La Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) aprobó en los últimos meses dos resoluciones que apuntan directamente al corazón del negocio del fútbol actual: los contratistas. Es posible que las normas sean ignoradas, trampeadas o que incluso sean modificadas por la presión de algunos. Pero también hay chances de que sean acatadas y entonces impacten de lleno en la forma en que se juega afuera de las canchas.

La primera norma, que empezó a regir el 1° de abril, termina con la figura de los "agentes FIFA" y los cambia por "intermediarios". Antes la FIFA tenía una lista de agentes habilitados a representar clubes o jugadores y a organizar partidos. Su participación estaba meticulosamente reglamentada: debían dar un examen difícil, actualizarse, tener un seguro de responsabilidad contractual y no podían tener antecedentes penales. Ahora los intermediarios serán meros comisionistas de las transferencias o los contratos, y allí deberán transparentar cuánto dinero se llevan. La FIFA recomienda que no sea más de 3% del pase, pero deja la decisión librada a que cada asociación lo reglamente.

Esto se venía conversando al menos desde 2009. En la Asociación Uruguaya del Fútbol (AUF) creen que la FIFA, como rector de todo el sistema, se hartó de la cantidad de problemas judiciales que le causaban los agentes y decidió liberarse de ese yugo.

Por otra vía y en forma casi sorpresiva, la FIFA emitió a fines de diciembre la circular 1.464, que va más allá de la norma anterior y que, directamente, elimina la posibilidad de que personas ajenas a los clubes sean dueños de jugadores. Se pretende que el dinero de las transferencias quede en los clubes, para lo cual se prohibe la habitual cesión de los derechos económicos de los futbolistas a inversores que tienen dinero fácil y fresco al que los clubes suelen recurrir para financiarse. Es una apuesta a largo plazo para que solidifiquen sus economías. Esto empieza a regir el 1° de mayo.

Si la primera fue un golpe duro, la segunda es un pelotazo directo al estómago de los contratistas. Aún están sin aire.

En 2011 había 46 agentes FIFA registrados por la AUF. Pero se sabe que hay unas cuantas decenas de empresarios que también intervienen sin licencia. Por estos días el mercado del asesoramiento jurídico deportivo está de parabienes porque, según supo El País, la mayoría de ellos están contratando abogados para ver cómo se "resuelve" el tema.

Está claro: resolverlo significa encontrarle una vuelta jurídica para seguir funcionando, un vericueto por el cual escabullirse de las garras de la FIFA.

Los clubes también están estudiando a fondo el tema. La cesión de derechos económicos de jugadores ya está prohibida por una ley nacional desde el año 80, pero esta se viola flagrantemente una y otra vez porque la AUF no la fiscaliza y porque su incumplimiento no tiene consecuencias para ellos. Los clubes y los inversores firman contratos que, para la mayoría de los jueces, no tienen valor alguno. Cada vez que un empresario quiso reclamar en la Justicia porque un club no había cumplido con un pago acordado, se consideró que el acuerdo era nulo. Hay al menos 10 sentencias de este tipo en las que los clubes salieron ganando y los contratistas no recuperaron siquiera lo invertido.

Ahora, la norma que elimina los TPO (third party ownership, en inglés) sí prevé sanciones de la FIFA. Las medidas disciplinarias van desde la amonestación hasta la prohibición de la actividad para el caso de los jugadores que infrinjan, y desde la prohibición de transferir futbolistas hasta el descenso a una categoría inferior para los clubes.

Horacio González Mullin, especialista en Derecho del deporte y abogado de varios empresarios y clubes de fútbol, es uno de los que está estudiando el tema. Dio una conferencia en el Club de Golf hace algunas semanas y el martes viajó a Buenos Aires para explicar qué impacto puede tener todo esto. En Argentina no hay una ley como acá, por lo que la prohibición de los TPO es más sorprendente e incluso impacta más, porque la asociación de fútbol de ese país adopta las normas de la FIFA como reglas nacionales.

González Mullin cree que el principal cambio es que "se nivela la balanza": ahora el riesgo de celebrar contratos es tanto para empresarios como para clubes. La pregunta es: ¿van a correrlo?

