REPRESALIAS

El sindicato de funcionarios civiles penitenciarios asegura que después de realizar una denuncia, sus afiliados son víctimas de acoso laboral. Cada vez son más los que llevan su situación ante la Inspección General del Trabajo y algunos piensan en recurrir al comisionado parlamentario.

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Cada semana el abogado Juan Raúl Williman se prepara para escuchar la misma historia. Como sabe que en su profesión las pruebas valen más que las palabras, extiende en su escritorio la agenda de al menos 10 consultas realizadas en los últimos meses con afiliados a la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), sus representados desde hace tres años. Una vez tras otra se lee “consulta por acoso laboral” y en algún caso, incluso, la cita es colectiva. “O viven un acoso o el trabajo en los centros penitenciarios es tan duro como para que crean que viven una situación de acoso. Lo que queda claro es que la relación laboral es conflictiva”, plantea.

El primer acercamiento suele darse por un pedido de asesoramiento para redactar una denuncia administrativa dirigida al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Juan Nolasco, el presidente de Ofucipe, explica que como empleados públicos están obligados a comunicar cada vez que ven una irregularidad al comenzar o dejar su turno. La temática es amplia y variada, va desde maltratos hacia una persona privada de libertad, malas condiciones edilicias, falta de agua potable, a asuntos más serios: “Cosas que aparecen dentro de las unidades que muchas veces no sabemos cómo llegan”.

Luego, empieza la segunda parte de este cuento repetitivo. Cuando la administración inicia una investigación y en la unidad se toma conocimiento de la denuncia, en muchos casos el funcionario vuelve a agendar un encuentro con Williman, esta vez para demandar que es víctima de acoso laboral. “Apenas se sabe quién hizo la denuncia, ese operador es hostigado. Si el acusado es un privado de libertad esto es previsible, pero cuando viene de tus compañeros, independientemente de los cargos que ocupen, me parece grave”, opina Nolasco.

Según se lee en las distintas carpetas que muestra Williman, el acoso suele tener la forma de traslados, cambios de horarios (con consecuencias en la vida familiar y en los estudios), cambios de área, negación de licencia, retiro de días francos, faltas disciplinarias, permuta sin consulta previa -que es cuando se intercambian funcionarios de una unidad por la de otra-, sanciones exageradas, descuento de haberes que ya fueron justificados. “La respuesta de la administración suele ser que la decisión se tomó por razones de servicio, pero cuando pedimos una explicación nunca la recibimos”, dice Jonatan Perdomo, secretario general de este sindicato.

Para poner un ejemplo, Nolasco cita que tras una recorrida realizada unos meses atrás en la cárcel de Durazno, el sindicato denunció que las luces de los pasillos de los celdarios no funcionaban, lo que obligaba a los funcionarios a abrir los candados alumbrándose con celulares. “Tras este hecho a la delegada sindical la pasaron al horario de la tarde. Le dijeron que necesitaban más personal en ese turno, pero simultáneamente ingresaron dos operadores nuevos y los colocaron en el horario de la mañana”.

Un hecho similar ocurrió a lo largo de 2017 y parte de 2018 en la cárcel de mujeres, antes de que cambiara la dirección en marzo del año pasado. “Denunciamos maltratos hacia privadas de libertad, hacia compañeros que sufrieron persecución sindical y acoso laboral; denunciamos que no había agua potable y que las privadas de libertad estaban todo el día en el patio sin actividad. Veíamos pasar motos que tiraban bolsas para adentro donde evidentemente estaba la droga que ingresaba. Denunciamos que cerca había un almacén donde podría estarse dando alguna situación extraña.

Presentamos capturas y audios como pruebas. Terminamos haciendo varios paros por un compañero agredido, porque no se respetaban las medidas de seguridad. El resultado fue que habían decidido trasladar a dos compañeros al Comcar y a otros dos a la cárcel de Canelones. En este caso lo pudimos revertir en diálogo con el Ministerio del Interior, pero una compañera que hizo varias denuncias fue sumariada”, cuenta Nolasco.

Como las actuaciones del INR son reservadas, el abogado Williman explica que sabe que las denuncias se investigan cuando citan a declarar a sus representados, pero no suele tener conocimiento de cómo finalizan las mismas. Mientras tanto, Ofucipe dice que el personal civil penitenciario necesita un respaldo mayor por parte del INR para evitar situaciones como la que está atravesando la operadora que dirige la cárcel de Salto. Tras otros inconvenientes que la obligaron a tener custodia policial, un vecino declaró que vio a dos hombres en moto disparar cinco veces contra su vivienda en febrero pasado. Esto sucedió luego de que fueran trasladados privados de libertad por delitos relacionados al narcotráfico.

Cuando las represalias son constantes, se da paso a una denuncia de acoso laboral en la Inspección General del Trabajo. El ministerio da vista al organismo para que conteste la denuncia; “si contesta que está investigando, no hace nada más porque entiende que el organismo denunciado dio una respuesta al investigar”, señala Williman. ¿Esta es una herramienta útil? “No mucho, pero el funcionario siente que sacó de su propio organismo el hecho. Por eso, los que se animan a denunciar están optando por ir al ministerio e incluso se está planteando si no convendría presentarse ante el comisionado parlamentario penitenciario, porque les parece que al hacer la denuncia por vía administrativa no obtienen respuesta”.

Consultado acerca de si en sus recorridas recibió este tipo de quejas, el comisionado Juan Miguel Petit dice que no recuerda ni siquiera una. “Sí me han hablado de las dificultades en la tareas, el agotamiento, la falta de recursos, la falta de apoyo en salud mental, la falta de formación continua, de reciclaje en sus tareas, pero de ser víctimas de represalias después de denunciar no tengo ni un caso”.

