Jorge Grünberg
Jorge Grünberg

Una cuestión moral

Después de mucho tiempo de negación, la mayoría de la sociedad uruguaya ha aceptado públicamente que nuestro sistema educativo es disfuncional, en el sentido de que no cumple con brindar oportunidades equitativas de formación y aprendizaje de alta calidad a los uruguayos.

Después de mucho tiempo de negación, la mayoría de la sociedad uruguaya ha aceptado públicamente que nuestro sistema educativo es disfuncional, en el sentido de que no cumple con brindar oportunidades equitativas de formación y aprendizaje de alta calidad a los uruguayos.

También es importante que una parte creciente de nuestra sociedad está consciente de que en los próximos años la educación, especialmente la educación superior, será la llave para el futuro laboral y para el ejercicio de la ciudadanía. Los ciudadanos que no accedan a educación avanzada de alta calidad estarán en riesgo de exclusión laboral y social.

Lamentablemente, la aceptación de esta disfuncionalidad y de sus consecuencias no es universal. Algunas instituciones o corporaciones no la aceptan públicamente, aunque en privado buscan opciones para sus hijos. Otros la consideran parte de una situación social-política-cultural más amplia que debe resolverse previamente. La enseñanza adecuada del teorema de Pitágoras debe esperar a que la sociedad sea más justa y el mundo más solidario. Si ese objetivo lleva décadas o no es alcanzable, es un costo a asumir (en lo posible por los hijos de otros).

En otros casos no se niega el problema pero se rechazan soluciones comprobadas porque violan la “puridad” del Estado. Estas personas aceptan que la educación requiere mejoras y que la sociedad tiene la responsabilidad de hacerlo. Pero confunden la sociedad con el Estado (que es el brazo ejecutor de la sociedad organizada y a ella representa y responde). Estas personas consideran que las soluciones solo son legítimas si son concebidas, diseñadas y ejecutadas por el Estado. Si el Estado no cumple, los ciudadanos deben esperar. Por eso experiencias positivas aunque limitadas, como los liceos públicos de gestión privada, son rechazados por razones filosóficas por algunos sectores.

Otras personas o grupos frente a la evidencia incontrovertible de nuestros problemas educativos adoptan posturas evasivas.

Estas personas no discuten cómo mejorar la educación. Su propuesta es terminar con las mediciones, por ejemplo que Uruguay ya no participe en pruebas internacionales como las pruebas PISA. Es el equivalente de tratar la fiebre de un paciente tirando el termómetro.

Pero estas opiniones se están volviendo minoritarias. Los problemas de nuestra educación ya están demasiado visibles como para negarlos, y las nuevas generaciones y sus padres ya están cada vez menos dispuestos a sufrir sus consecuencias en aras de vagos principios ideológicos.

En los últimos años han tenido lugar algunos cambios positivos.

El Plan Ceibal ha creado una nueva infraestructura de tecnología educativa que potencialmente puede contribuir positivamente a un aprendizaje más creativo. La UTEC con su enfoque en la educación tecnológica y en el interior del país ofrece nuevas posibilidades. La ANII está apoyando investigaciones y emprendimientos en forma útil y sostenida. Las universidades públicas y privadas han ampliado las opciones de carreras y postgrados disponibles para los uruguayos a un nivel inédito para nuestro país. Las experiencias de los liceos públicos de gestión privada son una prueba de concepto útil para sus actuales alumnos y valiosa para el Estado como laboratorio de buenas prácticas. Encuentros Ciudadanos, EDU21, Enseña Uruguay y otras iniciativas de la sociedad civil, amplían el perímetro del diálogo público sobre educación.

Es esperable que luego de aumentar en forma importante el gasto público en educación pública y con el intenso interés público por el tema se hayan producido algunos cambios. Las preguntas son: si estos cambios se están realizando a la velocidad y profundidad necesaria.

Mi opinión profesional es que estos cambios son insuficientes. Por eso grupos políticos y organizaciones sociales están realizando propuestas de cambio y mejora pero sin mayor éxito. Las propuestas con capacidad de generar cambios no tienen apoyo y las que tienen apoyo solo prometen cambios marginales o en plazos tan largos que los ciudadanos no se sienten comprometidos.

La velocidad a la que estamos mejorando es tan lenta que la brecha con los países con que debemos competir se está ampliando continuamente. Ya estamos a una distancia enorme, quizás infranqueable por una o dos generaciones, con los resultados educativos de Corea del Sur, Finlandia o Singapur. Es una gran frustración porque ninguno de estos países estaba mejor que nosotros desde el punto de vista educativo hace unas pocas décadas. Pero ahora ya tampoco podemos compararnos con otros países mucho más pobres que los anteriormente mencionados. Por ejemplo Vietnam que tiene un PBI per cápita diez veces menor que el nuestro tuvo resultados de matemática en las pruebas PISA 2012 mejores que los de Estados Unidos e Inglaterra. Estos países se han dado cuenta de que estaban confundidos respecto a sus problemas económicos. Pensaban que su educación era mala calidad porque eran pobres y no podían invertir en educación. El problema era el inverso. Eran pobres porque no tenían educación de alta calidad.

La mejora educativa, y en particular la exclusión de los uruguayos de la educación superior, no es un problema técnico sino una cuestión moral. Una vez que aceptamos esta premisa el resto de los temas adquiere su verdadera dimensión. Aparece claro que los bloqueos al cambio y las prohibiciones a la discusión de las instituciones y corporaciones que pretenden perpetuar el status quo no responden a discrepancias técnicas sino a que anteponen sus intereses de grupo al cumplimiento de un mandato moral. Es en esos términos que debemos plantear la discusión.

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