La insatisfacción con el funcionamiento de la democracia está poniendo en jaque a los sistemas políticos de muchos países del mundo y el asunto produce una razonable preocupación.

La insatisfacción con el funcionamiento de la democracia está poniendo en jaque a los sistemas políticos de muchos países del mundo y el asunto produce una razonable preocupación.

Nuestro país no es ajeno al fenómeno. Según los datos de Latinobarómetro el porcentaje de uruguayos que prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno fue el 68% en 2016, cuando en 2015 había sido el 76% y a mediados de los noventa superaba el 85%.

Estos datos que muestran una tendencia clara de deterioro en el apoyo a la democracia es particularmente llamativa en Uruguay, que históricamente fue un país de amplio consenso democrático y que desde 1985 ha sido gobernado por tres partidos distintos elegidos en elecciones limpias.

El descontento seguramente no esté asociado a la gestión particular de alguno de los partidos sino a la incomprensión de qué es y qué debemos esperar de la democracia y, por lo tanto, cuál es la parte en que incurre en una falsa promesa. El problema de fondo es que la célebre sentencia del presidente argentino Raúl Alfonsín de que “con la democracia se come, se educa y se cura” no es cierta.

Es una enseñanza incuestionable de la historia que el tándem libertad política y libertad económica es el único que asegura una vida civilizada donde se respetan los derechos humanos y los proyectos de vida de cada persona. Pero el peso de la solución de los problemas que aquejan a una sociedad no debe recaer en el sistema democrático sino en el proceso de mercado.

La democracia es un sistema de asignación de poder que carece de sustento si no se complementa con un sólido Estado de Derecho que garantice las libertades personales que sustentan la libertad económica, verbigracia, el derecho de propiedad, el derecho de emprender cualquier actividad, de ir y venir y de disponer de sus recursos como mejor le parezca a cada quien.

El buen funcionamiento del Estado es crucial, porque es quien debe asegurar estos derechos y porque es quien debe proveer la forma efectiva en que se garantizan, encargándose de la seguridad, de la defensa y en muchos casos también de buena parte de la educación y de la salud. Pero cuando la hinchazón de la promesa democrática le exige la solución de todos nuestros problemas, se desborda y no es capaz de cumplir siquiera con sus fines primordiales.

No es la democracia la responsable de que haya personas que no accedan a una vivienda, es que no terminamos de aceptar que esos problemas se originan en la escasez de recursos de la sociedad en que vivimos y que la única forma de remediarlo es dejar que las personas encuentren sus propias soluciones a través de la cooperación libre y voluntaria que, en buen romance, se llama mercado.

Debería ser evidente que es una política mucho más lúcida para mejorar el acceso a la vivienda quitar impuestos, mejorar el funcionamiento del sistema financiero, facilitar el ahorro de las familias, bajar los costos de construcción, entre otros, que embarcarse en planes demagógicos y voluntaristas como el “Plan Juntos”.

Si comprendiéramos mejor estos asuntos seríamos capaces de responder a los reclamos reales de la sociedad y recuperaríamos, a su vez, la confianza en la democracia, ya que estos dos temas fundamentales están indisolublemente unidos.