También Horacio Pintos, jefe de administración de la AUF, se lo cuestiona: "Antes podía haber un papelito firmado por un club y un empresario, pero ahora si ese papel se hace público, la FIFA sanciona. ¿Qué persona va a ir a poner dinero en un club cuando no le van a dar nada que lo respalde?".

La FIFA advierte que los contratos de este tipo deben figurar en el programa informático que regula las transferencias de futbolistas (denominado TMS, Transfer Matching System) antes de que termine abril. Pintos, que también es el encargado de autorizar cada uno de los pases desde y hacia Uruguay, no ha visto que ninguno de los clubes haya reconocido alguno de estos contratos hasta ahora.

El mar está demasiado quieto teniendo en cuenta la tormenta que se anuncia. Muchos de los consultados para este informe se cuidaron al extremo en sus dichos y otros reconocieron que no quieren revelar nada que los deje indefensos.

¿Es el fin de los contratistas? A la mayoría le cuesta creerlo. Pintos dijo a El País que la AUF controlará el cumplimiento de estas normas porque tiene el mandato expreso de la FIFA. Dijo que en la asociación están expectantes del efecto que generarán, pero advirtió que habrá que esperar unos meses para saberlo. Es consciente de que tanto clubes como inversores están buscando una alternativa para subsistir.

Hay algo en lo que todos están de acuerdo: estas normas se dictan por presión del fútbol europeo y desde esa perspectiva, sin contemplar a los menos poderosos y exportadores de jugadores, como Uruguay.

Pero la prohibición de los TPO también afecta a países como España y Portugal, que tras sus crisis económicas también debieron recurrir a la venta de los derechos económicos de los jóvenes prometedores. Estos países denunciaron la circular 1.464 ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea y pidieron su impugnación en la FIFA porque sostienen que se daña la competencia igualitaria, que se perjudica a los clubes de menos recursos y que se limita la formación de nuevos jugadores. Todavía no tuvieron respuestas, pero es posible que logren ejercer presión.

En Europa, más que contratistas, lo frecuente es que haya fondos de inversión, verdaderos gigantes que en muchos casos compran acciones de los clubes devenidos en sociedades anónimas deportivas (SAD). Esa es, justamente, una de las salidas que se vislumbra en Uruguay: que los inversores "compren" clubes al modo europeo y entonces así mantengan su injerencia. Pero no es tan sencillo en un mercado chico, con clubes de pocos socios. Hay un solo caso de SAD en Uruguay, que es Deportivo Maldonado.

Algunos piensan que el negocio se va a mantener solo en los casos en los que los inversores tengan la confianza con las autoridades de los clubes que les permitan prescindir de los "papelitos" que mencionaba Pintos.

Hay quienes temen que los clubes se vuelvan testaferros de los empresarios, que todo se limite a la palabra en una actividad donde a veces la palabra no vale lo suficiente. Es probable que los clubes menores opten por este camino porque les falta dinero hasta para pagar la luz. Temen que en vez de mejorar, la prohibición dispare comportamientos mafiosos.

Hernán Navascués, dirigente de Nacional y abogado estudioso del tema, reconoce que hoy los clubes "especulan con contratos desproporcionados". "Quizás tengamos que adecuar los contratos, adaptarnos, ser más cautelosos. La norma podría ser beneficiosa si a largo plazo los clubes ajustaran sus presupuestos a unos más realistas. Eso implicaría que el contratista se conformara con la comisión por la transferencia", imaginó Navascués.

"Si eso no pasa, y se sigue invirtiendo directamente (lo cual es un problema, porque el contratista incide más en el jugador que el propio club que lo emplea), va a tener que hacer acuerdos con los clubes y buscar nuevas figuras de transferencia", agregó el especialista.

Algo así plantea el empresario Edgar Parnas. Parnas, que era agente FIFA, dijo que su negocio no reside en la compra de los derechos económicos sino en la representación de jugadores para lograr comisiones de sus contratos. De todas formas, siente la normativa como una afrenta. Sostiene, como otros, que el negocio va a subsistir. "La figura va a seguir existiendo, no tengo dudas. Se le va a buscar la vuelta", dijo a El País.

