POCOS LUGARES PARA COMBATIR EL CONSUMO

En el Estado miran con desconfianza a centros como Beraca o Remar, pero los evangélicos dan respuesta a un problema que a las autoridades desborda: la rehabilitación de adicciones. Mientras que las ONG tienen 2.000 lugares, los organismos estatales ofrecen 238 cupos.

Nadia tiene 25 años pero vivió con una intensidad que impresiona. Dice que ya conoció todo. Ya consumió alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, tripa, basoco y pasta base. Ya durmió en la calle, rapiñó gente, se prostituyó por plata y también por droga. Ya vendió para una boca, la robó y salió corriendo. Ya la persiguieron, le pegaron y casi la matan dos veces. Hasta que un día el miedo a morirse pudo más y terminó cambiando a la fuerza: "Me había metido demasiado adentro, había llegado muy lejos", dice. Hoy hace cinco años que no consume.

Es una persona amable, enseguida ofrece café. Usa el pelo negro recogido en una media cola, que contrasta con el blanco, muy blanco de su piel. Se parece más a Blancanieves que al personaje de las historias que relata, sobre todo por el rompevientos marrón con corazones rosados que lleva puesto. Cuenta que antes vivía sucia, no se bañaba y se tapaba de noche con los pocos cartones que encontraba. Comía de las volquetas y no dormía mucho, pasaba los días sobregirada y muy drogada, hasta que se le acababa la plata y el cuerpo le pedía más. Primero robó carteras para saciar las ganas, después se dio cuenta de que era "menos peligroso" acostarse con hombres a cambio de tizas de pasta base. La boca para la que trabajaba estaba en Colón y en ese barrio se movía, aunque a veces terminaba en la Plaza Independencia sin saber cómo había caminado tanto.

Trató de dejar varias veces. Estuvo internada en el hospital Vilardebó y también pasó por el Portal Amarillo, uno de los centros de rehabilitación que tiene a disposición el Estado. El tratamiento que le ofrecieron no funcionó, dice que le dieron muchas pastillas y cambió una adicción por otra. Si bien estaba controlada por especialistas, el síndrome de abstinencia fue más fuerte y a los pocos días salió a la calle de nuevo. Cuenta que tenía sed, mucha sed de droga, y como quien necesita el agua para vivir, ella necesitaba consumir. Lo que la hizo cambiar fue haber tocado fondo.

Salió corriendo por Propios con su "compañero de calle", un novio con el que compartía la adicción. Habían robado la boca de la que se proveían. Era de noche y hacía frío, estaban seguros de que los iban a agarrar y trataban de mover las piernas cada vez más rápido. Hasta que vieron una luz y se metieron en la sede central de Beraca, una ONG que forma parte de la iglesia Misión Vida. Un hombre los vio desesperados y enseguida los invitó a pasar, les dio algo para comer y les ofreció abrigo. Le pidieron para quedarse, le dijeron que no les importaba que fuera una organización cristiana y que estaban dispuestos a respetar los límites. "¿Están seguros?", repetía el pastor. Ambos respondieron que sí y se separaron, ella fue a un hogar de mujeres y él a uno de hombres. Así empezaron a rehabilitarse.

Hay al menos 1.500 personas viviendo en Beraca. Nadia está en una casa ubicada en Puntas de Manga, pero disponen de otras 50 con atención gratuita en todo el país. No todos se acercan por problemas de adicción, ya que la organización recibe gente con cualquier vulnerabilidad: cobijan víctimas de violencia doméstica, niños abandonados, indigentes y personas con trastornos psiquiátricos. El pastor y diputado del Partido Nacional Álvaro Dastugue cuenta que "la inmensa mayoría" de quienes viven allí fueron adictos a la pasta base en algún momento. ¿Cuál es el tratamiento que les ofrecen? "Amor, límites y trabajo", dice el legislador.

A los hogares Beraca se suma Remar, otra ONG evangélica que ayuda a más de 380 personas con adicciones. Remar tiene 15 centros en distintos puntos del país y también basa la rehabilitación en un modelo religioso. No todos los que entran tienen por qué adherir a la fe cristiana, pero los valores que transmiten en ambos lugares toman la Biblia como punto de partida. Dastugue reconoce que los pastores se pasan hablando de Dios, pero explica que no es obligatorio ir a las ceremonias (similares a una misa) que organizan los fines de semana. "Muchos terminan yendo para salir de los hogares y ver a otra gente. Ahí empiezan a conocer a Cristo y es difícil que lo dejen ir", agrega.

