El hecho solo ha sido destacado en su dimensión por un comentario editorial de este diario (“Ingrid González Martínez”, lunes, 23 de enero de 2017). Merece reiterarse el mensaje que implica.

El hecho solo ha sido destacado en su dimensión por un comentario editorial de este diario (“Ingrid González Martínez”, lunes, 23 de enero de 2017). Merece reiterarse el mensaje que implica.

Un distinguido administrativista argentino -Rafael Bielsa- enseñaba que los cometidos esenciales del Estado son los que hacen que el Estado sea lo que es. Refería a la defensa nacional, la policía y la justicia.

La evolución humana ha llevado a que en la mejor civilización que la especie ha conocido, la de Occidente, a los anteriores sumen los derechos humanos y la democracia, la economía impulsada por la virtud y el talento de las personas sin más límite que el respeto a los derechos de los demás, y: la seguridad social, las políticas sociales en educación, salud y vivienda, y otros más.

El Estado es necesidad humana natural. Quienes en nombre de igualitarismos irrealizables han exaltado su extinción -anarquismo, terrorismo y “revolución”, comunismo- lo único que han hecho es establecer oligarquías sangrientas, de administración cleptocrática, expresión de un retorno intelectual, moral, económico y social digno de la bestialidad del Neanderthal.

En el proceso de descomposición sostenido que vive la república, el crecimiento del crimen en los últimos 11 años ha sido exponencial. No podía esperarse otra cosa de una caterva llena de entusiastas del caos y la descomposición, del clientelismo y la inoperancia. Que en el Ministerio del Interior ha sumado titulares a su cargo ineptos y ahora personas que lo más rico que tienen en su legajo es un profundo y detestable antecedente delictivo, desarrollado contra la integridad de las instituciones.

Para justificar el caos actual se dice que el crimen crece en todas partes. Impertinente justificación. Nuestro país fue cabeza institucional en América Latina hasta que desde la pasada década del 60, una agitación de signo totalitario lo ha ido llevando a asimilarse a las realidades peores que conoce el continente.

Ingrid González Martínez fue una honesta agente policial. Compatriota de vida humilde, vivía con su familia. Vecina del barrio Borro. En Montevideo. Residía allí en un hogar en el Block H, de un complejo sito en Aparicio Saravia y San Martín. En una zona históricamente ligada a carencias sociales y propicio a generar delincuencia.

Vecinos de mal vivir le hacían sentir que molestaba su honesta presencia. Entre las muestras de acoso, en la calle malvivientes le gritaban “a los milicos hay que matarlos porque crecen como piojos”.

Días atrás le tiraron un cóctel molotov, que ingresó a su casa, la incendió y cobró su vida. Denuncias previas de la situación aludida a las autoridades habían caído en saco roto.

Para el gobierno fue un hecho intrascendente. Políticas que permitan a los policías vivir en lugares aislados de los delincuentes no existen y, símbolo del retroceso social, el barrio Borro, como otros, tras casi 12 años de administración frenteamplista sigue como si nada. Las políticas sociales del Mides, un comité de amigos del partido comunista, (lleva gastados 171 millones de dólares), no cambió la realidad social.

El orden público puesto en manos de quienes delinquieron en contra de la institucionalidad republicana equivale a poner al lobo a cuidar las gallinas. El ejemplo mártir de Ingrid González Martínez es convocatoria a luchar por el orden público y social que el pueblo uruguayo merece.