Gerardo Sotelo
Gerardo Sotelo

Más de lo necesario

El aumento de las tarifas públicas instaló un debate político sobre si se trataba o no de un “tarifazo”. Tomando en cuenta sólo el porcentaje, el aumento no parece resistir semejante calificación. No obstante, deberíamos mirar el asunto en profundidad.

El aumento de las tarifas públicas instaló un debate político sobre si se trataba o no de un “tarifazo”. Tomando en cuenta sólo el porcentaje, el aumento no parece resistir semejante calificación. No obstante, deberíamos mirar el asunto en profundidad.

Los impuestos existen para que el Estado pague sus cuentas. El gasto público (el valor de los bienes y servicios comprados por el Estado) tiene por objeto satisfacer las demandas de la sociedad, pero también se utiliza para estimular la economía, aumentar la disponibilidad de bienes y generar externalidades positivas en la sociedad.

La fijación de las tarifas públicas tiene un efecto múltiple sobre la economía. Así como establece buena parte del costo de producir, los criterios que se utilizan para su ajuste, pueden contribuir a la transparencia y la confianza, tanto como a la opacidad y el recelo sobre las acciones del gobierno.

Tenemos entonces dos instrumentos de recaudación; uno legislativo (el impuesto sólo puede ser creado o modificado por ley) y otro administrativo (las tarifas públicas). Es evidente que el gobierno está utilizando las tarifas para cubrir necesidades fiscales. No es el primero que lo hace y probablemente no será el último. Por esta vía, se evita el costo político de crear nuevos impuestos (faltando otra vez a una promesa electoral) y se hace pasar como inevitable lo que no lo es. Veamos el siguiente ejemplo.

El gobierno de Mujica gastó todo lo que recaudó y aún más. Lo hizo tan mal en algunas áreas que logró lo que parecía imposible: fundir una empresa monopólica. El resultado fue un déficit fiscal de 3,5 por ciento, la peor performance desde la crisis del 2002.

En enero de 2016, el MEF renunció al crédito por unos 610 millones de dólares, con los que Ancap le pagó su deuda a PDVSA, y aun así no alcanzó.

Tampoco con el préstamo ante la Corporación Andina de Fomento por unos 200 millones más, ni tampoco con el mantenimiento en niveles artificialmente altos del precio de los combustibles. La decisión pudo ser otra.

Para cualquier observador político o jurídico razonable, el monopolio había caído por la vía de los hechos, ya que la empresa que lo usufructuaba había quebrado. El gobierno pudo liberar la importación de combustibles aduciendo razones de interés público, de modo que las empresas petroleras pudieran comprar en exterior los productos refinados y venderlos más baratos, ya que en febrero se había desplomado el precio del petróleo. No ocurrió.

También pudo derogar la ley que obliga a mezclar la nafta con el etanol de Alur, o incluso dejar de producir a pérdida, y destinar parte de los ahorros a emprendimientos genuinos para la gente de Bella Unión. La decisión habría servido también para poner de manifiesto la escandalosa ineficiencia de la planta y habría ayudado a transparentar el despilfarro del gobierno anterior. Tampoco ocurrió.

Cuando le digan que el ajuste de tarifas era inevitable, responda que no es así. El gobierno intenta minimizar el costo político de la “herencia maldita” y de su propia falta de poder o de convicción como para dar un golpe de timón. Sea por razones ideológicas o políticas, el delicado equilibrio interno del oficialismo vuelve a costarle a la población más de lo necesario.

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