En conjunto, ambas organizaciones cuentan con unas 2.000 camas de rehabilitación. El Estado, en tanto, tiene 238. El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, considera que el modelo de atención que ofrecen las iglesias evangélicas "aísla a las personas de su entorno de forma permanente", ya que muchas de ellas se quedan a vivir en esa comunidad y pierden contacto con sus familias. La rehabilitación estatal, en cambio, opta por el aislamiento temporal para que los adictos puedan desintoxicarse y luego reinsertarse en la sociedad. Otros ni siquiera se internan y realizan el tratamiento de forma ambulatoria.

Si bien las autoridades miran con desconfianza los métodos no gubernamentales, los lugares que brinda el Estado no son suficientes y se termina echando mano a los centros cristianos: al menos 64 adictos fueron derivados por la Justicia entre 2009 y 2016 a Beraca para que los atendieran. En las sentencias, a las que tuvo acceso El País, los magistrados consideraron que la organización los ayudaría a "estimular los buenos hábitos", les daría "una oportunidad de rehabilitación" y evitaría la institucionalización. En una de ellas, el juez expresó: "Se atendió al joven en la policlínica Bella Vista (ubicada en Pando, dependiente de ASSE) por su consumo problemático de sustancias. Al no ser posible acceder en esa policlínica a un dispositivo de rehabilitación, se considera necesaria su internación en la organización Beraca como única forma de darle solución al paciente".

Olivera argumenta que "siempre hay tensión entre la oferta y la demanda", lo que explicaría por qué la Justicia le encomienda rehabilitaciones a una ONG en lugar de ordenárselo al Estado. "Muchas veces los jueces realizan derivaciones sin tener un conocimiento específico sobre qué es un tratamiento de drogas. Creo que un juez informado debería optar por una propuesta profesional, no religiosa", agrega. Y si bien considera que la Red Nacional de Atención y Tratamiento en Drogas (Renadro) "creció mucho en el último tiempo", evita responder si el Estado podría ofrecerles un plan elaborado por expertos a las 2.000 personas que viven en las organizaciones cristianas.

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Un lugar de puertas abiertas

Nadia vive en un hogar Beraca en Puntas de Manga.

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El sindicato del Portal Amarillo envió una nota en abril a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados en la que denunciaron que el centro está "avasallado" a partir de sentencias judiciales. La mayoría de las 20 camas para adultos de las que dispone este centro de referencia en drogas son ocupadas por personas con adicciones que cometieron delitos y fueron consideradas autores inimputables, lo que determina que no quede lugar para el resto de los pacientes. Los trabajadores expresaron que desde septiembre aumentaron las derivaciones y agregaron que los nuevos internos son "muy peligrosos" para estar allí: "No se contempla la seguridad del resto de los usuarios ni de los trabajadores", escribieron en la carta.

Entonces, ¿qué alternativas tiene un adicto que busca rehabilitarse? Además del Portal Amarillo, el Estado financia otros cuatro centros en Artigas, Canelones, Maldonado y San José para tratar la dependencia a las drogas. Cada uno tiene entre 18 y 25 camas de internación, pero también ofrecen tratamientos ambulatorios. El Vilardebó sirve de apoyo y, según datos del Ministerio de Salud Pública de 2017, al menos 90 camas de ese hospital psiquiátrico albergan pacientes con consumo problemático de sustancias. También hay un convenio con la institución Izcalí, que es privada y le alquila hasta 20 lugares simultáneos a ASSE. Una persona en rehabilitación le cuesta a la Administración central $ 50.000 por mes.

En términos económicos, atenderse en el sector público es lo más conveniente para alguien que quiere dejar las drogas. El mutualismo tiene la obligación de pagar hasta 30 días de internación por año, pero no todos logran desprenderse del vicio en ese tiempo. Una vez cumplido el plazo estipulado, los prestadores privados dejan de financiar los tratamientos y el gasto corre por cuenta del paciente. La rehabilitación particular cuesta al menos $ 45.000 por mes y puede requerir hasta cuatro meses de aislamiento. En ASSE, sin embargo, no hay límites establecidos y los usuarios tienen la seguridad de que recibirán atención hasta que un médico les dé el alta.

A través de sus distintos dispositivos, el Estado gastó US$ 2,6 millones en tratamientos en 2017. Con ese dinero alcanzó para internar a 518 personas y darles terapia ambulatoria a unas 2.000. Según cifras del Observatorio Uruguayo de Drogas de 2017, entre 9.500 y 14.500 uruguayos mayores de edad son adictos a la pasta base.

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Es cierto, reconoce Juan Triaca: los esfuerzos todavía no son suficientes. El director de Salud Mental de ASSE admite que la Red Nacional de Drogas tiene "muchos agujeros y muy grandes", pero hace hincapié en que mejoró en los últimos años.

El médico cree que el principal debe de la estrategia estatal tiene que ver con que no se logra captar a todos los consumidores, por lo que algunos ni siquiera se rehabilitan y otros reciben tratamientos no profesionales, como los que ofrecen las iglesias evangélicas. "Por supuesto que con más presupuesto y más especialistas estaríamos mejor, como en cualquier área. Pero lo que más tenemos que replantearnos es por qué nuestros dispositivos no resultan atractivos para todos".

