Gerardo Sotelo
Gerardo Sotelo

Pare

La cronología de hechos reputados de inconstitucionales y violatorios de derechos protagonizados por la Intendencia de Montevideo en el último año y medio, alcanzaría como para que alguien pusiera el grito en el cielo.

La cronología de hechos reputados de inconstitucionales y violatorios de derechos protagonizados por la Intendencia de Montevideo en el último año y medio, alcanzaría como para que alguien pusiera el grito en el cielo.

El ejercicio abusivo de la autoridad, por decir lo menos, parece convertirse en una práctica constante de la administración departamental, incluso ante opiniones independientes y calificadísimas que debería al menos llamarla a la prudencia. Veamos algunos de los hechos más notorios.

En marzo de 2015, un organizador de espectáculos tangueros censuró a una pareja de mujeres que bailaba en un espacio público. La Intendencia le revocó el permiso (lo que parece razonable ante semejante discriminación) y condicionó su renovación a que milonguero se sometiera a “acciones de formación en políticas de género e inclusión”, impartidas por la Secretaría de la Mujer. El permisario entendió que lo que intentaban las autoridades era lavarle el cerebro.

En febrero de 2016, inspectores con apoyo policial, impidieron que un grupo de comparsas lubolas desfilaran en las Llamadas con banderas y pasacalles contratados por la empresa Uber. Otras, que ya habían salido, fueron interceptadas en pleno desfile con el mismo objetivo.

En mayo de 2016, el “Premio Onetti” de Literatura, convocado con tema libre, incluyó en sus bases dos menciones especiales para obras con abordajes sobre “igualdad y estereotipos de género” y “temas de inclusión y diversidad sexual”. La discriminación despertó polémica, y el escritor Amir Hamed llegó a calificar la convocatoria como el “Premio Stalin”.

En julio de 2016, la Intendencia clausuró un baile que ofrecía refresco a las chicas que concurrieran de short o calzas argumentando razones ideológicas y reconociendo que carecía de una normativa que amparara tal actuación.

Finalmente, desde hace un par de meses, inspectores de tránsito de la Intendencia de Montevideo salen a la “caza” de vehículos presuntamente vinculados a Uber, practicando interrogatorios a conductores y pasajeros sin conocerse hasta el momento qué normativa departamental o nacional los facultan a realizar semejante pesquisas.

Como se ve, no estamos ante cuestiones referidas a la política comunal, como el ancho del corredor Belloni o la tasa de saneamiento, sino ante asuntos cardinales en una república democrática, como la libertad de consciencia y expresión del pensamiento, el derecho a la intimidad y a la no discriminación. Pero en el fondo, el gran tema es el de los límites constitucionales a la acción de las autoridades.

Por ahora, parece que la administración departamental no comprende la naturaleza de su poder, que no es hacer lo que considere bueno de cualquier manera sino hacer aquello que le es expresamente autorizado por una norma (sin violar los derechos de sus mandantes) y lograr que le salga bien.

Acaso estemos ante un conjunto de decisiones desfachatadas de su departamento jurídico. Como casualidad, son muchos hechos convergentes, y como política de Estado, debería preocupar a todos los actores de la sociedad. El intendente Martínez es un gobernante moderado y una figura de recambio en el elenco frentista. No debería aparecer atrás de estas parrafadas. Mucho menos adelante.

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