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Denuncias y sospechas en Inavi: sueldos e incentivos "disparatados" y promoción de un "oligopolio" a costa de pequeñas bodegas

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Vendimia
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VINO PICADO

El cambio de autoridades trajo consigo una serie de acusaciones en torno a la gestión actual y la anterior del Instituto Nacional de Vitivinicultura, sospechado de favoritismos y secretismos

La vendimia de este 2020 fue espectacular. Al mejor clima de los últimos 50 años, y a una producción que superó todas las proyecciones, se le agregó un aroma de nuevos tiempos que tuvo como ingrediente especial el cambio de gobierno, que independientemente del voto, para muchos se traducía en la expectativa de una nueva era en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi). Sin embargo, el final de la recolección de uva llegó con el coronavirus, y en vez de celebrar a lo grande el instituto debió suspender eventos y enviar a su casa a la mayoría del cuerpo inspectivo, que controla la genuinidad y la eventual adulteración del vino.

No sería de especial relevancia si esa decisión no hubiera desatado una cadena de sucesos que terminó con el cese de dos de sus más antiguos inspectores, Hugo Marrubio y Pedro Repetto, que luego de ser sancionados terminaron recibiendo un incentivo de unos US$ 60.000 cada uno para concretar su retiro del Inavi.

Los US$ 120.000 equivalen, según supo El País, a 18 sueldos y sus adyacencias, que los funcionarios cobraron al contado algunos días atrás.

Los pormenores del episodio y los verdaderos motivos de semejante desembolso en un instituto cuestionado por sus propios socios por la manera en que orienta los fondos (que provienen de un impuesto que pagan todos los que producen a partir de la uva) se cuentan distinto según quien haga el relato. Pero en el sector coinciden en que algo raro hay.

La Asociación de Funcionarios de Inavi (Afinavi) solicitó, tras una asamblea realizada el 7 de agosto, una explicación oficial de lo ocurrido: quieren saber cuál es exactamente la figura por la cual se terminaron yendo su presidente (Marrubio) y su vicepresidente (Repetto), descontando el detalle de que perdieron a sus autoridades y deberán convocar a elecciones. Fuentes del sindicato dijeron que el abogado que los asesora no tiene dudas de que es un caso de persecución sindical.

Pero volvamos al momento en el que la pandemia se instala en la bien lograda vendimia. Cuando se toma la decisión de acotar las inspecciones (unos cinco o seis funcionarios de 18 continuaron trabajando), Marrubio, Repetto y otro empleado se reunieron con el jefe de inspección, Gonzalo Álvarez -sobrino de Lucía Topolansky. Algunos dicen que se les había notificado que obligatoriamente debían tomar la licencia que tuvieran pendiente, adelantar la de 2020, y que luego se los iba a mandar a seguro de paro. “No seas hijo de puta, nos estás cortando las manos”, se dice que le espetaron a su superior. Como reacción, él envió un informe al entonces presidente de Inavi, José María Lez, alegando que lo habían insultado. Pero Lez no le prestó atención al planteo.

En mayo, con la designación del nuevo presidente, Ricardo Cabrera -padre de la secretaria de Luis Lacalle Pou-, llegó al directorio la denuncia de que dos de los tres inspectores habían insultado a su jefe directo y a la titular de recursos humanos. La decisión inicial fue sancionarlos y separarlos del cargo, lo cual fue rechazado por los funcionarios y su abogado. El confuso episodio continuó con una reunión en la que, según algunas fuentes, ellos anunciaron un juicio y un escándalo mediático con respaldo de la FOEB en caso de avanzar con la decisión. Otro informante asegura que fueron más allá, y “extorsionaron” a Cabrera con sacar a la luz ciertos “expedientes encajonados de bodegas” que habían incurrido en prácticas ilegales sin recibir sanción alguna.

Según se pudo averiguar, ante esto el presidente de Inavi les propuso un retiro incentivado de 10 sueldos. Los funcionarios pidieron más. Negociaron hasta llegar a la cifra de 18 sueldos (cuando los despidos implican, por ley, el pago de seis).

En el sector hay quienes entienden que les “compraron el silencio”. Dicen: “Algunas bodegas representadas en el directorio pueden haber zafado (de la multa), pero ahora pagamos todos con los fondos que no se usan para lo que se debería”. Algunos inspectores creen que los querían sacar a toda costa porque estaban “molestando”, y como la denuncia resultó “infundada”, terminaron haciéndolo con un incentivo que se parece a un premio. Otros temen que se genere un antecedente por el cual otros que vayan a jubilarse reclamen montos similares. Y un integrante del directorio le bajó el perfil a todo el asunto al asegurar que ambos funcionarios integraban una lista de retiros incentivados hace un año. Consultado para este informe, Marrubio, uno de los protagonistas de esta historia, declinó hacer comentarios.

