El nuevo gobierno comenzó a andar. Esta semana asumieron los directores de todos los ministerios y con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, fueron investidos los comandantes de las tres fuerzas.

Sin embargo, como era de esperarse, ya hubo algún cortocircuito con la oposición por razones inesperadas y bastante absurdas.

En la medida que los nuevos directorios de los entes no fueron designados, siguen en sus cargos los anteriores por algunas semanas más. Esto suele pasar en cada cambio de gobierno y nunca planteó situaciones traumáticas.

Ahora sí surgió una complicación que nunca debió pasar porque no había motivo para ello.

Al no resolver el gobierno saliente la suba de tarifas en los servicios públicos que suele hacerse todos los eneros, esa decisión quedó en manos del gobierno entrante. No le es fácil tomarla porque había prometido no hacerlo. Aunque, claro, la promesa se basaba en una premisa elemental: al asumir el nuevo gobierno con tarifas actualizadas, tenía un año para que cada empresa pública manejara sus cuentas de tal manera que no fuera necesario subirlas en enero próximo. La promesa de no subirlas implicaba tomar decisiones administrativas y financieras en cada empresa a lo largo de los primeros meses para que ello fuera posible.

Cuando el gobierno saliente informó que no habría aumento, el nuevo gobierno quedó sin el piso que necesitaba para aplicar su promesa. Eso fue muy obvio. Por lo tanto, ya antes de asumir y pese a que algunos dirigentes de los partidos de la coalición expresaron su fastidio ante lo que veían como una chicana, Lacalle Pou entendió que iba a tener que subir tarifas y que le tocaría a él hacerse cargo. Con ese aplomo que lo caracteriza, supo que debía tomar la correspondiente decisión y desdramatizó la situación.

Ahora llegó el momento y el director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, empezó a hacer cálculos. Para ello les pidió a los directores de cada empresa estatal un informe al día que le ayude a definir el monto de los aumentos. Sin embargo, con excepción de Ancap, ninguno cumplió con el pedido.

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio ordenó que no se le enviara nada pues el Frente no podía quedar pegado a una decisión que correspondía al nuevo gobierno. Incluso le hizo llegar a Alfie una carta con esta indicación. Solo la presidenta de Ancap, Marta Jara, mandó la información pedida y según algunos medios ello se debió a que Jara nunca dijo ser frentista y por lo tanto se sintió libre de no acatar la orden. La explicación parece algo frívola. Lo más probable es que haya mandado la información requerida porque entendió que como presidenta de Ancap, era su deber y su responsabilidad hacerlo.

Las empresas públicas, más allá de quien las dirige, son del Estado y no pertenecen a ningún partido político. Por lo tanto no deben acatar las “órdenes” emanadas de una cúpula sectorial.

El actual presidente del FA, Javier Miranda, mientras presidía un partido que estaba en el gobierno, era un intermediario y un negociador, pero no un jefe. Se ve que ahora las cosas cambiaron. Tabaré Vázquez recorre comités como un militante más y del matrimonio Mujica-Topolansky no se supo más nada desde que se fue a mitad de la sesión de la Asamblea General el pasado 1º de marzo. Eso pareció convencer a Miranda que ahora manda él y en ese rol envía perentorias instrucciones a los entes autónomos y al propio Alfie.

Las autoridades de las empresas públicas dicen que el gobierno les quiere pasar a ellos el fardo de decidir sobre las tarifas y por esa razón no están dispuestos a responder el pedido. Tal razonamiento es absurdo. Ya pasó el 1º de marzo, ahora gobiernan otros y si suben las tarifas la responsabilidad es del nuevo gobierno y de nadie más. Eso lo dejó bien claro el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. No hay manera de que haya lugar a confusión. En definitiva, la decisión no la van a tomar los actuales directores de los entes ni nadie pretende que lo hagan.

Tan solo se les pidió información y hacerlo entra dentro de la “descripción de tareas” de sus cargos pues no es secreta ni privada. A no ser que el problema sea que no quieren enviar la información para ocultarla ya que podría demostrar que las tarifas debieron haberse aumentado antes y que se tomó la decisión de no subirlas por mezquindad política. Esa desagradable duda nunca tendría razón de ser de haber cumplido con el requisito pedido por Alfie.

Y ya que estamos en el tema, al nuevo gobierno habría que recordarle que los eufemismos no engañan a nadie. Un aumento de tarifas, una suba de precios es eso y nada más que eso. Llamarlo “adecuación tarifaria” es muy infantil, por más argumentos que se expongan. Si había que subir las tarifas, aun cuando sea por deliberada omisión del gobierno anterior, que se haga; no hay más remedio y es necesario asumirlo. Pero que no se insista en hacerlo pasar por algo que no es. Otros lo intentaron en el pasado y no funcionó. Es que la gente no es tonta.