CRÓNICA DESDE EL CENTRO DE MONITOREO

Cinco años de la prisión del tobillo

A casi cinco años de su implementación, el sistema de tobilleras al fin tiene alcance nacional. En este tiempo el uso de los dispositivos se quintuplicó, pero apenas se resuelve su uso en alrededor de 2% de las denuncias. Ocho personas en una oficina monitorean todo el país.

Entre que se detecta un acercamiento y llega el patrullero transcurren dos minutos, según autoridades. Foto: Fernando Ponzetto
Entre que se detecta un acercamiento y llega el patrullero transcurren dos minutos, según autoridades. Foto: Fernando Ponzetto

En el monitor hay un mapa de Montevideo. En él, dos puntos resaltados: uno verde y otro rosado. Agresor y víctima. En todo momento esos puntos deben estar a, por lo menos, 500 metros, aunque la orden judicial puede indicar que esa distancia se extienda hasta 1.000. Cuando los puntos se acercan peligrosamente, ya 1.000 metros antes de que se viole la orden judicial, una notificación aparece en el monitor. La notificación es roja: hubo acercamiento. Hay peligro.

Estamos en Mercedes y Río Negro, en la Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe) del Ministerio del Interior (MI). Aquí se vigila el movimiento de todas las tobilleras colocadas por violencia doméstica en el país. El programa inició su funcionamiento el 1 de febrero de 2013 y en la última semana de diciembre el MI terminó de implementarlo en todos los departamentos. El último en ingresar fue Rivera.

"Podés ir, pero ojo que te acercás mucho a la zona de la casa", dice una funcionaria del MI al teléfono, al tiempo que mira el mapa en su pantalla con los puntos verde y rosado. Responde, como es habitual, a la consulta de un agresor que ingresó al sistema de vigilancia con tobilleras electrónicas. Lo que el hombre quiere saber es si el lugar al que planea ir esa tarde entra en sus zonas prohibidas. Es decir, el radio que rodea la casa, el trabajo o la escuela de los hijos de la víctima que lo denunció.

Estamos en un oasis de eficiencia en la lucha contra la violencia de género: nunca hubo una víctima que formara parte del programa y que fuera asesinada. Pero es un sistema de alcance minoritario, que hoy llega a apenas el 2% de las personas que denuncian violencia doméstica. Ninguno de los agresores de las 30 mujeres muertas por femicidio en 2017 llevaba una tobillera.

A la Dimoe le tomó cinco llegar a todas las fronteras. Para llevar el programa al interior no bastó con destinar tobilleras; hubo que capacitar a fiscales, jueces y personal policial y técnico acerca del funcionamiento, los protocolos, los procedimientos y las prioridades del uso de los dispositivos, además de probar si la señal alcanzaba los últimos rincones y si en todos lados la respuesta policial podía ser lo suficientemente rápida. En 2016 el programa solo estaba en Montevideo, Canelones, San José y Maldonado. El último tirón de 2017 fue clave para cubrir el resto del territorio.

Aunque hay tobilleras en todo el país, el centro de monitoreo es único y está en Montevideo. Foto: F. Ponzetto
Aunque hay tobilleras en todo el país, el centro de monitoreo es único y está en Montevideo. Foto: F. Ponzetto

Pero solo en Montevideo se dispuso un centro de monitoreo. La Dimoe capitalina es única y desde sus computadoras se despachan todos los móviles y se controla todo el país. En el primer piso del edificio funciona el 911 para todos los crímenes, pero esta oficina, que funciona en la segunda planta, es exclusiva para quienes sufrieron situaciones violentas en sus casas.

En la mira.

A toda hora hay ocho pares de ojos atentos a los movimientos de los 360 agresores que en este momento están en el sistema de tobilleras, y de las 360 víctimas que el Estado intenta salvaguardar. La mayoría está en Montevideo, con más de 250 tobilleras activas. Le siguen Canelones, con unas 70, y Maldonado con unas 10. En San José hay seis y en Florida, cinco. El resto de los departamentos tiene una, dos o tres. El uso de tobilleras se quintuplicó en cinco años: se dispusieron en 97 casos en 2013, y en más de 530 casos en 2017. En promedio, se colocan por unos 180 días.

El subcomisario Alejandro Santellán, integrante de la Dimoe, reveló a El País que cada conjunto de dispositivos (es decir, la tobillera y los comunicadores que llevan el agresor y la víctima) ronda los U$S 8.700, lo que significa que comprar las 400 tobilleras que hoy tiene le costó al MI algo menos de US$ 3,5 millones en total. "¿Pero cuánto vale una vida?", se pregunta la directora de la división Políticas de Género, July Zabaleta. El ministerio se los compra a Surely S.A., que ganó la licitación y les provee también todo el sistema informático para el control. La empresa es internacional.

