CONDENADOS AL OLVIDO

La aldea donde nadie se hace cargo

A más de tres años de la rescisión del contrato, la Aldea de la Bondad sigue abierta y 44 personas con discapacidad viven entre grietas y humedad. La madre de uno de los internos que murieron en los traslados de 2016 aguarda el resultado de la autopsia para conocer qué pasó con su hijo.

Aldea de Bondad de Salto continúa abierta a más de tres años de la rescisión de contrato. Foto: Fernando Ponzetto.
Aldea de Bondad de Salto continúa abierta a más de tres años de la rescisión de contrato. Foto: Fernando Ponzetto.

Los ojos claros de Lidia Torres están anegados por la angustia. La última vez que vio a su hijo Ricardo —o Ricardito, como le decían todos— se prometió a sí misma que lo llevaría de nuevo a su casa. Ricardito nació con una discapacidad severa y su madre no tenía un lugar donde darle el cuidado que necesitaba, por lo que lo dejó con pocos meses en la Aldea de la Bondad de Salto. Trataba de recorrer a menudo los 15 kilómetros que los separaban, pero no siempre conseguía los $ 20 para los dos boletos de ómnibus. A veces iba todos los meses, otras lo veía una vez por año. Su hijo cumplió 30 y Lidia construyó una piecita para recibirlo, pero nunca llegó a vivir con él. Ricardito murió en diciembre de 2016, a 500 kilómetros de su madre, sin que ella supiera que había sido trasladado a Montevideo. Ahora Lidia quiere que se haga justicia.

Su hijo no fue el único que murió en la capital. La historia se remonta a marzo de 2015, cuando los funcionarios de Aldea de la Bondad les plantearon a las autoridades de INAU que debían rescindir el contrato que mantenían desde 1986. El dinero que pagaba el Estado por las 140 personas con múltiples discapacidades que vivían en el hogar no alcanzaba, por lo que había dos opciones: o aumentaban las partidas mensuales o cerraban. El gobierno optó por lo segundo, hizo nuevos convenios con otras instituciones y en diciembre de 2016 se llevó en un avión de la Fuerza Aérea a 13 internos con parálisis cerebral. El hijo de Lidia fue uno de ellos y a los pocos días murió junto con tres personas más.

Las cuatro muertes desataron un escándalo nacional en ese momento. El gobierno y Aldea de la Bondad se echaban las culpas entre sí de lo que había pasado, pero nadie se hacía responsable. Las autoridades aseguraban que se habían respetado todos los protocolos estipulados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), mientras que los cuidadores salteños insistían en que no deberían haber sacado a los internos del lugar en el que habían vivido siempre. El caso se esfumó al poco tiempo y nadie logró explicar por qué el viaje les costó la vida a cuatro personas que días antes estaban estables.

Ricardito fue trasladado en avión porque era de los más delicados, aunque Lidia no sabe bien su diagnóstico. Ella dice que de recién nacido tenía vértigo y mareos, pero en ningún momento habla de parálisis cerebral. También cuenta que sufría problemas de respiración y a veces convulsionaba, por lo que necesitaba mucha atención de manera constante. Recuerda que cuando iba a visitarlo pasaba todo el día a su lado y se reían juntos. Hasta que con su marido consiguieron un terreno municipal en el barrio Quiroga, de Salto, y empezaron a comprar bloques para que Ricardito viviera con ellos. "Él no estaba para morirse, lo llevaron para que se muriera", acusa ella.

Una funcionaria de INAU fue a su casa unos días antes del traslado a avisarle que Aldea de la Bondad cerraría por falta de recursos. Lidia enseguida se negó a que se llevaran a su hijo, le mostró la pieza que estaban construyendo y le dijo que prefería que lo dejaran en el hogar unas semanas más para tener tiempo de terminarla. Lo que más le preocupaba era que a duras penas conseguía el dinero para viajar 15 kilómetros a verlo, por lo que le resultaría imposible ir a Montevideo a visitarlo. "Una sola vez salimos de Salto, hace un tiempo, y fuimos Artigas. Tampoco conocemos Salto entero porque es muy grande", dice Victoria, otra de sus hijas.

