Rivera es así

Una comunidad rota por la intolerancia, los homicidios de niños y los abusos sexuales

La sociedad se quebró en Rivera. La reiteración de delitos sexuales y homicidios con víctimas menores, y la violencia doméstica, enfrentan a la comunidad. La sensación es que quien no denuncia es culpable y el que denuncia también. Pero, ¿qué más está pasando que explique tanta violencia?

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Soledad, miembro del colectivo de mujeres de Rivera, en la puerta del juzgado. Foto: Fernando Ponzetto

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Los riverenses dicen que cuando no encuentran la explicación a un problema responden “Rivera es así”. De tanto uso, las tres palabras se convirtieron en un latiguillo y en el nombre de un programa de radio. También son la salida rápida a una mala fama que los coloca en la portada de los medios debido a delitos violentos, y por singularidades como ser el departamento que alcanzó el mayor porcentaje de apoyo a la derogación de la ley trans (24,65%), y uno de los bastiones del excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos (12,1% lo votó en las elecciones internas).

—La vida acá es sumamente violenta. Somos un departamento donde no existe la tolerancia hacia lo diferente —dice Juan Martín Clavijo, que espera afuera del juzgado las novedades de la formalización de un docente que habría abusado de varias alumnas.

Es que el odio anda suelto en Rivera. Dos semanas atrás un hombre mató a golpes a su hijastra de cuatro años, Anna Clara. También se supo que abusaba de ella. Un año atrás, dos vecinos violaron y asesinaron a Valentina, de nueve; y antes, en 2013, a Inti, de tres años, lo asfixió su tía para quedarse con una herencia. La regresión trae también el nombre de Jimena, dice un oficial de la Policía, pero se detiene:

—No quiero ni escuchar ni hablar sobre estos casos. Ese es el mal que nosotros tenemos, el de los locos sueltos.

Si a la comisaria María Amado, a cargo desde hace un año de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, le piden que haga una radiografía de la violencia en Rivera, su diagnóstico es que aquí los delitos son más violentos.

Desde el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) advierten que “lo que pasa en Rivera pasa en todo el país”. Pero fiscales, investigadores policiales, defensores y personal de la salud coinciden en que en el departamento con mayor índice de homicidios luego de Montevideo, los delitos que más pesan son los sexuales. “Y el 96% de estas víctimas son niños”, dice Amado.

En 2014 se creó la División de Trata y Tráfico de Personas en esta jefatura. Desde ese momento, reconoce el intendente interino Richard Sander, “empezaron a saltar cangrejos de debajo de las piedras”.

Por eso, la fiscal Alejandra Domínguez considera necesario crear una fiscalía especializada. Además del caso del docente, acaba de pedir la formalización de un hombre que llevaba siete años abusando de su hijastra de 12. Esta realidad genera que la investigación de los delitos menos graves se demore.

—En estos casos no acepto procesos abreviados, calculo que tendré ocho o nueve juicios orales, pero necesito tener la consciencia tranquila —dice.

Al torrente de delitos sexuales les siguen los vinculados a violencia doméstica: en 2018 hubo 1.631 denuncias y tres femicidios; hoy hay 13 hombres con tobilleras. Luego, los hurtos, las rapiñas, los homicidios —muchos ajustes de cuentas—, los delitos de narcotráfico y la venta de armas.

Según información proporcionada por la División Políticas de Género del Ministerio del Interior, el año pasado en Rivera se registraron 74 delitos sexuales hacia menores —de un total de 1.296. Las autoridades aseguran en que esto no se despega demasiado de lo que pasa en el resto del país, pero dentro del departamento son los delitos que más se repiten.

Del total de los casos, 43 fueron tipificados como atentado violento al pudor, 13 como abuso sexual, 12 fueron explotación sexual y hubo cinco violaciones. De los acusados, uno quedó en libertad, dos están requeridos y 14 solo se vieron afectados por la denuncia. El resto ya fueron procesados, cumplen medidas cautelares o están en distintas etapas del proceso penal.

Rivera ocupa el puesto 13 en porcentaje de denuncias por estos delitos: representan el 6% del total que se realizan en el país.

