Guerra gaucha

La granja de Emilio Arenas se muestra en internet como uno de los grandes atractivos turísticos de Colonia por tres razones: el museo del lápiz (una colección por la que ganó cuatro premios Guinness y va por el quinto), sus sabrosos dulces y su reserva de animales autóctonos. El museo es impresionante (son más de 20.000 lápices de todo tipo y color), los dulces son exquisitos, pero la reserva brilla por su ausencia. Se la robaron.

“Emilio, faltan cuatro vacas”, le gritó el joven que hacía instantes, dispuesto a ordeñarlas, se había percatado del vacío. Arenas fue a la comisaría, hizo la denuncia y un agente lo acompañó para revisar el campo “a ver si las encontraban”. Lo que hallaron fueron cuatro orejas con sus caravanas chipeadas puestas, las que el Ministerio de Ganadería utiliza para controlar la trazabilidad del ganado.

“Esto pasó en 2014 y a partir de ahí nunca se volvió a la normalidad”, dice Arenas. En su pequeña reserva tenía unos 70 animales autóctonos que se los fueron robando de a poco hasta que el año pasado ya no quedó ninguno. Había, además de vacas, terneros, chivos, gallinas, faisanes, pavos reales, gansos y hasta cuatro ponis.

“Se los llevaron a todos”, dice abriendo con amplitud los brazos, delimitando las puntas de sus dedos índices la zona en la que los animales estaban y en la que ahora no hay más que una gran superficie de verde pasto.

“Vivimos amargados, porque trabajamos como bestias y nadie nos da bola. Vamos, le decimos a la Policía quién fue, lo detienen, el tipo niega, lo sueltan y después es peor porque nos arriesgamos a sufrir represalias”, se queja Arenas.

Las cifras muestran que es cada vez peor. En el primer semestre de 2018 el Ministerio del Interior recibió 1.024 denuncias por casos de abigeato, mientras que en el mismo período de 2019 fueron 1.068, lo que implica un aumento del 4%. Pero lo que creció más fue la cantidad de los animales carneados en los campos: 2.354 en los primeros seis meses del año pasado, contra 3.031 de este. Un 29% más.

La mayoría eran ovinos (1.446 en 2018 y 1.975 en 2019); siguen los vacunos (726 y 796), los equinos (90 y 118), y por último los suinos (92 y 142). Los departamentos más afectados fueron Canelones y Artigas, con más de 500 animales muertos y carneados a manos de los delincuentes.

Aunque en el Ministerio del Interior no se entregaron los datos totales de 2018 para este informe, los productores advierten que para hacerse una idea basta con multiplicar por dos estas cifras. Al mismo tiempo sostienen que esta información deja por fuera los llamados faltantes de ganado, animales que desaparecen en los campos y que al no haber pruebas no se pueden considerar casos de abigeato.

“Las comisarías te toman las denuncias de abigeato siempre y cuando haya algún indicio de que alguien haya carneado al animal, o sea solo en caso de que encuentren partes de este dentro del establecimiento. Si te lo sacan vivo se considera un faltante. La cantidad de faltantes es igual o mayor a la de abigeatos”, dice Fernanda Maldonado, asesora del Plan Estratégico Nacional Rubro Ovino, un programa del Ministerio de Ganadería.

El abigeato es un delito que ha tenido un cambio sustancial en los últimos años. “Se trata de un problema histórico, pero la diferencia que hay ahora en cuanto a lo que pasaba hace dos o tres décadas es que antes se te llevaban un ovino; ahora en una noche te pueden robar 30 o 40. Son organizaciones”, denuncia Miguel Sanguinetti, presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

“Ya no se puede hablar de un delito social, ya nadie roba para alimentar a su familia”, añade Maldonado, y advierte que hay bandas de dos tipos: las chicas, de nivel departamental, y las grandes, que tienen una organización que opera en todo el territorio nacional. “Y esto es solo una parte, porque la inseguridad que se está viviendo en el interior ya no solo se suscribe al delito de abigeato”.