La curatela de Ricardito la tenía el INAU, el joven fue trasladado sin permiso de su madre. Lidia pensó que había quedado claro que no quería que se lo llevaran, pero a las pocas semanas sonó el teléfono de noche. Una voz desconocida le avisaba que su hijo estaba grave en el hospital Pasteur y le recomendaba que viajara a Montevideo a verlo. Lidia se puso a llorar y le explicó que no tenía dinero, pero también le advirtió: Ricardito debía volver a Salto tal como se lo habían llevado.

A los pocos días volvió a sonar el teléfono de noche. La mujer se levantó de la cama nerviosa y atendió. Otra voz desconocida le avisaba esta vez que su hijo había muerto. Lidia, de carácter tranquilo y voz baja, empezó a gritar y a insultarla: "Mataron a mi hijo, mataron a mi hijo", repetía. Del otro lado del teléfono le decían que debía viajar a Montevideo a buscar el cuerpo si quería regresarlo a Salto, por lo que el gasto correría por cuenta de ella. La madre se largó a llorar, volvió a explicar que no podía pagarlo y consiguió que lo trasladaran sin costo. Al otro día llegó el cajón cerrado pero con una condición: no tenían permiso para abrirlo.

La mayoría de las viviendas de la Aldea de Bondad están abandonadas. Foto: Fernando Ponzetto.
La mayoría de las viviendas de la Aldea de Bondad están abandonadas. Foto: F. Ponzetto.

Los seis hermanos de Ricardito no lo conocían y querían verlo. Su madre dice que nunca tuvieron plata para pagar los pasajes de todos, por lo que siempre iba ella sola a Aldea de la Bondad. Los funcionarios de la sala velatoria salteña no cedían ante el pedido de la familia, hasta que el marido de Lidia abrió "a los golpes" el cajón. Entonces notaron que el joven tenía un hematoma en el ojo y unas marcas en el cuello. "Andá a saber qué le hicieron, en Montevideo no lo conocían, no sabían tratar con él", dice la madre.

Al velorio fue la diputada colorada Cecilia Eguiluz, que conocía a la familia. La legisladora les recomendó que pidieran una autopsia para averiguar qué había pasado. Lidia le contestó que no tenía plata para pagar un juicio y que además no entendía qué debía hacer. Eguiluz le pasó el teléfono de un abogado y le dijo que no se preocupara por los gastos, que lo más importante era conocer la verdad. Ese mismo día llevaron el cuerpo de Ricardito a la morgue de Salto y un médico forense lo examinó. Hace un año y medio que la madre espera por el resultado.

El expediente fue caratulado como "muerte dudosa" y es de carácter reservado. El abogado de la familia, Gustavo Grassi, dice que ni él pudo acceder a las conclusiones de la autopsia. El fiscal pidió una ampliación meses atrás y un patólogo en Montevideo tiene ahora el caso. Grassi cree que tiene que haber surgido "algo medio extraño" durante el análisis del cuerpo, ya que si no el expediente se habría archivado. "Hace ocho o nueve meses que está en vista fiscal. Es insostenible el tiempo que lleva", agrega.

Lidia fue la única que pidió una autopsia, las otras tres personas que murieron durante el traslado fueron enterradas sin investigación. Dice que las autoridades de INAU en Salto le pidieron perdón por haber llevado a su hijo a la capital, pero esa respuesta no la deja conforme. Si la Justicia penal falla en contra del Estado, su marido quiere presentar una demanda civil a la que ya le puso monto: US$ 100 mil. A ella no le importa tanto la plata, lo que en verdad quiere es saber qué pasó.

Grietas con olor a limpio.