Sin embargo, aunque no lo parezca, hay un progreso. Mariella Mazzotti, directora de Inmujeres —que en el primer semestre del año realizó 337 atenciones en el departamento, entre las cuales contó 69 mujeres que consultaron por primera vez—, asegura que se incrementó el número de denuncias de violencia doméstica y explotación sexual. La demanda en la localidad de Vichadero fue tal, que se implementó un servicio especial allí.

Lo mismo opina Patricia Cardozo, directora de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género. Esta comisaria con 24 años de experiencia vio subir año a año el número de denuncias en su oficina, hasta que en 2019 se estabilizó. “Creo que pasa porque hay más lugares donde realizar la denuncia y la población empieza a saberlo y creer en ellos”, dice.

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Tras la noticia de la muerte de Anna Clara la puerta del juzgado fue un escenario de furia. Lo mismo sucedió luego del asesinato de la niña Valentina. Foto: F.Ponzetto.

Para algunos, esto habla de confianza en las instituciones debido a un incremento de las formalizaciones; para otros todavía dice que en Rivera el abuso y la explotación están tan naturalizados que sus víctimas no se sienten víctimas. Los que suelen denunciar estos delitos son los técnicos: maestros, psicólogos, médicos.

Dos semanas después del asesinato de Anna Clara, la pediatra Alejandra Guadalupe internó a una joven de 13 años que consultó por un dolor de garganta y comentó que su novio tiene 28 y es narcotraficante. Encontraron videos pornográficos de ella circulando en internet.

—La ingresamos porque no queríamos mandarla de nuevo a la casa. La madre no había hecho la denuncia por temor a que la hija no quisiera verla más.

En el Hospital de Rivera, donde es jefa de Pediatría, Guadalupe registra al menos una sospecha de abuso cada mes.

El efecto Anna Clara hace que todos se preocupen por afinar la mirada y planifiquen cursos para adquirir nuevas herramientas, y difundir mejor dónde y cómo denunciar. Tras su muerte, delitos Complejos recibió seis denuncias nuevas. Amado dice que ya van dos confirmadas.

El telón de fondo


El intendente Sander enumera las mil y una acciones que viene realizando, desde hace cuatro períodos, esta intendencia colorada para combatir algunos índices terribles.
Pero no alcanzan.
Lo que Rivera tiene es la mayor proporción de hogares pobres del país, el mayor índice de analfabetismo y menos empleo que la media nacional. En La Colina, el más grande de los veintipico de asentamientos que hay, tienen una lista de espera de 80 niños para ingresar a un CAIF.

—Ahí, los niños te dicen que quieren ser narcos o jugadores de fútbol —dice Sander.

Los asentamientos se agrandan por la población flotante que llega de otros departamentos en busca de una vida más barata, que no encuentran. O con antiguos usuarios de Remar, que quedan a la deriva. O privados de libertad que egresan de la cárcel inaugurada en 2011 y mudan a su familia a esta ciudad.

A ellos, para evitar que se queden, la intendencia les paga un pasaje de ómnibus a donde sea que quieran ir. Pero no siempre funciona, porque las compañías de transporte rechazan a estos pasajeros debido a una oleada de hurtos en viajes.

Pero, de todo esto, ¿algo explica la violencia cruel que allí se reproduce?

Para Alejandra Rabaza, integrante del único colectivo de mujeres, podría tener que ver la pérdida del sentimiento de comunidad.

—La sociedad se fragmentó y perdió ese sentido moral que da la comunidad, que es la que enciende la alerta y te frena antes de accionar. En cambio, sin ella, todo está a la deriva.

Tal como Rabaza lo ve, en busca de esa comunidad la población se acerca a las iglesias evangelistas que pululan. Dicen los vecinos que hay una o dos por cuadra. Sebastián Güida, del colectivo Riversidad, asegura que sus discursos fueron fundamentales para explicar la altísima votación a favor de derogar la ley trans.

Por estos días, en Rivera circula en redes sociales un video del pastor Márquez donde les advierte a sus seguidores que “si no hicieron nada por el prereferéndum (para derogar la ley trans), pecaron. Deben pedir perdón a Dios. Si lo único que hizo fue votar, pídale perdón también, porque tendrían que haber hecho muchas cosas más. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado”.

