La última vez que me pasó fue el martes pasado, en la mesa redonda organizada por la Federación de Cámaras Empresariales sobre la competitividad, pero antes lo había sentido el domingo de noche mirando le edición especial de Telemundo sobre seguridad, y antes de eso, quizás en algún debate sobre educación.

La última vez que me pasó fue el martes pasado, en la mesa redonda organizada por la Federación de Cámaras Empresariales sobre la competitividad, pero antes lo había sentido el domingo de noche mirando le edición especial de Telemundo sobre seguridad, y antes de eso, quizás en algún debate sobre educación.

En cualquier foro en el que participen especialistas sobre los asuntos acuciantes de la sociedad uruguaya, existe un amplio nivel de acuerdo sobre lo que habría que hacer. Eso involucra, claro está, a personas vinculadas a los más diversos partidos políticos.

Si es verdad que Uruguay es un país en el que sobreabundan los diagnósticos, podemos decir con orgullo que, en su mayoría, son coincidentes. Esta constatación no debe interpretarse como un intento por hacer desaparecer diferencias ideológicas, esa mirada naíf de la política que propone Edgardo Novick y que pretende sustituir la política y el debate de ideas por la pura gestión, como si esto fuera posible o deseable. Se trata de reconocer al menos dos asuntos relevantes de los tiempos que corren.

El primero es cultural, y, por lo tanto, de largo aliento: la sociedad uruguaya sigue castigando a quienes expresan voces disruptivas. No importa cuánta razón puedan tener; quienes están en los márgenes del pensamiento o el comportamiento aceptados, pueden olvidarse de saborear algún día la victoria. Nuestra política, tanto como nuestra vida en comunidad, están matrizadas para la moderación y el entendimiento.

Lo segundo tiene que ver más con la acción política y de gobierno: el Frente Amplio, que alguna vez fuera el partido de los cambios, se ha convertido en el representante del inmovilismo. Su tercer gobierno, del que apenas transcurrió año y medio, parece marcar el fin de los cambios posibles. Al menos en el marco de su peculiar unidad y balance interno.

Peor aún; sus gobernantes y sus principales figuras se han propuesto negar la realidad todo lo que les resulte posible. Ya se trate del manejo del estancamiento económico, la educación pública, la seguridad o de la gestión de las empresas públicas y el Estado, el gobierno prefiere atrincherarse en su mayoría parlamentaria. Esto le permite hacer de cuenta que lo que pasa no pasa. El camino es dañino para el país, que asiste absorto a la falta de un impulso transformador acorde a los orígenes de esta fuerza política, pero no lo es menos para el propio oficialismo.

La crisis en la seguridad pública es un escenario paradigmático. Como la oposición no tiene votos para censurar al ministro Bonomi y el Frente Amplio considera que removerlo sería darle un triunfo a la oposición, allí seguirá eternamente, hasta que un milagro haga que funcione lo que ya sabemos que no funciona. Nada que no hayamos visto con el “cambio de ADN” de la educación. Como en política no hay milagros, lo más probable que ocurra es que el Frente Amplio absorba el costo de lo que, en cualquier sistema político medianamente saludable, habría sido apenas el cambio de un ministro que obtuvo resultados muy malos.

Confiado al albur de que la oposición no va a generar jamás una oferta consistente y tentadora, el Frente corre el riesgo de pagar muy caras sus sucesivas victorias, pero nadie parece querer darse cuenta.