La semana pasada fue presentado el informe “Revisión de recursos educativos: Uruguay” elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La semana pasada fue presentado el informe “Revisión de recursos educativos: Uruguay” elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El informe forma parte de un programa de la OCDE cuya finalidad es explorar la gobernanza, distribución, utilización y administración de los recursos para la educación con el fin de mejorar su calidad, equidad y eficiencia.

El concepto de recursos para la enseñanza es entendido en el sentido más amplio, e incluye recursos financieros (por ejemplo el gasto en enseñanza y el presupuesto de cada escuela), los recursos físicos (infraestructura de los centros de enseñanza y computadoras), los recursos humanos (maestros y personal administrativo), y otros recursos (por ejemplo el tiempo dedicado a la enseñanza). La revisión abarcó un amplio conjunto de aspectos clave.

Se han conseguido avances significativos en la enseñanza primaria (aunque queda la pregunta sobre la calidad de esa enseñanza). Pero, dice el estudio muy diplomáticamente, las tasas de graduación de la enseñanza secundaria de primer y segundo nivel “continúan siendo no satisfactorias”. No solamente en comparación con los países de niveles más altos de desarrollo humano sino respecto de los de nuestra región.

Uno de los desafíos más importantes que analiza el estudio es la estructura y funcionamiento del sistema de gobernanza y administración de la enseñanza. Este es un aspecto clave porque difícilmente se pueden esperar las reformas imprescindibles de una estructura que, en realidad, es una de las principales causas de los problemas que necesitamos corregir.

“Un desafío importante en la educación en el Uruguay” -se opina en el informe- “concierne a la estructura de su gobernanza institucional y la distribución de responsabilidades para desarrollar y aplicar la política de enseñanza escolar”. No existe una definición clara de quien es el responsable de definir la política de enseñanza y quien es el responsable último de aplicarla y conseguir los resultados dentro del sistema de la enseñanza. Existe una ambigüedad en los papeles que cumplen la plétora de consejos que existen con el Codicen y, agregaríamos nosotros, con el Ministerio de Educación y Cultura (que tiene una relación platónica con la enseñanza).

Segundo, la estructura de gobernanza está muy fragmentada porque, en la práctica, cada consejo opera dentro de su subsistema de una manera más bien independiente. Como resultado, “la enseñanza escolar no es gobernada como un sistema, sino más bien como un conjunto de subsistemas relativamente aislados”.

Las consecuencias son importantes: líneas de responsabilidad poco claras, falta de liderazgo en la política de enseñanza, competencia entre los diferentes consejos por los recursos presupuestales siempre limitados. La fragmentación de la gobernanza del sistema total es un obstáculo para que los respectivos subsistemas compartan recursos escasos y, también, impide la transferencia de esos recursos de un subsistema al otro.

En conclusión, esa estructura de chacritas de la gobernanza y la responsabilidad por la administración de la enseñanza hace que sea muy difícil poner en práctica los cambios de conjunto, holísticos, que se necesitan.