El odio hacia la población trans (unos 22 en Rivera) se siente del lado brasileño mucho más desde el triunfo de Jair Bolsonaro. Riversidad les insiste a los miembros de la comunidad LGBT que no vayan a sus bailes debido a que hay ataques.

Pero, lo que para algunos es la enfermedad, para otros es la cura. No se ven en Rivera muestras del apoyo al candidato de Cabildo Abierto, pero sí destaca una camioneta tapizada con la imagen del capitán retirado que hoy preside Brasil. Su dueño, Gerardo Cabrera, cuenta que integra un grupo de WhatsApp y otro de Facebook de uruguayos que lo apoyan.

Según él, las acciones del brasileño son mal entendidas o mal comunicadas por los medios, y son muchos los riverenses que creen que sus políticas podrían solucionar los problemas locales de inseguridad, de adicción y también “las faltas de respeto de algunas mujeres hacia las instituciones”.

Él no apoya el discurso homofóbico, dice, pero cree que “la gran flexibilidad que existe” deja que en las fronteras “se haga de todo y no pase nada”.

Concluye:

—Los derechos humanos son para los humanos derechos.

El efecto Anna Clara

Estos días, todos recuerdan qué estaban haciendo cuando se enteraron del asesinato de Anna Clara. Aunque su muerte unió a la población en su repudio, la volvió a dividir en el reclamo de la pena de muerte y en la búsqueda de culpables.

Así cura Rivera esta herida.

El día en que mataron a Anna Clara, la fiscal Valentina Sánchez debía viajar a Chile, pero no pudo. Por la noche llegó un hombre que se presentó como el padre biológico de una niña de cuatro años que acababa de fallecer debido a un pico de glicemia. Él no creyó esa historia: sospechaba del padrastro. Sánchez lo escuchó, pero como el hombre no figuraba como su padre en el Registro de Identificación Civil, esperó. Unas horas después, llamaron desde la Cooperativa Médica de Rivera para avisar que la autopsia a esta paciente había revelado golpes y abusos reiterados.

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El 96% de las víctimas de delitos sexuales en Rivera son niños. Las denuncias suelen hacerlas maestros, médicos y psicólogos. Foto: F. Ponzetto.

Según distintos relatos, fueron la médica tratante, el padre y los abuelos paternos los que le insistieron a la madre para que autorizara la autopsia. El resultado dio inicio a la investigación.

Mientras tanto, el padrastro había sido detenido por otro asunto que él no había interpretado adecuadamente. Estaba requerido por desertar del servicio militar, y al ingresar sus datos en la recepción del hospital se dio el aviso. En el camino, el hombre comenzó a hablar de la niña y terminó confesando en Fiscalía.

—Me dijo que la golpeaba porque la odiaba. Le molestaba que la familia de su pareja la quisiera más que al bebé que tenían juntos —cuenta Sánchez.

Luego, se evaluó la responsabilidad de la madre. “Es una omisa”, resume. La jueza le concedió a la Fiscalía el pedido de prisión preventiva para ambos, y entonces se empezó a investigar al personal médico —que se negó a participar de este artículo— y a los educadores.

Pablo Caggiani, consejero de la Administración Nacional de Educación Pública, es concluyente: “El jardín trabajó bien”, dice tras una investigación interna.

Anna Clara y su madre se habían mudado un año atrás con la nueva pareja a Rivera Chico, el segundo barrio más poblado. Con la mudanza cambió de jardín y dejó a su niñera, quien dice que la madre se desvinculó de todos sus contactos.

Según distintas fuentes, en los controles médicos que se hacen cada seis meses, y en los que se revisan los genitales, no vieron ningún rasgo sospechoso. A la niña la seguían de cerca porque había nacido prematura. El padrastro solía llevarla a estas consultas.

En las aulas, Anna Clara siempre se mostró dócil y alegre. Su madre había autorizado que su pareja la retirara, y para el Día del Padre pagó por dos regalos: uno para el biológico y otro para el padrastro.

