Puesta a punto de las medidas acordadas entre AUF y gobierno contra la violencia.

Los hechos ocurrieron con el mismo guión que en los anteriores recesos del fútbol local: el Ministerio del Interior reclamó a la AUF avances en materia de seguridad para dar vía libre al fútbol, la amenaza de la suspensión sobrevoló el Campeonato Uruguayo y un acuerdo posterior entre las partes destrabó la situación. Sin embargo, en esta ocasión las autoridades gubernamentales querían ver avances reales en el tema de las cámaras de reconocimiento facial y, aunque aún se mantenga la suspensión indefinida del Especial, ambas partes parecen haber llegado a una solución y, si no sucede nada extraño en los próximos días, el sábado 20 de agosto arrancará la actividad. La fecha fijada inicialmente era el 6, pero el tiempo que lleva terminar el proceso de adjudicación a las empresas que proveerán las cámaras, obligó a retrasar la fecha: en un principio se dijo que sólo una semana pero ahora parece más realista que sean dos.

La instalación de las cámaras llevará varios meses y mientras tanto el gobierno se ha comprometido a mantener a las fuerzas policiales en las canchas. La teoría dice que cuando la tecnología esté instalada, siempre que la seguridad privada no se vea desbordada, no serán precisos los efectivos dentro de los recintos (salvo los que deban proteger al juez y a los protagonistas). La idea es que las cámaras identifiquen a las personas fichadas por el ministerio para que se les pueda aplicar el derecho de admisión, mientras que el endurecimiento del código disciplinario pueda aplicar sanciones ejemplares contra los hinchas que causen desmanes en los espectáculos. La seguridad en el fútbol uruguayo entra en terreno desconocido hasta ahora.

Las cámaras y el software de reconocimiento facial se instalarán de forma permanente en los tres grandes recintos del país: el estadio Centenario, el Gran Parque Central y el Campeón del Siglo. Tanto Nacional como Peñarol pagarán los equipos de sus recintos y la AUF el del Centenario. La instalación les llevará varios meses desde su comienzo.

Aparte de los tres grandes recintos, se comprarán equipos móviles para ser usados en los partidos de alto riesgo que se disputen en canchas chicas. Las cámaras se situarán en los accesos y serán monitoreadas desde carpas. Para estas situaciones se contempla el uso de drones aéreos y hasta se podría instalar el software en los cascos de los policías.

La AUF aprobó, a falta de una revisión artículo por artículo, un nuevo protocolo de seguridad que amplía la normativa sancionatoria desde el punto de vista de los espectadores: al poder identificar con cámaras a quien cause incidentes, se le castigará con más dureza. Incluso contempla sanciones para quienes fomenten la violencia en las redes sociales.

El acuerdo entre Gobierno y AUF contempla que, durante el tiempo que lleva la instalación de las cámaras, la Policía se encargará de la seguridad en los partidos como venía haciendo, tanto dentro como afuera del recinto. Después, quedarán afuera de los recintos para emergencias, aunque se mantendrá la protección adentro para jueces y protagonistas.

Después de explicar que el software de reconocimiento facial detecta a los fichados gracias a una base de datos que se va actualizando fecha a fecha, resulta obvio deducir de que el éxito del proyecto no sólo depende de que la misma sea completa, sino de que se cumpla la parte más dura: que el violento se de media vuelta al negarle el acceso.

FÚTBOLJORGE ALDEA