DENUNCIAN ABUSO POLICIAL EN UN HOGAR

El abandono se arregla a la fuerza

Policías que esposan adolescentes en crisis nerviosas, la internación psiquiátrica como respuesta y vigilancia con cámaras hasta en los dormitorios. La Inddhh advierte que en el hogar Tribal, el desamparo y el daño familiar se combaten a la fuerza.

Custodia. En el Tribal siempre hay uno o dos policías en la puerta. Para la Institución de Derechos Humanos, no deberían intervenir con los adolescentes. Foto: Leonardo Mainé.
Custodia. En el Tribal siempre hay uno o dos policías en la puerta. Para la Inddhh, no deberían intervenir con los adolescentes. Foto: Leonardo Mainé.

"Los policías te pegan cuando te portás mal”. “A un gurí casi lo matan, le dieron contra la escalera”. “La policía rubia me tiró al piso y me reventó”. “Te esposan, te sientan abajo y te dicen cualquier cosa para hacerte calentar”. “Tiré una silla y (la policía) me hizo una llave y me tiró al piso. Cuando me tiró al piso, me pegué con la silla. Me esposaron por la espalda y me ataron los pies para atrás”.

Los testimonios pertenecen a cinco adolescentes. No están internados en el Inisa por haber delinquido: están en un hogar de amparo bajo protección del INAU porque sus padres no se pueden hacer cargo de ellos.

Esta descripción del accionar policial en el hogar Tribal forma parte del último informe realizado por el Mecanismo de Prevención de Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). A diferencia de otras veces, el documento, al que accedió El País, no fue difundido en el sitio web de la institución.

El INAU lo tiene en sus manos desde la semana pasada. La Inddhh le marcó un plazo de 10 días hábiles para entregarle todos los expedientes de los últimos seis meses que involucren denuncias en torno al Tribal. Según se pudo saber, el organismo no ha brindado la información aún pero todavía está a tiempo de hacerlo.

En abril, dos técnicas de la Inddhh constataron serios problemas de infraestructura, mantenimiento y funcionamiento en el hogar que oficia de puerta de entrada de adolescentes al sistema de protección. El informe que elaboraron describía desde baños escasos y precarios hasta presencia de ratas, pasando por un encierro constante, adolescentes durmiendo en el piso, entre otras cosas. El INAU anunció cambios inminentes (desratizar, por ejemplo) y otros a largo plazo, con el cierre del hogar en el horizonte.

El 16 de septiembre El País publicó en Qué Pasa un artículo en el que daba cuenta de que, cinco meses después de aquel informe, poco había cambiado. En la nota, tres educadores contaban el tormentoso día a día dentro de esa casona en la que conviven unos 45 varones y mujeres menores de edad. El INAU, en la voz de su director para el sistema de protección en Montevideo, Daniel Clausen, reconocía las carencias y volvía a anunciar cambios en marcha.

La historia sigue. El 18 de septiembre, dos días después de la publicación de El País, una delegación compuesta por representantes de Inddhh y Unicef se apareció sin aviso en el Tribal. Era la sexta visita sorpresa en cuatro años. Varias de ellas habían concluido con observaciones desfavorables y recomendaciones firmes. Esta vez, la Inddhh elaboró un informe que pone el foco en la forma en la que se resuelven los desbordes de los adolescentes. Y advierte que hay “situaciones de vulneración de derechos que podrían llegar a constituir, en ciertos casos, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Palo de "oficio".

Cuando se suscita un “episodio de excitación psicomotriz” en algún adolescente, “las acciones de contención están centradas en la intervención policial, la intervención médica a través del llamado a la emergencia móvil y/o la internación en una clínica de agudos”, describe el informe. En palabras de un adolescente: “Acá, cuando te descompensás, te esposan o te pinchan o te internan en la API”.

Las situaciones que determinan la intervención de la policía en el Tribal pueden ser “auto agresiones físicas, agresiones hacia el mobiliario del centro o agresiones verbales hacia funcionarios o personal policial”, especifica el informe.

El uniforme azul asoma ya desde la vereda de la calle Cerro Largo. En el Tribal hay seis policías: uno para cuidar el ingreso, otro para acompañar los traslados, dos para vigilar el piso de arriba (donde duermen las mujeres) y dos más para el piso de abajo (el de los varones). Originalmente su presencia se justificó como forma de “guardar el clima educativo en relación al educador”, según contaron a El País fuentes del INAU. “Si un pibe se descompensa y agarra un arma, alguien tiene que proteger al educador, pero nunca intervenir con el pibe”, aclararon.

De aquella intención a la realidad actual hay un trecho. Los policías usan las esposas con los adolescentes “descompensados” y, según la Inddhh, los testimonios recogidos revelan que las actuaciones policiales en general “van acompañadas de violencia física y/o verbal”.

