OPINIÓN

Quien reciba la herencia deberá mostrar un liderazgo firme y dispuesto a pagar costos políticos, y buscar los consensos que posibiliten los cambios.

Hace dos lunes me referí a las diferencias que encontraba entre los tres gobiernos del FA y terminaba la columna señalando el común denominador que veía en ellos: las asignaturas pendientes en políticas públicas que daban lugar a un lucro cesante de la gestión de estos 15 años.

Esas decisiones que no se tomaron, o que se tomaron mal, formarán parte de la herencia del próximo gobierno, la que ya se puede ver que será muy compleja.

Sin que importe el orden en que las presento, y sin pretender agotar la lista, encuentro los siguientes diez temas entre los principales que deberá encarar el sucesor en 2020.

Uno, Uruguay debe buscar acuerdos comerciales con otros países y bloques, sólo o acompañado por sus socios en el Mercosur. Brasil ha encendido una luz de esperanza en este sentido, y Uruguay podría verse beneficiado de un Mercosur más abierto y menos restrictivo para sus miembros.

Dos, más allá del aumento en las inversiones propio de todo período pre electoral, se llegará con carencias en infraestructura por la acumulación de años sin las inversiones suficientes. El sector público no tendrá recursos para abocarse a ello y deberá insistir en formas alternativas con participación privada.

Tres, se debe restablecer el orden en el mercado de trabajo, reglamentando el derecho de huelga y prohibiendo las ocupaciones de empresas. Además de actualizar la legislación, propia de otra época, a las nuevas formas de trabajar.

Cuatro, una nueva institucionalidad y un nuevo modelo de gestión son imprescindibles en la enseñanza pública, de modo que vuelva a ser una fuente de inclusión e igualdad de oportunidades.

Cinco, el gasto público está arriba del 36% del PIB si sumamos los diferentes niveles de gobierno. Es mucho para el estadio de desarrollo de nuestro país y más aún para lo que se le devuelve (en bienes públicos) al contribuyente. Los cuatro puntos siguientes muestran caminos para su adecuación.

Seis, será imprescindible una nueva reforma previsional dos décadas y media después de la última, para adecuar los parámetros del sistema a la evolución de la población y para enmendar o compensar los efectos de errores recientes (leyes de flexibilización y de cincuentones).

Siete, debe (por una vez) ponerse sobre la mesa todo el presupuesto en vez de dar por bueno lo que ya se gasta y sólo discutir incrementos. No sólo se trata de atacar gastos superfluos (que por ser tales son por definición poca cosa) sino especialmente de revisarlo todo, obligando a cada jerarca a justificar la vigencia del presupuesto asignado. La reducción en el número de funcionarios deberá ser un resultado imprescindible de ese proceso.

Ocho, se requiere una nueva gobernanza de las empresas del Estado que las profesionalice, que las independice de la política económica y que establezca reglas claras de funcionamiento con precios alineados a los internacionales, con mayor transparencia y justificación en sus actividades e inversiones.

Nueve, establecer una regla fiscal que limite el carácter pro cíclico de la política fiscal. La regla fiscal debe entrar en vigencia en un momento alto del ciclo y debe referirse al gasto.

Diez, hay regulaciones que vienen desde tiempo inmemorial y que, como el presupuesto, se dan por buenas sin volver a discutirlas. También hay subsidios explícitos e implícitos que es necesario revisar (como en los casos de cuotas mutuales, boletos y fletes).

La lista es enorme y muy profunda, y en muchos casos llevará tiempo hacer lo debido y que ello empiece a dar resultados.

Además, y asumiendo que de aquí a la asunción del nuevo gobierno no ocurrirá nada dramático en el mundo y en el vecindario, se estará entonces en una situación apremiante, debiéndose proceder a realizar los cambios necesarios, sin que se pueda seguir pateando la pelota para adelante.

Por un lado, estará la situación fiscal, con un déficit que los economistas estimamos para entonces en torno a 4% del PIB (y que las acciones referidas no abatirán de manera inmediata), y por otro lado, un “atraso cambiario” considerable con casi todo el mundo, en una economía con muy bajo crecimiento.

Si hablamos de herencias, el próximo gobierno no podrá hacer lo que las personas pueden, cuando el balance de lo que recibirán es negativo. El instituto del “beneficio de inventario” no es aplicable en este caso y sí o sí, el heredero deberá lidiar con el legado de su antecesor. En todo caso, sí podrá (y debería hacerlo) denunciar y auditar el estado de lo recibido, lo que es más fácil de hacer cuando el heredero no es del mismo partido de quien lo antecedió.

Por otro lado, la tarea será más difícil dado el contexto “agrietado” de nuestra sociedad, que se ha venido profundizando desde hace un buen tiempo. Y en un mundo, también de origen reciente, en el cual las redes sociales son caja de resonancia multitudinaria e inmediata de reacciones frente a los gobernantes y sus políticas. Lo mencionado anteriormente, lleva a los gobernantes a comportarse en función de las reacciones previsibles, mucho más que en el pasado.

Por todo lo anterior, quien reciba la herencia deberá mostrar un liderazgo a la vez firme (y dispuesto a pagar costos políticos) y flexible para convocar a la búsqueda de los consensos que respalden cambios legales que requieren mayorías que nadie tendrá por sí mismo.