Fue un domingo de junio cuando el teléfono celular de Alberto Bozzo sonó más temprano que de costumbre. “Me avisaron que había 15 capones míos degollados y tirados al lado de la ruta. Eligieron a los más gordos. Valían entre US$ 60 y US$ 70 cada uno”, señala este productor de pueblo Sequeira, departamento de Artigas.

Lo que había pasado lo dedujeron los policías de la seccional. En la noche del sábado, cerca del campo de Bozzo, una pelea había terminado con un hombre apuñalado, alguien había llamado a la seccional y un grupo de agentes se hizo allí presente. Para ese entonces los animales estaban en la ruta y un camión pronto para pasar a levantarlos, pero al ver el revuelo cerca los delincuentes decidieron no arriesgarse. “Se ve que no se animaron a venir y me dejaron los animales muertos ahí”, señala el productor.

Bozzo dice que por año le desaparecen unos 100 lanares, que lo que antes eran casos aislados desde hace tres años se convirtió en “una pesadilla” y que esto responde a que los demás productores que estaban alrededor de su campo se mudaron “porque los tenían locos” con los abigeatos. “Cómo no les pueden robar a ellos, ahora me tienen loco a mí”.

En Sequeira, según Bozzo, hasta hace un tiempo había ocho agentes de Policía; hoy quedan tres, y hay uno que va y viene porque tiene que hacer una guardia domiciliaria en el marco de un caso de violencia doméstica. “Las seccionales del interior están desmanteladas; nadie hace nada. No tienen con qué”.

Luis Mendoza dice que sí se hace. Es el jefe de Policía de Paysandú y también el delegado por el Ministerio del Interior de la Comisión Nacional Asesora Honoraria para la Seguridad Rural. Advierte que en cada jefatura funciona una comisión que se reúne una vez por mes para tratar las denuncias de abigeato y que también hay policías especializados designados para cada una de las zonas. Pero al mismo tiempo reconoce que a veces no se encuentran las pruebas para detener a los delincuentes. “La gente denuncia pero no tiene cómo demostrar. Si me dicen que el que carneó el animal fue Tito, yo no puedo llevar preso a Tito si no tengo pruebas que lo incriminen”.

“Cuando una persona hace una denuncia, la Policía la ingresa al sistema informático y los datos van directamente a la Fiscalía —continúa Mendoza—. Inmediatamente un agente va al campo a verificar lo que sucedió. Con el nuevo Código del Proceso Penal es fundamental que haya pruebas. Si a la vaca la mataron de un tiro se hace un examen de balística y si el arma está registrada se encuentra a su dueño. Y lo otro que estamos haciendo son pruebas de ADN”.

Las escenas de los crímenes son sangrientas: a veces, expertos en carnear animales dejan solo el cuero y la cabeza; pero en otros casos el trabajo que realizan es desprolijo y desordenado. Se llevan ganado lechero u ovejas para competencias, a las que logran sacarles muy poca carne. El botín es modesto y el daño, enorme.

Esto pasó casi a la medianoche del 6 noviembre de 2017. Un hombre detuvo su camioneta Ford Ranger de color blanco y se estacionó entre el alambrado y la banquina de un establecimiento rural de una zona conocida como “El Bizcocho”, en Mercedes, departamento de Soriano. Inmediatamente dos personas bajaron del vehículo y se dispusieron a subir algunas bolsas negras, con tanto bullicio que fueron vistos por un testigo que, ante lo sospechoso de la escena, decidió notificar a Policía Caminera. Las bolsas contenían partes de una vaquillona negra y a una ternera recién nacida que acababan de robar. El valor total de los animales era de unos US$ 600.

