Los sucesivos gobiernos del Frente Amplio han impulsado la presencia de Venezuela en el país. Primero deslumbrados por la generosa billetera de Hugo Chávez y sus petrodólares y luego por un entramado de negocios -con Pdvsa y su petróleo como epicentro- que mueve millones de dólares. Y, todo lo que nace o termina en Caracas tiene tufillo sospechoso. La sensación de corrupción que llega es insoportable y lo que implique dinero o negocios con ese régimen queda bajo la lógica de la falta de transparencia y, lo peor, muchísima desconfianza.

Los sucesivos gobiernos del Frente Amplio han impulsado la presencia de Venezuela en el país. Primero deslumbrados por la generosa billetera de Hugo Chávez y sus petrodólares y luego por un entramado de negocios -con Pdvsa y su petróleo como epicentro- que mueve millones de dólares. Y, todo lo que nace o termina en Caracas tiene tufillo sospechoso. La sensación de corrupción que llega es insoportable y lo que implique dinero o negocios con ese régimen queda bajo la lógica de la falta de transparencia y, lo peor, muchísima desconfianza.

El pedido del diputado Jaime Trobo (fundamentado en 31 páginas) de constituir una Comisión Investigadora parlamentaria por el tema de los negocios con Venezuela es visto como la punta del iceberg para aclarar un asunto muy poco claro de las relaciones con el país caribeño. Porque lo cierto es que todo ello está guardado por el gobierno bajo siete llaves y solo se conocen algunos títulos o la presencia de ignotas empresas en representación de nuestro país integradas por allegados al MPP.

En el ámbito del Poder Legislativo se entiende que hay irregularidades de un nivel superior, incluso, a las constatadas en el aval trucho de Pluna que culminó con el procesamiento del ministro de Economía y el presidente del Banco República de la época. Pero la mayoría del FA en la preinvestigadora rechazó esa posibilidad con el argumento de que “no hay pruebas”, olvidándose de que si las hubiera correspondería denunciarlo directamente ante la Justicia penal que es la única competente.

Los orígenes de estos negocios se encuentran en la creación del Fondo Bolívar-Artigas (año 2005), con un monto inicial de US$ 200 millones aportados por el gobierno venezolano, más el 12% de los pagos efectuados por Ancap (¡ay Ancap!) por la compra de petróleo a Pdvsa. Eran épocas en que el difunto presidente Chávez alardeaba de que Venezuela tenía reservas por US$ 35.000 millones.

En abril de 2010, el presidente Mujica (recién asumido) viajó a Caracas donde firmó una Declaración Conjunta que reconoce que “el Fondo Bolívar-Artigas, producto del intercambio entre ambos países, se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de la complementariedad entre ambos países habiendo permitido la ejecución de diecinueve (19) proyectos de inversión por más de seiscientos millones de dólares estadounidenses (600.000.000 USD) durante los últimos cinco años”.

Esa visita de Mujica tenía como objetivo lanzar un nuevo capítulo de negocios con Venezuela, lo que se concretó en enero de 2011, cuando se firmaron 13 acuerdos en el marco de una nueva visita del Presidente. La mayoría de ellos son signados por el canciller Luis Almagro, pero cuatro llevan la rúbrica de empresas privadas: dos de Aire Fresco, una de Atlansur y una de Urutransfor mientras que las contrapartes son distintos ministros del Poder Popular. Para Venezuela los negocios eran un tema de Estado, para el gobierno uruguayo algunos sí y otros no. ¿Por qué?

Trobo plantea varias preguntas: “¿Quién designó a estas empresas para que firmaran como contraparte de empresas estatales venezolanas? ¿Qué procedimientos se llevaron adelante para seleccionarlas? ¿En qué ámbito de la administración de nuestro país se elaboraron los textos de los acuerdos, convenios o actas que se firmaron? ¿Qué autoridad asume la responsabilidad de haber determinado que estas empresas firmaran los documentos y por qué razón lo hicieron?”.

Allí es la presentación en sociedad de Aire Fresco, representada por Omar Alaniz, exintegrante del Comité Central del MLN-Tupamaros, que vende 40.000 toneladas de arroz, 20 mil de trigo y 3.000 de pollos a Venezuela y, dos años más tarde, en 2013 acordó comercializar directamente con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación de Venezuela “en rubros alimenticios, vinculados sobre todo con productos avícolas, cárnicos, cereales y lácteos”, según la página de Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Un gran supermercado uruguayo desconocido por la gente o un grupo de “empresarios” con sólidos contactos en la tierra de Chávez y Maduro, porque las llaves de ese mercado están en el círculo íntimo de nuestro expresidente.

Un dato: a Aire Fresco le fue muy bien. Solo en la venta de arroz se hicieron cuatro operaciones por un total de 270.000 toneladas, lo que significó 124 millones de dólares. De ellos, US$ 47 millones fueron por sobreprecios (comparación de lo que pagó Venezuela y el precio internacional del producto).

Trobo buscó obtener respuestas oficiales a sus dudas y entonces planteó un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre estos acuerdos con Venezuela. La respuesta habla por sí sola: “Sobre los procedimientos transitados en aquellos casos donde el representante de nuestro país es una entidad privada, se informa que de los documentos que constan en esta Cancillería no surgen elementos de que haya suscrito un acuerdo con un privado para que represente a la República. En ese sentido, no es posible informar sobre un procedimiento relativo a un contrato cuya existencia es desconocida para este Ministerio”. Nada de nada.

La Cámara de Diputados tendrá el lunes la palabra final sobre si los negocios con Venezuela merecen o no una Investigadora.