Lo que sucede en Venezuela es un asunto de creciente gravedad para toda la región. En el caso del Uruguay, aquel proceso tiene una dimensión adicional: algunos de los discursos de quienes defienden al régimen de Maduro nos hacen sentir que, sin darnos cuenta, nos hemos subido a la máquina del tiempo y estamos nuevamente en la peor parte de la década de 1960.

Lo que sucede en Venezuela es un asunto de creciente gravedad para toda la región. En el caso del Uruguay, aquel proceso tiene una dimensión adicional: algunos de los discursos de quienes defienden al régimen de Maduro nos hacen sentir que, sin darnos cuenta, nos hemos subido a la máquina del tiempo y estamos nuevamente en la peor parte de la década de 1960.

Pero es inútil pretender tapar el cielo, o el Sol, con el harnero de antiguallas ideológicas sesentistas. Vivimos en la era de las comunicaciones que nos pone directamente en contacto con los hechos.

La realidad es que el presidente venezolano mandó juzgar a civiles por tribunales militares, que la crisis económica (causada por la ineptitud de Maduro y su equipo) está teniendo efectos catastróficos sobre la salud de los venezolanos y que el Poder Ejecutivo domina al Poder Judicial e ignora a la Asamblea Nacional. Ahora nos enteramos que el presidente venezolano destituyó a la ministro de Salud por divulgar datos estadísticos de acuerdo con su obligación. Claro, hay que proteger el relato y siempre es más fácil ejecutar al mensajero.

Es reconfortante enterarse de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país “ha sido fiel a su rica historia diplomática, siempre apostando por el diálogo y a velar por la protección de los derechos humanos”. Y que “rechazamos todo intento de intervención en los asuntos internos de otros Estados”.

¿Dónde se encuentra el punto de equilibrio entre el principio de no intervención y la obligación bajo el Derecho Internacional que tienen todos los Estados de respetar los derechos humanos? ¿Qué hacer cuando un Estado viola los derechos humanos de sus ciudadanos? Venezuela abandonó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH) en el 2012 y ahora comenzó el proceso para dejar la OEA. Estas medidas tienen la consecuencia de debilitar la protección de los derechos humanos en ese país. Sin embargo, el tema no parece interesarle demasiado a los defensores de Maduro y su régimen.

Pero, no solamente hay problemas en las ideas básicas que deberían orientar la acción, sino también en cómo se aplican.

En la interpelación, el canciller anunció como un gran progreso que la ministro de Relaciones Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, había invitado a nuestro país en nombre de Maduro, por WhatsApp, a integrarse a un conjunto de países “para ayudar al diálogo en Venezuela”.

La política exterior es un asunto demasiado delicado, complejo y serio como para manejarla mediante mensajes electrónicos y a las apuradas.

Es revelador que hasta el momento, solamente parecen haber aceptado la invitación de Maduro (además de nosotros) El Salvador, Nicaragua, San Vicente, las Granadinas y la República Dominicana. Es significativo que todos ellos sean socios de Venezuela en Petrocaribe. Además, San Vicente es miembro del ALBA.

Comparemos esa lista con la de los 19 países (incluyendo a nuestros socios mercosurianos, Chile y Perú) que votaron a favor de la resolución del Consejo Permanente de la OEA de convocar a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación por la que atraviesa Venezuela. ¿Esos países no fueron invitados por Maduro, o no aceptaron?

¿A nadie le llama la atención?