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El prestigio de la democracia

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Hace tiempo que diversos temas que acaparan la atención pública tienen un común denominador, algún político (a veces el mismo) en el centro del debate sobre la ética en el ejercicio de la función pública.

Hace tiempo que diversos temas que acaparan la atención pública tienen un común denominador, algún político (a veces el mismo) en el centro del debate sobre la ética en el ejercicio de la función pública.

Corresponde partir de la premisa de que la mayoría de quienes se dedican a la actividad política son personas honestas y bienintencionadas, como la mayoría de la población. A favor de que pueda ser una muestra mejor que el promedio está el hecho de que decidieron dedicarse a una actividad que por definición procura el bien común, y en contra el hecho de que las tentaciones para desviarse del camino seguramente son mayores.

Es innegable, sin embargo, al analizar diversas encuestas como el Latinobarómetro u otras nacionales, que el prestigio de los políticos, los partidos y la democracia está en descenso y eso es muy peligroso. Algunas noticias persistentes en los últimos años pueden explicar parte del problema, pero la tendencia parece ser estructural y los hechos recientes solo la habrían acelerado.

Entre ellos se encuentra la escasa transparencia en la rendición de cuentas de la mayoría de quienes ejercen cargos ejecutivos o legislativos, la falta de indicadores de eficiencia legislativa y de los programas ejecutados desde el Estado, y la falta de controles a la financiación de los partidos políticos, verbigracia.

Lo cierto, en términos generales, es que no sabemos qué votan los legisladores que elegimos porque no hay registro individual, como existe en cualquier democracia respetable, y a partir de allí no existe registro de su actuación. El sistema de viáticos y partidas tampoco ayuda, y en este tema como en el anterior harían bien los parlamentarios en tomar medidas de una vez en vez de admitir todos que el actual sistema está mal sin introducir modificaciones.

Por parte del Poder Ejecutivo, en cuanto a la tarea de los ministerios, las empresas públicas y otras dependencias, la información de que dispone la ciudadanía también es muy escasa. Lo poco que existe es cuanto se gasta y eso no dice nada sobre la gestión de los gobernantes, salvo en algunos casos en que los resultados son evidentes, como en la educación, donde tenemos los mismos resultados simplemente más caros, lo que no es ningún mérito.

Existe otro tema que afecta a todos los partidos y es su financiación, en especial para las campañas electorales, las reglas de juego para las elecciones y las leyes a las que se someten. Aquí hay un agujero negro que también afecta el prestigio de los partidos y la democracia.

Un buen punto de partida sería una mejor ley sobre su financiamiento, pero también hay cambios sustantivos que podrían ayudar mucho. Entre ellos, el fin de la publicidad paga en medios masivos sustituyéndola por franjas al estilo de Chile y espacios en vía pública, impresión de programas de gobierno a ser entregadas por medios impresos y digitales y la instrumentación del voto electrónico que termine con el cuantioso y absurdo gasto en impresión de listas y repartidores.

Como se ve hay mucho que se puede hacer para dar señales concretas de que se quiere preservar y mejorar el concepto que los ciudadanos tienen de la democracia. Lo buena noticia, que es también la mala, es que se necesita, precisamente, voluntad política de todo el sistema.

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Hernán Bonilla

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