La violencia en el deporte no es más que un subcapítulo de la violencia de las sociedades modernas, especialmente intensa en el continente latinoamericano. Constituye un fenómeno probablemente connatural a la biología humana, vinculado a su vez con valores y contravalores, esperanzas y frustraciones imbricadas en la sociabilidad contemporánea.

La violencia en el deporte no es más que un subcapítulo de la violencia de las sociedades modernas, especialmente intensa en el continente latinoamericano. Constituye un fenómeno probablemente connatural a la biología humana, vinculado a su vez con valores y contravalores, esperanzas y frustraciones imbricadas en la sociabilidad contemporánea.

Una fuerte actitud de rechazo social presente, por más que no exclusivamente, en los sectores más excluidos y marginados de nuestro continente. En especial sus estratos adolescentes que, privados de mejores estímulos, se sobreponen a su postergación social identificándose con colectivos territoriales y/o deportivos, sucedáneos, en sus eventuales logros, de su problemática realización como individuos. Dicho sea esto para señalar que erradicar en sus causas estas manifestaciones de euforia o ira, donde la derrota o el triunfo deportivo de sus elegidos se perciben e imputan como frustraciones o logros existenciales personales, es aún terreno ignorado.

Pero, más que nada, para asumir que la violencia con que se exteriorizan y los delitos que entornan semejantes algaradas no son, como se pretendió, un problema privado, sino que atañe a resortes vitales de las comunidades. A partir de estas consideraciones, y asumiendo que estos temas no admiten ni soluciones definitivas ni de corto plazo, resulta acertado el reciente decreto del Ejecutivo para reglamentar la forma de realizar los espectáculos futbolísticos. Así como entender que el Presidente de la República consideró un asunto relevante y en conferencia de prensa transmitió las medidas adoptadas. No corresponde aquí la consideración detallada de las mismas, pese a que un examen muy sucinto del decreto arroja algunas dudas sobre la legalidad y viabilidad práctica de algunas. Tal la prohibición de venta de más de una entrada, la obligatoriedad de la acreditación de identidad por sus compradores, o la imposibilidad de su reventa sin repetir el mismo procedimiento.

Lo mismo ocurre con la prohibición de ingreso a los espectáculos deportivos a los poseedores de antecedentes por delitos en acontecimientos deportivos, o algunas de las obligaciones impuestas a la AUF en materia de admisión de espectadores (especialmente cuando las penas ya hubieren sido purgadas). Se trata de limitaciones comprensibles, pero que necesitan ser precisadas para que no transgredan los derechos individuales. Nada resulta más peligroso al derecho y a los derechos que las emergencias sociales.

Lo que es importante es que las autoridades, abandonando evasivas, asumieron la urgencia de adoptar correctivos de fondo para detener la violencia en una bienvenida disposición, contrapuesta a la asumida hasta ahora por un ministerio que durante meses pretendió que lo ocurrido era de resorte particular. Una actitud que obliga a preguntarse sobre la permanencia en el gobierno de un ministro que con tanta arrogancia, tanto se equivocó.

Pero, más allá de las implicancias políticas del tema, lo esencial es asumir que si bien la estrategia adoptada probablemente mejorará la situación de los espectáculos deportivos, no atacará el problema de fondo: esto es la irreversible marginación social, la dramática ruptura del tejido social que sufrimos y que, como un tumor maligno, carcome al otrora paraíso “hiperintegrado”.