Al Cabo Wilson Coronel y a sus desgarrados deudos los ofendió la ausencia en su sepelio de los jerarcas y los símbolos oficiales que debían reconocerle haber muerto defendiendo la ley frente a la rapiña. Asesinado como hombre-policía, el Ministerio del Interior le negó despedirlo humana y funcionalmente. Más aún: mientras lo velaban, divulgó que su esposa y sus hijos no habrían de recibir compensaciones por muerte en acto de servicio, porque estaba trabajando en condiciones que la ley prohíbe.

Al Cabo Wilson Coronel y a sus desgarrados deudos los ofendió la ausencia en su sepelio de los jerarcas y los símbolos oficiales que debían reconocerle haber muerto defendiendo la ley frente a la rapiña. Asesinado como hombre-policía, el Ministerio del Interior le negó despedirlo humana y funcionalmente. Más aún: mientras lo velaban, divulgó que su esposa y sus hijos no habrían de recibir compensaciones por muerte en acto de servicio, porque estaba trabajando en condiciones que la ley prohíbe.

A todos nos agravió ese desamparo institucional en que quedaba la familia, según apuradamente se divulgó. Recibimos la noticia como un ataque a nuestros más altos sentimientos. Tanto, que en el estupor nos juntamos los opositores, el Pit-Cnt y los gubernistas que quedan.

Dos días después, el subsecretario del Interior, Lic. Jorge Vázquez, trató de explicar que no había querido criticar al muerto por trabajar en el mal llamado 223, y enderezó la atención contra el empleador y sus “intereses”, que, según informó, pasó a ser denunciado penalmente por responsabilidad patronal (¡¿?!).

Pero ni las justificaciones de las últimas horas ni las soluciones futuras han de atenuar la marca indeleble que nos dejó la primera reacción. Es un ejemplo pedagógico, de libro, que volvió a evidenciar la caída de las referencias nacionales. La ciudadanía sepultando la sensibilidad bajo gruesas capas de silencio. El gobierno, distorsionando y vaciando nuestra escala de valores, al usar un motivo menor y fútil para desobedecer lo más sagrado del Derecho.

El estado policial obliga las 24 horas. El Cabo Coronel no murió asaltando sino asaltado. No atacaba: defendía. Actuó con valentía de ciudadano, cumpliendo como policía. Por tanto, su actitud y la tragedia que le tronchó la vida importan incomparablemente más que si había firmado tarjeta, si venía cobrando en negro o si transgredía la prohibición de custodiar privadamente. El asesino no le preguntó qué estatuto jurídico tenía su relación con la pizzería.

Al Ministerio -nuestro deudor de la seguridad nuestra de cada día-, tamaña inmolación debió imponerle mucho más respeto que la relación laboral que salió a cuestionar.

Caída la función de pensar, ¡qué fácil es convertir al Derecho en fuente de pretextos formales para esquivar los principios! Por esa vía, cualquier norma aislada sirve para jugar al achique de lo humano y promover resignaciones que nos empobrecen el alma en vez de promover la función rectora y transformadora de la Constitución. No se usa la legalidad para otear horizontes desde el humanismo. Se la emplea para impedir las miradas unificadoras, de modo que lo absurdo se convierta en un límite que el pensamiento no pueda traspasar.

Ante semejante cuadro, se nos revuelven, en un solo movimiento del ánimo, los sentimientos, el sentido común y la lógica.

Desgraciadamente, con ser patético, el caso no fue único: mostró un estilo rígido que siempre puede agregar un colmo más.

La prueba está en que una abanderada de la antidiscriminación no tuvo empacho en discriminar al policía-víctima, negando el voto al minuto de silencio que en su homenaje dispusieron todos los demás senadores, lo cual acrecentó las oscuridades y sandeces del eclipse republicano en que vivimos.