El anuncio del presidente Vázquez esta semana respecto a la presentación de un proyecto “holístico y total” sobre consumo abusivo de alcohol merece algunas consideraciones. Es evidente que el país enfrenta problemas mucho más importantes, a los que conviene dedicarse preferentemente, pero dado que el tema pone sobre el tapete una cuestión de fondo relevante como cuál es la función de la legislación en una sociedad y hasta dónde puede legislarse respecto de los derechos de las personas, vale la pena dedicarle un rato.

El anuncio del presidente Vázquez esta semana respecto a la presentación de un proyecto “holístico y total” sobre consumo abusivo de alcohol merece algunas consideraciones. Es evidente que el país enfrenta problemas mucho más importantes, a los que conviene dedicarse preferentemente, pero dado que el tema pone sobre el tapete una cuestión de fondo relevante como cuál es la función de la legislación en una sociedad y hasta dónde puede legislarse respecto de los derechos de las personas, vale la pena dedicarle un rato.

Según lo anunciado, el proyecto tiene un problema de base que es que pretendiendo contribuir a solucionar un problema real como es el del consumo abusivo de alcohol, termina siendo una limitación lisa y llana al consumo de alcohol. Según lo que se anuncia, el proyecto de ley establece licencias para vender alcohol, va a restringir aún más el horario en que los comercios pueden venderlo, aumentar la carga tributaria, restringir la publicidad, campañas de promoción del consumo responsable y planes de asistencia a quienes padecen alcoholismo.

El proyecto por tanto tiene dos áreas bien diferenciadas, una que restringe la libertad de consumo y otra que se enfoca efectivamente en el consumo problemático. Esta segunda parte de la iniciativa -que incluye asistencia y campañas de bien público- no merece objeciones, seguramente es dinero mucho mejor gastado que las campañas publicitarias de las empresas públicas.

La otra parte del proyecto, y en especial el establecimiento de licencias para la venta de alcohol y restringir más el horario habilitado para su venta, meten en la misma bolsa a todos quienes consumen regular o esporádicamente. Esta idea de legislar por la patología que limita las libertades de quienes no perjudican a nadie por su conducta, es inadmisible.

El Estado está excediendo sus funciones si limita el derecho de un supermercado o un almacén a vender alcohol y al limitar el derecho de quien quiera comprar una cerveza a las 10 de la noche. Nada justifica este paternalismo que pretende sustituir la decisión individual de quien en todo su derecho quiere comprar una bebida alcohólica y en ese acto no lesiona el derecho de ninguna otra persona.

La propuesta resulta aún más absurda cuando se comprueba en la realidad que otras normas vigentes, y que sí deberían cumplirse, son violadas permanentemente, como la venta a menores de 18 años. La legislación debe castigar a quien venda alcohol a menores o a quien conduzca un vehículo en estado de ebriedad, pero no puede en ningún caso cercenar la libertad personal de personas adultas.

Libertad y responsabilidad son inseparables sentenció Friedrich Hayek, y es que son las propias personas, cada uno de nosotros, los responsables por las consecuencias de nuestros actos. La legislación que impulsa el presidente de la República, que afortunadamente contaría con la oposición de legisladores del oficialismo y la oposición, trata a los adultos como niños, abusando del poder de legislar y de esa forma desfigurando lo que debe ser el Estado de Derecho en un país civilizado. Tenemos un Estado que hace miles de cosas que no debería y que hace mal las pocas que le son privativas. Ese debería ser el foco del gobierno y no pretender dirigir nuestras vidas con un paternalismo sofocante.