El Ministerio del Interior creará una aplicación con botón de pánico para cuando no haya tobilleras. Foto: F. Ponzetto
El Ministerio del Interior creará una aplicación con botón de pánico para cuando no haya tobilleras. Foto: F. Ponzetto

Un arbolito de Navidad decora y le da algo de alegría a la oficina de la Dimoe. Pero las épocas festivas no significan alterar el ritmo de trabajo para los servicios que no pueden detenerse nunca, como este. El 31 de diciembre a las 12 de la noche hubo unas 10 personas allí: ocho viendo monitores, un oficial a cargo y una secretaria. Normalmente, esa hora no es la más movida. "De 10 de la mañana a 10 de la noche" es cuando más violaciones al programa se cometen, dice Santellán. Las cosas están más calmas "a la hora de dormir".

Por la tarde, en el centro de monitoreo reina el bullicio. Suenan los teléfonos constantemente. "Holá, Dirección de Monitoreo Electrónico", atienden. A los operadores les caen unos 10.000 "eventos" cada día. Los eventos, que aparecen en forma de "links" en sus computadoras, indican cualquier tipo de irregularidad con las unidades de control. Los que están en rojo son violaciones a las resoluciones judiciales, es decir, acercamiento a la víctima o rotura de la tobillera. La mayoría de los eventos no son para preocuparse: se deben a la baja batería o mal funcionamiento.

En cualquiera de los casos, un operador llama tanto al dispositivo del agresor como al de la víctima. "Si el agresor no contesta a la primera llamada, mandamos un móvil", explica Santellán. Y cuando los teléfonos suenan en la Dimoe —todo el tiempo—, no suele ser porque haya peligro. Miembros del programa llaman a hacer consultas como cuánto les queda en el programa, reportar un domicilio nuevo o asegurarse de que el asado al que van a ir el domingo no caiga dentro de las zonas restringidas.

Conectados.

El comunicador que llevan el agresor y la víctima —una suerte de walkie-talkie— es el que envía la ubicación a la Dimoe y es a través del cual se establece el contacto. Por lo tanto, si el agresor se separa de ese dispositivo, lo que podrán ver desde el centro es que tobillera y aparato se distanciaron, activando la alarma y haciendo que se despache un móvil.

Ahí se intenta establecer comunicación con la víctima. "Le preguntamos qué tiene alrededor, qué está viendo, así busca refugio antes de que llegue el móvil", describe Zabaleta. Hasta ahora, recalca Santellán, nunca un agresor llegó a lesionar a una víctima antes de que llegara el móvil. "Sí puede ser que haya llegado un poco antes pero nunca le dio el tiempo para hacer nada", aclara. Calcula que entre que la notificación llega a la Dimoe y se efectúa la respuesta policial, transcurren unos dos minutos.

Las tobilleras son exclusivas para los delitos de violencia doméstica; debe existir entre víctima y victimario una relación familiar. A los que tienen, por ejemplo, antecedentes de atentado violento al pudor, no se les monitorea. Tampoco a los violadores. Este tema estuvo sobre la mesa cuando se descubrió que el asesino y violador de Brissa González, de 12 años, tenía antecedentes de atentado violento al pudor a menores y se movía libremente sin vigilancia.

Pero incluso dentro de la esfera del hogar, la enorme mayoría no lleva tobillera. Solo en el primer semestre de 2017 hubo 17.380 denuncias de violencia doméstica y más de 17.000 de esos casos no recibieron tobillera. Aunque en este momento hay 40 tobilleras sin colocar, no es por falta de denuncias sino por la aplicación de un protocolo creado por la oficina de Políticas de Género del Poder Judicial, que también controlan que se cumpla. Jueces y autoridades del MI suelen explicar que la tobillera se dispone en situaciones en que se entienda que el riesgo de la mujer es "altísimo". Ese riesgo lo mide el juez.

"Entrar al programa de tobilleras es un gran estresor", advierte Zabaleta. "Es un dispositivo que no se puede apagar ni bajarle el volumen. Hay que estar cargándolo permanentemente (la batería dura seis horas), seguir instrucciones y comunicarse con la Policía". Ese es el motivo por el cual la tobillera jamás se coloca a niños ni a mujeres que no estén totalmente dispuestas a entrar al programa o no sean conscientes del riesgo.

