Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

En el aire

El calor no le hace mucho bien al Poder Ejecutivo. Enero comenzó con la idea de limitar los informes meteorológicos producidos por expertos privados (lo que iría en contra de la libertad de expresión y de empresa, consagradas en la Constitución); siguió luego el tema del remolcador Ky Chororo (que a poco de comenzar a operar está en el dique); y continuó con las malas noticias de Alas-Uruguay. El Fondo de Desarrollo presentó el concurso de la empresa ante el Juzgado de Concursos.

El calor no le hace mucho bien al Poder Ejecutivo. Enero comenzó con la idea de limitar los informes meteorológicos producidos por expertos privados (lo que iría en contra de la libertad de expresión y de empresa, consagradas en la Constitución); siguió luego el tema del remolcador Ky Chororo (que a poco de comenzar a operar está en el dique); y continuó con las malas noticias de Alas-Uruguay. El Fondo de Desarrollo presentó el concurso de la empresa ante el Juzgado de Concursos.

Estos chubascos veraniegos se produjeron después de un año en el cual los ciudadanos nos vimos deslumbrados por los desastres de la gestión de Ancap el despilfarro del Fondes, y los últimos coletazos del caso Pluna. Ante esas pérdidas de decenas de millones de dólares, el ciudadano común y corriente, no importa si toma el 125 al Cerro o el 117 a Punta Carretas, siente que su capacidad de asombro es superada por una realidad que cada día trae un desengaño peor.

Como si todo lo anterior fuera poco, ahora nos enfrentamos al lógico ajuste fiscal (ya sabemos quien tendrá que pagar por tanto derroche) que deja a todos, especialmente a la clase media, con la lengua afuera.

Los eufemismos del ministro de Economía y su equipo ya no engañan. Según ellos los aumentos en los impuestos, tasas y precios del Estado abiertos y los encubiertos (escondidos, por ejemplo, en las tarifas de Ancap) son un racional “ajuste fiscal”. Nadie se cree esto. Entretanto, en la feria las manzanas se venden de a medio kilo, porque un kilo cuesta más de cien pesos.

En este escenario, los políticos más veteranos aconsejarían “desensillar hasta que aclare”. En un lenguaje más moderno, quedarse quieto y no hacer más olas por un tiempo.

Pues no.

El gobierno resolvió crear un tsunami político al anunciar la compra, contra viento y marea, de algo tan imprescindible como un avión presidencial.

Recordemos que esta adquisición comenzó como una compra directa.

Entonces, el subsecretario de Defensa Nacional afirmó entonces que no existía “ningún manto de oscuridad” en la compra del avión. Pero, finalmente, se optó por el procedimiento que correspondía, el de la licitación pública.

Hecha la licitación (con un solo oferente) el Tribunal de Cuentas formuló observaciones a la compra.

Lo que no le cayó nada bien al Poder Ejecutivo. Éste, invocando un dictamen jurídico de la Fiscalía de Gobierno desestimó las objeciones del Tribunal de Cuentas y resolvió reiterar el gasto.

Nuestra Constitución dedica un capítulo al Tribunal de Cuentas y le asigna un conjunto de competencias fundamentales, incluyendo la de controlar los gastos y los pagos conforme a las normas reguladoras.

Muchos seguramente opinarán que el Poder Ejecutivo, y especialmente el Ministerio de Economía y Finanzas, tienen la obligación de respetar las decisiones del Tribunal y el deber de apoyarlo en su trabajo. Parecería obvio que un gobierno que se esfuerza (por lo menos lo dice) en asegurar una buena administración y contener el gasto público haría lo posible para fortalecer el Tribunal de Cuentas. Deberían dar el ejemplo.

No ha sido así.

En realidad, con esta decisión, y con la forma en que ha sido fundamentada, han creado un pésimo precedente que lo único que consigue es debilitarlo aún más.

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