El vértigo de los acontecimientos y la interminable catarata informativa sobre el tema Sendic-Ancap o Ancap-Sendic va dejando muchas veces de lado la reflexión sobre otros asuntos de la vida política del país, como la absolución del ex intendente nacionalista Walter Zimmer.

El vértigo de los acontecimientos y la interminable catarata informativa sobre el tema Sendic-Ancap o Ancap-Sendic va dejando muchas veces de lado la reflexión sobre otros asuntos de la vida política del país, como la absolución del ex intendente nacionalista Walter Zimmer.

Procesado el 28 de marzo de 2014 por el muy cuestionado delito de abuso de funciones, hace 15 días logró el fallo definitivo y por unanimidad del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno. El jerarca municipal había sido procesado apenas cinco días antes que el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el presidente del Banco República, Fernando Calloia, por el mismo delito: abuso de funciones.
La coincidencia temporal de los procesamientos y el delito imputado sirven para observar crudamente las dos caras de la Justicia, el manejo de distintos criterios con su diferente severidad, y cómo un mismo delito, en forma caprichosa o arbitraria, tiene mayor o menos gravedad según el juez (o la jueza) que intervenga. Veamos.

1) El caso Zimmer: el delito de abuso de funciones del exintendente se concretó, según la fiscal Darwiña Viera y la jueza Virginia Ginares por su decisión de extender el plazo para empadronar autos en el departamento. Esto ocurrió a fines de 2007 cuando se intentó zanjar el tema de la guerra de las patentes y el límite del 31 de diciembre de ese año según un acuerdo firmado en el Congreso de Intendentes. La Intendencia de Colonia, por orden de Zimmer, continuó aceptando empadronamientos de vehículos después de esa fecha porque a los usuarios les servían sus tarifas.

La denuncia fue presentada por su suplente (Alfredo González) quien asumió cuando el exintendente debió renunciar para dedicarse a la campaña electoral de 2010 donde obtuvo la reelección.

Walter Zimmer fue procesado con prisión y recluido en la cárcel de Piedra de los Indios donde estuvo 70 días. Logró la excarcelación provisional en segunda instancia (vía apelación), porque la fiscal y la jueza de Colonia le negaron la libertad, alegando que “se trataba de un funcionario de altísima jerarquía y la gravedad de los hechos”. La verdad: un espanto de jueza y fiscal. No hay dudas de que era imposible que se tratara de hechos graves cuando lo único aplicable a su conducta era un delito residual y la única beneficiada por los hechos fue la Intendencia de Colonia.

Y para rematarla, la Justicia de alzada terminó dándole la razón a Zimmer y su defensa: la verdadera Ley de Patentes se inició con el Sucive en 2012 y es allí donde se hace obligatorio empadronar en el departamento de origen.

2) El caso Lorenzo y Calloia: es mucho más conocido. El delito de abuso de funciones se concretó tras la denuncia de oficio presentada por el fiscal del Crimen Organizado Juan Gómez en el remate de Pluna y el famoso aval que el Banco de la República, por decisión de su presidente, otorgó por la suma de US$ 13,6 millones a la empresa española Cosmo, que solo disponía de un capital de US$ 7 millones, para que “el caballero de la derecha” pudiera participar (y ganar) la subasta de los siete aviones Bombardier por US$ 137 millones de dólares como único oferente.

Fue el más notorio episodio de aplicación de la doctrina de que “lo político está por encima de lo jurídico”.

La jueza del Crimen Organizado, Adriana de los Santos, decretó los procesamientos, pero no pidió cárcel para ellos. Nada de funcionarios de altísima jerarquía, nada de que lo del aval era muy grave. Simplemente no vio ningún peligro en que los procesados permanecieran en libertad mientras se continuaba la indagatoria y respetó la presunción de inocencia.

Los casos de Zimmer y Lorenzo-Calloia no se agotan en el distinto criterio judicial a la hora de intervenir. Hay también notorias diferencias en el manejo político del tema. Apenas decretados los procesamientos de Lorenzo y Calloia, desde la bancada parlamentaria del Frente Amplio se planteó la derogación inmediata del delito de abuso de funciones porque había que salvar a los compañeros, mientras que el Partido Nacional no se alteró ni buscó modificar la legislación para salvar al compañero. Tampoco hizo caravanas de apoyo o de “desagravio” en respaldo del acusado. El apoyo y el desagravio de Zimmer lo obtuvo directamente de la Justicia, que lo encontró inocente de los cargos imputados.

Resta ahora el reconocimiento del Partido Nacional, de su Directorio y de sus correligionarios. Porque si fue y es correcta su actitud de no promover leyes con nombre y apellido, también debe quedar clara la injusticia hacia un compañero que padeció estoico un procesamiento equivocado y sufrió en la dignidad de su nombre, su honra, su libertad y su familia.