Muy lejana allá en los tiempos, pero jamás olvidada, quedó aquella frase del presidente Tabaré Vázquez para describir la conducta ética del Frente Amplio: “podremos meter la pata, pero nunca las manos en la lata”. Conmovedora, ingeniosa, pero pura fantasía. Muy poco después ya andaban entreverados en el tema de los casinos municipales.

Muy lejana allá en los tiempos, pero jamás olvidada, quedó aquella frase del presidente Tabaré Vázquez para describir la conducta ética del Frente Amplio: “podremos meter la pata, pero nunca las manos en la lata”. Conmovedora, ingeniosa, pero pura fantasía. Muy poco después ya andaban entreverados en el tema de los casinos municipales.

Pero ese fue el comienzo. Pasaron un par de años y se instaló Pluna; la cosa ahí sí se complicó. Primero con Pluna-Campiani, luego con Pluna-Mujica. Mucho dinero en juego, muchas decisiones inexplicables y dos procesamientos “pesados”: nada menos que el ministro de Economía y el presidente del Banco de la República. El delito que se les imputó fue el de “Abuso innominado de funciones”. Su texto dice: “El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código, será castigado con prisión de tres a veinticuatro meses, e inhabilitación especial de dos a seis años”.

Vamos por partes. El delito de abuso de funciones es un mamarracho jurídico, producto de su origen: el Código fascista italiano que sirvió de inspiración a nuestro Código Penal sancionado en 1934. Se trata de un delito residual, que no está comprendido en ninguno de los específicos contra la Administración pública (peculado, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencias, fraude, conjunción del interés personal y el público), que no describe ninguna conducta delictiva concreta y que solo prevé la realización de un “acto arbitrario”, aunque no describe qué es o qué se puede considerar como “acto arbitrario”. Este delito que habla de cosas imprecisas le da al juez una libertad tan amplia como peligrosa que colide con el principio de legalidad y abre las puertas, justamente, a la arbitrariedad.

Hasta el retorno a democracia, prácticamente no se tipificó. Pero fue utilizado por el juez Balcaldi en un muy polémico fallo para procesar al presidente del Banco Central de la Administración Lacalle, el Cr. Enrique Braga y a partir de ese momento pasó a tener gran protagonismo: solo desde 2001 hasta 2015 han sido procesados unos 120 jerarcas o funcionarios públicos. ¿Recién ahora el FA se dio cuenta de la gravedad jurídica -rayana con la inconstitucionalidad- de este delito? Imposible de creer: por un lado el delito de abuso de funciones hiere el sentido común y por otro, en el oficialismo revistan excelentes juristas. Cualesquiera de los dos elementos son categóricos para su derogación.

Ocurre que la existencia del delito, con blancos y colorados en el gobierno, era políticamente muy apropiada para el Frente. Le permitía agitar con entusiasmo la bandera de la lucha contra la corrupción y señalar a los que estaban en ese entonces en el gobierno como los grandes responsables de turbios manejos. Era muy simple: habían sido procesados por la Justicia. No interesaba si el delito tipificado era justo, razonable o el vestigio involuntario de un régimen fascista (bienvenido el fascismo entonces), que había que derogar. Mujica no inventó nada cuando dijo que lo político estaba por encima de lo jurídico. Todo el FA comulgaba y aplicaba, según sus intereses, esa premisa.

A las pocas horas del procesamiento de Lorenzo y Calloia, inverecundo y sin pudor, el senador Michelini (el mismo que había sostenido que “no soy partidario de derogar el artículo. No quisiera (…) que quitemos herramientas a los jueces, cuando a la vista está que se ha cometido un delito en el manejo de los dineros público”) sin mayores consultas, planteó en el Parlamento su derogación: ni más ni menos que una legislación penal a medida de los amigos, con nombre y apellido. Cayó muy mal e incluso resultó tan grosero dentro de su partido, que Mujica y Astori (presidente y vice de la República) lo esfumaron por “inconveniente”.

Pero ahora el senador Michelini insiste con su propuesta. En su desesperación por conseguir apoyos reconoce incluso que se equivocó cuando se opuso a su derogación. Hace un público “mea culpa” de su error. No se entiende bien (¿o sí?): si su argumento y el del FA para mantener el delito era la lucha contra la corrupción, ¿qué ha cambiado? ¿Ya no se lucha más contra la corrupción? ¿Por qué?

La verdad es que esta “confesión” de Michelini es toda una señal. Ya no se trata solo de defender a Lorenzo y Calloia, aunque los favorece como a otros que están procesados por ese delito. Da la impresión que lo que busca es adelantarse a blindar a un grupo de compañeros, porque existen muchas denuncias judiciales e investigaciones que no se sabe a ciencia cierta (por lo menos, de este lado del mostrador) cómo terminarán. No es solo Ancap: está también el Fondes, los negocios con Venezuela y hasta la regasificadora, mientras el Mides y ASSE piden a gritos que se les incorpore. Las irregularidades se fueron de madre y “el barrer para adentro” no alcanza. Mucho dirigente frenteamplista anda en la vuelta y el abuso de funciones que tanto ayudó en una época al FA, puede transformarse en su lápida.

La Biblia enseña que “el que a hierro mata a hierro muere”. Y la Biblia ha resultado bastante sabia.