Recogiendo la propuesta del diputado colorado -y sanducero- Walter Verri, el Gobierno cambió su postura con respecto al “fracking” al anunciar que remitirá un proyecto de ley al Parlamento, en el cual se establecerá una moratoria de cuatro años para la posibilidad de su utilización en Uruguay.

Recogiendo la propuesta del diputado colorado -y sanducero- Walter Verri, el Gobierno cambió su postura con respecto al “fracking” al anunciar que remitirá un proyecto de ley al Parlamento, en el cual se establecerá una moratoria de cuatro años para la posibilidad de su utilización en Uruguay.

Ocurre en el marco de las actividades iniciadas por la empresa minera Schuepbach en el este del departamento de Paysandú, que ya han generado mucha polémica y reacciones diversas de la sociedad civil, con movilizaciones importantes como la del paraje de Cuchilla de Fuego.

Violentas explosiones con algunos movimientos telúricos perceptibles por los habitantes de la zona, seguidos de la misteriosa suspensión de actividades decidida por la empresa, motivaron reacciones y quejas inmediatas, ante el desconocimiento de las autoridades ambientales del país de qué estaba sucediendo allí.

Los responsables aseguran que no está previsto ni autorizado realizar “fracking”, pero la desconfianza está instalada en mucha gente, debido a la falta de transparencia en lo que implica tener acceso pública a la información referida a lo acordado entre la empresa y el Gobierno, al detalle de lo que se está haciendo, los controles que se realizan, etc.

El “fracking” es una técnica muy agresiva inventada para explotar yacimientos no convencionales de gas y petróleo. Insume el uso de enormes cantidades de agua inyectadas a gran presión en el suelo. Pero esa agua va mezclada con arena y una gran variedad de productos químicos (más de 300). El resultado es la ampliación de las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el hidrocarburo, generando una porosidad artificial que favorece la liberación del gas o del petróleo hacia la superficie, junto al agua y todos los químicos que contiene.

Esa agua mezclada es un residuo peligroso; muy contaminante. Son muy elevadas las probabilidades de que alcance a los acuíferos -y a través de ellos a los ríos, arroyos y cañadas. Si ocurre compromete el sistema hidrológico local, y en este caso estamos hablando nada menos que del acuífero Guaraní.

En 2015 se reportaron más de doscientos incidentes en los Estados Unidos por “fracking”. La evidencia de su peligrosidad e inconveniencia es inocultable.

No se justifica la utilización, actual o futura, en nuestro país de esta técnica tan agresiva para las persona y para el ambiente. Porque la ecuación en riesgo es afectar severamente recursos naturales renovables a cambio de otros que no lo son.

La mencionada moratoria es una buena noticia si la comparamos con la postura oficial anterior. Por lo menos durante ese corto plazo el país estará a resguardo de eventuales “aventuras”, para mejorar en el menor tiempo posible las cuentas del estado, tan desequilibradas debido al imparable aumento del gasto público.

Sin embargo estamos convencidos de que dadas las características geográficas, socioproductivas, hidrológicas y ecosistémicas de nuestro país, será mucho más conveniente materializar el proyecto de ley del diputado Alejo Umpiérrez, que prohíbe la fractura hidráulica en Uruguay de manera permanente, siguiendo el ejemplo de un país de avanzada como Francia.