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Entre la corrupción y la lentitud judicial

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Hay en Argentina un movimiento que al día jueves ya llevaba más de 200.000 firmas, con la intención de hacer llegar a las autoridades, una carta en la que se pide que el Fiscal José Mario Campagnoli ocupe la titularidad de la Procuraduría General.

Hay en Argentina un movimiento que al día jueves ya llevaba más de 200.000 firmas, con la intención de hacer llegar a las autoridades, una carta en la que se pide que el Fiscal José Mario Campagnoli ocupe la titularidad de la Procuraduría General.

Se trata de una iniciativa bastante sui generis, pero condice con la enrarecida situación de la justicia en la vecina orilla. A este hombre se le conoce y se le respeta como una persona del derecho que trabaja a conciencia y que cayó víctima de la actual Procuradora, Gils Carbó, quien fue puesta en ese cargo por la ex presidenta argentina, Cristina Kirchner.

La evidente intención de la primer mandataria fue la de blindar su posible partida de la Casa Rosada respecto de las consecuencias judiciales que de ello procederían. Y ya sea por convicción pura o por otros motivos más espurios, lo cierto es que Gils Carbó ha cumplido a cabalidad con el mandato de su mentora, quien la colocó en un lugar estratégico para poder manejar los hilos de manera de entorpecer investigaciones potencialmente peligrosas. Actúa con la tranquilidad que le da estar en un sitial del cual no tiene que bajarse aún en el caso de perder el kirchnerismo el poder. Con celeridad llenó la fiscalía con gente que entró por medio de un régimen de concursos tachado de ilegítimo.

El fiscal Campagnoli, quien estaba abocado a bucear en ese caso sumamente comprometedor para la presidencia y su entorno, el de Lázaro Báez, fue rápidamente aislado. Lo mandaron a su casa hasta que pudo volver luego de hacer un reclamo judicial en el que obtuvo satisfacción. Su equipo fue desmembrado y enviado a trabajar en otros temas, en las mazmorras del palacio judicial. Lo que representa Gils Carbó es un secreto a voces y por lo tanto, no faltan las ganas en el gobierno de removerla, pero no es nada fácil ya que está amparada por la ley, en su atalaya. Un camino sería el juicio político, pero para eso hay que contar con los suficientes votos en el Congreso, que no es el caso en la presente legislatura. De todos modos, se ha abierto una causa en su contra a raíz de una operación de compra de un inmueble para la fiscalía, en la que surgen fundadas sospechas de irregularidades. No bien sea citada o procesada, se supone que el Gobierno promoverá su destitución o suspensión inmediata. Pero por el momento, sigue haciendo de las suyas. Ha resultado escandalosa su inercia vis a vis los documentos en manos de la justicia en el Brasil, al no hacer nada en todo este tiempo para indagar sobre las coimas millonarias de Odebrecht, a raíz de las obras en Argentina, que abarcan todo el período K. Al contrario de otros países como Perú, que ya hace meses está enviando a sus fiscales para que indaguen en el complejo papeleo.

La gran diferencia entre Brasil y la Argentina en el ámbito de la justicia es que desde que en el gran vecino se desató el escándalo de Petrobras, luego el de Odebrecht y más recientemente, el de los hermanos Batista, han sido imputados y se encuentran en prisión, más de 1300 políticos y empresarios. De los grandes y de los chicos en escaso año y medio.

En cambio, en Argentina, por temas de corrupción se hallan privadas de libertad solo 4 personas; Lázaro Báez ( para muchos el testaferro de Néstor Kirchner, (se sigue rastreando), Ricardo Jaime (transporte) y José López, (el de los bolsos).

Hay en la sociedad un sordo clamor que aspira a que se haga justicia, frente a la lentitud de su accionar. Hay una exigencia generalizada para que los ladrones sean castigados y se devuelvan los recursos mal habidos que han empobrecido al país. Las cifras multi millonarias que pagarán al estado brasilero, JBS (carne) 3 660 millones de dólares y Odebrecht, (constructora) 3380 millones de reales, (1038 millones de dólares) seguramente son motivo de envidia y espanto del otro lado del río, donde nada por el estilo sucede. Y algunas personas lucen intocables, como De Vido, claramente implicado ya que era jefe incuestionado en todos los negocios y transacciones, desde que Néstor llegó a la Casa Rosada, continuando las prácticas de Santa Cruz. O la misma Cristina, enriquecida ostensiblemente, por más que el obsecuente Juez Oyarbide, con una celeridad nunca vista archivara el juicio por enriquecimiento ilícito (se ha reabierto) en su momento.

Se sabe que en el tercer mundo, lamentablemente, la independencia de la justicia es más proclamada que fáctica. En Argentina, salvo honrosas excepciones, los jueces han respondido al poder de turno. Baste recordar la servilleta del ministro Corach en tiempos de Menem. Mauricio Macri quiso ser distinto. Pero está visto que si no bajan las indicaciones desde arriba, magistrados y fiscales prefieren hacer la plancha. Tal vez por ello, el Presidente el jueves se dirigió a ellos muy duramente, en el Colegio de Abogados.

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Julia Rodríguez Larreta

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