La Presidencia de la República debería tener a su disposición un avión normal y digno. Alude a la máxima jerarquía del país, y su titular lo representa ante los demás Estados y pueblos del mundo. El costo implica una cifra importante, pero su duración debería ser prolongada y útil al cargo y a las distintas personas que se sucedan en su titularidad. Ante el despilfarro gubernamental gigantesco en que vivimos de miles de millones de dólares, el asunto sería pecata minuta.

La Presidencia de la República debería tener a su disposición un avión normal y digno. Alude a la máxima jerarquía del país, y su titular lo representa ante los demás Estados y pueblos del mundo. El costo implica una cifra importante, pero su duración debería ser prolongada y útil al cargo y a las distintas personas que se sucedan en su titularidad. Ante el despilfarro gubernamental gigantesco en que vivimos de miles de millones de dólares, el asunto sería pecata minuta.

Todo va dicho, sin dejar de entender que hoy en un momento de ajuste fiscal y tarifario permanente que no perdona a los trabajadores, ni a los jubilados, ni a la producción nacional de bienes y servicios, la decisión política sobre el particular no es oportuna. Más aún cuando lo relativo a aeronaves implica malos antecedentes en la era frentista (Pluna, Alas U, el avión de Alur-Sendic, que acaba de ser destrozado por el último temporal, etc.).

Notoriamente, toda organización importante del orbe en cualquier orden cuida aspectos y atributos que hacen a su representación. En religión, política, negocios, deporte, o lo que sea. Entonces, con visión positiva en el tema, como decía el inolvidable Alberto Olmedo, “ya que vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien”. El Presidente de los Estados Unidos tiene el “Air Force One”, el de Argentina el “Tango 1”, sendos aeroplanos de línea regular internacional. Lo nuestro no da para tanto, pero tampoco, de acuerdo a lo que ha trascendido, es para comprar al presidente de nuestra república lo que, buscando un nombre acorde, sería “La Cachila Celeste”.

Según informa una voz entendida, el jet con capacidad para ocho personas, tiene un valor de mercado de US$ 394.000, pero el pueblo va a pagar por él… un millón cien mil dólares (U$S 1.100.000). El precio tasado (Carta al Director, Búsqueda, 2/2/2017, Diego Raviera Giuria, rematador), comprende a otro avión que es similar y está semidestruido. Dado que se compra un avión viejísimo -el presidencial- que ha pasado por muchos dueños (11 desde 1979), al parecer no hay repuestos nuevos disponibles. Por ello, compramos otro inservible vehículo presidencial para directamente irlo desguazando a medida que se vaya rompiendo. Así, le sacamos las piezas necesarias a la chatarra mientras se pueda. ¿Y cuando no haya más chatarra útil? No hay solución. Tiramos toda la flota aeronaútica oficial, con el presidencial incluido a un basural. Y a otra cosa mariposa.

Fundadamente se ha dicho que la compra fue dirigida. El Tribunal de Cuentas de la República basado en una opinión inobjetable de sus servicios técnicos, consideró que no hubo la legalmente obligatoria posibilidad licitatoria de puja. El Presidente, en vez de acatar la opinión técnica del organismo de contralor y cancelar la operación, hizo algo insólito: pidió la opinión de una fiscal de gobierno. Procedimiento impertinente. La que por sí y por las dudas, apoyó el criterio presidencial de compra. Cerrando el sainete, la inesperada “jubilación” de un ministro del Tribunal que se oponía al negocio, permitió ingresar a un sucesor frentista que cambió la mayoría del organismo, apoyando ahora el criterio gubernamental. Con ello, entendió el Dr. Tabaré Vázquez que el embrollo estaba arreglado. ¡Habemus “cachila”! Solo restan los saludos y felicitaciones al vendedor (¡qué tigre!). Y está probado mirando al presidente y a sus correligionarios, que en el Frente el que no corre vuela.