Pocos minutos después de recibida la denuncia, un funcionario de la Policía Nacional de Tránsito vio pasar la Ford Ranger blanca con las bolsas a cuestas. La siguió hasta la ciudad de Mercedes, donde el delincuente se detuvo frente a una carnicería. El policía le pidió al conductor que se bajara y este obedeció. Luego le pidió los documentos y volvió a subir para buscarlos. Pero en vez de descender con los papeles, apretó el acelerador y huyó. Unos 45 minutos después el agente volvió a encontrarlo, pero cuando fue a ver la caja de la camioneta notó que las bolsas con los restos de los animales ya no estaban y habían lavado el vehículo.

Tras esto, la Policía incautó la camioneta y tomaron muestras de sangre seca que aún podían divisarse en algunas partes de la caja. Una prueba de ADN demostró que esa sangre coincidía con restos de la vaca carneada que habían quedado en el campo de la víctima del robo. El delincuente fue condenado a tres años de penitenciaría a cumplir en forma efectiva por el abigeato y por la fuga. Además, se le prohibió comercializar ganado por seis años.

Desde 2010, a partir de un acuerdo entre Interior y el Instituto Nacional de Carnes (INAC), cada vez que se denuncia un caso de abigeato se hace una extracción de ADN de los restos de los animales, y esta información luego se cruza con la prueba que pueda conseguir la Policía. “Cuando aparece un sospechoso se toman muestras, ya sea de una prenda, un cuchillo o un vehículo que pueda encontrarse”, explica Federico Stanham, presidente del INAC.

“Si carnean y dejan pedazos de cuero, o de la cabeza, se saca un pedacito y se guarda en un freezer, y después esto lo juntamos con la prueba. Hemos encontrado carne en todas partes”, señala Mendoza.

Y verdaderamente fue en todas partes. Días atrás hicieron un allanamiento y ubicaron restos de una vaca debajo de una cama. También han hallado carne en techos de viviendas, distribuidas en valijas y bolsos, e incluso bolsas con trozos de un caballo dentro de una caja séptica.

También han extraído ADN de cuchillos, camperas y championes. “Esto se hace igual que una investigación con un ser humano —insiste Mendoza—. ¿Viste alguna vez CSI? Bueno, esto es igual”.

Rosina Fossati, del laboratorio Genia, que es el que se encarga de hacer estas pruebas de ADN, advierte que desde 2010 se procesaron unas 1.600 muestras, procedentes de unos 300 casos de abigeato. En 45,9% hubo coincidencia entre el material de los restos de los animales y la prueba que fue hallada por la Policía.

En 66% de los casos en que hubo coincidencia correspondía a abigeatos de bovinos vacunos; el 18% era de ovinos, y el resto pertenecía a otros animales. El procedimiento demora unos 10 días y los análisis de laboratorio se hacen todos en Uruguay. “Hemos hecho pruebas hasta con comida ya procesada”, precisa Fossati.

Stanham, del INAC, no está muy de acuerdo con que sean ellos los que tengan que pagar estas pruebas, “porque en cualquier robo o delito la que paga esto es la Justicia”. También se muestra molesto porque “hay departamentos que no están haciendo las pruebas de ADN”, pues “esto depende de que los policías estén capacitados y es algo que no pasa siempre”.

Se llamaba Solita y su lana parecía seda. Obtuvo el premio de Gran Campeona en el Prado en 2007 y su final fue inesperado. El desastre sucedió en 2010 en un campo en la zona de La Micaela, departamento de Cerro Largo. “Llegamos y no estaba. La salimos a buscar por el monte y la cañada, pero no la encontramos. Nunca la encontramos”, dice Vinicio Mazzei. Poco después se enteraron de su fatal destino: “La robaron e hicieron chorizos para un beneficio”.

A Mazzei le quedaron tres hijos de Solita: dos que vendió en Uruguay, por US$ 4.000 y US$ 5.000, y otro que compraron unos argentinos, también por US$ 5.000, y que fue campeón en la vecina orilla. “Solo parió campeones”, dice.

