Todo lo debe hacer el Estado. Si el Estado no lo hace, que no lo haga nadie. Así funcionó en los regímenes comunistas. Y al final nada se hizo. Por algo esos sistemas se derrumbaron.

Todo lo debe hacer el Estado. Si el Estado no lo hace, que no lo haga nadie. Así funcionó en los regímenes comunistas. Y al final nada se hizo. Por algo esos sistemas se derrumbaron.

La idea de un Estado totalizador, que todo lo abarca y no deja nada a la iniciativa de la gente, se extiende y expande incluso en países democráticos, como Uruguay. Se ve en la lógica de ciertos sectores frentistas de sofocar todo emprendimiento privado, del tipo que sea, para que luego el Estado, y solo el Estado, cubra esas actividades. Aún a riesgo de hacerlo mal o hasta dejar de hacerlo. Para ellos, “lo privado” es mala palabra, algo que no puede permitirse y debe ser eliminado.

Tal forma de ver las cosas se expresa en el desprecio a las escuelas y liceos privados que trabajan en los barrios marginales y que están haciendo una lenta pero segura transformación en esas zonas.

Tampoco puede haber universidades privadas y menos aún deben recibir donaciones con algún tipo de exoneración tributaria. Esa práctica, alentada en todo el mundo para que con iniciativa de la gente por fuera del Estado se apoye la solidaridad social, la investigación científica o el desarrollo universitario, acá es denostada. Lo que hagan las iglesias, las organizaciones sociales, los ciudadanos, o las empresas para beneficiar a la sociedad, enfrenta una cerrada oposición de ciertos grupos dogmáticos. Solo a ellos corresponde el patrimonio monopólico de decidir qué es bueno hacer, aunque esas políticas se parezcan a un burdo clientelismo.

¿Qué es, en definitiva, “lo privado”? Es gente haciendo cosas, personas libres tomando iniciativas sin directivas “de arriba”, que pone en marcha sus proyectos y quiere que las cosas funcionen, produzcan, generen bienestar, riqueza, conocimiento y salud. Gente que abre empresas, invierte dinero, atiende comercios, promueve industrias, ejerce su profesión, integra un club, actúa en una organización social, administra un banco, trabaja en la educación privada, dirige galerías de arte, forma parte de una religión, participa en una fundación solidaria, está afiliado a un sindicato. Sí, los sindicatos también son organizaciones privadas.

Lo privado es, insisto, gente dinamizando la economía, el deporte, el comercio, la cultura y solidarizándose con los demás. No depende ni espera nada del Estado. Simplemente hace.

¿Con qué derecho, entonces, alguien que actúa en representación del Estado, impide, bloquea o entorpece estas actividades? Toda sociedad se enriquece cuando hay personas que en uso de su libertad toma iniciativas y alienta a otros a hacerlo.

Una de esas iniciativas “privadas” es la de comprometerse en lo social. Eso indigna a numerosos militantes oficialistas que se creen dueños del quehacer social y no aceptan que otros, con sus propios recursos y propuestas diferentes a las públicas, quieran también actuar.

Esa versión oficial del quehacer social, que se expresa con una jerga seudo especializada en cerrados talleres y seminarios, como si fueran los los únicos conocedores del tema, rechaza la iniciativa privada porque está habla menos y hace más. Y lo hace bien. Hay personas con profundos conocimientos de la realidad sobre la que trabajan y quieren, con realismo pragmático, modificarla paso a paso.

A esa tarea se vuelcan educadores, especialistas, asistentes sociales, profesionales, voluntarios y religiosos. También y cada vez con mayor compromiso, empresarios.

Sí, los malevolos, explotadores, capitalistas empresarios están comprometidos con numerosas obras sociales. Apoyan fundaciones y apuestan a los liceos privados en zonas marginales. No lo hacen por una falsa culpa, sino por un sentido de responsabilidad, apelando a su conocimiento genuino y práctico de la realidad, algo que parece ausente en quienes operan desde el Estado.

Para ellos no se trata de retórica vacía, de demagogia o de clientelismo político. Buscan resultados. Donde ven gente que los obtiene, allí invierten dinero y entusiasmo. Con igual puntería actúan cuando apoyan la investigación científica o la educación universitaria.

Esto es lo que fastidia a los exponentes del frentismo más radical, que suele ser también el más necio. No aceptan que gente tan diferente a ellos sea capaz de llevar adelante propuestas que funcionen. Les molesta además que ocurra por fuera de la burocracia estatal, sin ataduras ideológicas ni políticas. Les desconcierta que haya quienes prefieran volcar dinero, tiempo y experiencia a estos emprendimientos sociales, con prescidencia de estos seudo expertos.

Por eso son tan agresivos. Desde su militancia y bajo el abrigo del Estado, intentan acorralar, reducir e incluso eliminar las iniciativas privadas.

Se olvidan que un país es su gente; personas libres que hacen lo que les parece mejor. Algunas las harán con el Estado, otras por su propia cuenta. Defienden con fiera independencia sus intereses, su familia, la sociedad en que viven. Es gente haciendo uso de su libertad.