Como una muestra de intransigencia y dureza ideológica, la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria, decretó un paro de actividades para el 12 de Marzo.

La medida se adoptó como rechazo frente a posibles modificaciones en la conducción de la enseñanza no universitaria en el país, pese a que emanan de un mero borrador. Ni esperas, ni negociaciones o concesiones; solo amenazas y lucha feroz contra posibles cambios. ¿Por qué tan triste comienzo?

La educación en el Uruguay, con excepción de la universitaria está regida por la ley 18.437, una norma dictada a fines del 2008, cuando el Frente y diversos movimientos sociales, entre ellos los sindicales, cambiaron el enfoque respecto a quien debía ordenar y dirigir, tanto en las ideas como en los hechos, este sector clave de la vida nacional. La nueva ordenación creó la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dirigida por el CODICEN, y los cuatro Consejos de primaria, secundaria, técnico-profesional y formación docente, con la particularidad que al CODICEN, compuesto por cinco integrantes, tres los elige el Presidente de a República con venia de 3/5 del senado y a los dos restantes los eligen los docentes de los Consejos. A su vez el CODICEN, por una mayoría de cuatro miembros es quien designa a dos de los tres integrantes de cada uno de los restantes consejos, mientras el tercero, es directamente nominado por sus respectivos educadores.

Todos ellos además, deben acumular diez años de actuación en la enseñanza: o sea sólo pueden ser consejeros docentes de larga actuación pública. Es esta especial conformación de la dirección de la educación, donde la influencia de los gremios es determinante, lo que explica su alarma. De hecho actualmente, nada fundamental se decide sin éstos. Éste fue el explícito objetivo buscado, basado en el axioma leninista de la subordinación política de los gremios y en el principio gramsciano de la hegemonía de la izquierda en la sociedad. La ley 18.437 consagró ambos objetivos. El argumento explícito es favorecer la participación corporativa, sin evaluar que la misma conspira contra la representación ciudadana en los Consejos.

Probablemente fue en la enseñanza, una de las áreas donde la izquierda frentista logró, durante estos quince años, imponer mejor su programa. Otra cosa es decidir si esta integración le ha dado al país los resultados esperados. Es muy notorio que no es así y aún cuando su conducción no sea la única causa de su decadencia, la dificultad para corregirla es causa de ella. La educación ha sufrido durante estos últimos años un doloroso proceso de caída, incluso a nivel hemisférico. Así lo revelan todas las mediciones internacionales y las propias evaluaciones internas de los organismos creados por esta misma ley, como el INEED. Visibilizar este hecho y procurar cambiarlo a la brevedad fue la lógica promesa de la oposición política y ésta crítica fue secundada por la población. Hay evidencia que fueron éstos, sus fracasos educativos, una de las mayores razones de la derrota frentista. El corporativismo fracasó y las mayorías democráticas pretenden, con razón, retomar el timón.

No entenderlo, no ceder ante lo evidente, es puro dogmatismo ideológico. La impronta de una izquierda anacrónica.