LA CLAVE

Es absurdo que una cuestión de estricto criterio legal interno, como el desalojo de un predio ocupado ilegalmente, pretenda ser llevado a la ONU. Y, casi peor, que un organismo que debe tratar crisis como las de Siria, Sudán o Myanmar, esté destinando tiempo y recursos a entrometerse en cuestiones internas de un país soberano. El derecho a la vivienda está en la constitución, pero también el de propiedad. La justicia uruguaya es la que debe resolver cuando estos derechos entran en conflicto.