Gerardo Sotelo
Gerardo Sotelo

El grito en el cielo

La reacción del gobierno frente a los comentarios críticos sobre los informes meteorológicos oficiales revela una peligrosa tendencia al ofuscamiento y la amenaza de ejercer abusivamente la autoridad.

La reacción del gobierno frente a los comentarios críticos sobre los informes meteorológicos oficiales revela una peligrosa tendencia al ofuscamiento y la amenaza de ejercer abusivamente la autoridad.

El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, tuvo al respecto expresiones diversas, pero todas amenazantes.

No hay ningún gobierno en el mundo, incluyendo a los democráticos, que no haya argumentado la existencia de situaciones potencialmente peligrosas para justificar la necesidad de limitar los derechos fundamentales. Si la perspectiva es encontrar situaciones de esta naturaleza, siempre puede haberlas, por eso los gobernantes democráticos ni siquiera lo intentan.

La misma izquierda que se escandaliza frente a la relativización de los pronósticos y alertas meteorológicas, les reprochaba a los gobiernos de Pacheco y Bordaberry que limitaran la libertad de expresión. Si tenían razón en aquellas circunstancias políticas y sociales tan críticas que vivía el país, como creemos que tenían, mal puede hoy amenazarse con tomar “medidas jurídicas” para impedir que se critique, matice o rechace un informe sobre el estado del tiempo. Lo que asoma es una tendencia al ejercicio de la autoridad por encima de las libertades.

Dicho sea de paso, ninguna alerta roja del Inumet fue relativizada por nadie; más bien lo que ocurrió fue lo contrario: el servicio oficial ha llegado tarde y mal frente a los pronósticos privados nacionales y extranjeros en ocasión de tormentas severas. Buena parte de la población no confía en el Instituto Uruguayo de Meteorología porque el servicio ha demostrado no ser confiable.

El gobierno puede resolver que su sistema de emergencias sólo se active ante las alertas oficiales. Lo que no puede hacer, porque la Constitución se lo prohíbe, es limitar el derecho de cualquier ciudadano a informar o recibir información por los medios que considere oportunos, sean o no coincidentes en sus alertas con los del servicio oficial. Incluso el sagrado derecho a no informar o a no ser informado sobre lo que no se considera adecuado o pertinente.

¿Cuáles es límite de este derecho, reconocido por el constituyente en el art. 29? Prácticamente ninguno, puesto que los pensamientos pueden comunicarse de manera “enteramente libre” sobre cualquier materia, por cualquier medio y sin necesidad de censura previa, salvo por los abusos que se cometieran “con arreglo a la ley”. De modo que mal puede promoverse la adopción de “medidas jurídicas” contra quien ejerce la crítica.

Lo que pretende el gobierno es censurar o castigar a quien critica. La aclaración de que no se trataría de los comentarios sobre pronósticos sino sobre las alertas, es aún peor, porque demuestra que, habiendo reflexionado sobre el tema, en el entorno presidencial no se advirtió que para la Constitución, la diferencia entre unos y otros es inexistente.

Es cierto que no vivimos en un país cuyo gobierno limite la libertad de expresión. Más aún, es probable que el presidente Tabaré Vázquez no haga nada de lo que se sugiere. Sin embargo, alcanza con que exista una amenaza a la libertad de expresión para que pongamos, otra vez y siempre, el grito en el cielo.

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