“Cuando a uno le pasa esto pierde mucho a nivel económico, porque esto es un negocio, pero también es un golpe psicológico. Se supo quién había sido, pero acá se protege a los pichis”, lanza el productor, antes de advertir que también perdió varios animales producto de ataques de jaurías de perros en los últimos años.

Lo cierto es que del grueso de casos que se denuncian de abigeato, no son muchos los que llegan a buen puerto. La respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, realizada a la Fiscalía General de la Nación para esta nota, advierte que de enero a junio de 2018 solo se procesó a 20 personas. De junio a diciembre del mismo año hubo 41 procesados y de enero a junio de 2019, 51.

La mayoría, el 14,3%, provienen del departamento de Durazno; siguen los de Paysandú con 12,5%, Cerro Largo con 8,9%, y Soriano y Salto con 8% cada uno. Estos datos no incluyen solo abigeatos, sino también faltantes de ganado y faenas clandestinas.

Federico de Brum, al igual que Bozzo (al que le degollaron 15 ovejas), tiene un campo en pueblo Sequeira, en Artigas. El robo de ovejas lo ha tenido sin descanso en estos últimos años. “Tuvimos que reducir el número de lanares y llevarlos a los campos más alejados del pueblo para que no los robaran. Esos campos no son los mejores, porque son profundos, porque las pasturas son húmedas, porque cuando llueve mucho es dificultoso trabajar y porque la concentración de lanares no es lo que técnicamente se recomienda”, señala.

Tiene la tentación de decir que el año pasado fue “benévolo”, que no hubo tantos robos, pero se corrige casi al instante. “En realidad me robaron 70, lo que pasa es que el promedio anual es de más de 100”, explica. Unas 100 ovejas representan unos US$ 7.000.

Sanguinetti, del SUL, advierte que en el campo “no hay tradición de contratar aseguradoras”. Entonces, ante el abigeato y los faltantes de ganado, los productores tratan de cuidarse entre ellos. Las estrategias son variadas: cámaras, alarmas, perros, tejidos de todo tipo y grupos de WhatsApp para ser alertados en caso de que algún vecino divise movimientos extraños. “Son más bien grupos de catarsis, uno que dice que le robaron tres vacas, otro al que le robaron 10 ovejas, y así; pero no se puede hacer mucho”, se resigna De Brum.

El subsecretario de Ganadería, Alberto Castelar, admite que pese a que se ha trabajado para establecer la trazabilidad de la carne, estas medidas no han sido pensadas para evitar abigeatos y faltantes.

“El sistema que nosotros tenemos sirve para conocer la historia del animal. Lo hacemos por un tema sanitario, y es algo que le ha dado valor a nuestra carne, pero no es una medida de seguridad. El chip que tienen los animales en las caravanas no tiene GPS. Nosotros sabemos dónde está cada animal porque los productores están obligados a informar cuando hacen un movimiento, pero no hay manera de ubicar a los animales robados. Es poco lo que podemos hacer para la prevención y represión del delito”, señala el jerarca.

Castelar también advierte que en otros países es común “encerrar a los animales por las noches”, pero es consciente de que esa “no es una práctica que se lleve a cabo en Uruguay”.

“Lo importante de todo esto, aparte del abigeato, es la salubridad pública —dice por su parte Mendoza—, porque están carneando bichos que no se sabe cómo están. Han carneado bichos de la Facultad de Veterinaria de Paysandú que estaban en pleno tratamiento y tenían un montón de vacunas encima. Sacan carne de una estancia y esa carne puede no estar apta: puede tener brucelosis —una enfermedad infecciosa del ganado—, garrapatas, cualquier cosa”.

Mendoza sostiene que si existe el abigeato es porque hay un mercado que compra carne producto del delito. “No hemos encontrado casos de carne que vaya a frigoríficos. Esa carne se mueve por otros ámbitos: almacenes y casas de familia que venden. Si ves milanesas por $ 40, lo primero que te tenés que preguntar es: ¿de dónde salieron esas milanesas?”.