Los médicos que trabajan en Aldea de la Bondad advirtieron que Ricardito y el resto no podían ser llevados a Montevideo. El traslado demoró casi 11 horas desde que los sacaron del hogar en el que habían pasado toda su vida, por lo que una de las hipótesis es que no sobrevivieron el estrés del viaje. La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, fue interpelada en el Parlamento por este tema y sostuvo que "un foco infeccioso" podría haber causado las muertes.

Otras autoridades involucradas también fueron convocadas por los legisladores. La entonces presidenta de ASSE, Susana Muñiz, reafirmó que el avión había sido "un verdadero CTI móvil", pero no pudo descartar que el viaje hubiera detonado las muertes: "La medicina no es una ciencia exacta", dijo. El entonces director de Salud Pública, Jorge Quian, aseguró que ese desenlace no se podía prever y señaló "el desarraigo" de los internos como una posible causa. La diputada del Partido Nacional Gloria Rodríguez pidió la renuncia de Arismendi, pero el caso no le costó el puesto a nadie.

Los abogados de Aldea de la Bondad presentaron un recurso de amparo para que la Justicia velara por la seguridad del resto de los trasladados. El presidente de la fundación que administra el hogar, Raúl Cardozo, cree que en Montevideo se hablaron "muchas barbaridades" sobre la institución, por lo que no confía en los médicos de ASSE a los que se les encargó evaluar a las demás personas. "Queremos que un tercero imparcial tome una decisión; nosotros estamos convencidos de que los gurises no pueden ser trasladados", dice. Según él, los internos tienen "mañas" que hay que respetar: comen solo con determinados cuidadores, no todos se dejan vestir por cualquiera y tienen rutinas armadas que solo ellos conocen.

En Salto hay gente que cree que en Aldea de la Bondad ya no vive nadie. En el resto del país también. Sin embargo, todavía hay 44 personas a la espera de que una resolución judicial decida qué pasará con ellas. Por intermediación de la Justicia, una médica salteña realiza pericias en el hogar desde noviembre de 2017. Los internos que quedan son adultos de entre 30 y 70 años, tienen discapacidades severas y muchos de ellos también presentan trastornos de conducta. Fuentes judiciales afirman que el resultado preliminar del estudio revela que todos son trasladables, a diferencia de lo que cree Cardozo. Todavía faltan 13 evaluaciones y en el hogar no tienen claro cuándo las terminarán, si bien el Poder Judicial se propuso hacerlas la próxima semana.

INAU ya consiguió dos centros en Salto que recibirán a los internos. El jefe departamental del organismo, Rodrigo Brol, considera que tendrán "una mucho mejor atención, más individualizada" una vez que sean trasladados. Las casas fueron construidas hace poco tiempo, cuentan con instalaciones especiales para personas con discapacidad, y las mujeres y los hombres vivirán en lugares separados.

Brol está convencido de que no hay "personas intrasladables" y pone como ejemplo a los pacientes graves que viajan en ambulancia a Montevideo. Argumenta que en Aldea de la Bondad pidieron rescindir el contrato en 2015 porque no estaban dispuestos a acatar las recomendaciones que les habían hecho. INAU todavía financia las partidas mensuales de los adultos porque fueron institucionalizados siendo niños, aunque Brol aclara que el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) del Mides debería hacerse cargo.

Aldea de Bondad de Salto. Foto: Fernando Ponzetto.
Aldea de Bondad de Salto. Foto: Fernando Ponzetto.

El problema entonces es qué hacer con las personas hasta que la Justicia se expida. El organismo paga $ 42.700 mensuales por cada uno de ellos, además de las pensiones por discapacidad de $ 9.000 que tienen tramitadas. El presidente de la fundación afirma que ese dinero no es suficiente, sobre todo porque solo hay tres que reciben visitas y los demás fueron abandonados. Con la intención de hacerlos sentir mejor, los funcionarios llaman a los internos haciéndose pasar por sus familiares: "Es la única manera de tranquilizarlos, pobrecitos", dice Cardozo.

