HISTORIAS DE RESUCITADOS

La ley que regula el uso de desfibriladores cumplió 10 años. El 50% de las personas tratadas con estos, salvaron su vida. Pero las baterías se están agotando y los parches venciendo. Según la norma, el mantenimiento es responsabilidad de sus dueños. 

Son las tres de la tarde de un 25 de diciembre que amenaza con convertirse en la peor de las navidades. Los Antía ya van por el postre. Cecilia se para, intenta apoyar las manos sobre la mesa, pero no llega. Cae muerta.

Tiene 63 años. Es la primera vez que sufre una muerte súbita, un repentino ataque cardíaco. Es la primera vez que se muere. Nadie hubiera podido imaginar que esto sucedería. Al lado de ella está Agustín, de 68 años, médico traumatólogo jubilado. Casi no recuerda la última vez que estuvo en una situación similar: "Hace mucho tiempo, cuando era practicante en el Hospital Maciel, una vez…", dice. Cecilia es su hermana.

Empieza a hacerle masajes cardíacos con la ayuda de su yerno, que es dentista, mientras su esposa telefonea primero a la emergencia móvil y luego a todos los lugares donde, supone, puede haber un desfibrilador. Llama al club de tenis: está cerrado. Llama al restaurante Burdeos, que está a un kilómetro y medio, sobre el arroyo: ahí sí tiene suerte. Encuentra a Román, que sale para lo de los Antía a toda velocidad.

Román llega a los cinco minutos. La ambulancia demora 20. Agustín le hace cuatro disparos con el desfibrilador a su hermana. Cecilia resucita. Si fuera por la emergencia, quizás esta historia tendría un desenlace más triste.

"Hacer la reanimación antes de los 10 minutos es vital, no solo para sobrevivir sino para que la persona pueda quedar sin secuelas", explica el doctor Mario Zelarayán, de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular (CHSC).

Cecilia estuvo 10 días internada en el Hospital de Clínicas. Ahora está en San Pablo. Y está bien. No tiene secuelas.

La salvó el desfibrilador.

No todos son finales felices. El domingo pasado un hombre de 50 años cayó como cayó Cecilia en la arena de la playa de Cuchilla Alta, en Canelones. Los guardavidas corrieron el medio kilómetro que los separaba de la seccional 29, donde estaba el desfibrilador más cercano. Desde la comisaría les dijeron que este "no estaba en condiciones de ser utilizado", según informó Canal 4. El hombre murió, acompañado por su hijo, con quien hacía minutos estaba jugando un partido de voleibol.

"El desfibrilador no estaba operativo", repiten a El País desde el Ministerio del Interior. El problema era que tenía los parches vencidos, y desde la comisaría dijeron que "ya los habían pedido al Ministerio de Salud Pública". Consultada por esto, la cartera de Salud señala que no recibió ningún reclamo de parches.

Por día, en Uruguay, se calcula que hay entre 10 y 15 casos de muertes súbitas. Desde que en 2008 se promulgó la ley 18.360 que regula el uso de desfibriladores, se hicieron 120 intentos de rescates. Fueron efectivos el 50% de las veces.

Tienen dos baterías: una principal, que vence cada siete años, y otra que se encarga de monitorear el buen funcionamiento de la principal, y vence cada dos. Los parches, en tanto, tienen un gel que se seca y por eso hay que cambiarlos cada dos años.

"Lo ideal es cambiarlos cada un par de años, es la fecha de vencimiento, pero a veces sin esto también funcionan. Lo importante es la batería", dice Pablo López, del Centro de Prevención e Instrucción en Emergencias (Ceprie), que hace capacitaciones en masajes cardíacos y uso de desfibriladores.

El desfibrilador que estaba en la comisaría de Cuchilla Alta tenía los parches vencidos desde septiembre del año 2016. La falta de gel lleva a que el choque eléctrico sea menos fuerte. Es difícil adivinar si el desfibrilador hubiera funcionado o no en caso de utilizarse. Pero se podría haber probado.