Desde el INR, su director, Alberto Gadea, se sorprende. “Me extraña que hablen de represalias. Debe haber pasado algún caso aislado porque nunca nos han informado nada formalmente. Cuando denuncian situaciones que pueden ser vinculadas con la gestión para nosotros son importantes porque eso nos permite corregir”. Tal y como lo ve este director, la buena disposición del INR está clara desde que se autoriza siempre a Ofucipe a ingresar a las unidades para realizar sus controles. “Cuando se deciden traslados no se mira si es integrante o no del sindicato, tiene que ver exclusivamente con el servicio y siempre se permuta a un funcionario por otro, salvo que sea un caso extremo de salud o un pedido justificado”.

Desde agosto pasado Ofucipe solicitó -a través de Williman- reiteradas veces el traslado de una funcionaria de la unidad 1 de Punta de Rieles debido a que, tras filtrarse un homicidio cometido por un familiar suyo que está detenido en otro centro, varios privados de libertad le advierten que vengarán la muerte de la víctima asesinándola a ella, o a su pariente preso, o a un sobrino. “Le han dado información concreta como la dirección donde podrían encontrar a cada uno”, señala Williman. Sobre este caso, Gadea responde: “El argumento de que la amenazan le puede pasar en cualquier unidad, porque la comunicación entre privados de libertad es impresionante, así que no podría trabajar en ninguna. Por otro lado, está siempre certificada y al estar sin trabajar no corre riesgo. En definitiva, el argumento que expuso nos pareció que no tenía peso para ser trasladada”.

Según Williman, estuvo certificada porque la situación la inhabilita emocionalmente. Nolasco, en tanto, cree que hay una lectura que el INR está obviando y que tiene que ver con cómo ingresan los elementos prohibidos a las cárceles. “La están amenazando para extorsionarla. En la prensa sale la noticia de que el funcionario entró esto o aquello, pero no se investiga qué pasó antes, cuál era la situación como para que esto se pueda dar. Este es un ejemplo de eso”.

El ingreso de los funcionarios civiles comenzó tras la reforma penitenciaria de 2010, motivada por la decisión del Estado de responder a la reeducación de los privados de libertad con un enfoque de derechos humanos más que de castigo y disciplina. Así, los civiles se convirtieron en los funcionarios que están en contacto permanente con esta población. En julio pasado, acerca de este rol, el ministro Eduardo Bonomi dijo: “El operador penitenciario es el eje de la rehabilitación, pues al no ser un policía los internos no lo visualizan como un enemigo”. Petit sabe que este es un trabajo que camina “en un equilibrio medio frágil” y que no tiene el reconocimiento ni social ni salarial que merece -el salario más bajo, para los grado uno, que son la mayoría, ronda los $ 27.000 líquidos. “El servicio penitenciario tiene dos partes; una tiene que ver con la seguridad y la otra con un conjunto de cosas que apuntan a humanizar a la persona, para asegurar su reeducación. Hay funcionarios que cumplen una función de seguridad, pero en la convivencia los operadores hacen las dos cosas porque no hay una tarea específica de seguridad ni de educador, eso lo hace tan complejo”.

Para Perdomo, el secretario de Ofucipe, su trabajo es complicado no por el lugar sino por cómo se ejerce la tarea. “Sin personal es imposible que hagamos una buena tarea. Hay que hacerles un acompañamiento y un seguimiento; ayudarlos a que vuelvan a retomar hábitos, de levantarse temprano, de estudiar, de trabajar, de tener tiempo libre para la familia, pero la realidad es que hoy cada uno de nosotros tiene un promedio de 50 privados de libertad para hacerse cargo. Hoy nuestro trabajo es un trabajo insalubre. Es imposible no estar estresado, por eso hemos reclamado que nuestra jornada debería ser de seis horas”.

En el sistema penitenciario hay 1.500 funcionarios civiles -más de la mitad mujeres-, pero desde el sindicato calculan que deberían ser tres veces más. Gadea asegura que están a punto de entrar nuevos recursos, pero Ofucipe opina que los ingresos se dan a cuentagotas, y que mientras tanto ellos siguen reclamando una mejor capacitación y que se les otorguen herramientas fundamentales de trabajo, como handy para comunicarse y chalecos anti corte. Nolasco cuenta que una operadora estaba siendo agredida por un privado de libertad y no tenía cómo comunicarse con el exterior del celdario, hasta que un preso tomó su celular y llamó al número fijo de la unidad para pedir ayuda. El INR no lo ve así. “Nosotros respondemos a sus solicitudes, el tema es que son equipamientos costosos y hemos constatado que en muchas unidades no los usan ni se los cuida”.

En los últimos meses hay otro conflicto que los enfrenta. El ministerio cambió la forma de contratación y los que ingresan tienen seis meses de formación durante los cuales realizan tareas prácticas en las unidades que, debido a la escasez de personal, el sindicato considera que son las mismas que hace el resto. Sin embargo, cobran durante esta capacitación un subsidio cuyo valor es el de un salario mínimo. Como el ministerio no considera que sea de naturaleza salarial, están en situación de precariedad. “No tienen aportes, ni seguridad social, ni seguro por accidente de trabajo”, enumera Williman.

Este tipo de situaciones son las que provocan que los funcionarios cuenten los días para que se apruebe el proyecto de ley que prevé que a partir de 2021 el INR sea un ente descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Lo ven como la solución para dejar de golpear tantas puertas ante cada solicitud o denuncia, ya que el INR contaría con un presupuesto propio para actuar. Así opina Nolasco: “Hoy la situación es que la dirección de la unidad dice que el INR no envía los recursos, y el INR dice que no los envía el ministerio. Nosotros estamos convencidos de que este cambio pondrá fin a este pasamanos constante”.