Según explica, el ingreso mensual no alcanza para cubrir las necesidades. Hay 62 funcionarios trabajando y el 90% del dinero estatal se gasta en sueldos. El resto se divide entre tarifas, comida, ropa, medicamentos y traslados. El lugar donde funciona Aldea de la Bondad fue construido en 1976 y no hay margen para tareas de mantenimiento, por lo que el edificio se está viniendo abajo. Arreglan lo más urgente, lo que más o menos funciona debe esperar.

El hogar está limpio, hay olor a lavandina. Las personas tienen puesta ropa sencilla y se nota que están cuidadas. Cardozo advierte que alguno puede desvestirse en el rato que dura la entrevista, pero agrega que eso ocurre varias veces al día. Almorzaron tarta de pollo y prepararon polenta con tuco para la cena. Hay cuerdas con ropa recién lavada secándose al sol y un hombre riega un cantero con flores próximo a la entrada.

Las grietas también están a la vista. Hay humedad en la mayoría de las habitaciones y el piso de piedra laja tiene agujeros. Los colchones de polifón son finos, en la escalera hay maderas podridas y algunos vidrios están rotos. La conexión eléctrica es antigua y hay cables pegados con cinta a la pared, porque en algún momento alguien se colgó de ellos y no pudieron arreglarlos.

Es la hora de la siesta y las cortinas están cerradas. Algunos duermen en las habitaciones, otros prefieren hacerlo en los espacios comunes. Están divididos en dos: los que tienen más independencia —"los pillos", como les dicen— están en un cuarto, mientras que los más severos —"los caminantes"— están separados por una reja. Una mujer con la cara lastimada trata de saltarla para escaparse, pero enseguida corren tres funcionarias y la frenan. "Hoy está sobregirada, se ve que estamos en un día difícil", dice una de las cuidadoras.

Un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), elaborado en junio de 2017, cuestiona el tratamiento que se brinda en Aldea de la Bondad. La institución sostiene que el hogar mantiene "un modelo asilar de intervención (…) que no reconoce a las personas con discapacidad como sujetos con autonomía y capacidad de tomar decisiones". El documento recomienda trasladar a los internos y clausurarlo.

La visita de la Inddhh fue en marzo de 2017 y no volvieron a ir. María José Doyenart, integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dice que tienen una recorrida prevista para los próximos meses, pero todavía no hay una fecha concreta.

Cardozo cree que "la gente de afuera" no los entiende. Empezó a trabajar en Aldea de la Bondad a los 18 años y hoy tiene 64, por lo que pasó casi toda su vida allí. Reconoce que le duelen los traslados y confiesa que nunca pensó que INAU aceptaría la rescisión del contrato: estaba convencido de que el organismo daría el brazo a torcer y pasaría más dinero por mes.

Hace tiempo que mira todo dos veces. Mira a los funcionarios, a los internos, el lugar. No tiene certezas de hasta cuándo durará Aldea de la Bondad y tampoco sabe si algún día volverá a ver a esas personas que tanto conoce. Dice que ese grupo absorbe al que llega y uno se siente más cómodo cuando está ahí adentro: "Los voy a extrañar".

Casas que se apagan de a poco

La mayoría de las viviendas en Aldea de la Bondad están abandonadas. Hasta 2016 vivían 140 personas, por lo que el lugar contaba con tres grandes zonas en función de la discapacidad de los internos. Desde que empezaron los traslados, los edificios fueron cerrados y ya no se utilizan. Solo quedan las personas con discapacidad moderada y severa, ya que aquellos con parálisis cerebral se fueron primero.

"Los caminantes" —como les llaman a las personas con discapacidad severa en Aldea de la Bondad— están separados de "los pillos", aquellos que tienen discapacidad moderada. Entre los dos cuartos hay una reja para que los primeros no se escapen, si bien a veces tratan de saltarla. Los funcionarios están atentos a sus movimientos y enseguida salen a buscarlos.