Según las cifras de la CHSC, en nuestro país hay 3.000 desfibriladores. La mayoría (aunque no saben cuántos) están en Montevideo, y el barrio que más tiene es la Ciudad Vieja. Unos 1.500 están registrados en la aplicación para celulares Cerca, que permite saber, en caso de emergencia, cuál es el aparato más cercano. "Habría un desfibrilador cada 8.000 habitantes. Internacionalmente no hay referencias, pero creemos que es una buena cantidad", dice Zelarayán.

El aparato tiene un precio de US$ 1.800, y viene con todo nuevo. Luego de que se vencen, la batería grande cuesta US$ 440, la chica US$ 67 y los parches US$ 15.

La CHSC, además, tiene capacitadas a 60.000 personas en masaje cardíaco y uso de desfibriladores. No son los únicos que se encargan de esto, también lo hacen privados como Ceprie. López dice que ya llevan hechas 30.000 capacitaciones.

"En Montevideo, en zonas como la Ciudad Vieja, ya no son necesarios más desfibriladores, lo que se precisa es capacitar a la gente para que sepan hacer maniobras de resucitación. Después viene el tema del interior: en Maldonado se han hecho muchas capacitaciones, en Canelones no tanto y es algo que tendríamos que hablar con la Intendencia", advierte López.

El desfibrilador lo puede usar cualquiera. El tema es que la efectividad es mayor en caso de que al paciente se le realicen, también, masajes cardíacos.

La ley establece que queda obligado de disponer de desfibriladores todo lugar que tenga una "circulación o concentración media" que "alcance o supere las 1.000 personas (mayores de 30 años) y que estén ubicadas en regiones asistidas en tiempo y forma por sistemas de emergencia médica". Para regiones "NO (sic) asistidas en tiempo y forma por sistemas de emergencia médica" la concentración de personas baja a 200. Pero, aunque la ley no las obligue, muchas empresas colocaron desfibriladores igual.

La norma también establece que los "responsables de garantizar su mantenimiento y conservación" son los "organismos, empresas, instituciones públicas y/o privadas" que los tengan. Es decir: el Estado no controla que sus parches y baterías se venzan.

Juan Lopardo, de la empresa Abacom, que importa los desfibriladores Defibtech, los primeros en llegar a Uruguay y los más conocidos —son los amarillos y negros—, explica que está pasando que los locales que pusieron desfibriladores al momento de aprobada la ley, si no les hicieron un mantenimiento, ya tienen las baterías y los parches vencidos.

"Si la gente no se ocupa, no les cambian lo que les tienen que cambiar, no van a funcionar", señala Lopardo.

"No hay obligación, pero la gente tiene que actuar como lo hace un buen padre de familia. Ya que hizo el gasto, debe ocuparse de revisarlo", dice en el mismo sentido Zelarayán.

"El desfibrilador se coloca a la vista, en una caja con frente de vidrio, y con un martillo para romperla en caso de que se necesite. Para ver si se vencieron las baterías basta con mirar si la luz verde que se prende y se apaga todo el tiempo, está del todo apagada" (ver infografía), dice Lopardo.

De los 3.000 desfibriladores vendidos en Uruguay, 1.300 son de la marca Defibtech —que no es la marca del caso de Cuchilla Alta. Fue con el primero que se hizo un salvataje, en el Club de Tenis, cuando un hombre cayó en el medio de un partido. Fue en 2005 y todavía no existía la ley. Lo salvó Andrea Fernández, la secretaria del club.

"Hacía muy poquito que teníamos el desfibrilador y me tocó usarlo a mí. Con una vez apretado el botón ya fue suficiente, porque el hombre volvió. Todavía no eran muy populares los desfibriladores, por eso después los de la emergencia móvil y algunos socios me cuestionaron por haberlo usado. El hombre no, ya que está bien y sigue viniendo al club", cuenta Andrea.

El último salvataje, en tanto, fue hace un par de semanas en el shopping de Tres Cruces. Un hombre cayó muerto mientras estaba pagando un pasaje; miembros de la seguridad le dieron choques con el desfibrilador. Está vivo.