Aunque el protocolo no es infalible. "Pocas veces sucede que la mujer deje el dispositivo", cuenta Santellán. Allí, la única forma de detectarlo que tiene la Dimoe es cuando la propia víctima admite haberse encontrado con el agresor y ellos no tienen registro alguno de ello en el centro de monitoreo.

Con la nueva ley de género nada cambiará para la Dimoe. Esperan, sí, solicitar más tobilleras para 2018, ya que las denuncias aumentaron mucho los últimos años. Pero eso dependerá del dinero que el ministerio le asigne al programa. "Hay que recordar que esto es algo que antes no se denunciaba", dice Santellán. Por lo demás, el sistema permanecerá intacto.

"Nunca que se puso tobillera la vida de una mujer peligró, es una herramienta de protección muy importante", considera la directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti. Para ella, la violencia de género es "un problema social multidimensional" que requiere "distintos mecanismos de acción" para aplacarlo, aunque "nunca se va a llegar a cero". Mientras tanto, aunque no sean la solución definitiva, las tobilleras seguirán salvando cientos de vidas.

Para la víctima, cargar con el dispositivo es un gran estrés

A quienes trabajan en la Dimoe les toca hablar, controlar y hasta pelearse con agresores pero también con víctimas. Mariela (no es su nombre real) está en el programa desde agosto, y está harta de que los agentes la llamen para darle instrucciones, llamen a su madre o se apersonen en su casa si se le apagó el dispositivo. "Yo entiendo que es su trabajo ubicarme pero tengo vida, tengo trabajo. No puedo salir a atender cada vez que me llaman si estoy atendiendo al público en la panadería", se queja. Ya a esta altura conoce a quienes la contactan. "Con un agente me llevo bien", cuenta, "pero otra una vez me dijo: Si no te gusta esto no lo hubieras denunciado". Para Mariela la tobillera es algo similar a caminar en un campo minado: un paso en falso y sin saberlo entró en zona restringida. Y, aunque ella es la víctima, debe irse de esa zona si llegó después que su exmarido.

QUE DICE LA NUEVA LEY

Más juzgados, otros delitos y 17 tipos de discriminación

“Cuando un agresor rompe una tobillera salva una vida”, dice Soledad González, del colectivo feminista Cotidiano Mujer. Es que la efectividad del sistema está probada: la prisión metálica en el tobillo de un violento ha sido 100% efectiva a la hora de proteger a las mujeres en el programa. Pero a pesar de ser una medida eficaz, no es suficiente ni en cantidad ni en calidad cuando se habla de combatir el fenómeno de violencia de género en su totalidad.

La ley de género promulgada el 13 de diciembre refuerza la idea de que el problema es multifacético y propone medidas acordes a esa concepción. Fue elaborada por el Consejo Nacional Consultivo Contra la Violencia de Género, (integrado por Inmujeres, los ministerios de Desarrollo, Salud, Interior y Educación, el Instituto de la Niñez y Adolescencia (INAU), el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Red de ONGs Contra la Violencia Doméstica y Sexual). Para su redacción se realizaron intercambios con jueces, fiscales y se hicieron talleres de legislación comparada.

Se aprobó en la Cámara de Diputados por 63 votos en 84 legisladores presentes y fue votada por la bancada del Frente Amplio, el Partido Independiente, Unidad Popular, y algunos legisladores colorados y blancos.

“La ley cubre distintos aspectos de acción frente a un problema social. Por un lado define todas las dimensiones y ámbitos en donde se da la violencia de género, define los derechos de las víctimas y define los lineamientos de las políticas públicas”, dice la directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti. “Dentro de los lineamientos de protección están las tobilleras”.

Cuando en abril el Poder Ejecutivo presentó un informe sobre los resultados que daban las tobilleras, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que no podía verse al programa como una “medida de prevención” a la violencia de género, ya que “80% de las mujeres asesinadas” no habían presentado denuncia previa al femicidio, informó Montevideo Portal en ese momento. Y alrededor del 98% de las que sí denuncian tampoco reciben tobilleras, según cálculos de El País en base a las denuncias hechas y las tobilleras dispuestas en 2017. Bonomi dijo que entender que las tobilleras son la solución, es entender el tema “solamente del punto de vista policial”.


La nueva ley intenta no solo atacar la expresión máxima de la violencia de género (el femicidio), sino que reconoce otros 17 tipos de violencia: física, psicológica o emocional, sexual, por discriminar su orientación sexual o su identidad y expresión de género, económica, patrimonial, simbólica, obstétrica, étnica o racial, en el ámbito educativo, laboral, acoso sexual callejero, política, mediática, doméstica, comunitaria e institucional.