Un cementerio para enterrar a los "siempre niños"

Cerca de la entrada de Aldea de la Bondad hay un cementerio donde enterraron a los internos que murieron hasta hace tres años. El lugar tiene una gruta con una virgen y una placa donde se lee: "Ángeles azules en el cielo, siempre niños. Desde 1976". El presidente de la fundación que administra el hogar, Raúl Cardozo, dice que la mayoría de las personas que vivieron allí habían sido abandonadas por sus familias, por lo que no tenían dónde ser sepultadas. Los funcionarios del centro no llevan la cuenta de cuántos cuerpos fueron enterrados, aunque aclaran que ahora optaron por llevarlos al cementerio municipal. Si bien ya no se utiliza, Cardozo aclara que el lugar tiene autorización de la Intendencia Municipal de Salto. También cuentan con una capilla en la que hacen los velorios para que los demás puedan despedirse. "Tienen que hacer un duelo, pasaron toda la vida juntos. Así es mejor, se sienten cómodos, pueden estar tristes y expresarlo porque están en su casa", agrega. Un informe elaborado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) en 2017 cuestiona que Aldea de la Bondad tenga un cementerio interno, al que califica de irregular.

Sospechas de abuso que aguardan por la Justicia

Los pacientes con discapacidad moderada que vivían en Aldea de la Bondad fueron trasladados a Montevideo en ómnibus en diciembre de 2016. Cuando llegaron, un equipo de médicos los evaluó y tres mujeres dijeron en el hospital Pereira Rossell que habían sido abusadas sexualmente por dos funcionarios del hogar. Las jóvenes, que tienen retraso mental pero pueden expresarse, señalaron que la situación sucedía desde hacía tiempo.

Además del relato, los médicos constataron que las internas tenían secreciones mamarias y una de ellas tomaba anticonceptivos.

El presidente de la fundación que administra el hogar, Raúl Cardozo, pone en duda los testimonios y asegura que la mayoría de las personas que pasaron por Aldea de la Bondad fueron abusadas antes de ingresar.

"Hicimos una investigación administrativa y no hay conexión, no hay posibilidad de que eso pasara acá. Las nenas estaban en unas casitas con cuidadoras mujeres, así que no se logró comprobar nada", agrega.

Cardozo señala que las mujeres que denunciaron el presunto abuso son "fantasiosas", pero aclara que los dos funcionarios fueron despedidos para "preservar la credibilidad" del hogar.

Tanto INAU como ASSE hicieron una denuncia en el juzgado penal de Salto por este caso. La asesora letrada del directorio de INAU, Andrea Venosa, dice que la investigación depende del Código del Proceso Penal (CPP) anterior y el expediente está en etapa de presumario, por lo que todavía no le permitieron verlo.

Venosa comenta que un médico forense realizó pericias a las tres mujeres denunciantes, pero todavía no le entregaron los resultados. Si bien los hombres son investigados, el proceso está atrasado y el fiscal todavía no se expidió. Tampoco hay una fecha clara de cuándo podría reactivarse el caso: "Fui hace dos semanas a Salto y no había novedades", agrega.

Las mujeres viven ahora en un centro en Shangrilá y están "mucho mejor", según la asesora del directorio de INAU. El organismo les financió un tratamiento psicoterapéutico para ayudarlas a sobrellevar el presunto abuso que relataron y para favorecer su integración.

Venosa afirma que la nueva casa mejoró el desarrollo de las jóvenes, que salen del hogar y realizan actividades con los vecinos del barrio.

La idea de las autoridades de INAU es que todos los internos trasladados de Aldea de la Bondad puedan mejorar su calidad de vida, sobre todo porque un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) de 2017 denuncia que los que todavía están ahí pasan muchas horas sin actividad. "Al consultar por las propuestas educativas o de educación que se brindan se informa que no existen programas específicos", señala el documento.

El jefe departamental de INAU en Salto, Rodrigo Brol, considera que el modelo de atención brindado por Aldea de la Bondad “es antiguo” y no se corresponde con lo que el organismo busca.

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