Y agregó: "Nos iremos adaptando. El fútbol va a seguir existiendo, los clubes van a seguir existiendo, los jugadores también. Y nosotros como representantes también nos adaptaremos. Este es un primer sacudón. Nuestra idea es no hacer nada por fuera de la ley. Nos juntaremos todos y veremos. No haremos cosas contra el fútbol".

En Uruguay no está disponible el dato de cuánto dinero entró al país por transferencias de futbolistas ni cuánto ganaron los intermediarios. Pintos, de la AUF, alegó que la información es reservada por disposición de la FIFA.

Tampoco es información accesible en la Dirección General Impositiva. Los clubes y los intermediarios pagan impuestos por las transferencias, pero son distintos tributos en función de la residencia del que paga y no es sencillo calcularlo globalmente. Lo que sí está publicado es lo que se recaudó entre 2001 y 2007 por un impuesto a la transferencia que se derogó con la reforma tributaria y que luego fue absorbido por el impuesto a la renta: fueron en total unos US$ 13 millones.

Según un reporte oficial de la FIFA, en 2013 hubo 11.938 fichajes internacionales, solo 4% más que el año anterior. En cambio, el dinero que ganaron los intermediarios por sus comisiones aumentó 31%. Se pagaron US$ 215 millones y el gasto se concentró en Europa. "Solo Inglaterra fue responsable del 32,5% de las comisiones pagadas a los agentes de jugadores en los últimos tres años", plantea el informe.

Es probable que las comisiones que se pagan en Uruguay sean insignificantes en el total del negocio que la FIFA quiere frenar. Pero, al mismo tiempo, Uruguay está entre los primeros tres países del mundo en cuanto a cantidad de transferencias, después de Brasil y Argentina.

Por eso González Mullin es crítico con la normativa de la FIFA: "Los TPO son como el agua para nosotros. Si no los tenemos, el fútbol nuestro se muere. Se muere el fútbol argentino y también el de Brasil. Es así, no te quepa la menor duda". Puede que el espíritu de estas reglas sea ayudar a los clubes a recomponerse a largo plazo. El problema, dice el abogado, es que a la mayoría no les es posible soñar con ese largo plazo.

"Olvídate de Peñarol y Nacional, y quizás de Defensor y Danubio. ¿Cuánta gente hay en las canchas viendo a los cuadros menores? ¿Cuántos socios tienen? ¿Cuánto dinero pueden recibir de socios y de entradas?", se pregunta. La respuesta es obvia. "Entonces tienen que salir a buscar publicidad, pero teniendo tan poca gente que vaya al estadio, ¿qué tanto pueden recibir? Les queda la televisión, pero sabemos que los ingresos a los clubes por televisión no son importantes. Por eso deben apostar a las transferencias: conseguir jugadores que se puedan transferir al exterior. Pero no es fácil lograr una transferencia, entonces, ¿qué hacen? Salen a buscar inversores. Alguien les dice mirá, este jugador es prometedor, me parece que el día de mañana lo transfiero, entonces adelantame el dinero. Es necesario. Y no está mal. ¿Cuál es el problema?".

El problema, contesta él mismo, no está en la actividad en sí sino en el abuso que se ha dado cientos de veces. Así como salvan a los clubes, otras veces los condicionan al extremo. Algunos creen que la solución no es prohibirlos sino regularlos. La FIFA ha optado por otro camino.

En marzo de 2014 la FIFA sancionó a tres clubes argentinos y uno uruguayo por recurrir a "pases puente". Se detectó que Sudamérica había fichado a seis jugadores por períodos extremadamente breves y que estos no habían llegado a pisar la cancha con los colores del cuadro antes de ser transferidos a clubes argentinos. Esta maniobra que la FIFA consideró "ilícita" y "de mala fe" estuvo presumiblemente motivada por el pago de impuestos más bajos. En la AUF dijeron que solo pueden corroborar que los jugadores cumplan con los requisitos a la hora de la inscripción, pero no pueden adelantarse a los hechos. Dijeron que se trata de una "ficción" que no necesariamente responde a una evasión, sino a "motivos naturales".

