. "Esto tiene una parte de arte y otra de ciencia, hay que analizar sus antecedentes, estudiar su historia clínica, entrevistarlo a fondo y ver cómo relata el hecho, porque en las pericias la persona está motivada a simular o disimular", detalla Álvarez.

En este informe, el perito sugiere que las medidas curativas se cumplan en un régimen ambulatorio o mediante internación. El juez decide.

Algunas pericias se llevan a cabo luego de la investigación. "Incluso se pueden hacer a personas procesadas con prisión si surgen elementos que hacen dudar acerca de su estado mental, si necesita internación", agrega la psiquiatra Ricciardi. Estos casos son pocos pero existen, reconoce Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario. "Algunos fueron procesados en malas condiciones y no se les indicó la pericia o no se consideró que actuaron durante una descompensación. En otros casos el golpe de la cárcel, el abandono, termina de desconectarlos del todo y se vuelven inimputables después".

José Luis, el chofer del lavadero, pasó dos años temblando en una celda de la Cárcel Departamental de Maldonado hasta que fue trasladado al Vilardebó. Antes de cometer el asesinato, durante y después, deliraba debido a una esquizofrenia. Él ni siquiera conocía esta palabra. "Yo hacía naves espaciales en mi cabeza, las dibujaba, las guardaba. Escuchaba voces. No sabía que no era real. Lo entendí recién cuatro meses después de estar medicado, cuando las voces empezaron a irse".

Según Petit, estos casos van a menguar ahora que el sistema penal cambió. "Hay otra lógica, hay más actores observando y valorando que se respeten los procesos para ser más garantistas", opina.

Cobran sueldo de $ 16.000 en el lavadero y se quieren mudar
La cooperativa social Dodici está integrada por ocho personas, siete son pacientes y seis viven en El Trébol. Foto. A. Colmegna

La propiedad donde funciona el lavadero tiene tres apartamentos. En uno vive el exfutbolista Jorge García junto a su familia, y en otro vivirán dos pacientes que esperan autorización del juez. ANEP es la propietaria y la cedió en comodato al Vilardebó y al Patronato del Psicópata, que además les dio un préstamo. El emprendimiento cuenta con varias donaciones: la Intendencia de Montevideo le va a exonerar los impuestos, UTE le dio una secadora y un calefón de 1.000 litros. Daepcu una secadora, el Vilardebó un lavarropa y la banda Maná un planchón. La cooperativa social Dodici está integrada por ocho personas, siete son pacientes y seis viven en El Trébol. Lavan entre 70 y 300 kilos de ropa por día, que les envían cuatro clientes (entre ellos Vilardebó, Tacurú y la Red de Atención Primaria de ASSE). Trabajan en dos turnos para cumplir con las entregas. Por su trabajo cobran un sueldo que ronda los $ 16.000.

Menos por más.

Fabián tiene el cuerpo algo rígido. Habla con la misma precisión con la que mira, dándose tiempo para decir lo que siente sobre los dos últimos años de su vida. Tiene 40 y es esquizofrénico. Pasó uno y medio en el Vilardebó antes de mudarse a El Trébol.

"Me costó meses recordar lo que hice. A veces hasta sueño con eso. Pero ya lo superé. Es feo andar con una etiqueta de lo que hiciste. En la sala de seguridad sufrí mucho. Era como estar en una jaula. Caminaba de un lado para el otro: 65 baldosas ida, 65 baldosas vuelta. Así me sentía yo. Todos los días. Después me pasaron al patio (Sala 12) y ahí conocí el taller. Pero yo no quería ir. No sé por qué no quería. Hasta que fui. La primera vez no pude enhebrar un botón. Ahora puedo soldar y usar la amoladora. Eso a mí me devolvió mucho. Lo que más me gusta de la casa son los compañeros porque puedo hablar con ellos. Aprendí de vuelta a comunicarme, porque mi enfermedad me había alejado de todo".

La defensora Berezán tiene 30 años de experiencia pero nunca se había sentido tan "inútil" e "impotente frente al sistema" como en los dos que lleva patrocinando a autores inimputables. "No le importan a nadie. Estamos todos en falta con ellos. Hay gente que lleva tantos años internada que forma parte del mobiliario", relata.

Según ella, la reforma del Código del Proceso Penal los olvidó. "Deben atravesar el mismo proceso que un imputable a pesar de que se reconoce que debido a su vulnerabilidad no pueden ser considerados culpables", plantea. Acuña, directora de la Defensoría Pública, da un paso más y traslada una preocupación que se está dando entre operadores judiciales: "En los casos en que realizaron un delito que puede negociarse en un juicio abreviado, y así reducir un tercio de su pena, no acceden a esta posibilidad debido a su estado. Se los está llevando a juicio oral. Esta es una situación de desigualdad", opina.