A él le decía “papito”. Los vecinos lo veían llegar con ella de la mano y con el bebé en brazos.

Dice una vecina:

—Yo incluso lo admiraba por eso.

De gritos y llantos, nadie oyó, nadie vio, nadie dijo.

La maestra se enteró de la muerte por un mensaje de texto que le envió la madre. Decía algo así: “Se fue mi Clarita. Tuvo un pico de glicemia y no resistió el traslado a otro hospital”. La maestra llamó a la directora que, ese día, estaba de licencia. El shock fue tan grande que no recordaba ni el nombre, ni el apellido: le envió una foto de la niña.

El lunes siguiente, el jardín fue un caos. Los padres llegaron a los gritos y con llantos, amenazando con sacar a los niños porque había trascendido de medio en medio, y de chisme en chisme, que la escuela había ocultado el abuso.

Dice alguien de este ambiente:

—El daño que generó este caso trascendió todas las confianzas. Suena el teléfono y saltamos. Sospechamos de todos.

La maestra tiene 20 años de trabajo en escuelas de contexto crítico y solo sospechó cuando, tras las vacaciones de julio, la niña no llegó a clase. La madre envió un mensaje que decía que se había lastimado la clavícula y debía reposar por dos semanas. Pasaron los días y no había noticias ni de la niña ni del certificado. La maestra le pidió explicaciones. Ella le respondió que la recuperación requería que tuviera el brazo inmóvil y en la escuela había muchos niños (278 en total, 34 en su clase). Ya había pasado un mes desde que la habían visto.

Dos días después, murió.

A la niñera la madre le había dicho que la clavícula se la había roto en la escuela.
A los médicos les dijo que no sabía qué le había pasado a su hija cuando llegó del trabajo y la encontró sudorosa y morada. El forense le dijo a la fiscal que si la madre hubiera dicho que había sido golpeada, se habrían buscado lesiones internas y podría haberse salvado.

Luego de su muerte, la mujer mantuvo la versión del pico de glicemia. En el velorio, dicen que ella repetía: “Quiero que él me lo diga”. A su lado tenía una custodia.

En el liceo también

La muerte de Valentina generó un tumulto en la puerta del juzgado; la de Anna Clara, también. Piedras, golpes, insultos. Sin embargo, dos semanas después, durante la audiencia de formalización de un profesor de física acusado de abusar de una adolescente, el repudio tiene solo tres rostros: el de Juan Martín, un funcionario público que ayudó a la madre de la víctima a conseguir pruebas de abusos previos; el de Teresa, una profesora que conoce el caso de cerca; y el de Soledad, una estudiante de 24 años miembro del colectivo de mujeres.

Ya pasaron dos horas y Soledad no suelta la única pancarta, que pide una educación sin abusos sexuales.

—No es raro esto. Rivera es así. Somos muy hipócritas. La gente no quiere asumir la responsabilidad. No me explico cómo es que no están acá los profesores, ni los padres de los otros alumnos, ni los compañeros de la niña.

En redes sociales sí están: ahí hay indignación, hay reclamos, hay exigencias.

En redes sociales, a Soledad y las otras mujeres que integran el colectivo las acusan de vándalas, de aprovecharse de las tragedias y las mandan a lavar platos.

También están los que tratan de “loca” a la madre que denunció y de “prostituta” a la menor.

—Acá si no denunciás sos culpable y si denunciás, también —dice la madre: por eso pide que no se publiquen sus nombres reales.

Vanesa, la adolescente abusada, llegó con su madre desde Montevideo, escapando de un padre violento que terminó preso. El trauma le causó un retraso emocional de tres años. Sus 16 parecen ser 13. Es tímida, no puede ir al liceo sola sin perderse y tiene problemas de aprendizaje.

El profesor se había ofrecido a darle clases particulares de física para ayudarla a mejorar el promedio. Las clases se las daba en el liceo. La madre la llevaba hasta la puerta y luego la pasaba a buscar. Adentro, él la convenció de que sería su novio. Le enviaba fotos desnudo y le pedía videos y fotos a ella. Si se negaba, la amenazaba así:

—Le decía que como era cinturón negro de karate me iba a matar a mí —cuenta la mamá.

