Las últimas semanas fueron preocupantes. Una testigo asesinada, una actuaria judicial en San José, hermana de una jueza, ultimada en una rapiña aunque las circunstancias a muchos generó dudas, un juez y un fiscal amenazados por delincuentes pesados, y el episodio sufrido por el Dr. Bordes a manos de un sicario que por suerte no pudo consumar su objetivo. No son los primeros casos: en 2014 los custodios de una jueza fueron tiroteados, y en total hay 17 casos de amenazas similares a magistrados.

Las últimas semanas fueron preocupantes. Una testigo asesinada, una actuaria judicial en San José, hermana de una jueza, ultimada en una rapiña aunque las circunstancias a muchos generó dudas, un juez y un fiscal amenazados por delincuentes pesados, y el episodio sufrido por el Dr. Bordes a manos de un sicario que por suerte no pudo consumar su objetivo. No son los primeros casos: en 2014 los custodios de una jueza fueron tiroteados, y en total hay 17 casos de amenazas similares a magistrados.

Dijo Bonomi que siempre hubo denuncias, en una naturalización del episodio insólita. El ministro no entiende de República y por eso usa su tiempo para extorsionar solapadamente al policía que investigó a las “tupabandas” con frases a medias, acusándolo sin jugársela de coimas que no se anima a denunciar en un juzgado. Una actitud otra vez muy poco valiente y cobardona.

Estos episodios son propios de las series del narcotraficante Pablo Escobar, donde desde arriba de una moto se mataba a jueces y se atentaba contra la Justicia. Aquí nos empeñamos en no ver esta realidad y creer que estas cosas no llegan. Llegaron. El mundo del sicariato está entre nosotros y el infantilismo de creernos un país inmune a la corrupción y a loschantajes del crimen organizado no resiste análisis.

Desde el gobierno no tienen solución, que no es fácil, pero tampoco intentan abordarlo. Que se diga que siempre existieron es un error grave. Una cosa es una amenaza de un delincuente común y otra muy distinta de una organización criminal, de narcos. Va a ser peor en los próximos meses cuando se ponga en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, porque los acusados, los denunciantes y los testigos estarán frente a frente mirándose las caras, y frente a ellos los jueces y fiscales que además llevarán adelante la investigación. ¿Cómo se garantizará la seguridad de un testigo que será conocido por el acusado? ¿Con qué libertad testimoniará? Una cosa es un ladrón de naranjas y otra muy distinta es una organización mafiosa.

Desde la Suprema Corte de Justicia ya alertaron de esta situación. Detenernos a garantizar la seguridad de los operadores judiciales es imprescindible. Decir que tenemos una Justicia independiente cuando existen amenazas sobre los que dictan esa Justicia puede ser una contradicción, una cosa es el discurso para afuera y otra es saber que de lo que uno decida depende que se concrete una amenaza contra sí mismo o contra un familiar. No se es libre, digámoslo claro. El que diga lo contrario no lo hace con la mano en el corazón.

Cuando sobre la Justicia hay peligros y amenazas lo que está en juego es su independencia y por lo tanto la República misma. El camino de la corrupción queda abierto y no tiene que haber plata a cambio, puede ser simplemente el derecho a vivir. Hasta ahora las reacciones del gobierno fueron las de minimizar este fenómeno. No se han dado cuenta que entramos en un camino sin retorno. Las mafias criminales como no respetan su propia vida, está en su propio ADN, tampoco respetan la de los demás. La amenaza del crimen organizado es ir por la República. La receta es conocida: infiltrar el sistema político, una de las principales herramientas, y financiarlo, e ir por los jueces y los fiscales. La tranquilidad del Río de la Plata cambió por las turbulencias del Caribe. Es cuestión de República, ya no hacen falta tanquetas para atacarla.