En medio de este lío, 13 de los 18 inspectores se dirigieron a Cabrera para pedir la sustitución de Álvarez. “Debido a varios hechos acontecidos en distintos momentos, los funcionarios del Departamento de Inspección le retiramos la confianza al Sr. Álvarez (jefe de Inspección) ya que la relación laboral se ha desgastado totalmente y se ha hecho insostenible”, dice la carta fechada el 12 de junio, y que hasta el momento no ha tenido respuesta.

El País consultó al presidente de Inavi, que pidió responder las preguntas por escrito. Al respecto del episodio con los inspectores, afirmó que “antes de ser sancionados por faltas cometidas, los mismos optaron por renunciar y aceptar un régimen de retiro”. Y agregó: “El directorio por unanimidad resolvió aceptar el planteo de estos inspectores y entendió oportuno desde el punto de vista de la relación laboral prescindir de los servicios de los mismos. No es una novedad en el instituto ya que en reiteradas situaciones se han incentivado los retiros”.

De la respuesta de Cabrera no queda claro quién propuso el retiro y quién lo aceptó. Sobre el monto del incentivo, el jerarca no se pronunció.

La billetera de Inavi.

Esta semana el instituto del vino ya estuvo en las noticias por el salario de su presidente. El primero en difundirlo fue Nery Pinatto en un editorial en su programa Estado de Situación, en Radio Oriental, días atrás. Luego El Observador publicó la resolución por la cual el directorio, en forma unánime, resolvió que la remuneración de Cabrera ascendiera a $ 235.268 nominales cuando Lez, el presidente anterior, cobraba $ 187.846.

La explicación a lo que el diario -y muchos en el sector vitivinícola- leyeron como un aumento, es que ese sueldo es la suma de dos tareas: la de presidente (por la cual Cabrera, con apoyo del directorio, había decidido cobrar el máximo autorizado por ley: $ 147.718) más “las funciones inherentes a la coordinación de todas las áreas técnicas del Instituto”, lo que implica un segundo salario de $ 87.550.

Al enterarse, el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte -que es quien designó a Cabrera y a los otros dos delegados del Poder Ejecutivo en el directorio de Inavi, que por su naturaleza jurídica es de derecho público no estatal-, rechazó la resolución y pidió explicaciones.

“Este gobierno no está de acuerdo con el aumento de sueldos en este contexto que estamos viviendo. Esperemos la respuesta. Si es así, habrá que corregirlo”, dijo Uriarte en una rueda de prensa. “A la misma vez, estamos pidiendo realizar una auditoría de lo sucedido” y a raíz de una serie de denuncias en el instituto, agregó.

“No hemos recibido ninguna notificación formal”, replicó Cabrera a El País. “Sin embargo, considero imprescindible aclarar que esta administración, que ingresó el 25 de mayo de este año, hace tan solo dos meses y medio, es auditada por el Tribunal de Cuentas y la Auditoría Interna de la Nación, y cuenta además con una auditoría externa obligatoria. Si el ministerio considera de orden realizar una nueva auditoría, ofreceremos como corresponde toda nuestra colaboración para garantizar la transparencia del proceso”.

A su vez, Cabrera hizo llegar a Uriarte una carta en la que argumenta que la doble función del presidente del instituto ya había sido resuelta por el organismo en 2011, por lo cual a su juicio no se “innova” y por tanto es “errónea” la afirmación de que se decidió “aumentar el sueldo”. De todas formas, este viernes en una sesión extraordinaria el jerarca planteó al directorio su “absoluta disposición a percibir la remuneración exclusiva al cargo de presidente”. El directorio difirió la resolución del asunto para una próxima sesión.

“No tengo motivos para arrepentirme”, escribió Cabrera a El País. El Inavi “cuenta con total autonomía patrimonial en cuanto a disposición de sus recursos, y amplias facultades discrecionales en materia de determinación de sus salarios o remuneraciones de sus funcionarios en relación de dependencia”, recalcó.

Y ese es, justamente, uno de los temas que tiene disconformes a bodegueros. En el Inavi hay 70 funcionarios, de los cuales 41 (casi el 60%) cobran más de $ 100.000 nominales. “Son sueldos de gerentes de buenas bodegas”, se quejan. Varios creen que el instituto malgasta sus fondos en “una estructura enorme e ineficiente”, aunque lo dicen de forma anónima por temor a las represalias que vienen dadas -aseguran- en forma de inspecciones, multas y sanciones.

“La gente tiene mucho miedo, tanto bodegueros como viticultores, porque el Inavi se ha convertido en un organismo en el que a quienes no están de acuerdo y critican (la gestión), se los cobra. Se ha vuelto un organismo de fiscalización y control”, opina otro actor de la industria.