El uso de la fuerza policial se ha naturalizado en el hogar al punto que ni sus autoridades saben los motivos. “Ante la pregunta de por qué interviene la policía dentro del Tribal, la directora expresa que según les planteó el comisario, ellos tienen que intervenir ante una situación de violencia. Es una intervención que realizan de oficio y, según expresó, no tienen la posibilidad de limitar el accionar policial. La directora desconoce la razón por la que el personal policial se encuentra dentro del hogar”, advierte el informe.

Días antes de la visita, Clausen, el jerarca superior de la directora, dijo a la Inddhh que estaban trabajando con el nuevo comisario y que se habían hecho cambios en el personal policial “para mejorar el trato” hacia los adolescentes. A su juicio, los efectivos “están a disposición” de los coordinadores del centro e intervienen “cuando hay que poner el físico ante determinadas situaciones”. Dijo que primero se apela a la palabra; cuando esta no alcanza, se recurre a la fuerza.

“La policía está para defender a los educadores y a nosotros no”, se quejó ante la delegación un adolescente que luego de tirar una silla terminó esposado y con los pies atados. Los técnicos incluyen en el informe un parte del día 5 de septiembre en el que un funcionario registra explícitamente que se esposó a un interno como forma de contenerlo.

La otra herramienta a la que se recurre ante situaciones de desborde es la internación en centros psiquiátricos de agudos que tienen convenio con el INAU (las llamadas API). De los 42 adolescentes que estaban registrados como amparados en el Tribal el día de la visita, había 23 internados en estos dispositivos. Para la Inddhh, “el número es muy alto”.

El informe cita una apreciación del propio INAU advirtiendo que los adolescentes llegan allí “cuando se han agotado todas las posibilidades de sostén de sus redes familiares o comunitarias, o cuando estas han generado vulnerabilidades o daños”, por lo cual “hay que recibirlos con sensibilidad y respeto”. Para la Inddhh, sin embargo, “las acciones que ha asumido el equipo del Tribal no dan cuenta de capacidad para contener y sostener” a esos mismos adolescentes. Advierten que las condiciones edilicias y de encierro hacen a un contexto que “no solo no resguarda” a los adolescentes, “sino que propicia episodios de desestabilización” que, a su vez, disparan la internación psiquiátrica como respuesta institucional.

Por último, el informe llama la atención sobre la instalación de cámaras de seguridad en dos de los tres dormitorios de mujeres y en el espacio de salida del baño. “Las adolescentes usan este espacio para vestirse dadas las dimensiones muy reducidas del baño, lo cual configura una vulneración de la privacidad de las jóvenes. Dichas cámaras son monitoreadas desde los celulares de la dirección, subdirección y dirección de Adolescencia de la Dirección de Protección de 24 horas”.

La directora dijo desconocer también el porqué de estas cámaras, pero aseguró haber elevado el pedido de las adolescentes de que las retiren. Según fuentes del INAU, los varones tienen esta vigilancia hace tiempo debido a antecedentes de abusos sexuales entre internos.

El director de la Inddhh, Wilder Tayler, concluye el informe con tres recomendaciones dirigidas a las autoridades del INAU. Primero, que “de inmediato se realicen las gestiones para que el personal policial se localice en la puerta de ingreso al centro, del lado de afuera (...) sin intervenir en la propuesta socio educativa de un centro de protección”. La segunda recomendación es que se elabore un protocolo para intervenir ante episodios de excitación psicomotriz con prácticas “que no continúen dañando y vulnerando sus derechos”. Por último, Tayler solicita que se retiren las cámaras de los cuartos.

Discursos perversos, incapacidad y zonas grises

- Esta semana coincidieron en Montevideo tres eventos vinculados con los derechos humanos de los niños con la presencia de expertos regionales. En uno de ellos se discutió, justamente, sobre los sistemas de protección.

- Consultada por El País, la comisionada de la niñez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, consideró que “el uso de la fuerza física pone en riesgo la integridad de niños y adolescentes a los que el Estado tiene como mandato proteger especialmente”. A su juicio, decir que la Policía es necesaria para determinadas situaciones “no es una respuesta válida”. Y si los trabajadores la precisan, “entonces no están capacitados para la tarea”, sentenció. “Hablar de adolescentes conflictivos es una categorización estigmatizante; es una mirada perversa. La sociedad naturalizó que para los chicos en conflicto con la ley la respuesta sea la fuerza. Esto es todavía peor. ¿De qué estamos hablando?”.

- Para Luis Pedernera, uruguayo que integra el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, “la Policía no tiene nada que ver” en hogares de amparo. Agregó que el comité pide el cierre de este tipo de instituciones, lo cual demuestra la distancia que hay entre la concepción de la ONU y la realidad del INAU.

- Víctor Giorgi, presidente de INAU entre 2005 y 2009 y hoy en la OEA, dijo que lo del Tribal es “una zona gris entre infracción y protección”: “La Policía los trata como infractores y el INAU no sabe cómo hacer. No hay funcionarios capacitados”.

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