Los especialistas creen que hubo un cambio en el comportamiento de consumo y si bien la mayoría de los pacientes consulta por adicción a la pasta base, en el último tiempo hubo una baja en la incidencia de esa sustancia. Según Horacio Porciúncula, asesor en temas de salud mental del Ministerio de Salud Pública (MSP), aumentó la percepción de riesgo en torno a la droga que irrumpió con fuerza en 2002 u2014durante la peor crisis económica que atravesó el paísu2014, por lo que "los nuevos adictos no quieren terminar como los que hace más tiempo que fuman". Esto generó un aumento en el consumo de cocaína y la Junta Nacional de Drogas se apronta a realizar una investigación al respecto.

¿Es posible medir cuántas personas consumen pasta base? Porciúncula dice que "no cualquiera" la fuma y tiene razón. De hecho, el último estudio del Observatorio Uruguayo de Drogas lo confirma: son sobre todo hombres jóvenes, que se alejaron de forma temprana del sistema educativo, que no cuentan con una calificación mínima para acceder al mercado laboral y que tienen los recursos justos para vivir un día a la vez. El informe estima que son el 0,8% de los uruguayos (unas 28.000 personas).

Si bien la incidencia es baja, la pasta base tiene un costo social que preocupa. La rápida dependencia que genera, la violencia que despierta entre los adictos y la "sensación de que hay que conseguirla a toda costa" u2014explica Porciúnculau2014 determina que se vuelvan peligrosos para los demás. Encontrarlos y rehabilitarlos es una prioridad de la Junta Nacional de Drogas, que en 2014 lanzó la Unidad Móvil de Atención (UMA) para atender a los consumidores que viven en la calle. Un equipo de especialistas recorre Montevideo en una camioneta, conversa con ellos y trata de generar confianza para convencerlos de empezar un tratamiento.

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En todo el país hay solo cuatro camas de desintoxicación, que están ubicadas en el hospital Maciel. Allí se interna a las personas en "situación de crisis", que deben ser estabilizadas antes de empezar un tratamiento. Los médicos procuran que los adictos coman bien, descansen y preparen el cuerpo para los próximos meses de rehabilitación. La sala es nueva, se inauguró el año pasado y es compartida con los pacientes psiquiátricos. La jefa de la Unidad de Adicciones del Maciel, Virginia Esmoris, dice que al menos debería haber 12 camas destinadas a personas con consumo problemático. La escasa capacidad determina que los ingresos deban ser coordinados, ya que llega gente de todos los departamentos.

Además de la atención en las emergencias de todos los hospitales, el primer paso para iniciar los tratamientos son los centros Ciudadela. A estos lugares puede ir cualquiera u2014no es necesario ser usuario de ASSEu2014 y se realizan los diagnósticos con derivación. En algunos casos es necesaria la internación, en otros se recomienda una rehabilitación ambulatoria, sobre todo cuando la persona tiene hijos. Esmoris explica que lo más importante es que los especialistas escuchen y no juzguen las historias. Además, los tiempos de espera para una próxima consulta nunca superan los siete días. "Antes demorábamos más y notábamos que la gente no volvía. Habían venido a pedir ayuda y los perdíamos en el camino", cuenta la psicóloga.

¿Cuál es el siguiente paso? Los datos de la Junta Nacional de Drogas muestran que el 20% de los que piden ayuda deben ser aislados de forma temporal. A veces son llevados al centro Izcalí, que funciona en Palermo y tiene convenio con ASSE. Durante ese tratamiento participa la familia y el usuario puede dejarlo cuando quiera. El director de la institución, Miguel Hernández, cuenta que el proceso lleva un año: al principio hay cuatro meses de internación con salidas transitorias, luego van a pasar el día y terminan la rehabilitación con unas pocas reuniones por semana. En Izcalí hay lugares disponibles y las autoridades estatales les pidieron sumar camas a las 20 del acuerdo, pero esa idea quedó por el camino.

Todos los que empiezan un tratamiento esperan ser como Nadia, que hace cinco años no consume. No todos lo logran. De hecho, el 65% de las personas que fuman pasta base necesitan entre dos y cinco ingresos para rehabilitarse. Ella tampoco consiguió desprenderse de primera y sabe que siempre está a tiempo de volver a caer. Cuando sale de Beraca y ve gente drogándose, enseguida frena la marcha y se acerca a conversar. Les recomienda que pidan ayuda rápido, que no se dejen consumir por la adicción. En el fondo le hacen acordar a su "compañero de calle", que a los cinco días de haber entrado al hogar decidió irse. Hace dos años lo mataron en un ajuste de cuentas.