En los últimos 10 años unas 50 bodegas han sido sancionadas por incurrir en prácticas prohibidas, como agregar agua o azúcar al vino. Hay quienes creen que las sanciones reflejan cierta animosidad contra las bodegas más chicas. Varias han recurrido a la Justicia sin éxito. Las multas pueden ascender a 2000 UR (más de $ 2 millones) por mercaderías de $ 20.000.

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Alrededor de 50 bodegas fueron sancionadas en los últimos 10 años por incurrir en prácticas prohibidas, como agregar agua o azúcar al vino. Foto: AFP

“Algunas multas han estado bien asignadas, pero muchas han sido injustas y han llevado al cierre de empresas”, dice Atilio Quercini, que estuvo al frente de la bodega Finca Punta de Brujas, que cerró en 2017 por no poder afrontar los costos de la habilitación de higiene ambiental que le exigía Inavi; hoy asesora a dos bodegas como enólogo.

Quercini es, en este informe, el único que se atreve a hablar con nombre y apellido. Fue parte del directorio de Inavi entre 2009 y 2016 como delegado de la Asociación Nacional de Bodegueros. Su principal interés es que se aclare por qué en 2012 se habilitó un traspaso de al menos $ 8 millones de las arcas de Inavi al Centro de Viticultores sin haberse discutido en el directorio (que él integraba), para lo cual reclama una auditoría.

denuncia

Piden auditoría para esclarecer una faltante de 2012

Cuenta Atilio Quercini que, siendo parte del directorio de Inavi, en 2012, fue consultado por su gremial por un dinero que se había otorgado al Centro de Viticultores, que consistía en un peso por kilo de uva para la cosecha. En total, implicaba unos $ 8 millones. “Dije: no puede ser. Tendría que haberse discutido en el directorio”. Llamó a la contadora del Inavi y le preguntó si el préstamo del Centro de Viticultores ya se había pagado. La respuesta de la profesional fue, según el relato de Quercini: “¿Del año pasado o de este?”. Además de enterarse de que estaba impago, supo que había ocurrido dos veces.
En aquel momento Quercini corroboró que la partida estaba reflejada en el balance como un crédito, aunque no estaba bien detallado en qué condiciones, por lo cual no apoyó la validación de ese balance. Según dice, el presidente del instituto lo rezongó fuera de actas por no hablar esas cosas con él. “Me remití a mi gremial, luego a la intergremial (todas las que están en directorio). Y al no tener respuesta, porque nadie se animaba a ponerle el cascabel al gato, recurrí al legislador Jorge Saravia”. Saravia hizo un pedido de informes. Según Quercini, “se respondió con información falsa”.
“Hablé con distintos actores políticos con cierta injerencia: (Lucía) Topolansky, (Andrés) Berterreche y (Ernesto) Agazzi. “Todo quedó en la nada. Más adelante participé de Un Solo Uruguay y esa información fue entregada a Tabaré Vázquez”, relata. Quercini quiere que aquel préstamo que supone impago sea investigado por la Auditoría Interna de la Nación.
Por otra parte, el Centro de Viticultores también recibió un apoyo a la exportación por litro de vino: es un dinero que salió del Fondo de la Granja (del Ministerio de Ganadería), y que Inavi debería haber controlado su ejecución. Según contaron a El País distintas personas del sector, el dinero no fue devuelto y en varias oportunidades el Centro de Viticultores ha pedido que se le perdone la deuda, lo cual no se le ha aceptado. Eso, a su vez, ha frenado otros apoyos puntuales del ministerio a las organizaciones vitivinícolas. La posición del Centro de Viticultores es que se trató de un préstamo no reembolsable que se obtuvo por decisión del entonces ministro Tabaré Aguerre.

Sobre las sanciones, plantea que por falta de protocolo para la venta de vino a granel, hubo sanciones a bodegas compradoras cuando las que le agregan agua son las vendedoras. Menciona un caso puntual en el que incluso se tomó una muestra de un camión antes de que la producción llegara a destino, e igual así se sancionó a la bodega receptora. También señala “doble criterio” en el uso de colorantes: dice que a una sidrería se le impidió, mientras que a una empresa que hacía “vino azul” se le dio vía libre.

Ya sea por el costo de las habilitaciones, como por tener que pagar multas o propiamente por falta de rentabilidad, en los últimos 10 años cerraron, según estiman en el sector, la mitad de las bodegas que había. El expresidente de Inavi se refirió a esto en mayo de 2019 ante la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados, aunque lo concibió como un problema de más largo aliento. Informó que 25 años atrás, el sector ocupaba unas 12.000 hectáreas y contaba con 439 bodegas. Según dijo, el año pasado las hectáreas de viña eran 6.141 y las bodegas, 165.

