Pablo Da Silveira
Pablo Da Silveira

Vendiendo humo

Las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentaban ayer el “documento base” de una gran consulta electrónica que se lanzará en febrero. El propósito de la iniciativa es recibir propuestas acerca de los objetivos de aprendizaje que deben incluirse en un “marco curricular de referencia” para toda la educación básica.

Las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentaban ayer el “documento base” de una gran consulta electrónica que se lanzará en febrero. El propósito de la iniciativa es recibir propuestas acerca de los objetivos de aprendizaje que deben incluirse en un “marco curricular de referencia” para toda la educación básica.

O sea: por primera vez en nuestra historia, la definición de lo que deben aprender los alumnos de nuestra educación primaria y media no será tarea exclusiva de las autoridades educativas, sino que se realizará en forma “participativa”, con aportes de los ciudadanos. La comunicación oficial del Codicen lo dice en el lenguaje apalabrado y untuoso al que nos tiene habituados: “La ANEP abre un espacio de participación con el propósito de definir elementos comunes y fundamentales que han de estar presentes en el itinerario que niñas, niños y adolescentes deben transitar en la educación formal obligatoria”.

Uno se pregunta por qué el oficialismo esperó doce años antes de tomar una iniciativa semejante, si es que la considera tan necesaria para la elaboración de un marco curricular común. Después de todo, las personas que han ocupado cargos en el Codicen, en los consejos desconcentrados y en la cúpula del MEC han sido básicamente las mismas desde el año 2005. ¿Es que recién ahora se han convencido de que hace falta cambiar algo?

Uno se pregunta también cómo se articula esta iniciativa con el Congreso Nacional de Educación, que empieza a prepararse el año que viene y movilizará a miles de personas.

Y uno se interroga finalmente sobre los curiosos límites que se fijan al concepto de participación. Porque, si bien las autoridades educativas se autodefinen como participativas, no parecen estar dispuestas a ir muy lejos por este camino. Si fueran participativas en serio, deberían renunciar a sus cargos y dejar que la ciudadanía tomara por sí misma las grandes decisiones, en una suerte de ágora electrónica. En ese esquema no tendríamos necesidad de jerarcas con sueldos suculentos, sino de funcionarios de mediano rango que recogieran las definiciones fundamentales y las transformaran en decisiones administrativas.

Pero las autoridades educativas no van tan lejos. Quieren participación en la medida necesaria para licuar sus propias responsabilidades, pero no al grado de licuar sus cargos y sus sueldos.

Todo el asunto tiene el aspecto de un gran operativo de venta de humo. Al poner en marcha esta consulta, las autoridades educativas compran tiempo (no sea cosa que alguien les pida decisiones inmediatas) y transfieren a otros una tarea que les corresponde. No importa que los operativos de esta clase sean fácilmente manipulables en términos políticos. Tampoco importa que sea virtualmente imposible procesar e integrar una gran cantidad de respuestas, en el caso de que las haya. Todo queda cubierto bajo el oscuro manto de lo políticamente correcto.

Una vez más, nuestras autoridades educativas dan la impresión de ser una banda de pícaros. No van a ningún lado ni tienen ningún proyecto. Gastan plata a manos llenas sin hacerse cargo de sus fracasos. Se creen hábiles porque saben hablar sin decir nada o porque cantan victorias que no existen. Son expertos en dejar pasar el tiempo. Donde debería haber grandeza y compromiso, ellos ponen mañas de burócrata. Simplemente maniobran.

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