Muchos de sus defensores han afirmado que la LUC no es una norma que se interne en asuntos sustanciales, se centra, sostienen, en cuestiones más bien adjetivas, mejorando pero no alterando sustancialmente la realidad.

A su vez para los promotores del referéndum, afiliados a un tono catastrofista, se trata de derogar una ley que procura no solamente volver al siniestro neoliberalismo, otrora practicado por los partidos tradicionales; su objetivo es comenzar a desmontar los logros alcanzados por el Frente Amplio durante sus últimos quince años de gestión. Mi modesta impresión es que ambos se equivocan.

La LUC es una ley importante y encierra varios de los temas que la Coalición oficialista anunció que serían objeto de reforma. Algunos no son menores y han preocupado a los uruguayos durante los últimos años. Fundamentalmente la Seguridad, los límites del derecho de huelga o la Educación. No es, por tanto baladí procurar transformar esta práctica fundamental para el desarrollo del país ni lo es mejorar la seguridad o legislar sobre huelga y piquetes. Sin educación una comunidad termina por erosionar su herencia cultural, olvida su pasado y los éxitos y desventuras que la constituyeron como nación. Se transforma en un agregado sin conciencia de un destino común. Esto no es una hipérbole.

Los adolescentes uruguayos, solucionan mal un simple cálculo matemático elemental, desconocen su historia, son incapaces de interpretar un texto elemental. Un cuarenta por ciento de ellos, mayoritariamente situados en los deciles inferiores de ingresos, no concluyen secundaria. Si en un momento el país fue ejemplo en América, hoy pierde posiciones en cada prueba a la que se somete. Los últimos comentarios de la Ineed, o las pruebas PISA no dejan duda al respecto. Es cierto que la LUC no transforma radicalmente la educación, para ello será necesario seguir profundizando en reformas y procurar disuadir a los gremios involucrados que la educación excede intereses corporativos para constituir un desafío para todos. Pero no es menos cierto que derogarla “in totum” es negarse a toda posibilidad de transformar la educación, el peor débito que soportamos. Como si se nos negara el futuro para siempre.

Es cierto que la autonomía, consagrada en la Constitución no puede saltearse. Pero ello exige entender que se trata de una independencia de gestión, no de designación y que se encuentra claramente limitada por lo establecido en los arts. 189 a 194 y 198, 200 y 201 de la propia Carta. Por eso, autonomía no significa depender ni de los estamentos educativos ni menos de su concepción general del gobierno y la sociedad. Educar no supone, como pretende la izquierda frentista, implicarse con una concepción revolucionaria del “hombre nuevo”, un sujeto teórico aislado de sus requerimientos productivos y de sus necesarias relaciones con el desarrollo, espiritual pero también material de las sociedades. Supone por el contrario, el claro compromiso de sus dirigentes (nominados por el Poder Ejecutivo), de ceñirse en lo esencial, a las directivas políticas que el pueblo soberano señala en cada consulta electoral. Y eso, el respeto a esa voluntad, es lo que propone la LUC. Desbrozar el camino y señalar un objetivo hacia donde avanzar.