Francisco Zunino, que se desempeñó como tesorero y luego como secretario ejecutivo de Inavi entre 1987 y 2007, y cuyo nombre sonó como posible candidato para presidir el organismo a principios de este año, dio una entrevista el 7 de mayo a Informe Granjero, de radio Cristal, en la que criticó duramente la gestión de Lez. “Como decía Damiani, los números no mienten: la gestión no fue buena”, afirmó. Mencionó que actualmente hay 60% menos de viticultores, 50% menos de bodegas, 40% menos de venta en 15 años, y creció la venta de vino importado.

Algunos se quejan de que el instituto no destina fondos para contribuir a la rentabilidad de los que se han ido fundiendo pero “sí tiene la billetera abierta para otras cosas”, como los “sueldos disparatados”.

En paralelo, denuncian las fuentes, se reafirma la existencia de un “oligopolio” supuestamente fomentado por Inavi: “Rompe los ojos de quienes estamos en el sector: mientras decenas de bodegas cierran, algunas pocas crecen y crecen”.

Un círculo de poder.

Inavi tiene, desde hace varios años, una política de apoyo a la exportación que genera resistencias porque está basada en la cantidad: es un reintegro de dinero por litro de vino exportado, que en opinión de algunos productores -especialmente los de vino fino- favorece a quienes venden a bajo precio y no a quienes procuran vino de calidad a mayor valor.

“Estamos convencidos de que esa es una visión totalmente errónea porque el interés que tenemos es hacer un negocio sustentable y fomentar a las empresas que agregan más valor; no a las empresas que están exportando commodities a bajo precio por debajo del costo”, dijo el año pasado a El Observador Manuel Bouza, que hasta unos meses presidía la Asociación de Bodegas Exportadoras (ABE).

bodega
Entre 2005 y 2019, el consumo de vinos finos extranjeros aumentó 300%; el vino nacional, en tanto, sufrió una caída de 29%. Foto: AFP

En la línea de Bouza, otros entienden que esa política responde a un “modelo cortoplacista” que no va en consonancia con el plan estratégico que Inavi diseñó con CPA Ferrere en 2016, y que no ayuda a posicionar a Uruguay en el mercado internacional. “El argumento es: si sacamos el incentivo, se funden todos. Bueno, trabajemos en un plan para sacarlo de forma progresiva y hacer sustentables a los menos desarrollados”, opina un bodeguero.

Otros van más allá y denuncian que el incentivo a la exportación termina siendo una especie de “Robin Hood pero al revés”, porque hasta las chicas aportan para que unas pocas grande, que exportarán de todas formas, salgan favorecidas.

Las cifras de exportación de vino embotellado en 2019 podrían avalar este razonamiento: de un total de $ 43 millones que aportó Inavi a los exportadores (8,3% del presupuesto del organismo), el 70% fue para tres de las 40 empresas que recibieron el reintegro: Agroland (propiedad del argentino Alejandro Bulgheroni), Vinícola Aurora (brasileña que exporta vino para vender en Brasil, y recibe el incentivo porque lo hace desde Uruguay) y Grupo Traversa. Las tres son bodegas poderosas y con espalda económica; las últimas dos venden a bajo costo, lo cual es visto con malos ojos por parte de la industria.

“Depende de cómo se analice”, dice un miembro del directorio. “Aurora les compra a 30 o 40 bodegas uruguayas que no tienen capacidad de exportar, de modo que se logra una exportación indirecta”. Desde Inavi sostienen que el incentivo se desparrama en todo el sector: bodegas, viticultores y vitivinicultores. “Es un tema social para proteger a todo el mercado, no solo a un grupo”, defiende Cabrera.

Las exportadoras que integran ABE, así como la Asociación de Turismo Enológico de Uruguay (ATEU) y los grupos CREA de viticultores han pedido, sin suerte, participar del directorio al menos como oyentes. Algunos miembros de estas asociaciones entienden que no se les permite porque de esa forma se mantienen decisiones que no los favorecen y se perpetúa lo que consideran un “círculo de poder” en torno a las bodegas que venden más volumen (y, por ende, mantienen a más viticultores), en detrimento de las empresas familiares que elaboran de sus propios viñedos.

“Todo esto es parte de una campaña de escrache de operadores políticos que querían ir a Inavi”, desliza el director anónimo. Varios coinciden. Sin embargo, aprovechan la coyuntura para hacer sus descargos, con la esperanza de que la próxima vendimia sea verdaderamente buena.

Viajes y viáticos cuestionados

Las dudas en torno a los gastos de Inavi alcanzan el pago de viáticos, que cobran los representantes de las gremiales en el directorio y en las comisiones asesoras por cada reunión a la que asisten, pero no a los delegados de las asociaciones que no son miembros del directorio. Otro gasto que se cuestiona es el de los viajes. Hay cierto malestar en el sector porque se considera que José Lez hizo “carrera personal” con sus idas a la Organización Internacional de la Viña y el Vino, en París. 

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