La niña dejó de dormir.

Cuando encontró las pruebas en el celular y en la tablet, habló con las autoridades del liceo n°1 —el hombre además era el subdirector del liceo n°5—, que le dijeron, según ella, que harían la denuncia administrativa, pero que él tenía “muchos padrinos” ya que había sido sumariado dos veces y había vuelto a trabajar.

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Parte de la población de Rivera cree que las políticas del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, solucionarían varios problemas locales. Fotos: F. Ponzetto.

En 2017, el mismo profesor fue separado de su cargo en la UTU por maltrato verbal y psicológico hacia un alumno. A los compañeros de él también les decía que como era cinturón negro iba a esperar que cumpliera la mayoría de edad para vengarse. Además, una joven declaró que 10 años atrás, cuando era su alumna, recibía mensajes con propuestas e invitaciones. En ese momento, su denuncia penal no prosperó.

Domínguez, la fiscal del caso, sabe que al menos habría tres casos más. Del otro lado de la calle, Érica observa la puerta del juzgado a través del ventanal de su comercio, un restaurante que suele estar colmado de clientes salvo los días en que ocurren tragedias.

Entonces, se corta la circulación de autos, se valla la calle y se cierran los comercios para evitar que las piedras que vuelan destrocen los vidrios.

Vive cerca de la esquina más peligrosa de Rivera, un triángulo que reúne un prostíbulo, la zona de “bocas” y el estadio, donde suelen dormir los liberados de la cárcel que no tienen dónde ir. Al auto no lo guarda en el garaje por temor a ser rapiñada; a sus hijos no los deja ir a jugar a las casas de los amigos, ni que ellos vayan a la suya.

—Con todos estos casos de abusos a niños, ¿cómo sé yo que no les puede pasar a los míos? ¿Y cómo se yo que no me va a tocar defenderme?

Frente al juzgado, pasa Fernanda. Tiene novia. Su novia creció en la misma cuadra que el asesino de Anna Clara. El día del velorio visitaron a los padres del imputado y les dijeron que orarían por ellos. La pareja las recibió llorando y llorando les dieron las gracias: eran las primeras en pasar sin insultarlos. A ellos también les tiran piedras.

Dice Fernanda:

—En Rivera, lo que pasa, es que la gente se olvidó de amar.

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El antes y el después de darle fin a un abuso de menores

Mónica Nicolazzi lleva una vida trabajando en el INAU y desde hace dos años es la directora departamental. Su trabajo abarca la atención de 4.055 menores. Entre ellos, 616 están institucionalizados. Son 333 los que habían ingresado por resolución judicial, pero ahora viven con sus familias y reciben un seguimiento. El resto está dividido en modalidad de atención parcial y en modalidad de 24 horas, con acogimiento familiar y conviviendo en el hogar mixto o infantil. “Cuando interviene la ley no se termina el tema. Al contrario, empieza una etapa muy difícil”, dice.
Enojo, tristeza, frustración: “Estos niños viven una revolución emocional y su evolución depende de las resiliencias de cada uno”. Para incentivar la autonomía progresiva, los usuarios de 13 a 17 años que estudien y sin salidas no autorizadas, reciben una mesada de $ 300.  Al cumplir 15, se les obsequia un vale que ronda los $ 30.000: ellos eligen en qué gastarlo. En breve se inaugurará una casa para usuarios en la etapa de pre-egreso. Así se pretende prepararlos para el manejo de un hogar sin la ayuda del Estado. Durante su internación reciben un peculio que les entregan al partir. “Se intenta que lo inviertan en un proyecto o para conseguir una garantía para la vivienda”.
Desde 2014, junto al INAU trabaja Gurises Unidos capacitando a técnicos para que capten estos casos y desarrollando campañas de sensibilización, sobre todo en las localidades pequeñas, donde las instituciones no son fuertes y hay mayor tolerancia al abuso. “El verdadero desafío es generar dispositivos de atención especializada para poder reparar el daño de estos menores”, dice el coordinador Diego Pailos.

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