La transferencia de un futbolista debe hacerse en cumplimiento de tres normas distintas: el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de FIFA, el estatuto de jugadores acordado entre la AUF y la mutual de futbolistas, y el reglamento general de AUF. La asociación uruguaya está ahora revisando las normas locales para adaptarlas a las disposiciones internacionales.

La transferencia internacional de menores está prohibida. Solo se admite en algunas circunstancias excepcionales y se hace con la entrega estricta de una serie de documentos. En el caso de los futbolistas mayores de edad, se debe especificar si el pase es definitivo o en préstamo. El jugador que se inscribe en un club uruguayo debe presentarse en la AUF y tiene solo dos períodos para hacerlo: antes del comienzo de la temporada o entre el Apertura y el Clausura. En el caso de que tenga un contrato vigente con otro club, debe presentar una carta de autorización del mismo, un contrato entre los dos clubes que hacen la transferencia y el contrato personal.

Las transferencias de jugadores varones profesionales se deben registrar en un programa de la FIFA que se llama TMS. Funciona desde 2009 y garantiza la transparencia de la operación. Cuando el jugador tiene contrato vigente, el club que contrata debe cargar los datos del jugador y los documentos exigidos. A su vez, el club que libera al jugador debe cargar sus datos. Allí debe registrarse el monto de la transferencia. El TMS correlaciona ambos registros y verifica que los datos coincidan. Esto impide que un club compre por una suma y el que venda lo haga por una cifra menor, algo que se daba y que llevaba a que terceros se quedaran con dinero no declarado. Una vez cotejada la autorización, el TMS habilita que la asociación que contrata solicite el certificado de transferencia internacional. La que libera debe entregarlo y luego la que recibe al jugador debe confirmar la recepción. Los clubes que compran deben cargar en el programa las facturas.

Si el jugador no tiene contrato vigente que es lo que sucede en el 95% de los casos en Uruguay solo se cargan los datos del jugador y algo que demuestre que jugó antes como profesional. El club paga solamente el contrato personal porque no hay transferencia. Si nunca fue profesional (es "aficionado"), solo se carga la cédula y el contrato actual. Si el destino del jugador transferido no es el fútbol profesional, no se hace por TMS sino por fax.

En Uruguay y otros países sudamericanos se hacen a través de un programa llamado Comet, que se usa hace aproximadamente un año. Para una transferencia del mercado local también se pide cédula, contrato y carta de autorización. Los clubes uruguayos no tienen contrato con todos los jugadores sino con los que consideran mejores o más valiosos. Tener contrato requiere pagarle el sueldo mínimo (unos $ 28.000). Los clubes tienen la posibilidad de aplicar el "derecho de retención" si un futbolista sin contrato juega más de seis partidos en un año. Eso le permite retenerlo por un año más. Si eso no sucede, el jugador sin contrato puede ser transferido con tal solo el consentimiento del club de origen. En el caso del fútbol del interior (OFI), los jugadores también se inscriben en la AUF y se requiere consentimiento para el pase. El Comet reúne todas las transferencias e impide que un jugador integre dos clubes a la vez.

La prohibición de los agentes FIFA está recogida en la circular 1.417 y sustituye la figura por “intermediarios”. “En todo contrato de representación celebrado con un intermediario, clubes y jugadores deberán especificar por lo menos cierta información básica, como el ámbito de aplicación de los servicios ofrecidos y la naturaleza del vínculo legal que tendrán con sus intermediarios (p. ej. búsqueda de empleo o asesoría). Del mismo modo, deberán constar por escrito los principales puntos de la relación que emane de este contrato, con un mínimo obligatorio de datos (p. ej. nombres, duración del contrato, remuneración, condiciones de pago, etc.).

La prohibición de los derechos económicos de los jugadores separados de sus derechos federativos se hace a través de la circular 1.464. Dice: “Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero el derecho de participar, parcial o totalmente, del valor de un futuro traspaso de un jugador de un club a otro, o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes”. Aclara que con terceros se refiere a “parte ajena a los dos clubes entre los cuales se traspasa a un jugador, o a cualquiera de los clubes anteriores en los que el jugador estuvo inscrito previamente”. La Comisión Disciplinaria de FIFA podrá imponer sanciones al incumplimiento.

nuevas reglas fifa Paula Barquet