Para combatirlas a todas, propone medidas y cambios en diferentes instituciones del país, no solo cambios “desde el punto de vista policial” o siquiera penales. Prevé medidas para la salud, la educación y la comunicación, entre otros. No solo se focaliza en protección de mujeres violentadas, también hace énfasis en la prevención, la conscientización y las soluciones prácticas para que salir de una situación de violencia sea más sencillo. Por ejemplo, dispone que las víctimas de violencia puedan faltar a sus trabajos con goce de sueldo por asistencias judiciales o después de hacer la denuncia. Además plantea que este no podrá ser un motivo de despido.

Es decir, la ley prevé decenas de situaciones en un universo mucho más amplio del que se focaliza el programa de tobilleras. Este apunta únicamente a la protección en casos muy concretos y en un tipo de violencia: la doméstica. Y no es exclusivo para víctimas femeninas. Al programa pueden ingresar dos hombres, dos mujeres o incluso la agresora puede ser la mujer y la víctima hombre, aunque en la amplísima mayoría de casos se da al revés.

La ley también tiene algunos cambios en la tipificación de delitos sexuales. Por ejemplo, el sexo oral no consentido pasará a ser abuso sexual especialmente agravado (antes era considerado atentado violento al pudor) y pasa a existir la figura de abuso sexual sin contacto corporal. Se incluyen los delitos de divulgación de imágenes privadas y grooming (el contacto online con menores con fines de cometer abuso).

También aborda temas como la necesidad de proporcionar vivienda para las víctimas, asuntos de patria potestad del agresor, compensación económica y, lo que más polémica ha generado: el cambio en los juzgados que atienden estos casos. Lo que propone la ley es que pase a haber una especie de “ventanilla única” para las mujeres que sufran violencia de género. Que no tengan que dirimir el asunto en juzgados penales, de Familia y de Violencia Doméstica, sino que pase a ser todo en un mismo lugar. Esto supone problemas logísticos e ir contra la corriente de juzgados especializados. Implementar este cambio necesitará de recursos y presupuestos que no se han otorgado aún. El presidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak, anunció que pediría una reunión con el Ministerio de Economía para pedir que se destine presupuesto a la ley para poder implementarla.

Pero si ese presupuesto que Chediak espera para la aplicación de la ley llega, nada de eso será destinado al sistema de tobilleras, que ya se financia con el presupuesto del Ministerio del Interior.

La Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe) tiene planeado solicitar nuevas tobilleras. Cuántas pedirán depende de cuánto dinero les adjudiquen, anuncia el subcomisario Alejandro Santellán. Además, en los primeros meses del año, cuenta, esperan lanzar una aplicación para quienes tengan medidas cautelares pero no estén en el programa de las tobilleras. La idea es que la víctima se descargue la aplicación y con ello todos sus datos pasarían a la base de datos de la Dimoe, además de proveerlos con su localización. No tendrían, a diferencia de aquellos con tobillera, la localización del agresor, pero sí le da a la mujer, lo que le proporciona una suerte de “botón de pánico”, cuya alerta cae en la Dimoe, permitiendo enviarle un móvil automáticamente a su ubicación.

La voz de los detractores de la ley de género

DIPUTADO DEL PARTIDO COLORADO
Ope Pasquet
Ope Pasquet
“Hay un criterio discriminatorio. Deja de regir en esta ley el viejo precepto que en caso de duda el reo es inocente (in dubio pro reo). Es un quebrantamiento de un principio básico del Código Penal. Me parece algo muy grave”, dijo el diputado en la votación.

DIPUTADA DEL PARTIDO nACIONAL
María Conde, diputada del Partido Nacional. Foto: Captura video
María Conde
“Hablamos de empoderamiento y transversalidad, que nadie sabe qué quiere decir. Acá se inventan muchas palabras lindas pero hay que formar, empezar a ofrecer soluciones a las mujeres”, dijo la diputada suplente y pidió no hablar de patriarcado.

  

DIPUTADA DEL PARTIDO NACIONAL
Graciela Bianchi. Foto: Marcelo Bonjour
Graciela Bianchi
“Dejen de hablar de patriarcado salvaje, por favor, cuando (las mujeres) hemos tenido a principios del siglo XX el divorcio por sola voluntad, cuando votamos primero en América Latina, cuando tuvimos las primeras legisladoras mujeres”, argumentó.

  

Vea el especial multimedia MUERTAS NO SUEÑAN sobre las 30 víctimas de violencia de género de 2017 aquí

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