Para Berezán, la Justicia no visualiza que estos procesados tienen los mismos derechos que un autor imputable. Cree que es injusto que el Banco de Previsión Social les aplique la misma norma que a las personas privadas de libertad responsablemente. "Les suspende el pago de las pensiones y de las jubilaciones hasta que egresen. Esto es absurdo porque es el único ingreso que tienen, ¿cómo podrían planificar salir del hospital sin dinero?", cuestiona. Ahora, desde la Defensoría Civil, se propone rehabilitar algunas de estas pensiones.

En la casa El Trébol varios pacientes las recuperaron. Este importe ronda los $ 10.000 y destinan $ 3.500 por cabeza para un fondo común que sostiene los gastos de la vivienda. Además, desde este mes, los que trabajan en el lavadero comenzaron a cobrar un sueldo de $ 16.000.

Las reglas para vivir en la casa de apoyo "El Trébol"
Fabián y Gerardo comparten habitación en la casa de apoyo El Trébol. Foto: D. Borrelli

La casa pertenecía al INAU y el Patronato del Psicópata autorizó un comodato para entregársela a este equipo. Los pacientes firman un documento en el que se comprometen a respetar las reglas. Está prohibido el consumo de drogas y alcohol, deben cumplir con su tratamiento y pagar $ 3.500 al mes para solventar los gastos. Las tareas de cocina y limpieza son rotativas. Ellos reparan la casa. Las habitaciones se reparten así: hay una pieza para uno, en otra duermen tres, y el resto es de a dos (en la foto se ven Fabián y Gerardo). Los pacientes pueden salir siempre que lo hagan en par: a trabajar, al taller de Sala 12 y a hacer las compras, avisándole previamente al operador terapéutico de turno.

Sin más demoras.

El equipo que atiende al paciente en el hospital —incluye psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, médico general, enfermeros— es el que sugiere el alta. Dependiendo de la gravedad del caso, el juez determina cada cuánto el ITF controla el progreso de las medidas curativas. Según Sandra Romano, docente grado 5 de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina, un autor inimputable puede recuperarse y mantenerse estable. "La peligrosidad es una de las cosas que se evalúa. No es un rasgo permanente, en la mayoría es algo que se da en un momento dado, pero cuando recibe un tratamiento se puede controlar". Distintos psiquiatras creen que esto es algo que algunos jueces no tienen en cuenta.

El traslado a El Trébol implica un cambio de las medidas curativas, lo que requiere la autorización del juez. En todos los casos Tabeira se comprometió ante la Justicia como responsable legal de los pacientes, es decir que debe asegurarse de que cumplan con su tratamiento.

Para decidir a qué pacientes sumar al taller esta enfermera les mira las manos: busca huellas de un pasado de trabajo. Cree que las ganas de hacer, la voluntad y el compromiso son la clave. La psicóloga Andrea Ferreira, su socia en esta quijotada, dice que buscan recuperar los aspectos saludables que todavía sobreviven. "Las habilidades sociales, el interés por hacer cosas". Una semilla que pueda volver a florecer. ¿Cómo se sostiene esta iniciativa? Además del apoyo del Patronato del Psicópata, que aporta $ 20.000 al mes para el taller, la enfermera cuenta que más de una vez el senador José Mujica les dio dinero. También la ayudan "los carnavaleros", empresas y otras instituciones a las que les ofrece trabajos hechos en el taller a cambio de productos o exoneraciones. "Esto tiene que hacerse así, a los golpes, sin burocracia", opina Tabeira.

Desde la oficina de Salud Mental de ASSE se aprecia su trabajo, pero también les preocupa que este mecanismo, que va por carriles distintos a los que deben transitar ellos para conseguir recursos, se convierta en una vedette política. "Se está peleando para que El Trébol sea la regla y no la excepción", dice la adjunta a la dirección Magdalena García.

Es a ellos que la fecha límite que impone la ley para cerrar los establecimientos asilares les está pisando los talones: tienen siete años para hacer las transformaciones. Mientras esperan una respuesta del directorio a la propuesta que acaban de presentar para iniciar la primera etapa de implementación, se aprontan para inaugurar en Maldonado lo que será su buque insignia, una muestra de lo que quieren hacer en todo el país. Allí, los pacientes deberán ingresar a salas generales de centros de salud. De ahí, pasar a una casa de medio camino, una especie de hall de entrada desde donde se los va a derivar. Algunos irán a un hospital de día (duermen en otro lugar) y otros a viviendas de apoyo donde vivirán de a tres, o de a dos, con distintos niveles de supervisión.

La ley indica que una vez que el director técnico del prestador de salud considere que están dadas las condiciones para el alta, el juez tendrá tres días para responder.

Tres días.

Ni uno más.

El futuro promete que ya no habrá más internaciones interminables.

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