Se cometerá una grave equivocación si en el Parlamento se posterga el tratamiento del proyecto de ley que prohíbe la utilización de la técnica de la fracturación hidráulica de la roca -fracking- para explotar yacimientos de hidrocarburos no convencionales que se descubran en el país.

Se cometerá una grave equivocación si en el Parlamento se posterga el tratamiento del proyecto de ley que prohíbe la utilización de la técnica de la fracturación hidráulica de la roca -fracking- para explotar yacimientos de hidrocarburos no convencionales que se descubran en el país.

La actual búsqueda al norte del río Negro es el preámbulo para una situación que nos podría colocar en la disyuntiva de elegir entre beneficios económicos cortoplacistas y perjuicios socioambientales para varias generaciones.

Hasta hace unos decenios la elección era obvia debido a nuestra persistente miopía. No evaluábamos los enormes costes sociales, económicos y ecológicos que nos generaban los horrores ambientales cometidos en nombre del desarrollo y el progreso.

Ahora estamos transitando caminos nuevos, guiados por la idea de la sustentabilidad y de la planificación a largo plazo, convencidos de que la equidad, el estado de derecho y la conservación son sus pilares.

La fractura vertical de la roca que produce el fracking se consigue inyectando agua a gran presión mezclada con aditivos químicos -muchos de las cuales son peligrosamente contaminantes- y arena.

Es una vieja técnica estadounidense que recién en los últimos veinte años se hizo rentable. Ha generado muchísimas críticas por sus efectos contaminantes sobre las aguas subterráneas, el aire, su enorme consumo de agua, contaminación sonora, reflujo de metales pesados y materiales radiactivos hacia la superficie, aumento de la actividad sísmica, salinización del agua de napas freáticas y migración de gases y productos químicos utilizados hacia la superficie. Su uso provoca un gran impacto ambiental, y además es cara.

Desde el presidente Váz-quez hasta los responsables de la empresa extranjera que iniciarán la búsqueda en nuestro país, aseguran que no está en los planes utilizar fracking. Algo obvio en este momento debido al deprimido precio internacional del crudo. Pero si el viento cambia, otra será la historia.

Por eso consideramos conveniente y muy inteligente blindarnos contra la posibilidad de que en el futuro se autorice el fracking en nuestro territorio.

Algunos que lo defienden argumentan que no puede ser tan mala desde el momento que en Estados Unidos se la utiliza desde hace décadas (aunque ya se prohibió en los estados de Vermont y Nueva York), y le ha permitido pasar de ser un país importador a exportador.

Pero lo que no mencionan es que a partir de la aprobación de la Ley de Política Energética en 2005, la industria petrolera y del gas de la primera potencia mundial está exenta del cumplimiento de varios artículos de las principales leyes federales de protección ambiental (ley de Aire Limpio, ley de Agua Limpia, ley de Política Ambiental Nacional, etc.), priorizando soluciones energéticas para impulsar la economía del país, en detrimento de la salud ambiental y de la población. Es lo opuesto a la sustentabilidad.

Si aprobamos la ley que prohíba el fracking en Uruguay (propuesta por los diputados Umpiérrez y Amarilla) estaremos dando una clara señal de nuestra disposición a respetar el artículo 47 de la Constitución de la República. Ya lo hicieron los gobiernos locales de Tacuarembó, Salto y Paysandú; ¿estas decisiones no significan nada para el Gobierno?